El cacao venezolano representa menos del uno por ciento del cacao que se comercia a nivel mundial, pero sus granos y el chocolate que se obtiene a partir de él se exhiben en ferias internacionales a través de empresas nuevas en el negocio y estrechamente vinculadas con la familia presidencial. A través de guiños al sistema cambiario, el extraordinario producto venezolano genera grandes cantidades de divisas que quedan fuera de Venezuela, paradójicamente, gracias a un monopolio del Estado que mantiene férreo control sobre la cadena de comercialización y exportación. Todo ocurre en medio de una escalada de violencia y criminalidad que mantiene secuestrado a las zonas productoras, principalmente Miranda y Sucre, obligándolos a abandonar los campos o morir en el terreno.
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Una vez al año, París se convierte en la capital mundial del cacao y chocolate. La crème de la crème de la industria está presente en el Salon du Chocolat, un evento de tradición y reconocimiento que abarca las últimas tendencias del mercado y tiene como escenario la Puerta de Versalles, en el corazón de Francia. En el 2017, junto a otros 500 expositores, debutó la empresa venezolana Esaica vinculada a la familia cercana de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y una de las operadoras políticas más influyentes de la autodenominada Revolución Bolivariana.
Tras su fundación, en 2015, la compañía ha estado presente en las ferias y eventos internacionales más importantes del sector, haciendo gala de los mejores granos de cacao fino de aroma provenientes de la zona de Barlovento en la costa del estado Miranda, centronorte de Venezuela, un territorio conformado por seis municipios que concentran la segunda mayor producción del rubro. Ese territorio es gobernado por Héctor Rodríguez, quien ganó las elecciones estadales de 2017 apoyado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Desde su llegada, después de una larga gestión del líder opositor Henrique Capriles Radonski, el nuevo gobernador concentró el negocio cacaotero y creó un oligopolio que privilegia a pocas manos, en una región azotada por la violencia, institucionalidad debilitada y donde el productor fue lanzado al olvido.
Los galpones de Esaica (Especialistas Integrados Agrícolas C.A.) están en Yaguapita, municipio Acevedo –el de mayor extensión de la zona mirandina–. La empresa se dedica al cultivo, secado y almacenamiento del cacao criollo con miras a obtener un producto orgánico de calidad que puedan exportar. Así lo dice su página web, en la que comparte una galería fotográfica de los puestos que la empresa ha montado en eventos de Europa y Japón para promocionar sus productos premium.
A pesar de estar ubicada en una de las regiones más violentas del país, esta hacienda parece no sufrir los mismos problemas que sus vecinos barloventeños: no ha sido expropiada, no sufren de robos de cacao, cuenta con todos los implementos e insumos, así como con permisos para la exportación y vía de acceso asfaltada, no se le decomisa la producción. Condiciones normales para cualquier negocio, pero privilegios exclusivos en la zona, donde otros miles de habitantes viven en la miseria y expuestos a la violencia.
Solo en 2018, el índice delictivo superó los 15.000 eventos entre homicidios, lesiones personales, hurtos, secuestros, violaciones, robos y resistencia a la autoridad, según datos oficiales del Ministerio de Interior, Justicia y Paz (MIJP) a los que Armando.Info tuvo acceso. En promedio, ante casi 43 delitos al día, los habitantes de Barlovento caminan con la sombra a cuestas, sin saber cuándo les tocará su turno.
Es una cruz con la que cargan sobre todo quienes heredaron las tierras de las grandes haciendas coloniales del siglo XVII, aquellas que dieron vida al eje cacaotero y hoy se extienden a lo largo de la Troncal 9, desde Caucagua hasta Cúpira. Las nuevas generaciones tuvieron que aprender a vivir en el miedo y a sonreír con celo. Algunos cambiaron las granadas por el machete para retomar los cultivos durante la declaratoria de las Zonas de Paz -uno de los primeros programas del Gobierno de Nicolás Maduro para contrarrestar la criminalidad desatada en todo el país-; otros hicieron lo contrario y sofisticaron sus métodos para infundir terror. Ahora hay bandas que operan en las boscosas vías y salen armadas hasta con motosierras.
“El cacao de Barlovento va a desaparecer por la inseguridad”, lamenta el joven productor José Medida, de Tapipa Grande, de uno de los tantos caseríos que se ubican a lo largo de la guillotina vial. Su trabajo se ha visto afectado por la delincuencia y ha ideado formas ingeniosas para no perder todo su esfuerzo.
Fue una de las voces que se levantó con fuerza en los encuentros que organizó la Asociación Nacional de Productores de Cacao (Asoprocave), con apoyo de la asociación civil Acción Campesina, para la consulta del proyecto de Ley de Cacao que esperan entregar a cualquiera de las autoridades que los escuche, sea las de Maduro o las del presidente encargado de oposición, Juan Guaidó.
Bajo el rótulo de Venezuelan Cocoa Beans, el matrimonio venezolano de Carlos Eduardo Villafranca Blanco y Erika Alexandra Albornoz Gavidia se lanzó a un viaje de placer y negocios a París en 2017.
Para la ocasión de la feria, en su stand exhibieron los granos de cacao en unas bolsas de fique importadas desde Colombia. Todo estaba dispuesto para hacer gala de la calidad del producto, promocionado como orgánico, edulcorando las restricciones impuestas en Europa relacionadas con la presencia de cadmio en el grano.
Villafranca es el vicepresidente de Esaica y presidente de la empresa homónima en Portugal, con sede en Lisboa, de la que posee 95% de las acciones. El restante 5% está a nombre de Max Alejandro Figueroa Rotundo, quien figura en la venezolana como Director Gerente. Albornoz Gavidia –sobrina del ex esposo de Cilia Flores, el también ex parlamentario del Psuv Walter Gavidia– no tiene acciones pero sí el cargo de Directora Administrativa en la empresa local. Para ella quedaron atrás los cargos en las instancias oficiales al lado de su tía política, en la Gerencia General Administrativa de la Procuraduría de la República y la Jefatura de la división de Recursos Humanos de la anterior directiva de la Asamblea Nacional -de la que fueron presidentes, como parlamentarios oficialistas, tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores-, en donde también trabajó su esposo.
Entre cambios de domicilio, aumentos de capital y compra-venta de acciones, la empresa cacaotera se instaló con mayor fuerza en Miranda y poco a poco se fue erigiendo como aquella criatura mítica europea, que era un mosaico de extrañezas y de singular apariencia, conocida como la Tarasca.
Esaica, la Tarasca de esta historia, tiene una oficina en la Torre C del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, en el sureste de Caracas, que pareciera estar desocupada, con excepción de una única persona que, al ser consultada sobre la empresa, responde parcamente: “Ellos la llamarán”. Ni la puerta ni el empleado tienen identificación, ni los números locales de teléfono son atendidos.
Aunque su página web los presenta como un “emprendimiento” fundado en los años 80 por un grupo de investigadores, especialistas e ingenieros agrónomos, que resurgió en el 2013, el documento constitutivo de la compañía data del 15 de abril de 2015 y fue registrado en Aragua, estado limítrofe con Miranda. Las acciones se las dividían Max Figueroa y Olivier Miguel Rondón Muñoz, quien poseía entonces, con 1% más, la mayoría accionaria. Es, además, el actual presidente de Esaica aunque ya no tiene la misma igualdad societaria.
Villafranca se mueve de una feria a otra, de París saltó a la ciudad de Mihama, en Japón, donde asistió al Foodex Japan 2018, luego a Bélgica y Holanda
Para finales de 2016, la empresa en Venezuela estaba constituida por siete socios, incluidos Carlos Villafranca, Max Figueroa y Olivier Rondón. Figuran como los mayoritarios en partes iguales: Mariana Andrea Staudinger Lemoine, Jenifer Karina Fuentes Gómez y Mario Enrique Bonilla Vallera. Además, con una cantidad mínima de acciones está José Alberto Asenso González.
De todos, Rondón es el que tiene más experiencia en el tema y es la cara visible de la compañía. En varias oportunidades se le ha visto hablando de la genética, de las exigencias de este rubro, de cómo los cultivos pueden mejorar y obtener un procesamiento orgánico bajo las condiciones adecuadas. Es ingeniero agrónomo de Maracay, con estudios superiores en Agricultura Ecológica y trabajó en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), del Ministerio de Agricultura y Tierras.
Por su parte, Figueroa es abogado y el que maneja el intercambio comercial en todas las escalas. Aprovecha el auge mundial del soft commodities (mercancías derivadas del cultivo) para posicionar el producto. En la red social Linkedin se presenta como abogado especializado en el área comercial y marítima y trader desde 2015, fecha en que aparece Esaica.
Villafranca se mueve de una feria a otra, de París saltó a la ciudad de Mihama, en Japón, donde asistió al Foodex Japan 2018, luego a Bélgica y Holanda. Posa con su franela de Esaica y agarra la mazorca como si toda la vida la hubiese visto crecer. Los que no figuran de ninguna manera visible son los otros socios.
Uno de los socios principales de la empresa es Mario Bonilla, quien no llega a los 30 años de edad. Ello no ha sido obstáculo para que hoy posea al menos una decena de empresas más, así como múltiples propiedades de lujo. También a su corta edad Bonilla, conocido amigo de los hijos de Cilia Flores, empieza a acumular un prontuario: es uno de los acusados desde agosto de 2018 en un tribunal del sur de Florida por el caso del esquema de lavado de 1,2 millardos de dólares de Pdvsa. En la acusación se le identifica como testaferro de los hijos de la Primera Dama venezolana, o Primera Combatiente, como se empeña a llamarla el discurso oficial de la revolución.
Al mayor de los hijos de Flores, Walter Gavidia Flores, se le vincula sentimentalmente con otra de las socias de Esaica, Jenifer Fuentes. Ambos fueron jueces en el Área Metropolitana de Caracas y comparten la misma dirección de una propiedad de Florida, Estados Unidos.
El septeto de Esaica lo completan Mariana Staudinger y José Asenso, quienes no son ajenos a las relaciones pasadas con los Gavidia. Fueron socios del ex esposo de Cilia Flores en otra empresa de eventos. Además, Staudinger es la esposa del segundo hijo de Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores, ambos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos este jueves 25 de julio, a propósito de la red de corrupción relacionada con la distribución de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Asenso pertenece a una asociación cooperativa de Caucagua, municipio Acevedo, el corazón del cacao barloventeño. Su razón social es elocuente: "Ejercer la representación y defensa colectiva del sector productivo agrícola y pecuario del municipio y sus áreas de influencia, así como la representación y asesoría en la solución de problemas generados por la tenencia de la tierra, sirviendo de puente entre el sector productivo y el Instituto Nacional de Tierras”.
Quien ha vivido en la zona conoce las distintas vías por las que se mueve el negocio. Una que viene heredada de los gobiernos chavistas del pasado, con políticas fracasadas, productores que viven de las dádivas y a quienes se le ha vulnerado su derecho al trabajo, al comercio, a la propiedad e incluso, derecho a la seguridad ciudadana, y sin embargo, sobrevive. Y otra que controla el poder, escoltándola con un entramado burocrático y legal para beneficiarse de la rentabilidad del producto.
En ningún caso se ha logrado levantar el rubro de la brutal caída que tuvo y mantiene la producción atada a los números de 1957, cuando Venezuela casi llegaba a las 16.000 toneladas de cacao.
Marcelino se ha dedicado al cultivo del cacao durante varias décadas. De eso vivió su padre, también sus hermanos y lo hizo él, en una tierra heredada. Se toma las manos y mira de un lado a otro recordando a la policía rural de la época de Enrique Mendoza, en la otrora Barlovento.
“Nosotros somos víctimas de la inseguridad por el cacao. Somos víctimas de todo. En Acevedo hay un señor que perdió 60.000 matas de cacao, que tuvo que abandonar porque se le metió una cantidad de gente y no la pudo sacar”, dice a sus compañeros que conocen bien esta realidad. Pancho, otro productor, tuvo que abandonar 78.000 matas de cacao porque se atrevió a denunciar las tomas y lo amenazaron para que no regresara a aquella casa a la que le dedicó su vida.
Una a una, las voces de los productores se convierten en un desahogo que explica cómo, desde que el árbol del cacao da frutos, comienza una estructura mafiosa que puja por su control.
Comienza con el hurto de cacao, el más común de los delitos aunque la policía no los califica como tal. Esta práctica ilegal se ha regularizado porque no es penada; los dueños de las tierras se las han tenido que ingeniar para cazar al ladrón. Con improvisados chopos -un arma casera que dispara objetos contundentes– se ataca a los toberos, mujeres y niños que arrancan la mazorca de cacao y se la llevan en tobos o baldes. Ese cacao termina en comercializadoras ilegales que venden el producto sin control.
Entre los productores flota una duda esencial: “En el momento que sacas el cacao, si no te lo quita la policía, te lo quitan los choros (ladrones), entonces ¿a quién lo entregan? ¿quién los protege?”. El rosario de preguntas es mayor que las respuestas. “Si consigues a los mismos guardias nacionales cortando cacao en uniforme, ¿a quién vas a denunciar?”.
La desconfianza en las autoridades abunda y solo el dinero o la influencia permiten sortear los problemas. La propia Esaica, a pesar del abierto apadrinamiento del que goza, no pudo escaparse de todos los problemas que se encuentran en las tierras mirandinas.
En agosto de 2018, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) retuvo once sacos de cacao en grano, aproximadamente 660 kilos que iban en bolsas de yute identificadas con el logo de Esaica.
Hace poco, en mayo de 2019, en el punto de control de Las Lapas, parroquia Higuerote del municipio Brión, retuvieron otros 26.500 kilos de cacao en grano. El acta de la GNB decía que el cargamento no poseía “la documentación legal necesaria para el traslado de dicho rubro”, aunque previamente los dueños la habían mostrado. Finalmente, la mercancía fue dispuesta “para el uso y consumo de la Corporación Socialista de Cacao Venezolano” y fue llevada a una sede que se encuentra en Caucagua, municipio Acevedo.
Uno de los afectados fue Luis Herrera, representante del Consejo Campesino de El Samán y de una comercializadora de San José de Barlovento que opera con otros productores para vender su mercancía fuera de Miranda, organizados como un consorcio. Herrera y su aliado comercial, Ricardo Urpino, iniciaron una cruzada para recuperar el producto. Hicieron las denuncias ante el Ministerio Público, la Jefatura del Estado Mayor de la Zodi capital, Fiscalía Militar y llegaron a las puertas de la misma Corporación Socialista de Cacao Venezolano (CSCV).
Cuando pensaron que le habían ganado una al sistema burocrático fallido, el cacao ya había sido usado y sus derivados entraron en la cadena de comercialización sin que ellos, ni 800 productores más, obtuviera ganancia alguna.
Dos meses después exigieron al Ministerio de Agricultura y Tierras que interviniera, pero el silencio ha sido la respuesta. También hizo mutis la gobernación de Miranda, que creó su propia Corporación Exportadora y la Mirandina de Cacao para hacerle frente a la CSCV, presidida por Luisa Urbáez hasta enero de este año, cuando fue nombrada viceministra de Comercio Exterior
Para comercializar cacao o sus derivados las trabas son cada vez mayores. Antes de la llegada del chavismo todo se resumía a cuatro trámites. Ahora por ejemplo Chocolates El Rey, una de las empresas más grandes y tradicionales del país, dispone de una oficina exclusiva que se encarga de la burocracia de los “90 pasos y 19 ministerios” para poder exportar el chocolate.
Con un escenario económico complejo como el de Venezuela, las autoridades flexibilizaron las reglas de exportación planteadas en el Convenio Cambiario N° 34, lo que hizo más atractivo el negocio para particulares y empresas, incluidas las de maletín. Podían disponer libremente de 80% de las divisas y solo el 20% deberían ser vendidas al Banco Central de Venezuela (BCV), al tipo de cambio complementario flotante.
Con todos esos incentivos, sin embargo, hay indicios que sugieren que la empresa de la familia política de Cilia Flores, Esaica, todavía no saca provecho. De acuerdo a los datos consultados por Armando.Info en Import Genius, una base de datos especializada en comercio internacional, la firma hizo una sola exportación de cacao en grano hacia Italia. El desglose señala que en diciembre de 2018 fueron enviados 14.040 kilos de cacao en grano por un importe total de 34.145 dólares. Esto lleva el costo por kilo a 2,4 dólares, que es el precio referencial del cacao africano según la Organización Internacional de Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés), muy por debajo del valor del cacao criollo.
La semilla de cacao venezolana tiene un valor de exportación mucho mayor, que oscila entre los 9 y 18 dólares, según fuentes consultadas que resaltan las cualidades genéticas que hacen tan atractivo el cacao venezolano que, aseguran, podría traspasar la barrera de los 20 dólares el kilo, de estar debidamente producido y cosechado. Esaica promociona sus productos como orgánicos y con alto cuidado en el proceso de fermentación, lo que teóricamente incrementa su costo. Además, busca una certificación internacional que elevaría esos números y corresponde solo a verdaderas “joyas” cacaoteras.
Import Genius registra en la misma base de datos de comercio internacional una única importación de Esaica en 2016. Se trató de un despacho de sacos de cabuya o fique, que trajeron desde Colombia, por un costo de 21.970 dólares.
En este caso, una sencilla cuenta apuntaría a que la inversión ha sido mucha y la ganancia poca, los ingredientes de la fórmula de un negocio de regular a malo. O puede significar otra cosa; una transacción que disfraza la ruptura con el control de cambio vigente en Venezuela, o que Esaica Portugal actúa como broker (intermediario) para el mercado europeo que tanto ha abonado. Y es allí donde Max Figueroa se ha especializado como intermediario de productos primarios.
Explica Jesús Renzullo, quien es asesor de exportación de cacao, que el “Convenio Cambiario 20-80 no es más que un proceso de cambio de moneda forzado por el Banco Central [de Venezuela]”. Las empresas venezolanas están obligadas a adherirse a la norma debido al control de cambios y quienes la infringen se les retiran todos los permisos de exportación.
Pero ningún cliente paga por adelantado a las empresas venezolanas y la hiperinflación venezolana ha hecho que la tasa oficial de cambio establecida por el BCV no sea atractiva para los negocios. Así las cosas, una salida que han encontrado las exportadoras es acordar con el comprador final en el exterior un precio más bajo que el que tiene en el mercado internacional.
De esta forma, le pagan menos al BCV y la pérdida de capital es significativamente menor. “Eso han hecho varios exportadores que no quieren cumplir con el convenio 20-80”, advierte Renzullo.
“Lo más común es que el exportador tiene una sucursal en Europa o en el país de recepción. Como son ellos mismos, se pueden facturar por debajo sin miedo. Una vez transado, el cargamento llega y pueden venderlo en Europa o el país de recepción al precio correcto”.
La cadena de comercialización se resume en que de Venezuela sale cacao corriente al precio más bajo, es negociado por broker y vendido como “F1” cacao fino de aroma y orgánico. Toda la rentabilidad queda en el exterior.
Otras empresas han exportado de Miranda para Italia. El destino final es una firma local en Toscana y, desde allí, se distribuye a los chocolateros que disfrutan y promocionan -casi con denominación de origen- el tipo carenero superior. Diversas páginas venden tabletas de chocolate y su precio en euros llega a sorprender.
La exportación de 50.000 kilos de cacao en grano para Indonesia, que hizo la Gobernación de Miranda a través de una compañía privada aliada, sirvió para anunciar nuevamente el lanzamiento del Plan Miranda Huele a Cacao. El año pasado, enviaron un cargamento de 75 toneladas para Estonia del que poco se supo –también fue con una empresa aliada– y ese mismo programa del gobernador Héctor Rodríguez fue un fracaso que duró tres meses, según el Observatorio de Derechos de Propiedad de la organización Cedice Libertad.
Este año, la apuesta de Nicolás Maduro para invertir en el sector es de 25,4 millardos de bolívares (alrededor de 4,4 millones de dólares al cambio del BCV en el momento del anuncio, 27 de mayo). En una economía hiperinflacionaria, esto se ha devaluado en más del 25% en dos meses.
La meta planteada por Rodríguez desde la gobernación de Miranda es rehabilitar las tierras cacaoteras contiguas a la Troncal 9 y otras zonas de Barlovento, construir centros benéficos para procesar tres toneladas semanales de chocolate y desarrollar la investigación para el cultivo. Todo con miras a expandir la producción nacional y garantizar el ingreso de divisas, pero como si fuera un proceso mágico.
En ese acto no se habló de ningún proyecto de Ley de Cacao, ni del precio de compra al productor, ni del descuidado proceso de post cosecha o de algún programa de seguridad ciudadana para garantizar el tránsito de la carga. Allí estuvieron Luis Herrera y Ricardo Urpino, como representantes empresariales invitados al evento. Reclamaban el cacao decomisado por la GNB que fue entregado ilegalmente a la CSCV, pero no fueron atendidos por ninguna de las autoridades.
El Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, en su reciente informe sobre el Plan Miranda Huele a Cacao, revela que la principal falla de este programa es que no se atendieron los problemas del productor. Los investigadores advierten en que existe una “casi insuperable barrera de permisos y requisitos legales” en el mercado de comercialización y exportación. Además, pesa la ausencia del mínimo Estado de derecho, que produce incertidumbre e inseguridad.
Jesús Renzullo, uno de los autores de la investigación, señala que el fracaso del plan –del que solo se ejecutó un 4%– estuvo en la “falta de recursos, mala ejecución y planificación. Hubo sobredimensionamiento en las capacidades para llevarlo a cabo, las expectativas de producción y el pago solicitado al productor por el servicio”.
El Plan Socialista de Cacao, de Hugo Chávez, copió el sistema de control que había propuesto el extinto Fondo Nacional de Cacao, creado en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, y eliminó los incentivos que recibían los productores a cambio de tierras y oportunidades. Dos décadas después, el productor no recibe de las empresas oficiales más de un dólar por kilo de cacao corriente.
En el centro de Caucagua se discute el precio del cacao como si fuera la Bolsa de Nueva York o la de Londres. “El dólar está subiendo y el cacao está bajando”, afirma uno de los productores.
“Tengo entendido que la gente que está exportando cacao del mismo gobierno está vendiendo el kilo en once dólares. ¿A cuánto se lo están pagando al productor?”, es la inquietud que contagia a todos los interesados.
La Gobernación ataja las vulnerabilidades mientras va acopiando cacao necesario para sus exportaciones. Se ideó el denominado Plan Trueque, por el que la Corporación de Desarrollo Agrícola del estado Miranda (Cordami) intercambia cacao en grano por asistencia técnica o por algún bien necesario. Uno de los habitantes de El Guapo, municipio Páez, saca cuentas de que una nevera china equivale a 150 kilos de cacao y quizás después la tenga que vender.
El Plan Miranda Huele a Cacao ha tratado de extenderse a otros estados, pero también ha fracasado. Sucre, Aragua y Zulia se manejan con otra dinámica menos violenta y más laxa en el control. En el resto del país, son otros los problemas para la empresa privada y el productor.
Lo cierto es que mientras el mercado mundial del cacao aguarda un aumento de su producción, Venezuela todavía se debate entre formas y procedimientos, sin política oficial clara mientras productores, comercializadores y empresarios buscan sobrevivir. Esaica luce como una de las poquísimas empresas que podrían mantenerse a flote. Pero tal vez por las virtudes equivocadas.
El municipio Acevedo de Miranda tiene una extensa cantidad de hectáreas agrícolas, casi la mitad de las 596.000 que tiene Barlovento. Su capital es Caucagua y muy cerca están los galpones de Esaica. Las fotografías de sus redes sociales muestran un espacio amplio donde se cultiva, procesa y almacena el grano de cacao. Sus dueños poco aparecen.
El alcalde de la zona es Juan Aponte, un conocido chavista que llegó al poder en 2004, en la misma fecha en que Diosdado Cabello logró arrebatarle la Gobernación a la oposición.
Este municipio se lleva el trono como el más violento del país, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). A principios de año, quien viajaba de Caracas a Cúpira tenía que atravesar 21 puntos de control por la carretera principal, mientras era impensable pasar por troncal 9. “Viaja a riesgo propio”, advierte la misma policía.
Hace un mes, con el anuncio de una inversión en el sector cacaotero, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hicieron una razzia por distintos caseríos buscando a los pranes de la región central que azotan tanto la ciudad como el campo. Rehabilitaron la Troncal 9 desde Caucagua hasta El Guapo, que se encontraba prácticamente abandonada. Aunque son pocos los vehículos que transitan, este paso está ahora disponible para gandolas de gasolina, vehículos “hummer” identificados como de la Policía de Miranda, carros del FAES y uno que otro particular. El transporte público es casi un milagro.
Según Roberto Briceño León, director del OVV, hay dos elementos que marcan la violencia en la región: el proceso de expropiaciones junto a una política estatal de control que profundizó la lucha de clases, y la presencia del cacao que representa “un producto que se puede robar con facilidad, es muy costoso y tiene posibilidades de ser transado en el mercado ilegal”.
En 2013, se activaron las Zonas de Paz como un “programa modelo” del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a cargo de José Vicente Rangel Ávalos. En Barlovento lo apoyó Luisa Urbáez, quien fue la interlocutora con los pranes y luego se convertiría en la presidenta de la CSCV por los siguientes seis años. Logró moverse por todos los rincones pero en Acevedo concentró sus esfuerzos a lo largo de la ruta del cacao.
Allí se encuentra la Planta Procesadora Cacao Oderí, que quedó paralizada y a merced del hampa y la Planta Chocolatera Cimarrón, que siguió el mismo camino.
Las decisiones en el sector agroproductivo de Miranda también pasaron por dos altos funcionarios del gobierno, Wilmar Castro Soteldo y Aristóbulo Istúriz –oriundo de Curiepe–. Luego, se sumó Elías Jaua desde CorpoMiranda.
Todas las decisiones, incluida declarar al cacao como un “bien de primera necesidad y pilar fundamental de la seguridad y soberanía agroalimentaria” (Gaceta Oficial N° 39.655, del 13 de abril de 2011) ha sido un verdadero desastre para el rubro.
Sobre ese escenario de caciques, violencia y una burocracia absurda no extraña que los números de producción de cacao en Venezuela sean tan insignificantes que no llegan al 0,4% del total mundial, a pesar de su calidad. Los líderes de ese mercado son Costa de Marfil y Ghana que cubren más de la mitad de la producción.
Pero la realidad no llega a los discursos oficiales y Nicolás Maduro insiste en “exportar a todos los mercados y explorar los nuevos”, cuando en realidad las empresas privadas y públicas envían cacao al exterior entre prácticas difusas e ilegales como el contrabando.
Productores mirandinos confiesan que han llevado su cacao en grano hasta la frontera con Colombia. Lo cambian por celulares, ropa y medicinas. En un viaje con 50 kilos de cacao, a veces dejan un tercio en alcabalas a cambio de proseguir su camino. Tanto en San Antonio del Táchira como en La Parada, por el lado colombiano, el cacao es recibido. Una vez está en el vecino país es reportado como colombiano, cuyo precio es menor, pero es procesado y vendido a chocolateros que conocen su verdadero origen y calidad.
La otra vía es hacia el oriente de Venezuela, en dirección al estado Sucre donde está uno de los puertos de acopio y exportación de cacao más importantes del país.
De acuerdo a una investigación de Insight Crime, el cacao es usado como un sistema de renta criminal. “Con el cacao de Sucre se lava dinero procedente de Colombia”, asegura Geber Hernández, presidente de la Federación Campesina de Sucre. “Las grandes mafias utilizan lo que ellos llaman el ‘tres a uno’: sacan tres millones de dólares sucios a la calle y reciben uno limpio. Cambian los dólares a pesos y los pesos a bolívares, aprovechando la hiperinflación que existe en Venezuela. Al productor de cacao le pagan en bolívares. Luego ese cacao lo sacan a Colombia, desde donde es exportado a otros países, pero como cacao colombiano. El problema es que nadie sabe de dónde viene el dinero, porque los colombianos son como socios capitalistas, se limitan a poner la plata”.
Ese trabajo refleja la similitud del esquema que comparten los estados Miranda y Sucre: la existencia de un número significativo de comercializadoras por cada productor, la mayoría no identificadas, solo como las intermediarias que reciben todo tipo de cacao, sin clasificar, sin velar por su calidad.
Finalmente, de oriente también sale el cacao hacia el Caribe, principalmente hacia Trinidad y Tobago. “Son operaciones de contrabando transnacional. La estructura tiene integrantes en Venezuela, en Trinidad, así como en otros países de tránsito y destino”, puntualizó Hernández en la investigación de Insight Crime.
El año pasado estuvo Esaica, en la siguiente edición del Salon du Chocolat en París estuvo presente Agrotrading Venezuela y Franzuela, dos empresas que se estrenan en el negocio del cacao y chocolate venezolano. Ambas compartieron stand y en redes sociales se les vio acompañada del embajador de Venezuela en Francia.
La alianza promete y parece indemne y lejana a los estragos que atraviesa el cacao venezolano. Franzuela fue fundada en 2018, en Francia y su representante es Arthur Bernet según los documentos legales de la compañía, quien dejó sus responsabilidades en una planta nuclear de su país nativo –en la que estuvo los últimos 7 años– para iniciar el negocio Bean to Bar con cacao venezolano.
Por su parte, en los casi once años que tiene Agrotrading Venezuela su interés por el cacao es reciente. Desde su fundación, en 2008 hasta el 2015, su exportación principal fue de frutas y luego de un año de paralización, en el 2017 inició la exportación de cacao hacia Alemania y la Federación Rusa, según datos de Import Genius.
Su socio mayoritario es Nelson Colmenarez Silva, el mismo que protagonizó una disputa con Roberto Leyba –actual compañero sentimental de María Gabriela Chávez- por las acciones de la empresa Naviera Paraguaná. Esta compañía surgió de la unión de la sociedad mercantil Agrotrading Venezuela y la sociedad civil sin fines de lucro Leyba & Mavares.
En la actualidad, Roberto Leyba es quien controla la Naviera al tener la mayoría de las acciones. Lo que no ha quedado demostrado es su intervención en la otra empresa.
Agrotrading Venezuela y Franzuela ya están anotadas como participantes de edición de este año del Salon du Chocolat, mientras que Esaica asistió al Foodex Japan 2019.
Esta investigación contó con el apoyo de Investigative Dashboard, proyecto de OCCRP
Podría decirse que Mario Enrique Bonilla Vallera es un precoz. No más salir de la adolescencia se iba de fiesta lo mismo que abría empresas de todo tipo, en países distintos, logrando meter su nombre en una veintena de compañías antes de cumplir los 30 años. ¿Un superdotado de los negocios? Mejor un muchacho en el lugar y momento precisos para hacerse amigo de los hijos de la “primera combatiente”, Cilia Flores.
La solución habitacional para los hermanos Gavidia Flores, su padre, parejas y socios de negocios, supuso llevar a cabo una ambición extravagante: comprar una a una las catorce casas de un callejón de la urbanización Cumbres de Curumo de Caracas, una meta que completaron en cuatro años. Al mudarse en manada de El Paraíso, en el centro de la capital, al este burgués del valle, simbolizaron su asombroso ascenso social en medio de la debacle económica del país. La nueva ubicación les ofrece aislamiento y la posibilidad de vivir junto a Fuerte Tiuna, el hogar de su madre, la primera dama, y su padrastro, Nicolás Maduro. Para lograrlo diseñaron una estrategia de compra paulatina mediante terceros allegados, a través de empresas de maletín, y con pagos nominales en bolívares con cheques personales.
A los productores se les paga un precio irrisorio por “el mejor cacao del mundo” y se vende al exterior en divisas a precio internacional. El negocio, aunque todavía no exhibe números de envergadura, es redondo para el que logre establecer el control de las cosechas, su transporte y comercialización, una labor a la que se abocó el nuevo gobernador del estado Miranda apenas asumió el cargo y que pretende establecerse en otros estados productores como Aragua, Sucre y Zulia.
Todo comenzó con unos lirios en un centro de mesa. Se dice que en una oportunidad el presidente Hugo Chávez llegó a una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y quedó cautivado con unas flores que bien podrían haber sido venezolanas. Allí surgió la idea de exportar tallos a Europa oriental, un sueño que se desvaneció junto a 42 millones de dólares.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
