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Una empresa de oportunidad ha captado importantes asignaciones para producir materiales de construcción en el marco de los convenios argentino-venezolanos. Constituida en Buenos Aires en 2010, tiene por socios a un arquitecto venezolano y a una artista plástica argentina, amiga de la exembajadora en Caracas, Alicia Castro. Ambos viven desde hace años en Nueva York, pero para registrar la empresa declararon residencia en la capital argentina.
Unos 45 cuadros pintados por la artista Norma Bessouet fueron presentados, entre noviembre y febrero pasados, en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Eran parte de una muestra auspiciada por la embajada de Argentina, entonces a cargo de la embajadora Alicia Castro, destinada ahora a Londres. La exposición se llamó “La realidad y sus sombras”. Pero poco de real y, sí, muchas sombras tuvo ese montaje: Bessouet era una amiga íntima de Castro, una de las diplomáticas favorita del kirchnerismo y del presidente venezolano Hugo Chávez. Y su nombre fue utilizado para conformar una empresa fantasma a la que los gobiernos de Argentina y Venezuela favorecieron con contratos para construir fábricas “socialistas” en el país caribeño.
El Grupo Tak S.A, tal el nombre de esa empresa, fue creado el 30 de marzo de 2010 en Buenos Aires, pero su acta fundacional recién apareció publicada en el Boletín Oficial argentino del 22 de abril del mismo año. Unas 48 horas antes de ese día, en una reunión entre los presidentes Chávez y Cristina Kirchner realizada en Caracas, se anunció que la firma había sido escogida por el Ministerio del Poder Popular de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias para levantar en Venezuela una fábrica de materiales de construcción. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2011, el Grupo Tak apareció nuevamente mencionado en los acuerdos firmados por ambos gobiernos en una ceremonia que incluyó el obsequio, por parte del presidente Chávez, de una pintura hecha por el propio mandatario donde aparecen él y el difunto Néstor Kirchner. En ese caso se anunció que la firma trabajaría en la “instalación de líneas para la producción masiva de insumos para la construcción de material de concreto”.
Un equipo de periodistas de ambos países detectó llamativas inconsistencias en la breve historia de esta constructora beneficiada por contratos en Venezuela. Por caso, que nació con un escaso capital de menos de 3.000 dólares (12.000 pesos argentinos) y declaró un domicilio legal en Buenos Aires, en la calle Lavalle al número 1.700, un departamento donde en realidad funciona una agencia de viajes y turismo.
Más curiosos aún resultan ser sus dos socios, que declararon ser “comerciantes”. La mencionada pintora Bessouet, una mujer argentina nacida en 1939, figura como su presidente. Y César Ramón Bogadi, un venezolano de 1956, aparece como vicepresidente de la compañía. Una y otro viven la mayor parte del tiempo en Nueva York; el venezolano, desde hace 17 años al menos. Sin embargo, la artista declaró como domicilio legal un departamento de su propiedad ubicado en Buenos Aires. Mientras, el venezolano aseguró residir en Arenales 855, dirección que corresponde a la cadena de hoteles LoiSuites.
De acuerdo a una profusa cantidad de correspondencia mantenida entre ambas y difundida en Internet por el sitio “Leakymails.com”, Bessouet, y la embajadora Castro, se conocen desde hace muchos años y son amigas íntimas, al punto que entre ellas se saludan llamándose sister (hermana en inglés). Un amigo común confirmó ese viejo lazo, cultivado sobre todo a la distancia. En su currículum público, la pintora -que no es muy reconocida en el medio artístico argentino- reconoce haber vivido desde los años setenta fuera de la Argentina. En aquella década emigró a Europa, donde obtuvo la nacionalidad española. Y desde 1981 se radicó en Nueva York. Antes de 2011, Bessouet ya había expuesto al menos una vez en Venezuela; en 1978, también en el Museo de Bellas Artes. En 1981 la entrevistó para El Diario de Caracas el periodista Rubén Wisotzki, hoy mismo director del Museo o, vale decir: su anfitrión en la reciente muestra en Caracas.
De su socio venezolano, Bogadi, se sabe que trabajó hasta 1982 en la constructora caraqueña Atamani, pero luego también se radicó en los Estados Unidos. Ya en Nueva York, Bogadi patentó en 1991 una marca de cajas reusables para embalaje. Y con su empresa CB Construction Inc., entre 1995 y 1998 se encargó de la remodelación del Consulado de Venezuela en Nueva York. Ese trabajo generó un conflicto con las autoridades venezolanas, a las que les reclamó una deuda de 16.000 dólares. Bogadi fue el arquitecto de los espacios destinados a la Galería de Arte Nuestra América en la sede del Consulado sobre la calle 51 Este neoyorquino.
La relación de Castro, que en enero pasado dejó su puesto en Caracas para mudarse a Gran Bretaña, y los negocios del Grupo Tak, no se limita a su amistad con la artista plástica. En febrero de 2011, varios meses después de la firma del primer acuerdo, Alicia Castro viajó junto a Bogadi y el agregado comercial de la embajada, Alejandro Piñeiro, al estado Aragua (a una hora al oeste de Caracas), donde se reunió con el gobernador Rafael Isea, exministro de Finanzas y exoficial del ejército. Tras esa reunión, la diplomática declaró a la prensa local que el empresario estaba “interesado en fabricar en el país tejas y materiales de construcción”. Hasta el momento, sin embargo, oficialmente no pudo confirmarse si ese proyecto -u otros semejantes- registran algún tipo de avance en suelo venezolano.
“Yo no tengo nada que hablar con ustedes”, fue la respuesta de Bessouet a los periodistas que intentaron consultarla por teléfono, en Buenos Aires, sobre su participación en el Grupo Tak. Bogadi, por su parte, confirmó la existencia de un proyecto para crear una empresa mixta, aunque eludió brindar detalles. “No hay mucho que pueda informar en este momento”, escribió al ser interrogado por correo electrónico. “Debido a que el acuerdo es parte de los acuerdos bi-laterales entre Venezuela y Argentina”, refirió, “te sugiero que le preguntes al Embajador Argentino en Venezuela o a la Empresa Mixta” (del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, N. de R.)
La actual embajadora argentina en Gran Bretaña también evitó las declaraciones sobre este asunto. Pero no hizo lo mismo al inaugurar en Caracas, unos meses atrás, la muestra de su buena amiga, la pintora y presidenta del Grupo Tak SA. Frente a varios funcionarios venezolanos, entre ellos el entonces ministro de Energía Eléctrica (antes presidente de la petrolera Pdvsa y exembajador de Caracas ante el gobierno cubano, actual Secretario General de Unasur), Alí Rodríguez Araque, Castro definió los cuadros de Bessouet como un “viaje y relato que nos llevan al corazón de la poesía”. Una poesía hecha de la realidad. Pero también de sus sombras.
Con reportes desde Caracas de Emilia Díaz-Struck (arman-do.info) y César Batiz (Últimas Noticias)
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.
El interregno neoconservador de Mauricio Macri entre dos administraciones peronistas concluyó esta semana. Del Gobierno de Cristina Fernández al de Alberto Fernández, en el que ella figura como vicepresidenta, se completó un hiato de cuatro años que no bastó para resolver ante la justicia argentina algunos casos de corrupción heredados del kirchnerismo y que involucran negocios con Venezuela. Uno de ellos: las irregularidades en el contrato para la implantación de la Televisión Digital Abierta. Los involucrados no solo tuvieron suertes dispares ante los tribunales, sino que siguieron contratando con el Estado como si nada.
Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
Recomendado por el siempre irreverente exfutbolista argentino e hincha incondicional de la revolución bolivariana, un empresario italiano, Valerio Antonini, emerge como el principal comercializador de materia prima agrícola para el Gobierno de Nicolás Maduro. En apenas dos años obtuvo una veintena de contratos para la venta de cereales y el manejo de los silos del principal puerto venezolano. El negocio hasta ahora podría superar los mil millones de dólares y para pagarlo Caracas envió una tonelada de oro a Italia.
Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios del ayuntamiento no vacilaron en privatizar ese espacio público en favor de la peña de aficionados, relacionados no solo con el alcalde Darwin González sino también con su mentor, David Uzcátegui.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
