El seguro de Pdvsa se evaporó en las islas Bermudas

Casi 70 millones del seguro de la estatal petrolera quedaron en un limbo, que bien podría explicar por qué las autoridades no cobraron indemnización alguna por la explosión de la refinería de Amuay.
Al
menos 66,7 millones de dólares del seguro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)
desaparecieron del mapa. Un giro inesperado muestra que la empresa estatal
depositó el dinero precisamente en la misma empresa offshore en la que Francisco
Illaramendi traspasó –y luego perdió– parte del fondo de pensiones de los
trabajadores de la industria petrolera.
El
relato oficial recuerda que en 2011 este ambicioso bróker
venezolano-estadounidense, terminó declarándose culpable de estructurar un
esquema Ponzi en el que no tuvo cómo reponer unos 540 millones de dólares que
conformaban el fondo de los ahorros de los jubilados de Pdvsa. La nueva
filtración de documentos conocida como Paradise Papers muestra que PDV
Insurance Company, una subsidiaria de PDVSA registrada en las islas Bermudas
como su principal empresa aseguradora, colocó fondos en el mismo saco, por lo
que corrieron la misma suerte: se evaporaron.
Una
enrevesada triangulación de operaciones, orquestada por Illaramendi, logró la
colocación de acciones en varios operadores financieros entre los que destaca
Fractal
Fund Managment, a la que la
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos –la SEC, por sus siglas en inglés–
congeló 170 millones. En
esa empresa, a cargo de tres socios entre
los que destaca el venezolano Moris Beracha,
quedaron
varados al menos 66,7 millones de dólares de la estatal
petrolera.

Francisco illarramendi
Como
en los Panama Papers, el diario
alemán Süddeutsche
Zeitung obtuvo un archivo de más de 6,8 millones de documentos
internos del bufete Appleby –con más de 700 empleados en paraísos fiscales– que
compartió con casi 100 medios del mundo a través del Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación. En esos papeles quedaron copia de los acuerdos
suscritos entre Pdvsa y Fractal Fund Management.
A
través de PDV Insurance Company, Pdvsa entregó a Fractal Fund Management 3,5
millones de dólares en un contrato con fecha del 7 de mayo de 2008, que se
sumaron a otros 63,2 millones
depositados el 19 de marzo de 2007 en dos partes: 14 millones por un lado y
otros 49,2 millones aparte, de los que no hay noticias.
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El
funcionario Héctor Gamboa –quien llegó a ser tesorero de Pdvsa– fue el
responsable de la entrega del año 2008, mientras que las tajadas grandes de 2007
quedaron anotadas con la firma del ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa,
Eudomario Carruyo. Este último fue destituido de la empresa en 2011 tras el
escándalo de Illaramendi, al verse comprometido como presidente de las
juntas del Fondo de Pensiones y de Previsión.
Dos
semanas antes de ser destituido por el propio Hugo Chávez, Carruyo tuvo su
último pronunciamiento público –a través de una carta enviada a la Asamblea
Nacional– donde negaba que la directiva de la estatal petrolera fuera
responsable de la ya célebre estafa del caso Illaramendi. Ni una palabra dijo
entonces sobre alguna inversión de PDV Insurance Company, mucho menos que
también quedaron en una de las empresas señaladas de participar en el
fraude.
En el limbo
Los
jubilados y pensionados de Pdvsa aún esperan respuestas. Al día de hoy no han
sido resarcidos, a pesar de que en Estados Unidos la Corte de Connecticut
recuperó parte del dinero. A nombre
de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y
Carbonífera Nacional (AJIP), Elena Pino, adelanta que los últimos cambios de
autoridades en Pdvsa han permitido iniciar una auditoría para precisar lo que
hay y no hay en sus activos.
“Por
primera vez se está haciendo una auditoría”, dijo esta semana. “Nadie nos ha
informado si ese dinero fue reversado, no tenemos ningún recibo y no nos consta
como junta directiva qué ha pasado con inmuebles como el del Ministerio de
Turismo, que formaba parte de los activos del Fondo de Pensiones de los
trabajadores de Pdvsa”.
En
Petróleos de Venezuela tampoco hay respuesta. Ni para este ni para ningún otro
reporte han vuelto a dar luces de lo que pasó con los fondos que durante años
ahorraron sus pensionados. El silencio se extiende sobre los 66,7 millones de
dólares depositados en Fractal entre 2007 y 2008 y que bien pudieron haber
contribuido con el pago de las cuotas de PDV Insurance Company a las
aseguradoras extranjeras –como la firma inglesa Cooper Bay– antes de la
explosión en el complejo refinador de Amuay, que sorprendió la madrugada del 25 de
agosto de 2012
y dejó 55 muertos, 156 heridos y más de mil millones de dólares en
daños.
Al
haber asegurado que el accidente fue producto de un “sabotaje”, Pdvsa nunca
solicitó los respaldos financieros de sus aseguradoras, aunque algunos expertos
aseguran que la estatal venezolana no había pagado las cuotas de sus pólizas y
por eso no hubo reembolso por las pérdidas en la tragedia.
Desde entonces, la empresa no es la misma. Las cifras son elocuentes: la producción de Amuay bajó de 620 mil barriles por día a 370 mil, mientras que las importaciones de combustible se han multiplicado por cuatro, de unos 27 mil a 108 mil barriles por día.
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No
hay vocero del seguro de Pdvsa que responda por lo que realmente pasó con sus
pólizas. No fue posible encontrar un balance ni en Caracas ni en Hamilton –la
capital de las islas Bermudas– a donde, paradojas de esta historia, quedó
asentada la sociedad que debe velar y responder por los activos de la empresa
más importante del Estado venezolano.
Pero
agazapados en los archivos de Appleby quedaron pistas de que las acciones de PDV
Insurance Company fueron congeladas a raíz del caso Illaramendi y que seis meses
antes de la explosión en Amuay la empresa intentó recuperar exigiéndole a
Fractal Fund Management su devolución total.
“Ejercemos
nuestro derecho de solicitar la redención de la totalidad de las acciones PV que
PDVIC mantiene en el Fondo Fractal, y solicitamos que el pago correspondiente se
efectúe mediante transferencia bancaria”, pidió la funcionaria Mariela Matheus
como directora gerente, en una carta firmada el 15 de febrero de
2012.
Moris
Beracha, uno de los accionistas de Fractal –y quien fuera asesor del ministro de
Finanzas, Rafael Isea–, confirmó vía correo electrónico para este trabajo la
recepción de este reclamo por parte de PDV Insurance Company y lo calificó como
un “intento indebido
ya que ellos estaban claros de la situación y de que los recursos estaban
congelados pendientes a la decisión sobre el proceso legal de caso MK (Michael
Kenwood, nombre de la empresa de
Illaramendi)”.
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Beracha
señaló que nunca presionó o trató de convencer a PDV Insurance Company de
invertir en su empresa y que, en cambio, fue esa filial de Pdvsa quien
“presentó” a Fractal Fund Management la empresa de Francisco Illaramendi. Lo que
vino después es incierto. Si
bien en la Corte de Connecticut sobreseyó en agosto de 2014 a Fractal y sus
socios y recuperó una porción del botín, no se sabe ni cuánto ni lo que hizo
Pdvsa con esa suma. “¿Cómo o qué hicieron ellos internamente? Realmente
desconozco”, asegura el empresario.
Dos
años después del escándalo del fondo de pensiones, Fractal señalaba oficialmente
su incapacidad de devolver el dinero. “Los
activos de Illarramendi permanecen congelados, pero tenemos entendido que el
Síndico tiene la intención de presentar un plan de distribución, que determinará
si se compensará a los acreedores de Illaramendi y en qué medida y en qué
términos”.
Eso
apuntaron el
9 de septiembre de 2014 en una comunicación de la que no daban
garantías.
“En
este momento, Fractal no sabe qué compensación, en caso de haber, recibirá en
última instancia por su reclamación contra la herencia de la administración
judicial. Sin embargo, como es su obligación, mantendrá informados a los
inversores relevantes como PDV Insurance de los procedimientos judiciales y
cualquier distribución relevante”.
Desde
entonces hasta ahora no hay datos sobre el destino de estos millones, que
parecen haberse evaporado en las islas
Bermudas.