Los intermediarios zulianos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt conectaron a Pdvsa con Petrosaudi, una empresa que en poco tiempo mostró su costado embaucador. Las alertas recibidas por la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro dejan al descubierto cómo esa relación generó pagos con toda la pinta de corresponder a comisiones, y una estructura de empresas de la que hoy no queda casi rastro. Mientras Pdvsa quedó esquilmada, y Petrosaudi protagonizaba un escándalo mundial que la liquidó, la mala fama que les ganó esa intermediación a los Pantin no frenó la expansión de sus negocios, petroleros y de otras índoles.
Cuando la petrolera estatal venezolana Pdvsa todavía lucía robusta y plena de recursos, los contratos y el dinero no sólo llegaban a quienes le sirvieran de proveedores. La copa rebosaba también para quien supiera demostrar influencia sobre los altos funcionarios de la industria que tenían poder de decisión para contratar tales proveedores, y luego contara con alguna estructura elemental para recibir de vuelta el pago por los favores otorgados.
Los hermanos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt tenían justo esas dos cartas a su favor cuando en 2009 se plantaron como intermediarios entre Pdvsa y una novísima compañía petrolera, Petrosaudi, cuyos propietarios se ufanaban de su supuesta cercanía con el rey de Arabia Saudita. A la postre las dos partes hicieron negocios, pero en términos que se revelarían escandalosamente lesivos para la parte venezolana: Pdvsa pagó con un grueso sobreprecio el arrendamiento de dos buques-taladro o buques de perforación de segunda mano, que apenas funcionaron para extraer gas en las áreas asignadas al Proyecto Mariscal Sucre, en las aguas al norte de la península de Paria, en el extremo oriente venezolano.
La asignación se hizo con el impulso vendedor de los Pantin Shortt y durante la presidencia en Pdvsa de Rafael Ramírez, bajo la supervisión de los ejecutivos José Luis Parada y Eulogio del Pino —hoy, respectivamente, exiliado, fugitivo y preso.
El trato suponía el desembolso por parte de Pdvsa de una bicoca de 1.200 millones de dólares por concepto de alquiler de los buques perforadores a Petrosaudi, a razón de 485.000 dólares diarios. Los entendidos se escandalizaron al hacerse públicas estas condiciones; equipos similares para ejecutar las mismas operaciones, incluso de fabricación más reciente, señalaron, eran contratadas por la mitad del precio. Pero los términos leoninos no terminaban allí. El contrato garantizaba a Petrosaudi la entrega de 49% de las ganancias por extracción en los campos gasíferos tras la constitución de una empresa mixta con esa proporción (Petrosaudi 49%-Pdvsa 51%), y por la que PDVSA recibió una inversión de 120 millones de dólares.
Esa entrada de dinero líquido y la expectativa de desarrollar alguna sociedad con la potencia petrolera que es Arabia Saudita fueron los dos argumentos más poderosos con los que los hermanos Pantin consiguieron vender los servicios de Petrosaudi.
Oriundos del estado Zulia —la más antigua cuenca petrolera del país, en el noroeste de Venezuela—, los Pantin Shortt no son unos desconocidos en la esfera petrolera venezolana. Sus conexiones con el negocio se remontan a su condición de herederos —y directores— de una compañía fundada por su padre en 1981, Cementaciones Petroleras Venezolanas (CPVEN), dedicada a un amplio abanico de actividades relacionadas con la explotación y mantenimiento de yacimientos de petróleo y gas.
Años en el negocio como proveedores de
servicios para Pdvsa dieron a los Pantin Shortt una capacidad de llegada casi
única a la alta gerencia de la corporación petrolera, así como les pusieron en
la posición de servir de lazarillos para otros proveedores que buscaban penetrar
la burocracia de la estatal petrolera venezolana para conseguir contratos. Sus contactos en ambos sentidos eran múltiples y
privilegiados. Eso quedó en evidencia cuando sus nombres aparecieron en las páginas del boletín The
Sarawak Report de Kuala Lumpur, Malasia.
Dirigida por la periodista británica Clare Rewcastle
Brown —una de las talkingheads principales
en el segundo
capítulo de la serie de Netflix, Dirty Money—, la publicación fue esencial en la revelación de los manejos
corruptos del fondo público 1MDB, el mayor escándalo en la historia moderna de
ese país asiático.
En una ramificación de la investigación, con la que se conecta, el Sarawak describió los pormenores de esos contactos en los que, por un lado, estaban los ejecutivos de Petrosaudi, Patrick Mahony y Tarek Essam Obaid, y por el otro la alta gerencia de Pdvsa. En el medio, la bisagra de los hermanos Pantin Shortt.
El reportaje expuso correos electrónicos filtrados del intercambio entre los mediadores y los directivos de Petrosaudi, cuyo lenguaje y nivel de los favores solicitados dejaban en claro que los Pantin Shortt nunca fueron personas de escasos recursos y se manejaban con comodidad entre las personas más influyentes de la alta jerarquía petrolera venezolana, una ventaja que les permitía cobrar por sus “servicios” de intermediación. Esos cobros terminarían por llamar la atención de la banca internacional.
Así, el boletín Kleptocracy Weekly, un documento interno de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro estadounidense, recordaba en su edición de la primera semana de mayo de 2017 que la sucursal en Estados Unidos del banco británico HSBC había alertado sobre 25 transacciones ocurridas entre el 9 de febrero y el 23 de diciembre de 2009 en las que los hermanos Pantin Shortt, incluyendo a Carlos (un tercero, quien no es parte de la directiva de la empresa petrolera familiar, como sí lo son Gerardo y Eduardo José), recibieron algo más de 5,3 millones de dólares.
El documento forma parte de los 2.100 archivos recibidos por Buzzfeed News, y luego compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros 108 medios en 88 países de todo el mundo, Armando.info entre ellos, que hoy conforman la materia prima del proyecto de los llamados FinCEN Files.
Según se lee en el reporte, los oficiales de cumplimiento del HSBC USA sospecharon de esas transacciones pues “los hermanos Pantin, identificados como intermediarios de Petrosaudi Oil Services y/o Petrosaudi International Limited (juntos ‘Petrosaudi’), actuaban como facilitadores para obtener contratos con la empresa estatal venezolana de petróleo y gas natural, Pdvsa. Según HSBC, Petrosaudi supuestamente le suministró a Pdvsa dos barcos de perforación de petróleo con una tasa diaria inflada bajo la garantía de los hermanos Pantin de que ellos asegurarían la firma de los contratos por los correspondientes representantes de Pdvsa. Los hermanos Pantin, según se informa, facilitaron el proceso de pago a cambio de una comisión, porque Pdvsa supuestamente era inconsistente en el pago de los contratos”, relata el boletín.
Valga decir que la historia de Petrosaudi está marcada por la controversia. Petrosaudi International Ltd, creada por Obaid en 2005, se financió con recursos del fondo 1MDB, una cartera de inversión de 4.500 millones de dólares que Malasia creó y dispuso para costear proyectos de desarrollo en el país, pero cuyo gobierno —liderado entonces por el primer ministro Najib Razak— desvió casi en su totalidad a negocios privados: una de las derivas más extravagantes fue para el financiamiento de la película El lobo de Wall Street, de Martin Scorsese y con Leonardo Di Caprio como protagonista, en la que el hijo del premier Razak, Riza, figuró como productor ejecutivo.
Para gestionar el negocio de Petrosaudi, Obaid logró atraer a un antiguo compañero de colegio, Patrick Mahony, que entonces trabajaba para la gigante firma de inversiones Ashmore. De hecho, Mahony sería el artífice del negocio con Venezuela, una estafa del tipo vendedor de carros usados en toda la línea: compró un par de buques-taladro de segunda mano, el Neptune —luego bautizado como Saturn— y el Discoverer, para enseguida ofrecerlos en alquiler a la estatal venezolana a precios de naves espaciales. Mahony era también quien hablaba con los hermanos Pantin Shortt para coordinar el esquema.
El monto de las transacciones reportadas como sospechosas por el HSBC USA al Departamento del Tesoro, 5,3 millones de dólares, no coincide con el que los hermanos Pantin Shortt recibieron como facilitadores del negocio: entre el cruce de correos electrónicos entre Gerardo Pantin y Patrick Mahony mostrado por el Sarawak Report, destaca uno en el que el venezolano envía las coordenadas para recibir el pago de “otros” ocho millones de dólares, adicionales a unos siete que ya había recibido. El correo, con fecha de 30 de noviembre de 2010, explicaba que el depósito debía hacerse en el Bank of America, específicamente a una subcuenta manejada por Merrill Lynch, cuyo beneficiario era una empresa denominada Offshore Services Management Inc. Pero la diferencia entre uno y otro monto no debe desorientar: bien podría tratarse de una fracción del pago total.
Resulta que Offshore Services Management Inc, la empresa mencionada en el correo electrónico por Gerardo Pantin Shortt como beneficiaria del pago solicitado por los "otros" ocho millones de dólares, generó, a su vez, otra alerta que fue recogida en un documento distinto, un reporte de actividad sospechosa (SAR, por sus iniciales en inglés) recibido por la FinCEN. En este informe, Offshore Management Services Inc. había variado su rol: además de receptor, era también origen de pagos por un total de 4,8 millones de dólares en siete transacciones efectuadas entre marzo de 2010 y agosto de 2015.
Con el único dato visible de que está
registrada en Islas Vírgenes Británicas, sin página web, teléfono o dirección
electrónica conocida, a Offshore Services Management Inc. parece que se la tragó
la tierra, si es que alguna vez funcionó como algo más que una shell
company para gestionar transferencias. Sin embargo, una nota del
diario
El Nuevo Herald de Miami en 2016 alcanzaría a conectar a
Gerardo Pantin Shortt con la empresa, al señalar que dos propiedades del
venezolano en la ciudad de Aventura, en el noreste del condado de Miami-Dade,
fueron adquiridas por Offshore Services Management en el año 2013 por un monto
de 2,75 millones de dólares.
Para el momento de la publicación, Gerardo Pantin Shortt era director de una desarrolladora inmobiliaria llamada Unitas Development Group, con la que fue inversionista y promotor de un proyecto para construir un lujoso condominio, por valor de 100 millones de dólares, en MiMo, una zona de moda en el upper east side de Miami, a la altura de la calle 57. El proyecto no se completó.
Las otras empresas que aparecen como beneficiarias de la transacción señalada en el SAR son Rote Energie S.A., registrada en Panamá, y Windom Finance Ltd, registrada en Reino Unido. De estas tampoco hay mayor rastro. Uno de los bancos beneficiarios de las transacciones fue la sucursal panameña del banco venezolano Banesco.
En ese mismo SAR se deja constancia de otra bandera roja que está conectada con Petrosaudi. Prácticamente en el mismo periodo, entre julio de 2010 y agosto de 2015, se informó a la FinCEN de otras seis transacciones que totalizaron 13,4 millones de dólares y cuyos beneficiarios fueron, entre otros, Tarek Obaid y una empresa que no es Petrosaudi International Limited —creada por Obaid en 2005—, sino otra de denominación parecida: Petrosaudi Oil Services Venezuela. A diferencia de Petrosaudi International Limited, registrada en las Islas Caimán, esta supuesta filial venezolana fue incorporada en Barbados bajo el número 33127, donde Obaid firma como uno de sus directores.
Lo sorprendente de esta maraña de pagos y conexiones fue que, aún retratados de manera inequívoca como copartícipes del pingüe —para ellos; lesivo para Venezuela— negocio de Petrosaudi con Pdvsa, los Pantin Shortt no detuvieron sus operaciones. De hecho, se puede detectar una expansión geográfica de los negocios de la marca familiar, CPVEN, a partir de 2011.
La ficha de CPVEN en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), que estuvo activa al menos hasta junio de este año, muestra que tanto Gerardo como Eduardo Pantin Shortt se mantuvieron como parte de la directiva de la empresa, liderada por Eduardo Pantin Pérez, y con Andrés Pantin Pérez, los dos últimos también hermanos entre sí y a la vez primos de los Pantin Shortt. Este cuarteto compartió directiva en otras cuatro empresas: Servicios Efega C.A., Servicios Venezolanos Costa Afuera C.A., Maersk Contractors, estas tres actualmente inhabilitadas para contratar con el Estado venezolano, y Centro de Tratamiento Petrolero (Cetrapeca), esta última activa, lo mismo que CPVEN. Todas, excepto una, fueron creadas y registradas después de la mediación con Petrosaudi.
CPVEN también tuvo una expansión acelerada en la creación de empresas o reservas de nombres en al menos diez países, entre ellos algunos conocidos por ser paraísos fiscales, en una compleja estructura empresarial que llega incluso a Nueva Zelanda. Con el mismo nombre de una de ellas, CPVEN Oil Field Services (Venezuela), liderada por Eduardo Pantin Shortt, se registraron tres empresas en Barbados como sucursales en Perú, Colombia y Ecuador. También CPVEN Exploration & Production Corp.
CPVEN Oil Field Services Venezuela está registrada en Madrid y también en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela, en cuya ficha consta que el total de las acciones pertenecen a CPVEN Holding. Una empresa similar, de nombre CPVEN Holding Limited, está registrada en Malta, como propiedad de la firma Trident Trust Company.
La inversión en el negocio inmobiliario del sur de Florida fue otra evidencia de expansión durante ese período dorado. Al explicar esa nueva incursión al diario El Nuevo Herald de Miami, el propio Gerardo Pantin Shortt aseguraba que la relación de su familia con Pdvsa era "estrictamente comercial" y que entre 2012 y 2015 -es decir, luego de la transacción de los buques-taladro- su empresa había logrado contratos con la petrolera por 991 millones de dólares.
Su hermano, Eduardo, también diversificó su cartera de negocios y en noviembre de 2012 creó la empresa Maersk Drilling Holdings Limited junto con otros empresarios venezolanos de renombre, como Oswaldo Cisneros y el ex yerno de este, Gonzalo Fernández Tinoco. En la actualidad Fernández Tinoco aparece como director de la compañía, que entre tanto cambió su denominación a Maritime Drilling Holdings Limited.
Ninguno de los hermanos Pantin Shortt respondió a los intentos de contacto por parte de Armando.info a través de correos electrónicos personales, las páginas de CPVEN y Unitas Development Group.
Por la coincidencia de fechas y apellidos y una confusión de la prensa, Francisco Flores Suárez se hizo notar en 2015. Entonces se le creyó pariente de los 'narcosobrinos', capturados en Haití casi en simultáneo con una operación de la DEA que incautó droga en un yate, anclado en la vecina República Dominicana, del empresario venezolano. Aclarado el error, el Departamento del Tesoro de todas maneras se enteró de él y de sus negocios en 2017. Los montos de sus transacciones bancarias en EEUU y, en general, el crecimiento de su reino empresarial desde 2010 y en varios países a partir de una compañía de servicios petroleros, tenían que llamar la atención, acaso tanto como los éxitos musicales y videoclips de populares cantantes que ha financiado.
Al mayor general de la Aviación, Giuseppe Yoffreda, con toda propiedad se le puede calificar como el más poderoso de los menos conocidos funcionarios de la administración chavista. Hoy Embajador en Qatar, por una década controló las compras del Estado en el extranjero desde dos empresas, Corpovex y Veximca. De esta última el Departamento del Tesoro hizo seguimiento por las multimillonarias transferencias en dólares hechas, sobre todo, a desconocidas compañías en Florida que gestionaban allegados al oficial.
Luis Manuel Valdivieso cambió su vida de abogado en Venezuela por una de farándula y jet set en un rincón exclusivo de República Dominicana, donde ahora sirve de anfitrión a Kim Kardashian y para amigos como el cantante Chyno Miranda. Pero para llegar allí debió completar un tránsito subterráneo que lo trajo desde el ejercicio en los tribunales a los negocios con militares. En esa parábola, la FinCEN lo encontró haciendo transacciones sospechosas con rusos y chinos.
En 2012 la sucursal en Nueva York de uno de los mayores bancos comerciales chinos reportó que el Barnett Capital Bank había realizado en apenas un mes transacciones por un valor equivalente a la mitad de sus activos; tres meses más tarde, cerraba su cuenta. Así de agitada ha sido la trayectoria de la joven entidad y de sus casi desconocidos propietarios, tanto, que su propio nacimiento ocurrió con un fórceps en tribunales de Florida y Antigua
Lidera un grupo de empresas del sector construcción, cría purasangres para hacerlos competir en hipódromos de Venezuela y Estados Unidos, tiene mansiones en Caracas y Florida. Pero por ninguno de esos bienes suntuosos fue que Alejandro Ceballos Jiménez llamaría la atención de funcionarios de cumplimiento de un banco y de la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro. En cambio, quedó bajo sus lupas por los pagos y transacciones vinculados a una obra de viviendas populares en los Valles del Tuy. Los flujos millonarios de dólares llegaban desde entes del gobierno chavista a una empresa en el Reino Unido simultáneamente vinculada a la ruta del ‘dinero K’ argentino.
La magnitud del "banco local del mundo", como se llamaba en su publicidad, es colosal, tanto como su desdén por las medidas de cumplimiento antilavado de dinero. La investigación de los FinCEN Files lo deja muy mal parado, al revelar que la entidad facilitó la perpetración de un esquema Ponzi también global, mientras estaba en periodo de prueba por sus nexos con capos de la droga y pese a las multas a las que la sometieron los reguladores de Estados Unidos. Luego de divulgados los hallazgos, sus acciones cayeron esta semana en bolsas internacionales.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
