Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios del ayuntamiento no vacilaron en privatizar ese espacio público en favor de la peña de aficionados, relacionados no solo con el alcalde Darwin González sino también con su mentor, David Uzcátegui.
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El 17 de marzo de 2023, Harold Sosa Padilla, entonces director de ingeniería municipal de la Alcaldía de Baruta, firmaba el inicio de obra formal que permitiría a la empresa Ludus Sports poner en práctica el comodato que había obtenido de ese municipio sobre el polideportivo de Santa Paula, una urbanización de clase media en las colinas del sureste de Caracas. Allí la empresa pretende construir nueve canchas de pádel.
Casi un mes después, el funcionario fue detenido en medio de la investigación penal sobre la trama de corrupción llamada Pdvsa-Cripto. Las pesquisas, que la fiscalía chavista encabezó, provocaron la renuncia del poderoso exvicepresidente de la República, Tarek El Aissami, al Ministerio del Petróleo, así como la detención en cascada de al menos 61 personas entre funcionarios públicos, exdirectivos de la estatal petrolera Pdvsa y empresarios afines al oficialismo.
Si el boom de la construcción de torres de lujo en la urbanización de Las Mercedes destapó un presunto esquema de sobornos en torno a la concesión de permisos de construcción en el municipio, un conflicto entre vecinos y desarrolladores alrededor del polideportivo de Santa Paula revela ahora un tejido de amiguismo y nepotismo que conduce al alcalde, Darwin González, pero también a David Uzcátegui, su mentor y, a la vez, sombra política. Esta filiación, incómoda a ratos, quedó establecida desde que ambos eran concejales de Baruta y militaban en el mismo partido, el opositor Primero Justicia (PJ), de centroderecha.
Hoy la disputa se ha movido de las canchas deportivas a los tribunales: Ludus Sports consiguió que el Juzgado Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, a cargo de la juez Grisel Sánchez Pérez, le otorgara medidas cautelares que le permiten continuar con las obras del proyecto; a la fiscalía llegó una demanda contra la compañía y las autoridades municipales, mientras que el Consejo Legislativo del estado Miranda, controlado por el chavismo, y cuya jurisdicción abarca a Baruta, busca ganar algunos puntos en un territorio tradicionalmente opositor con un espaldarazo a los vecinos que se oponen al contrato.
La entrega a Ludus Sport, por parte de la alcaldía, de algo más de 10.000 metros cuadrados, del total de casi 33.500 metros cuadrados que ocupa el recinto deportivo, a través de un comodato por un lapso de 15 años, soliviantó a los vecinos de la urbanización, enfrentados ahora a la compañía y a unas autoridades municipales bajo sospecha de corrupción y favoritismo por constructores privados, como aquellos que sembraron la urbanización Las Mercedes con relucientes torres de cristal.
Además de Harold Sosa, en abril pasado las autoridades arrestaron a Juan Carlos Posner Pimentel, exdirector general de la Alcaldía de Baruta, quien también participó en el proceso que benefició a Ludus Sports, una empresa creada ad hoc para la construcción de las canchas de pádel en Santa Paula.
La ocasión y el objetivo tan específicos de la empresa son reconocidos por sus propios directivos, Armando De Armas Caraballo y Víctor Ferreres Palou; el primero es accionista del Bloque de Armas, mientras que el segundo fue del año 2000 al 2006 presidente del canal Venevisión, del Grupo Cisneros, ambos tradicionales emporios de medios venezolanos.
“Ludus Sports es una empresa que no ha tenido operación nunca. Es una empresa que constituimos Armando y yo para este efecto”, admite Ferreres en declaraciones para Armando.info. El logo de Ludus Sports reproduce el de una tienda de artículos deportivos en Key Biscayne, Florida, llamada The Court Sports Gear, y de la que Armando de Armas se define como propietario en sus redes sociales.
Ferreres descarta de plano irregularidades en el proceso de adjudicación por comodato y asegura que presentaron el proyecto a la alcaldía porque vieron una oportunidad en la expansión del deporte y porque, además, De Armas y él son “furibundos padelistas”. Desde los vecinos la óptica es distinta, denuncian que nunca se les presentó el proyecto definitivo, así como tampoco los estudios de impacto ambiental o de servicios. Señalan que se está privatizando un espacio público por vía de los hechos.
Aunque no tenga cargo formal en la alcaldía, la influencia de Uzcátegui sobre el burgomaestre y algunos desarrollos urbanísticos de Baruta ha sido muy amplia. Desde la campaña electoral de diciembre de 2017, que convirtió en alcalde por primera vez a González “con el apoyo de David Uzcátegui”, como rezaba la propaganda electoral, hasta las recurrentes apariciones en actos protocolares o de gobierno de la alcaldía, la presencia de Uzcátegui, a quien González define como un “hermano mayor”, no ha dejado de orbitar en los asuntos del municipio.
“Hace 16 años fui a tu oficina para buscar empleo y no sólo lo encontré, sino que también encontré un hermano”, escribió Darwin González en Facebook, el 15 de octubre de 2020, para felicitar a Uzcátegui en su cumpleaños.
Así que no es de extrañar que el nombre de David Uzcátegui también se asome detrás del entramado de relaciones expuesto por la polémica del polideportivo de Santa Paula.
Por un lado, Uzcátegui ha tenido una relación familiar y de amistad con Harold Sosa y Juan Carlos Posner, los dos funcionarios de la Alcaldía de Baruta que participaron en la adjudicación del comodato a Ludus Sports antes de ser detenidos. Por otro, Uzcátegui también tiene un vínculo de amistad con Armando Rafael De Armas Caraballo, uno de los socios de Ludus Sports.
Como si de una declaración premonitoria se tratara, en 2008, siendo candidato a la Alcaldía de Baruta, cargo al que ha aspirado varias veces sin éxito, Uzcátegui soltó una promesa en el canal Meridiano Televisión. “Nosotros tenemos la visión de trabajar con la empresa privada el tema de las instalaciones deportivas (...) Hacer alianzas con la empresa privada, por ejemplo, Meridiano Televisión, y hemos conversado con directivos de Meridiano Televisión para que también ocupen un polideportivo y sea el polideportivo Meridiano Televisión”, dijo Uzcátegui, a modo de oferta electoral, hace 15 años.
Meridiano Televisión es uno de los medios de comunicación que maneja la familia De Armas bajo el paraguas del Bloque De Armas, del que el propio Armando De Armas Caraballo es accionista. Varias fuentes ligadas a la política local de Baruta, pertenecientes a distintos partidos políticos, pero que coinciden en conocer a Uzcátegui, confirman la cercanía del hoy dirigente de Fuerza Vecinal con miembros de la familia De Armas.
Además del canal deportivo Meridiano Televisión, Uzcátegui también ha sido columnista del Diario 2001, otra de las cabeceras emblemáticas del Bloque de Armas. Sus apariciones en Meridiano Televisión coinciden con momentos de campañas electorales.
Al respecto, Armando De Armas reconoció que tiene una amistad con Uzcátegui desde hace más de 20 años. “Somos amigos desde hace mucho tiempo, pero es una relación de amigos cien por ciento. Nunca hemos tenido un negocio, nunca hemos compartido nada a nivel comercial”, indicó. Cuestionado sobre las pasadas conversaciones en que Uzcátegui aseguró haber sostenido con el Bloque De Armas para que participaran en un polideportivo, se limitó a aclarar que el conglomerado no tiene ninguna relación con el proyecto actual de Santa Paula. “Mi relación con el Bloque De Armas es mínima. Mi parte accionaria dentro de la empresa es muy pequeña y yo, desde 2015, no tengo ninguna relación con el grupo”.
En una comunicación enviada a Armando.info tras la fecha original de publicación de esta nota, el Bloque De Armas toma distancia de Armando De Armas y asegura que "jamás ostentó posiciones directivas en el BDA (sic) y no guarda ninguna relación laboral desde 2015, cuando cesó su actividad profesional en Meridiano Televisión". Sin embargo, no niega su participación accionaria.
Un año de conversaciones entre las asociaciones de vecinos de Santa Paula, funcionarios de la alcaldía y representantes de la empresa, no consiguió evitar que el conflicto estallara a inicios de agosto, cuando la empresa dejó dos contenedores con implementos para la construcción de la obra en terrenos del polideportivo, lo que produjo el rechazo de algunos residentes.
Víctor Ferreres sostiene que Ludus cuenta con todos los permisos legales requeridos, incluyendo el aval de Asopaula (la asociación de vecinos) y el Consejo Comunal: “Esa acta fue levantada a mano alzada por ellos mismos y la firmamos todos, incluyendo la presidenta [de Asopaula]. Todas sus observaciones fueron incluidas al cien por ciento en el contrato de comodato”.
Entre las peticiones que, en la ocasión de ese documento que Ferreres cita, la asociación de vecinos formuló, se encontraba la construcción de tres canchas de usos múltiples, la reparación de las caminerías, de los baños, de las zonas destinadas a la tercera edad y del cercado perimetral, lugares que seguirán siendo públicos. El empresario precisa que el proyecto tendrá un costo total de unos 800.000 dólares y que esperan recuperar la inversión en unos tres años. “Después de 15 años toda la bienhechuría pasa a ser propiedad de la alcaldía [...] Esto es un negocio, pero no es un negocio de los megamillones”.
Pero integrantes de Asopaula, que pidieron el resguardo de su nombre por temor a represalias por parte de la empresa, señalaron que el documento manuscrito era sólo una “minuta” de la reunión sostenida ese día, y que Ludus no cumplió con la condición de presentarle el proyecto final de lo que se iba a hacer. “Tampoco tenemos el comodato que firmaron con el alcalde”, añaden. Denuncian estas mismas fuentes lo que consideran una irregularidad: Ludus hizo ante la alcaldía la solicitud del comodato un 30 de mayo, es decir, 21 días antes de la constitución formal de la empresa ante el Registro Mercantil Segundo de Caracas. “Eso es un supuesto de nulidad absoluta. Ninguna empresa que no exista puede pedir un comodato”, argumentan desde Asopaula.
Ferreres, por su parte, explicó que el registro electrónico de la compañía se hizo el 12 de mayo y que “el registro en papel” fue lo que se otorgó el 20 de junio. “Se creó específicamente para este fin”, reiteró sobre Ludus Sport. Sobre lo alegado por los vecinos en cuanto a la incumplida entrega del proyecto, señaló: “Nosotros no tenemos que presentarlo [a Asopaula]. El dueño del terreno es la alcaldía”.
Esta opinión fue secundada oficialmente por la Alcaldía que replicó a un cuestionario enviado por Armando.info: “No existe ningún criterio jurídico que obligue a la Alcaldía a que las instalaciones deportivas a ser otorgadas bajo la figura de comodato requieran de la aprobación de una Asamblea de Ciudadanos, o de aprobación por parte de los vecinos”. Aún así, resalta la alcaldía en su respuesta, realizó “diferentes reuniones con la Asociación de Vecinos de Santa Paula, Consejo Comunal de Santa Paula y con los representantes de la Empresa Ludus Sports, C.A., a los fines de presentar el proyecto”.
Asopaula también denunció que en el acta de inicios de obra del Polideportivo, firmada por Harold Sosa, se calificó como “propietario” del terreno a Armando de Armas Caraballo. “Le están transfiriendo la propiedad del terreno”, denunció un integrante de la asociación. En su escrito la alcaldía indicó que esto se trató de un error “material e involuntario”, y que lo que se debió indicar en el documento es “que actúa en su carácter de comodataria. A tal efecto, se están haciendo todas las gestiones legales pertinentes a los efectos de corregir el error material”.
Ferreres, por su parte, también negó el argumento de los vecinos de que el expendio de alcohol, que se proyecta en una fuente de soda del complejo, cambie la zonificación del terreno de municipal deportivo a comercial. “Aspiramos a que nos otorguen la licencia de licores, como en todos los centros de pádel que hay en terrenos deportivos. Eso no es un cambio de zonificación, es una autorización”.
Meses antes, en septiembre de 2022, Juan Carlos Posner, uno de los dos funcionarios de la Alcaldía de Baruta detenido por la fiscalía en abril, había sido el encargado de llevar a Armando De Armas Caraballo y Víctor Ferreres a presentar los planes de Ludus Sports ante la Asociación de Vecinos de Santa Paula (Asopaula) y al Consejo Comunal de la urbanización.
Tres fuentes del ámbito municipal definen a Posner como el “administrador personal” de Uzcátegui y señalan que es una persona de extrema confianza del dirigente político. “Él administró las campañas electorales de Uzcátegui”, precisó uno de los informantes. Ambos nacieron en 1975 y coincidieron en la Universidad Metropolitana de Caracas cuando estudiaron Administración. En redes sociales se encuentran interacciones entre ambos que apuntan a una cercana amistad desde hace, al menos, 10 años.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público por el caso Pdvsa-Cripto, Posner habría sido el encargado de recibir un total de 12 pagos, entre enero y junio de 2021, por un total de 300.000 dólares, con la finalidad de “facilitar sin contratiempos” permisos de construcción en la urbanización Las Mercedes. Pero el alcalde Darwin González hizo notar, en una rueda de prensa en la que no permitió preguntas, que para las fechas señaladas Posner no era funcionario de la alcaldía y que, por lo tanto, mal podría haber recibido coimas para incidir en esas gestiones
Fuentes refieren que, luego del fracaso de sus empresas dedicadas a la gastronomía en España, Posner regresó a Venezuela a comienzos de 2020 por solicitud del propio Uzcátegui, que ya tenía proyectado crear su propio movimiento político: Fuerza Vecinal.
Los pagos que registra la fiscalía, y que supuestamente fueron hechos por la empresa ATB Constructores para obtener de Posner favores en permisos de construcción, se dieron meses antes de que González resultara reelecto en noviembre de ese año.“Darwin [González] no quería a Posner como director. A él lo pone ahí Uzcátegui”, añade uno de los informantes.
Ni con Darwin González ni con Posner terminan los vínculos de Uzcátegui con funcionarios de la actual administración municipal. El fundador de Fuerza Vecinal también es concuñado del exdirector del despacho de la Alcaldía, Alejandro Sosa Padilla, hermano de Harold Sosa Padilla, detenido por el caso Pdvsa-Cripto. Sosa fue nombrado en ese cargo con la llegada de Darwin González al poder.
Lorena Guerra de Uzcátegui, la esposa de David Uzcátegui, es hermana de Lucy Guerra de Sosa, la esposa de Alejandro Sosa Padilla. En las redes sociales de Sosa se ve a los cuatro compartiendo celebraciones familiares, como cenas de navidad.
Luego de la llegada de los controvertidos contenedores al polideportivo de la urbanización, que simbolizaba la toma efectiva de las instalaciones, empezó el conflicto entre la empresa y los vecinos. Se produjeron enfrentamientos entre los usuarios y los trabajadores de la compañía, y la empresa decidió introducir un recurso de amparo que fue decidido a su favor el 24 de agosto.
Las medidas cautelares que derivaron de esta decisión prohíben la “perturbación” de los trabajos, exhortan a las autoridades municipales a proporcionar protección a las obras de la empresa, y prohíben al Concejo Municipal pronunciarse sobre el tema, lo que impide una eventual revocatoria del comodato. Fuentes de las instituciones municipales, que piden el resguardo de sus nombres, consideran que esta medida es inconstitucional, pues limita las atribuciones del Poder Legislativo municipal. Asopaula también introdujo una contestación al amparo en la que pide que estas medidas sean revocadas por considerar que violan los derechos constitucionales de los vecinos.
Desde Ludus Sports señalan que han sido víctimas de ataques violentos para impedir las obras de construcción y las atribuyen al presidente del Comité de Atletas y Usuarios del Polideportivo de Santa Paula, Ricardo Goeta. “El día que iniciamos la obra tumbó los postes que estaban puestos en el cemento fresco. Insultó, agredió y tuvimos la oportunidad de grabarlo y paramos la obra (...) Tumbó la valla que por ley tenemos que tener. Provocó a los vigilantes y fue difícil que no nos fuéramos a las manos”, denunció Ferreres.
El 11 de septiembre el juzgado convocó a una audiencia por una denuncia de desacato a la decisión judicial, a petición de la empresa, en contra de Goeta. Este califica la decisión judicial como “totalmente contraria a derecho” y asegura que no ha tenido acceso al expediente para conocer de qué se le acusa. “Se negó a permitirme que consignara la diligencia para hacerme parte del procedimiento”.
Sobre las acusaciones de agredir a los representantes de la empresa, consideró que la “actitud agresiva es la de ellos, de llegar de manera inconsulta a meter unos contenedores en un espacio donde juegan los niños”. Acerca de las perturbaciones a la obra respondió: “Ellos vinieron súbitamente [...] y pusieron esos tubos. Esos son espacios públicos deportivos. Violentos son ellos que han actuado de esa manera”.
Tanto Harold Sosa Padilla como Juan Carlos Posner jugaron un papel clave en la obtención del comodato por parte de Ludus Sports. Hoy, sin embargo, las fuentes consultadas apuntan que el proceso judicial en contra de estos dos exfuncionarios ha enfriado las relaciones entre el alcalde y su antiguo mentor. La alcaldía de Baruta, el alcalde Darwin González y David Uzcátegui fueron contactados para obtener su versión sobre esta historia, pero solo la alcaldía dio respuesta.
Consultado sobre si para Ludus Sports es una preocupación que los permisos otorgados por los funcionarios detenidos sean revisados, Ferreres indicó: “Claro que nos preocupa, pero lo que estamos haciendo es solucionarlo y dar la cara. Ojalá lo revisen todo. Nos hemos reunido con el alcalde, con la consultora jurídica, con todo el mundo (...). Aquí no hay guiso de nada, lo que hay es un proyecto espectacular”.
Sin embargo, ahora son los tribunales a a quienes les toca el servicio para poner la pelota de nuevo en juego.
Nota del editor: Nueve días después de la publicación de este artículo, el 3 de octubre de 2023 Armando.info recibió una comunicación del consultor jurídico del Bloque De Armas, Alejandro Ignacio Villoria García, en la que señala que el señor Armando De Armas Caraballo no forma parte de la junta directiva de ese conglomerado editorial desde el año 2015.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
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De las casas frente al mar en Anzoátegui, a las lujosas torres de 20 pisos en la “zona rosa de Caracas” y, de ahí, a los muelles de las refinerías de Pdvsa. El abrupto y variado ascenso de los hermanos Perdomo, dueños de la Constructora HP, tiene su más reciente expansión en los complejos refinadores petroleros, en los que los contratos son aprobados por funcionarios militares cercanos al chavismo.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
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Exdirector general de la alcaldía de Baruta y considerado como el “administrador personal” de David Uzcátegui. Arrestado en abril por organismos de inteligencia venezolanos por la trama Pdvsa-Cripto.
Exingeniero municipal de Baruta. Fue arrestado en abril bajo acusaciones de corrupción en la denominada trama “Pdvsa-Cripto”.
Empresario y accionista de la empresa Ludus Sports, C.A. También es accionista del Bloque De Armas.
Empresario y accionista de la empresa Ludus Sports. Fue presidente del canal Venevisión, del Grupo Cisneros, entre 2000 y 2006.
Dirigente nacional del partido Fuerza Vecinal y exconcejal del municipio Baruta con el partido Primero Justicia. Ha tenido una gran influencia en la actual gestión de la alcaldía de Baruta.
Alcalde del municipio Baruta e integrante del partido Fuerza Vecinal. Fue concejal del municipio y presidente de la Comisión de Urbanismo cuando militó con el partido Primero Justicia.
