¿Cómo es que un líder del Movimiento Carapaica resulta ser agente de PoliCaracas? La detención de Juancho Montoya, imputado por terrorismo, podría revelar vínculos profundos.
Colectivos del 23 de Enero y el partido UPV, de Lina Ron, han manifestado más de una vez por la liberación de Juancho Montoya.
El comandante Murachí había hecho algo hasta entonces impensable: al frente de una veintena de miembros del Movimiento Revolucionario de Liberación Carapaica se le vio en un video en el que exigía al "comandante-presidente" Hugo Chávez la destitución de su tren ejecutivo.
Semejante actitud crítica levantó sospechas. Y más por el hecho de que la grabación fue difundida, en enero de este año, por la cadena colombiana RCN. ¿Eran los verdaderos carapaicas esos que aparecían allí armados y encapuchados o se trataba de un montaje?
El 5 de mayo Murachí tenía una cita con dos periodistas. Pero el encuentro resultó frustrado: nunca pudieron reunirse con ese líder del misterioso grupo que opera en el 23 de Enero. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, agentes de la División de Capturas del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas, detuvieron a uno de los presuntos responsables del atentado con explosivos que se cometió -el 24 de febrero de 2008- contra la sede de Fedecámaras en la urbanización El Bosque, en Caracas.
A Juan Crisóstomo Montoya González lo tenían identificado desde hacía tiempo. Las cámaras de seguridad instaladas en el edificio de la central empresarial registraron el momento en el que dos personas colocaban un artefacto explosivo a sus puertas. El responsable de activar el dispositivo perdió la vida en el intento: Héctor Amado Serrano, de 44 años de edad, y "presunto" agente de la Policía Metropolitana. Las labores de "inteligencia" permitieron establecer que Montoya, conocido como Juancho, fue su cómplice en la acción.
Un panfleto encontrado en el lugar atribuía la autoría del atentado al Frente Guerrillero Venceremos que justificaba la acción porque Fedecámaras "forma parte de un plan conspirativo y su único objetivo estratégico es desestabilizar la cadena de producción y distribución de alimentos". A eso, agregaron, "se le suma la corrupción dentro de Mercal".
Durante los días posteriores a la explosión, el Cicpc realizó allanamientos en búsqueda de Juancho. Y el entonces ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, declaró que los implicados ya estaban plenamente identificados y que se trataba de "un grupito". El caso, sin embargo, no iba a ser tan fácil de cerrar: el "grupito" tenía buenos amigos. El 3 de abril de 2008, bandas armadas del 23 de Enero, actuando con absoluta impunidad, bloquearon los accesos y salidas de la zona en una protesta para exigir el cese de los allanamientos y el fin de la persecución contra Juancho Montoya a la que calificaron de "política".
Carapaica no es un invento reciente. Se supone que surgió en 1989 y que debe su nombre a un indígena que luchó contra la conquista española junto al cacique Guaicaipuro. Alias "Enrique", uno de sus miembros, declaró que no era cierto, como se dice, que estén vinculados con las FARC: "Carapaica es de Venezuela y surge por los atropellos a los derechos y apoyando las luchas sociales". Hoy cuestionan a ciertos líderes del proceso que "están regidos por una doble moral". Alias "Martín", otro del grupo, explicó la posición: "Nuestro problema es cuando el Gobierno no respeta al pueblo que lo eligió".
Y en ese espíritu sería que se animaron -en ese video de enero- a exigirle al presidente que investigara irregularidades en la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA; y en la red Mercal, planteamientos que coincidieron con el panfleto dejado a las puertas de Fedecámaras tras el atentado en 2008.
El 5 de mayo, las reporteras que esperaban entrevistarse con Murachí recibieron una llamada de su contacto con Carapaica: "A Murachí lo agarró la policía, lo metieron preso".
El 15 de octubre de 2009, los abogados Doris Coromoto González y Andrés Alfredo Puga, presentaron ante el juzgado Undécimo de Caracas, una denuncia contra el comisario Renny Villaverde, director del cuerpo policial del municipio Libertador, por "difamación agravada e injuria". En su escrito, los denunciantes afirman que en agosto de 2009 el jefe de PoliCaracas reunió en su despacho a integrantes de algunos de los colectivos políticos y sociales que actúan en el 23 de Enero y que en ese encuentro les habría mostrado fotos de los propios González y Puga y de los ex funcionarios de ese cuerpo policial Pedro Miguel Revilla y Jhonny Montoya. De acuerdo a la abogada, el comisario les habría señalado como "corruptos y delincuentes" y como "objetivos militares", al tiempo que habría ordenado para ellos "que les dieran plomo".
Eso no es todo. Doris González, quien también es magistrada suplente de la Sala Constitucional del TSJ, asegura que el comisario Villaverde entregó credenciales, armas y motos a varios de los allí reunidos, tal como -según ella- lo confirmaron dos miembros de esos colectivos, Rafael Indriago y Jesús Viloria Ramos.
El Tribunal 11 de Caracas citó a Villaverde para conocer la acusación en su contra y el delito imputado, pero el jefe policial no se dio por enterado. Tampoco atendió los carteles de citación publicados en la prensa, de modo que la jueza Tibisay Sánchez de Abreu -siguiendo el procedimiento establecido del COPP- emitió una orden a la Guardia Nacional, el sábado 22 de mayo de 2010, para localizar y trasladar a Renny Villaverde ante el tribunal. Hasta la fecha, ese requerimiento no ha sido atendido por la GN.
Ese no es el único ítem en el expediente de Villaverde. Se supone que hay denuncias en los despachos de Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, Alcaldía de Caracas, el Ministerio del Interior y hasta de la presidencia de la República. El diputado Tulio Jiménez confirmó que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional investiga esta presunta entrega de armas, además de al menos otras 10 denuncias contra el comisario -aunque pasarían de 30 según el diputado Reinaldo García-, casi todas hechas por subalternos de este jefe policial que llegó a tan importante cargo, aunque había sido dado de baja en la Efofac (3 de noviembre de 1994) y haber sido destituido de PoliSucre (1 de noviembre de 1995).
Joha González es uno de los ex policías que ha denunciado a Villaverde y que es representado por la abogada González. Jhonny Montoya es otro de los pocos que se atreve a airear el pasado de su ex jefe y que ha recurrido hasta a la Asamblea Nacional en su afán. Además tiene una teoría interesante: asegura que la detención de Juancho Montoya es parte de una retaliación política en su contra, justamente por sus denuncias contra Villaverde. Juancho, el preso por cuya liberación protestan los colectivos del 23 de Enero y el partido UPV, es su hermano.
Se puede decir que Juancho Montoya es una suerte de carapaica con "chapa". Nació el 4 de noviembre de 1962 y desde muy joven reside en el bloque 5 del 23 de Enero. Los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales revelan que ingresó en mayo del año 2000 al Instituto Autónomo de Policía de Caracas y que, hasta la fecha, aparece como funcionario activo. Por si quedan dudas, su hermano Jhonny confirmó que sí es inspector de PoliCaracas: "Cuando lo detienen, venía de la Cota 905 de cobrar sus cestatickets en la policía". Al momento de la detención, el comisario jefe del Cicpc, Wilmer Flores Trossel, también lo aclaró: "Se trata de un funcionario activo de la Policía de Caracas".
Lo más extraño es que en el Registro Electoral, Juan Montoya aparece como fallecido en 2007. En todo caso, Juancho recibe apoyo contundente por parte de los grupos del 23 de Enero -en algunas protestas de calle hasta se ven encapuchados- y del partido UPV. Su abogado y pariente, Ernesto Montoya, afirma que la única "militancia" de Juancho es pertenecer al colectivo "Cine Popular Venezuela". Pero un funcionario de la División contra el terrorismo del Cicpc aseguró, a grabador apagado, que Montoya es figura central de Carapaica y que le siguen la pista desde 2008. Lo vinculan, además, con otros atentados con explosivos ocurridos ese mismo año en la plaza George Washington y en la Nunciatura Apostólica. Los fiscales 20 y 74 de Caracas, conducen el proceso y le imputan los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, uso indebido de arma de fuego y uso de documento falso. Al ser consultados sobre esto evitaron dar detalles por tratarse de "un proceso judicial en curso".
La primera orden del tribunal 34 de control, de Caracas, fue recluirlo en el Internado Judicial de La Planta. Pero su abogado logró que lo mudaran a la sede de la Dirección de Inteligencia Militar "por su condición de funcionario policial y líder social histórico del 23 de Enero".
Alias "Enrique" y alias "Martín" confirmaron la veracidad del video difundido por RCN, pero sobre la detención de Murachí prefirieron dejar la duda en el aire: ni sí ni no.
La historia del vicealmirante retirado Pedro Manuel Pérez Rodríguez, detenido desde el 18 de abril acusado de liderar un complot contra el presidente Nicolás Maduro, permanece sepultada bajo la estela de los gases lacrimógenos y la costra quemada de los trastos que sirven de barricadas. Los documentos del proceso judicial que se le sigue, plagado de informantes anónimos y de actuaciones inherentes al último cargo que desempeñaba, calificadas como una conspiración contra el jefe del Estado, demuestran que este oficial fue de los primeros que denunció la cooperación entre los pistoleros chavistas y las fuerzas armadas para reprimir manifestaciones de la oposición Su testimonio fue ignorado por sus superiores. Ahora que la relación entre colectivos y guardias nacionales es más descarada el testimonio del vicealmirante resulta fundamental para entender de qué va la cooperación cívico-militar que invoca el régimen como mantra sagrado
Una de las organizaciones de base revolucionarias y emblema de la parroquia 23 de enero ya lleva tiempo en su conversión a un conglomerado de 14 empresas, todas de pequeña dimensión, diseminadas por cuatro estados de Venezuela, e invariablemente fondeadas por organismos gubernamentales. Incluyen una panadería, una bloquera, una televisora y un matadero. Pero, a despecho de su ideario comunal o comunista, los emprendimientos de ‘Alexis Vive’ están registrados a nombre de sus directivos y no de un igualitario ente colectivo.
Cabudare es uno de los nombres del infierno desde febrero. La ciudad-dormitorio que se extiende a un costado de Barquisimeto es escenario de una batalla en la que universitarios y vecinos sufren el asedio de los grupos de choque del oficialismo.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
