¿Cómo es que un líder del Movimiento Carapaica resulta ser agente de PoliCaracas? La detención de Juancho Montoya, imputado por terrorismo, podría revelar vínculos profundos.
Colectivos del 23 de Enero y el partido UPV, de Lina Ron, han manifestado más de una vez por la liberación de Juancho Montoya.
El comandante Murachí había hecho algo hasta entonces impensable: al frente de una veintena de miembros del Movimiento Revolucionario de Liberación Carapaica se le vio en un video en el que exigía al "comandante-presidente" Hugo Chávez la destitución de su tren ejecutivo.
Semejante actitud crítica levantó sospechas. Y más por el hecho de que la grabación fue difundida, en enero de este año, por la cadena colombiana RCN. ¿Eran los verdaderos carapaicas esos que aparecían allí armados y encapuchados o se trataba de un montaje?
El 5 de mayo Murachí tenía una cita con dos periodistas. Pero el encuentro resultó frustrado: nunca pudieron reunirse con ese líder del misterioso grupo que opera en el 23 de Enero. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, agentes de la División de Capturas del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas, detuvieron a uno de los presuntos responsables del atentado con explosivos que se cometió -el 24 de febrero de 2008- contra la sede de Fedecámaras en la urbanización El Bosque, en Caracas.
A Juan Crisóstomo Montoya González lo tenían identificado desde hacía tiempo. Las cámaras de seguridad instaladas en el edificio de la central empresarial registraron el momento en el que dos personas colocaban un artefacto explosivo a sus puertas. El responsable de activar el dispositivo perdió la vida en el intento: Héctor Amado Serrano, de 44 años de edad, y "presunto" agente de la Policía Metropolitana. Las labores de "inteligencia" permitieron establecer que Montoya, conocido como Juancho, fue su cómplice en la acción.
Un panfleto encontrado en el lugar atribuía la autoría del atentado al Frente Guerrillero Venceremos que justificaba la acción porque Fedecámaras "forma parte de un plan conspirativo y su único objetivo estratégico es desestabilizar la cadena de producción y distribución de alimentos". A eso, agregaron, "se le suma la corrupción dentro de Mercal".
Durante los días posteriores a la explosión, el Cicpc realizó allanamientos en búsqueda de Juancho. Y el entonces ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, declaró que los implicados ya estaban plenamente identificados y que se trataba de "un grupito". El caso, sin embargo, no iba a ser tan fácil de cerrar: el "grupito" tenía buenos amigos. El 3 de abril de 2008, bandas armadas del 23 de Enero, actuando con absoluta impunidad, bloquearon los accesos y salidas de la zona en una protesta para exigir el cese de los allanamientos y el fin de la persecución contra Juancho Montoya a la que calificaron de "política".
Carapaica no es un invento reciente. Se supone que surgió en 1989 y que debe su nombre a un indígena que luchó contra la conquista española junto al cacique Guaicaipuro. Alias "Enrique", uno de sus miembros, declaró que no era cierto, como se dice, que estén vinculados con las FARC: "Carapaica es de Venezuela y surge por los atropellos a los derechos y apoyando las luchas sociales". Hoy cuestionan a ciertos líderes del proceso que "están regidos por una doble moral". Alias "Martín", otro del grupo, explicó la posición: "Nuestro problema es cuando el Gobierno no respeta al pueblo que lo eligió".
Y en ese espíritu sería que se animaron -en ese video de enero- a exigirle al presidente que investigara irregularidades en la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA; y en la red Mercal, planteamientos que coincidieron con el panfleto dejado a las puertas de Fedecámaras tras el atentado en 2008.
El 5 de mayo, las reporteras que esperaban entrevistarse con Murachí recibieron una llamada de su contacto con Carapaica: "A Murachí lo agarró la policía, lo metieron preso".
El 15 de octubre de 2009, los abogados Doris Coromoto González y Andrés Alfredo Puga, presentaron ante el juzgado Undécimo de Caracas, una denuncia contra el comisario Renny Villaverde, director del cuerpo policial del municipio Libertador, por "difamación agravada e injuria". En su escrito, los denunciantes afirman que en agosto de 2009 el jefe de PoliCaracas reunió en su despacho a integrantes de algunos de los colectivos políticos y sociales que actúan en el 23 de Enero y que en ese encuentro les habría mostrado fotos de los propios González y Puga y de los ex funcionarios de ese cuerpo policial Pedro Miguel Revilla y Jhonny Montoya. De acuerdo a la abogada, el comisario les habría señalado como "corruptos y delincuentes" y como "objetivos militares", al tiempo que habría ordenado para ellos "que les dieran plomo".
Eso no es todo. Doris González, quien también es magistrada suplente de la Sala Constitucional del TSJ, asegura que el comisario Villaverde entregó credenciales, armas y motos a varios de los allí reunidos, tal como -según ella- lo confirmaron dos miembros de esos colectivos, Rafael Indriago y Jesús Viloria Ramos.
El Tribunal 11 de Caracas citó a Villaverde para conocer la acusación en su contra y el delito imputado, pero el jefe policial no se dio por enterado. Tampoco atendió los carteles de citación publicados en la prensa, de modo que la jueza Tibisay Sánchez de Abreu -siguiendo el procedimiento establecido del COPP- emitió una orden a la Guardia Nacional, el sábado 22 de mayo de 2010, para localizar y trasladar a Renny Villaverde ante el tribunal. Hasta la fecha, ese requerimiento no ha sido atendido por la GN.
Ese no es el único ítem en el expediente de Villaverde. Se supone que hay denuncias en los despachos de Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, Alcaldía de Caracas, el Ministerio del Interior y hasta de la presidencia de la República. El diputado Tulio Jiménez confirmó que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional investiga esta presunta entrega de armas, además de al menos otras 10 denuncias contra el comisario -aunque pasarían de 30 según el diputado Reinaldo García-, casi todas hechas por subalternos de este jefe policial que llegó a tan importante cargo, aunque había sido dado de baja en la Efofac (3 de noviembre de 1994) y haber sido destituido de PoliSucre (1 de noviembre de 1995).
Joha González es uno de los ex policías que ha denunciado a Villaverde y que es representado por la abogada González. Jhonny Montoya es otro de los pocos que se atreve a airear el pasado de su ex jefe y que ha recurrido hasta a la Asamblea Nacional en su afán. Además tiene una teoría interesante: asegura que la detención de Juancho Montoya es parte de una retaliación política en su contra, justamente por sus denuncias contra Villaverde. Juancho, el preso por cuya liberación protestan los colectivos del 23 de Enero y el partido UPV, es su hermano.
Se puede decir que Juancho Montoya es una suerte de carapaica con "chapa". Nació el 4 de noviembre de 1962 y desde muy joven reside en el bloque 5 del 23 de Enero. Los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales revelan que ingresó en mayo del año 2000 al Instituto Autónomo de Policía de Caracas y que, hasta la fecha, aparece como funcionario activo. Por si quedan dudas, su hermano Jhonny confirmó que sí es inspector de PoliCaracas: "Cuando lo detienen, venía de la Cota 905 de cobrar sus cestatickets en la policía". Al momento de la detención, el comisario jefe del Cicpc, Wilmer Flores Trossel, también lo aclaró: "Se trata de un funcionario activo de la Policía de Caracas".
Lo más extraño es que en el Registro Electoral, Juan Montoya aparece como fallecido en 2007. En todo caso, Juancho recibe apoyo contundente por parte de los grupos del 23 de Enero -en algunas protestas de calle hasta se ven encapuchados- y del partido UPV. Su abogado y pariente, Ernesto Montoya, afirma que la única "militancia" de Juancho es pertenecer al colectivo "Cine Popular Venezuela". Pero un funcionario de la División contra el terrorismo del Cicpc aseguró, a grabador apagado, que Montoya es figura central de Carapaica y que le siguen la pista desde 2008. Lo vinculan, además, con otros atentados con explosivos ocurridos ese mismo año en la plaza George Washington y en la Nunciatura Apostólica. Los fiscales 20 y 74 de Caracas, conducen el proceso y le imputan los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, uso indebido de arma de fuego y uso de documento falso. Al ser consultados sobre esto evitaron dar detalles por tratarse de "un proceso judicial en curso".
La primera orden del tribunal 34 de control, de Caracas, fue recluirlo en el Internado Judicial de La Planta. Pero su abogado logró que lo mudaran a la sede de la Dirección de Inteligencia Militar "por su condición de funcionario policial y líder social histórico del 23 de Enero".
Alias "Enrique" y alias "Martín" confirmaron la veracidad del video difundido por RCN, pero sobre la detención de Murachí prefirieron dejar la duda en el aire: ni sí ni no.
La historia del vicealmirante retirado Pedro Manuel Pérez Rodríguez, detenido desde el 18 de abril acusado de liderar un complot contra el presidente Nicolás Maduro, permanece sepultada bajo la estela de los gases lacrimógenos y la costra quemada de los trastos que sirven de barricadas. Los documentos del proceso judicial que se le sigue, plagado de informantes anónimos y de actuaciones inherentes al último cargo que desempeñaba, calificadas como una conspiración contra el jefe del Estado, demuestran que este oficial fue de los primeros que denunció la cooperación entre los pistoleros chavistas y las fuerzas armadas para reprimir manifestaciones de la oposición Su testimonio fue ignorado por sus superiores. Ahora que la relación entre colectivos y guardias nacionales es más descarada el testimonio del vicealmirante resulta fundamental para entender de qué va la cooperación cívico-militar que invoca el régimen como mantra sagrado
Una de las organizaciones de base revolucionarias y emblema de la parroquia 23 de enero ya lleva tiempo en su conversión a un conglomerado de 14 empresas, todas de pequeña dimensión, diseminadas por cuatro estados de Venezuela, e invariablemente fondeadas por organismos gubernamentales. Incluyen una panadería, una bloquera, una televisora y un matadero. Pero, a despecho de su ideario comunal o comunista, los emprendimientos de ‘Alexis Vive’ están registrados a nombre de sus directivos y no de un igualitario ente colectivo.
Cabudare es uno de los nombres del infierno desde febrero. La ciudad-dormitorio que se extiende a un costado de Barquisimeto es escenario de una batalla en la que universitarios y vecinos sufren el asedio de los grupos de choque del oficialismo.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
