Las filtraciones tóxicas de Agropatria

En el mercado negro de al menos ocho estados del país se venden ilegalmente productos químicos importados por Agropatria, entre ellos el ingrediente 2,4-D, que se está vertiendo directamente en los suelos de cultivos. En el pasado las filiales de la otrora Agroisleña formulaban estos ingredientes siguiendo un riguroso procedimiento, pero entre la escasez y la corrupción esta labor apenas se realiza y los productos se venden sin control en estado puro a agricultores ávidos de herbicidas y funguicidas para proteger sus cosechas pero que al usarlos, sin saberlo, están poniendo en riesgo sus vidas y la fertilidad del suelo
El
diagnóstico de la extraña enfermedad que padecía el productor agropecuario de 73
años fue contundente. Tras haber manipulado herbicidas sin protección durante
dos décadas, en el líquido que extrajeron de su médula había trazas de uno de
ellos: 2,4-D. Aunque sus familiares presumían que su padecimiento podía
provenir del contacto con los animales de la finca, la respuesta de los
especialistas no les cayó de sorpresa.
“A
cada momento le decía: ‘¿Por qué tienes tanto contacto con eso?’”, recuerda uno
de sus hijos, también productor y quien prefiere mantener su nombre en reserva,
15 años después de su muerte por cáncer en la médula. Cada vez que iban a
fumigar el potrero, su padre insistía en verter los dos litros del herbicida en
el tambor de 200 litros de agua. Prefería hacerlo él por temor a que sus obreros
le robaran el producto. Pero lo hacía sin tapabocas o guantes, a diferencia de
quien siempre procedió después a la fumigación con un tractor, que sí tapaba su
boca y nariz con una franela. A sus 94 años sigue
vivo.
Aunque
en el resto del mundo el 2,4-D se comercializa como herbicida desde 1946, no fue
sino hasta los años 80 que los agricultores venezolanos comenzaron a usarlo.
“Antes aquí los potreros los limpiaban con machete”, recuerda su hijo, que
prefiere mantener la identidad de su familia en reserva. Aunque la finca era
grande y el padre almacenaba el herbicida junto a otros plaguicidas en un
depósito alejado de la casa principal, en la cocina sabían cada vez que este
abría la puerta de la habitación donde almacenaba el “veneno”.
En
2003, un año después de haber sido diagnosticado con cáncer de médula, el hombre
de 73 años murió. “El cáncer de mi papá fue producto del 2,4-D amina”, insiste
su hijo, quien confiesa tenerle miedo al herbicida mucho antes de que le llegara
un mensaje inquietante en junio de este año. A través de un grupo de productores
en WhatsApp recibió una oferta: “Se vende ‘Amina’ de 25 kilos”. La imagen de un
saco blanco acompañaba al mensaje. En él se podía leer: “Limin Chemical Co, Ltd.
2,4-D 98%”. La única información adicional era el número de lote y su peso.
El
producto era vendido en 80 millones de bolívares y no se trataba, precisamente,
de amina, sino de 2,4-D. Pero nunca lo había visto en estado sólido ni con un
porcentaje de pureza tan alto. Pronto entendió que no se trataba del tóxico
herbicida que él y sus colegas estaban acostumbrados a usar; sino que se trataba
solo del ingrediente activo. Pero le faltaban otras cosas y otros procesos para
ser el producto que tradicionalmente habían usado.
Lo
que estaban ofreciendo en ese grupo de WhatsApp era un “producto grado técnico”,
que el Reglamento General de Plaguicidas, vigente en Venezuela desde 1991,
define como la “forma industrial más concentrada del integrante activo, dentro
de los límites del proceso de fabricación, apta únicamente para la elaboración
de plaguicidas formulados”.
“El
producto grado técnico legalmente solo puede ser traído al país, bajo
permisología especial, por las casas comerciales registradas y autorizadas ante
el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) como empresas
formuladoras de plaguicidas, para luego, bajo un estricto protocolo, obtener el
2,4-D Amina, que se ofrece en venta a los agricultores en su formulación líquida
en envases de 1 galón, jarra de 10 litros y tambores de 100 litros”, explica el
presidente de la Sociedad Venezolana para el Combate de Malezas (Sovecom), el
ingeniero Werner Gutiérrez.
Sin
embargo, ese proceso se está infringiendo en al menos ocho estados del país, en
los que el producto grado técnico 2,4-D –el ingrediente activo- está llegando
directamente a las manos de los agricultores sin formulación previa. Agropatria lo importa a Venezuela de la
empresa china Limin Chemical Co. Ltd., con la finalidad de procesarlo en alguna
de sus filiales, pero varias denuncias procesadas por Armando.info muestran que
está siendo comercializado en el mercado negro de productos agroquímicos y llega
a los productores con la instrucción de diluir entre medio kilo y un kilo del
producto, en 200 litros de agua, para fumigar una hectárea.

Según consta en el portal Panjiva, Agropatria importó más de 12 mil kilos de productos de la empresa china Limin Chemical Co. Ltd en abril de 2017
Amparo Ruiz, directora ejecutiva de la Asociación de Fabricantes de Productos Químicos Agropecuarios (Afaquima), una asociación civil que agrupa a industrias fabricantes de este tipo de productos en el país, aclara que además de peligroso, es falso que el producto pueda ser formulado en agua, pues requiere de estabilizantes, solventes orgánicos, entre otras cosas.
“Como
hay mucha escasez, hay una industria paralela que se está beneficiando dañando a
los productores, vendiendo productos de toda índole, falsificando todo, pasando
productos por la frontera. El tema del contrabando, el comercio ilegal de los
insumos agrícolas no es nuevo. Tenemos años denunciándolo”, dice preocupada
también por los residuos “de cosas que no sabemos qué son” vayan a los alimentos
que producen y luego consumen los venezolanos.
Problema disuelto en agua
Desde
los Andes venezolanos, la zona del país que tiene mayor presencia del producto
grado técnico 2,4-D, una ingeniero agrónomo que prefirió no revelar su nombre
coincide con Ruiz: “El desespero del productor que no consigue nada lo lleva a
comprar cualquier tipo de cosa con cualquier tipo de gente (…) En vez de ser una
solución para sus fincas, están comprando un problema grave”. Como otros
expertos, alerta que tanto los suelos como quienes lo manipulen corren el riesgo
de sufrir graves daños a largo plazo.
Entre
ellos calcula que las tierras donde se utilice este producto mal formulado
pueden quedar infértiles. También estima que en cuestión de meses o años,
los seres humanos que lo manipulen y almacenen indebidamente podrían sufrir
efectos de todo tipo en su salud, desde impotencia sexual hasta cáncer.
El
ingeniero Gutiérrez acota que en la presentación que está siendo comercializada
ahora en Venezuela, con una concentración de 98% del ingrediente activo, el
grado toxicológico es mayor, “aun cuando es difícil de precisarlo con exactitud,
toda vez que no hay indicaciones en la etiqueta por parte del fabricante, como
lo establece el Reglamento General de Plaguicidas”. Los riesgos se extienden
también a la vida silvestre, específicamente la alteración de la microflora y
microfauna del suelo.
Según
el especialista, la acción residual del producto comercial conocido como 2,4-D
Amina en las dosis recomendadas por el fabricante no excede las 4 semanas en los
suelos donde se utiliza. Sin embargo, la concentración de este producto grado
técnico plantea una amenaza. “Al emplearse esta presentación sólida (…) se
generaría un impacto desfavorable sobre los microorganismos, perdiendo estos la
capacidad de degradarlo, por lo que es de esperar su acumulación en el suelo,
generando una mayor acción residual de este producto con efectos desfavorables
incluso sobre los cultivos que se establezcan en los ciclos de siembra
siguientes en esos mismos terrenos”.
El
daño incluso podría llegar a las aguas subterráneas pues mientras el producto
comercial tiene posibilidad entre leve y moderada de lixiviarse, “este riesgo se
incrementa al emplearse de manera indiscriminada e irresponsable el 2,4-D
producto grado técnico”, acota.
Aunque
las indicaciones que están recibiendo los productores venezolanos de parte de
los vendedores del mercado negro varían, la sugerencia más común es la de diluir
entre medio kilo y un kilo del producto en agua. En algunos casos, la indicación
es más específica: el agua debe estar caliente, para facilitar su disolución.
Sin embargo, los expertos alertan que al hacerlo así es aún más peligroso, pues
al evaporar la mezcla liberaría gases tóxicos.
Pero
la desesperación “por producir algo” lleva a decenas de agricultores a comprar
estos productos en lo que llaman “Agroestantes” o “Agronada”, a prepararlos
siguiendo las instrucciones de los inexpertos revendedores y a utilizarlos en
sus fincas, sin saber que en unos años podrían correr con la misma suerte que
aquel productor de 73 años que tenía trazas de 2,4-D hasta en la
médula.
Cuentos que no son chinos
El
ingeniero Gutiérrez advierte que solo cuatro empresas venezolanas están
autorizadas para traer el producto grado técnico 2,4-D, con la intención de
formular el herbicida comercial en el país: la estatal Agropatria y las privadas
Inquiport, Agrocasa y Redex.
De
ellas, Agropatria es la única que importa los productos de Limin Chemical Co.
Ltd., según pudo constatarse en los datos de importaciones de Puerto Cabello.
Nada más entre septiembre de 2016 y abril de 2017, llegaron al país nueve buques
cargados de distintos productos de la empresa china, con un único consignatario:
Empresa de Propiedad Social Agropatria. La importación en sí misma no representa
problema alguno, pero sí el próximo paso de la cadena de venta: el de la
formulación del producto, un procedimiento en el que los especialistas recuerdan
que Venezuela solía destacarse, cuando Agropatria no era del Estado y se trataba
de la empresa privada Agroisleña.
Las
filiales de la empresa expropiada en 2010 son las responsables de esa
formulación. Una de ellas, Proyefa, está detrás de la formulación del Potreron
212, un herbicida que combina el ingrediente Picloram con el 2,4-D. Según
información publicada en el portal de Agropatria a finales de 2017, ese año
Proyefa elaboró 824.632 litros de Potreron 212.

El producto Potreron 212, que contiene 2,4-D, todavía se conseguía a principios de este año en las tiendas de Agropatria de algunos estados del país como Guárico.
Otros
ingenieros agrónomos consultados señalan que la empresa Insecticida
Internacional C.A. (Inica), posee una línea de producción específica para la
formulación del 2,4-D Amina. Pero no precisan si Inica está en
funcionamiento y si el insumo principal para la elaboración de este herbicida se
estaría filtrando desde su sede en Cagua, estado Aragua, al mercado nacional de
revendedores de productos agroquímicos.
Es así como los sacos de al menos ocho
lotes distintos del producto grado técnico 2,4-D, importados de la empresa china
Limin Chemical Co. y sin formularestán siendo comercializados en Aragua, Mérida,
Zulia, Barinas, Portuguesa, Táchira, Cojedes y Lara, según confirmar productores
en esas zonas y la venta de algunos
de estos productos por Internet.
chevron_leftDesliza la imagen para ver máschevron_right
zoom_inHaz click sobre cada imagen para ampliar
Especialmente
grave resulta el caso de la población agrícola de Bailadores, en Mérida, donde
fuentes locales aseguran que se distribuyeron en el primer semestre de 2018 más
de 50.000 kilos del producto, lo que equivale a unos 2.000 sacos. Señalan
agrónomos de la zona que una sola persona estaría concentrando unos 15.000
kilos, o 600 sacos, en su propiedad. También advierten sobre la venta de grandes
cantidades de producto al sur del Lago de Maracaibo.
En
la mayoría de los estados afectados, el producto grado técnico está siendo
vendido por personas que no se identifican como personal de Agropatria. Sin
embargo, según productores que prefieren permanecer en el anonimato por temor a
represalias, en el estado Aragua sí. Sin embargo esquivan cualquier pregunta
sobre el certificado de origen o composición del producto y se niegan a entregar
facturas.
Mucha plata, muchos productos
La
venta de agroquímicos en el mercado negro parece ser lucrativa. Los precios de
los sacos comercializados ilegalmente han escalado en la Venezuela de la
hiperinflación. A principios de año, un saco de 25 kilos era vendido en 8
millones de bolívares. Seis meses después costaba en promedio 187 millones de
bolívares. A finales de junio, en estados como Portuguesa y Táchira, el saco se
cotizaba en 120 millones de bolívares; en Cojedes o Barinas llegaba a costar 300
millones de bolívares. Siempre, por supuesto, sin factura.
La
venta no solo la hacen directamente los revendedores a los productores. También
comercializan el producto a través de plataformas digitales como
MercadoLibre.com. A finales de junio, al menos siete publicaciones de este
portal eran de sacos del producto grado técnico 2,4-D, al 98% aunque eran
ofrecidos como “amina”.
Las
personas responsables de las publicaciones en MercadoLibre.com hacen los envíos
nacionales a través de empresas como Domesa y Serex. En las normas de envío de
Domesa, sin embargo, destacan dentro de los artículos cuyo transporte está
prohibido el éter, ácidos y los polvos secos, dentro de la categoría de
“químicos”. Entre los artículos prohibidos por Serex destaca cualquier material
inflamable, corrosivo o tóxico.
chevron_leftDesliza la imagen para ver máschevron_right
zoom_inHaz click sobre cada imagen para ampliar
A
principios de julio de este año, el ministro para la Agricultura Productiva y
Tierras, Wilmar Castro Soteldo, anunció que el Gobierno llegaría “a la raíz de
las denuncias de productores afectados por el ‘bachaqueo’”, tras haber detenido
a uno de los revendedores de productos vía Internet. Entre los productos que
aseguró encontraron en su residencia mencionó a la “amina”. Advirtió que
los organismos de seguridad del Estado llevaban cuatro semanas investigando y
dentro de poco ubicarían “otros centros de ventas mafiosos, que en su mayoría
están en el estado Táchira y en la región larense”.
La
comercialización del producto grado técnico no es la única irregularidad
relacionada con el 2,4-D que se ha registrado en lo que va de 2018 en Venezuela.
Tampoco es el único agroquímico que está siendo distribuido de esta manera.“Este
año llegaron a los productores (a través del mercado negro) materias activas en
estado semiprocesado”, puntualiza el director general de la Confederación
de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Roberto
Latini.
No
es la primera vez que sucede. Latini recuerda cómo hace dos años los productores
luchaban por homogeneizar en licuadoras el Germitox, otro herbicida que en aquel
momento fue comercializado en una presentación granulada muy difícil de disolver
en agua.
Ahora,
además del producto grado técnico 2,4-D, en el portal MercadoLibre.com es
posible conseguir sacos de 25 kilos de Mancozeb al 80%. Se trata del ingrediente
activo del fungicida Fungitane. Los sacos tienen algo en común con los de 2,4-D:
son importados de la misma empresa china por Agropatria. Nada más en enero de
2017, la estatal venezolana recibió en Puerto Cabello al menos 560.640 kilos de
Mancozeb de Limin Chemical Co. Ltd. y son los mismos sacos que ahora circulan en
el mercado negro.

Los sacos de 25 kilos del ingrediente activo 2,4-D también son vendidos por Internet y enviados a todo el país por empresas como Domesa o Serex.
A
diferencia del 2,4-D, el Mancozeb sí aparece entre los 12 productos técnicos que
Limin Chemical dice elaborar en su página Web, aunque con una concentración
diferente: 90%. El 2,4-D no aparece en el portal, en ninguna concentración.

Entre los productos que la empresa Limin Chemical Co. dice sintetizar en su página Web no aparece el 2,4-D, mientras que el Mancozeb aparece con una concentración diferente
Gutiérrez
aclara que el Mancozeb, en esa presentación, no es un producto grado reactivo
sino que es un producto ya formulado. “La violación a la normativa estaría en
que esa presentación de 25 kilos en Venezuela no estaba autorizada. Siempre se
venden en envases de un kilo los productos que vienen en estado sólido, y
obviamente la etiqueta no cumple las normas”, acota.
Otra
empresa china está detrás de otro de los productos técnicos que está siendo
comercializado ilegalmente en Venezuela, importado por Agropatria. Se trata de
Ningbo Taida Importación y Exportación S.L. que elabora unos sacos mucho más
grandes, de 600 kilogramos, de glifosato técnico al 95% de concentración, que se
está vendiendo directamente a los productores para que sean estos quienes lo
“formulen”. La venta de este glifosato, al estar en estado casi puro, también
constituye una irregularidad como la venta del 2-4,
D.
chevron_leftDesliza la imagen para ver máschevron_right
zoom_inHaz click sobre cada imagen para ampliar
Nada
más en noviembre de 2014, llegaron a Puerto Cabello dos buques cargados con
204.244 kilos de glifosato técnico de esta empresa. Tenían, también, como único
consignatario a Agropatria.
Peligroso y sin empaque
Pero
las irregularidades no se están cometiendo únicamente con el producto técnico en
estado sólido. “Agropatria tiene
el 40% de la demanda de agroquímicos que requiere el país, pero no tiene los
envases”, denunció a finales de mayo el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins,
al referirse a la aguda crisis que atraviesa el sector agrícola venezolano.
Lo
saben bien productores de estados como Portuguesa, que este año han comprado a
Agropatria el producto formulado 2,4-D en bidones o tótems de 1.000 litros, que
luego ellos deben reenvasar. El ingeniero Gutiérrez asegura que desde hace dos
años esto sucede también con el herbicida Glyfosan LS, que tiene como
ingrediente activo el glifosato.
No
obstante, según advierten Gutiérrez, de Sovecom, y los productores afectados, al
comercializar el producto de esta manera, se está violando lo establecido en el
artículo 24 del Reglamento General de Plaguicidas, que prohíbe “el trasegado y
reenvasado de plaguicidas en envases distintos a los originalmente aprobados
para su presentación a la venta”.
“Esto
tiene inclusive implicaciones de riesgo para la salud de la persona que realiza
la operación (reenvasado), además de prestarse a adulteraciones del producto que
puede generar problemas adicionales al usuario y al ambiente”, acota el
ingeniero.
A
los afectados les preocupa también el material del cual está elaborado el tótem.
“Si el plástico no es adecuado, el químico no solo expide olores, sino que
degrada el plástico, altera el producto y coloca en riesgo a personas que lo
manipulen” asegura Gutiérrez, quien insiste en que, según recomendaciones
internacionales, los productos agroquímicos deben ir en envases coextruidos, con
tres capas.
“Desconocemos
si todos los envases tipo bidones o tótem están fabricados bajo esta tecnología,
de hecho es muy probable que no sea así, ya que este tipo de envases de gran
capacidad son comercializados generalmente para el almacenamiento y transporte
de sustancias muy diversas, incluso alimentos”, advierte Gutiérrez, quien
asegura haber sido testigo en zonas rurales de que los bidones en los que vienen
los herbicidas son reutilizados para almacenar agua potable o leche en las
fincas. Asegura además que cuando
Agropatria era Agroisleña, antes de la
nacionalización, esta tenía en pleno funcionamiento una línea de producción
propia de envases, para la que se trajeron al país equipos con tecnología
alemana e italiana.
En
una nota de prensa de octubre de 2017, publicada en el portal de Agropatria, se
refieren a la planta de plástico, ubicada en las instalaciones de Inica, como la
“columna vertebral de la empresa”, pues aseguran que es la responsable de la
elaboración de los envases “en diferentes presentaciones y capacidades”, y que
trabaja “24 horas del día para dar respuesta a las demandas de los agroquímicos”
que allí se producen. Aseguran que algunas filiales de Agropatria, como Syntec,
Servifor y Proyefa, adquieren a precios justos estos
recipientes.
En octubre del año pasado, la filial de Agropatria, Inica, ubicada en Cagua, todavía producía envases, según una nota de prensa
Sin
embargo, el propio presidente de Agropatria, José Aguilera, reconoció a mediados
de este año que no disponían de envases para almacenar los agroquímicos. "Ante
la arremetida de la guerra económica por parte de la regencia imperial quienes
nos han limitado del plástico necesario para envasar protectores de cultivos,
Agropatria ha despachado más de 2.5 millones de K/L en recipientes reusables",
decía un tuit publicado el 19 de junio desde la cuenta de Agropatria, citando
las palabras de Aguilera.
El presidente de Agropatria, José Aguilera, reconoció que estaban usando recipientes reusables para la venta de productos agroquímicos
Los
tótems de 2,4-D que están siendo distribuidos por Agropatria tienen una
irregularidad adicional en su etiqueta. Además de incumplir con algunos de los
requisitos en cuanto a diseño e información, contemplados en la norma venezolana
Covenin 1160-95, que se refiere al etiquetado de los plaguicidas; el rotulado
indica que se trata de “2,4-D Ácido”.
Expertos
como Gutiérrez cuestionan esa formulación: “El ingrediente activo Ácido 2,4–
Diclorofenoxiacético se formula en Venezuela comercialmente como 2,4-D Amina
(estado líquido). Su otra
presentación comercial es 2,4 – D Ester (en polvo). Si fuese verdad que fuese
ácido, están vendiendo igualmente un producto grado reactivo, lo cual
evidentemente no se debe hacer”.
Se
trata de otra forma de comercializar el 2,4-D que sí está vendiendo directamente
Agropatria en Acarigua, estado Portuguesa, según confirman varios productores.
Sin embargo, para algunos la etiqueta de este producto en particular es
sospechosa. Presumen que puede ser falsificada, por lo que no dan fe de que el
producto realmente sea distribuido por Agropatria. Según el rotulado de los
bidones, la compañía panameña Technofarm, una sociedad anónima vigente en esta
jurisdicción desde hace más de cuatro años, sería la responsable de dicha
formulación. Según
la información de las importaciones en Puerto Cabello entre mayo de 2015 y enero de 2018 llegaron cinco buques
con 1.408.028 kilos de productos de Technofarm para Agropatria.
chevron_leftDesliza la imagen para ver máschevron_right
zoom_inHaz click sobre cada imagen para ampliar
Este
año, a propósito de la comercialización del producto grado técnico 2,4-D,
algunos afectados habrían hecho llegar la denuncia al director de Sanidad
Vegetal del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai), Joan
Montilla. Aunque se envió mensajes a Montilla para saber si estaba al tanto de
la situación y qué medidas estaría tomando el ente “encargado de velar que se
cumpla la legislación sobre defensas zoosanitarias y fitosanitarias” –según reza
en su página web-, hasta la fecha de publicación de este reportaje no se obtuvo
respuesta.
Las fuentes aseguran que aún no ha habido fiscalización y que el Insai también está sufriendo por el éxodo de sus profesionales.Pero todos insisten en que es este instituto el que debería recoger el producto. Sin embargo, aún y cuando lo hiciera, una vez que esto suceda su destino sería incierto. “El Ministerio para el Ambiente no tiene un procedimiento para almacenaje y eliminación de desechos tóxicos”, asegura Gutiérrez.
Tampoco,
a pesar de múltiples intentos, por distintas vías, se obtuvo una versión oficial
de Agropatria, ni de ninguna de sus filiales, acerca de esta denuncia. Los
ministerios para la Salud, para el Ecosocialismo y para la Agricultura
Productiva y Tierras también fueron contactados para este trabajo y no
respondieron. De acuerdo con el artículo 39 del Reglamento General de
Plaguicidas, son ellos los que deben ejercer la vigilancia, el control y la
fiscalización del cumplimiento de las disposiciones establecidas en dicha
normativa.
La
empresa china Limin Chemical Co. Ltd., por su parte, no respondió un correo
electrónico enviado a finales de junio en el que se le planteaba la situación y
se les solicitaban detalles de los productos que venden a Agropatria. Limin
Chemical, sin embargo, destaca en la industria por haber recibido múltiples
reconocimientos en áreas como protección ambiental, seguridad y responsabilidad
social.
Technofarm
Corp, la empresa panameña que elabora el 2,4-D Ácido 70%, que distribuye
Agropatria en bidones de 1.000 litros, tampoco respondió un correo enviado a
principios de julio, en el que se les solicitaban detalles acerca de la
formulación de dicho producto.
Sobre
Ningbo Taida, la única empresa de la que Agropatria ha importado glifosato, no
hay rastro en la web.
Hermano del “agente naranja”
“El
producto comercial 2,4–D Amina (no en grado técnico) es un herbicida eficaz y de
común uso en Venezuela, desde hace varias décadas, para el control de malezas
del tipo hoja ancha en potreros (pastos), caña de azúcar, arroz, maíz y sorgo,
así como en áreas no cultivadas y grama”, explica el ingeniero Gutiérrez.
De
acuerdo con información del portal oficial de la industria del herbicida su uso
está aprobado en más de 90 países del mundo, entre ellos Venezuela. Unos 1.500
productos tendrían registrado el ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) como su
ingrediente activo.
Sobre
quién lo descubrió y cuál era su intención hay varias versiones. Todas, sin
embargo, apuntan a fue en 1945. Quizás la versión más acertada en la que le da
la paternidad al químico estadounidense Franklin D. Jones.
Otros
sitios, sin embargo, aseguran que fueron científicos ingleses. Algunos dicen que
fue un equipo liderado por el bioquímico anglocanadiense Juda Hirsch Quastel, en
la otrora Estación Experimental Rothamsted, el que lo desarrolló, al
cumplir con una misión secreta para mejorar el rendimiento de los cultivos
británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no falta quien diga que el
2,4-D fue concebido por los ingleses para uso militar y para tal fin se registra
su uso en la Emergencia Malaya, entre 1948 y 1950 y en la guerra de Vietnam.
En
el país asiático, en el marco de la Operación Ranch Hand, que militares
estadounidenses llevaron a cabo entre 1962 y 1971, el 2,4-D comenzó a ser
utilizado en combinación con un producto hermano, el 2,4,5-T –junto con querosén
y diésel–, para ser rociado desde aviones sobre zonas rurales de Vietnam del
Sur, con la intención de privar al Frente Nacional de Liberación de Vietnam
(Vietcong) de alimentos y exponerlos, al destruir la cobertura vegetal que les
impedía ubicar sus escondites. A esta mezcla de 2,4-D y 2,4,5-T se le llamó
“Agente Naranja”.
Pero
en 1985, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de
los Estados Unidos prohibió el uso de uno de los dos herbicidas: el 2,4,5-T,
tras haber detectado que contenía altos niveles de dioxina, un contaminante que
causa cáncer y otros problemas de salud. El 2,4,5-T fue retirado del
mercado. Entre 2004 y 2005, en el marco del Convenio de Róterdam, finalmente
prohibieron su formulación, comercialización y uso, por sus efectos
adversos.
El
“hermano bueno”, el 2,4-D, continuó en el mercado, hasta convertirse en el
ingrediente activo del herbicida más utilizado en el mundo. “Las dioxinas no se
encuentran en niveles detectables en el 2,4-D”, insiste la EPA, que asegura en
que los productos que lo contienen pueden ser utilizados con seguridad,
siguiendo las indicaciones de las etiquetas.
Algunos
expertos venezolanos lo catalogan como uno de los herbicidas “más inocuos que
hay”, aunque insisten en que por tener precisamente el sufijo “cida”, del latín:
“que mata”, su manejo debe ser cauteloso. Como todo, tiene sus detractores:
especialistas locales en materia de herbicidas sostienen que el producto a base
de 2,4-D es “pésimo para el suelo” por ser “altamente residual”.