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Una empresa de oportunidad ha captado importantes asignaciones para producir materiales de construcción en el marco de los convenios argentino-venezolanos. Constituida en Buenos Aires en 2010, tiene por socios a un arquitecto venezolano y a una artista plástica argentina, amiga de la exembajadora en Caracas, Alicia Castro. Ambos viven desde hace años en Nueva York, pero para registrar la empresa declararon residencia en la capital argentina.
Unos 45 cuadros pintados por la artista Norma Bessouet fueron presentados, entre noviembre y febrero pasados, en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Eran parte de una muestra auspiciada por la embajada de Argentina, entonces a cargo de la embajadora Alicia Castro, destinada ahora a Londres. La exposición se llamó “La realidad y sus sombras”. Pero poco de real y, sí, muchas sombras tuvo ese montaje: Bessouet era una amiga íntima de Castro, una de las diplomáticas favorita del kirchnerismo y del presidente venezolano Hugo Chávez. Y su nombre fue utilizado para conformar una empresa fantasma a la que los gobiernos de Argentina y Venezuela favorecieron con contratos para construir fábricas “socialistas” en el país caribeño.
El Grupo Tak S.A, tal el nombre de esa empresa, fue creado el 30 de marzo de 2010 en Buenos Aires, pero su acta fundacional recién apareció publicada en el Boletín Oficial argentino del 22 de abril del mismo año. Unas 48 horas antes de ese día, en una reunión entre los presidentes Chávez y Cristina Kirchner realizada en Caracas, se anunció que la firma había sido escogida por el Ministerio del Poder Popular de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias para levantar en Venezuela una fábrica de materiales de construcción. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2011, el Grupo Tak apareció nuevamente mencionado en los acuerdos firmados por ambos gobiernos en una ceremonia que incluyó el obsequio, por parte del presidente Chávez, de una pintura hecha por el propio mandatario donde aparecen él y el difunto Néstor Kirchner. En ese caso se anunció que la firma trabajaría en la “instalación de líneas para la producción masiva de insumos para la construcción de material de concreto”.
Un equipo de periodistas de ambos países detectó llamativas inconsistencias en la breve historia de esta constructora beneficiada por contratos en Venezuela. Por caso, que nació con un escaso capital de menos de 3.000 dólares (12.000 pesos argentinos) y declaró un domicilio legal en Buenos Aires, en la calle Lavalle al número 1.700, un departamento donde en realidad funciona una agencia de viajes y turismo.
Más curiosos aún resultan ser sus dos socios, que declararon ser “comerciantes”. La mencionada pintora Bessouet, una mujer argentina nacida en 1939, figura como su presidente. Y César Ramón Bogadi, un venezolano de 1956, aparece como vicepresidente de la compañía. Una y otro viven la mayor parte del tiempo en Nueva York; el venezolano, desde hace 17 años al menos. Sin embargo, la artista declaró como domicilio legal un departamento de su propiedad ubicado en Buenos Aires. Mientras, el venezolano aseguró residir en Arenales 855, dirección que corresponde a la cadena de hoteles LoiSuites.
De acuerdo a una profusa cantidad de correspondencia mantenida entre ambas y difundida en Internet por el sitio “Leakymails.com”, Bessouet, y la embajadora Castro, se conocen desde hace muchos años y son amigas íntimas, al punto que entre ellas se saludan llamándose sister (hermana en inglés). Un amigo común confirmó ese viejo lazo, cultivado sobre todo a la distancia. En su currículum público, la pintora -que no es muy reconocida en el medio artístico argentino- reconoce haber vivido desde los años setenta fuera de la Argentina. En aquella década emigró a Europa, donde obtuvo la nacionalidad española. Y desde 1981 se radicó en Nueva York. Antes de 2011, Bessouet ya había expuesto al menos una vez en Venezuela; en 1978, también en el Museo de Bellas Artes. En 1981 la entrevistó para El Diario de Caracas el periodista Rubén Wisotzki, hoy mismo director del Museo o, vale decir: su anfitrión en la reciente muestra en Caracas.
De su socio venezolano, Bogadi, se sabe que trabajó hasta 1982 en la constructora caraqueña Atamani, pero luego también se radicó en los Estados Unidos. Ya en Nueva York, Bogadi patentó en 1991 una marca de cajas reusables para embalaje. Y con su empresa CB Construction Inc., entre 1995 y 1998 se encargó de la remodelación del Consulado de Venezuela en Nueva York. Ese trabajo generó un conflicto con las autoridades venezolanas, a las que les reclamó una deuda de 16.000 dólares. Bogadi fue el arquitecto de los espacios destinados a la Galería de Arte Nuestra América en la sede del Consulado sobre la calle 51 Este neoyorquino.
La relación de Castro, que en enero pasado dejó su puesto en Caracas para mudarse a Gran Bretaña, y los negocios del Grupo Tak, no se limita a su amistad con la artista plástica. En febrero de 2011, varios meses después de la firma del primer acuerdo, Alicia Castro viajó junto a Bogadi y el agregado comercial de la embajada, Alejandro Piñeiro, al estado Aragua (a una hora al oeste de Caracas), donde se reunió con el gobernador Rafael Isea, exministro de Finanzas y exoficial del ejército. Tras esa reunión, la diplomática declaró a la prensa local que el empresario estaba “interesado en fabricar en el país tejas y materiales de construcción”. Hasta el momento, sin embargo, oficialmente no pudo confirmarse si ese proyecto -u otros semejantes- registran algún tipo de avance en suelo venezolano.
“Yo no tengo nada que hablar con ustedes”, fue la respuesta de Bessouet a los periodistas que intentaron consultarla por teléfono, en Buenos Aires, sobre su participación en el Grupo Tak. Bogadi, por su parte, confirmó la existencia de un proyecto para crear una empresa mixta, aunque eludió brindar detalles. “No hay mucho que pueda informar en este momento”, escribió al ser interrogado por correo electrónico. “Debido a que el acuerdo es parte de los acuerdos bi-laterales entre Venezuela y Argentina”, refirió, “te sugiero que le preguntes al Embajador Argentino en Venezuela o a la Empresa Mixta” (del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, N. de R.)
La actual embajadora argentina en Gran Bretaña también evitó las declaraciones sobre este asunto. Pero no hizo lo mismo al inaugurar en Caracas, unos meses atrás, la muestra de su buena amiga, la pintora y presidenta del Grupo Tak SA. Frente a varios funcionarios venezolanos, entre ellos el entonces ministro de Energía Eléctrica (antes presidente de la petrolera Pdvsa y exembajador de Caracas ante el gobierno cubano, actual Secretario General de Unasur), Alí Rodríguez Araque, Castro definió los cuadros de Bessouet como un “viaje y relato que nos llevan al corazón de la poesía”. Una poesía hecha de la realidad. Pero también de sus sombras.
Con reportes desde Caracas de Emilia Díaz-Struck (arman-do.info) y César Batiz (Últimas Noticias)
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
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El interregno neoconservador de Mauricio Macri entre dos administraciones peronistas concluyó esta semana. Del Gobierno de Cristina Fernández al de Alberto Fernández, en el que ella figura como vicepresidenta, se completó un hiato de cuatro años que no bastó para resolver ante la justicia argentina algunos casos de corrupción heredados del kirchnerismo y que involucran negocios con Venezuela. Uno de ellos: las irregularidades en el contrato para la implantación de la Televisión Digital Abierta. Los involucrados no solo tuvieron suertes dispares ante los tribunales, sino que siguieron contratando con el Estado como si nada.
Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera.
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Recomendado por el siempre irreverente exfutbolista argentino e hincha incondicional de la revolución bolivariana, un empresario italiano, Valerio Antonini, emerge como el principal comercializador de materia prima agrícola para el Gobierno de Nicolás Maduro. En apenas dos años obtuvo una veintena de contratos para la venta de cereales y el manejo de los silos del principal puerto venezolano. El negocio hasta ahora podría superar los mil millones de dólares y para pagarlo Caracas envió una tonelada de oro a Italia.
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
Documentos filtrados que ‘Forbidden Stories’ obtuvo para la serie ‘Story Killers’, revelan el funcionamiento interno de esta empresa española. Se trata de una de las compañías más establecidas y osadas en el mercado global de la gestión electrónica de reputación, eufemismo con que se nombra al enterramiento de la verdad en Internet, que echa mano a herramientas cibernéticas, astucias legales y amedrentamiento contra periodistas y medios. Eliminalia ofrece a su clientela, que incluye a miembros destacados del crimen organizado y la corrupción -entre ellos, venezolanos-, ocultar o suprimir las menciones negativas en la red.
