El 'delivery' que nunca regresó

Miguel Ángel Calderón, un repartidor de domicilios venezolano, fue acusado de espiar en Bogotá al presidente colombiano, Iván Duque, solo por grabar un video en la vía pública que iba a compartir con su esposa por Whatsapp. La acusación se hizo pública por los medios. Trató de defenderse con la ayuda de abogados y ganó un amparo en tribunales pero, aún así, fue expulsado y no ha logrado regresar a Colombia para estar con su familia.

14 noviembre 2021

Vivían en el mismo sector, pero no eran vecinos. Entre los dos había una distancia de 22 cuadras, siete años de diferencia en edad, y un mundo de derechos y privilegios. 

Para entrar al apartamento de uno —más de 200 metros cuadrados de lujo— había que pasar por estrictos controles de seguridad, primero en una alcabala externa y luego en la portería de la torre. Para entrar al aparta-estudio del otro —menos de 60 metros y sin contrato de alquiler formal— bastaba con abrir una puerta que daba a la calle. 

Era poco probable que el destino del presidente de Colombia, Iván Duque, se cruzara con el del repartidor de delivery venezolano, Miguel Ángel Calderón. Pero sucedió el 22 de noviembre de 2019. 

“A veces pasa que uno está en el sitio equivocado, a la hora equivocada”, dice Calderón, incapaz de pensar en otra explicación. 

Él sabía dónde vivía el presidente, porque todos los domiciliarios que trabajan en esa zona del norte de Bogotá lo saben. La entrada al conjunto residencial Sierras del Moral, sobre la carrera 7 con calle 147, permanece custodiada a toda hora por uniformados de la Policía o del Ejército. En ningún otro conjunto o edificio tienen que pasar por tantas requisas y chequeos para entregar un pedido. Y, a veces, cuando van pedaleando o acelerando con sus motos por la vía, los sobrepasa la caravana de camionetas blindadas y la escolta motorizada, con las luces y sirenas encendidas, que entra o sale del lugar. 

Calderón había pasado por allí temprano en la mañana y había continuado repartiendo pedidos en el norte de la capital. Pasado el mediodía, cuando iba por la calle 161 con carrera 8, vio a unos patrulleros de la policía advertirles a los comerciantes y a los dueños de los locales que era mejor que cerraran sus negocios porque una manifestación venía subiendo desde la autopista y se dirigía hacia la carrera 7. 

El repartidor venezolano grabó un video con su teléfono para mandárselo a su esposa, Mariu Villalobos.

Los videos eran parte de su rutina cotidiana. Los grababa y luego los compartía, no solo con su esposa, sino con el grupo familiar que había creado en Whatsapp. 

“Esa es la forma que tienen los migrantes de mantenerse cerca de su familia y no creo que sea el único que lo haga”, dice.

Aún le faltaba comprar algo de comida para llevar a casa, así que decidió parar en la tienda Justo & Bueno, ubicada frente al conjunto del presidente, donde usualmente hacía mercado. 

Al llegar, se dio cuenta de qué había mucho movimiento de guardias y policías en la calle. Sacó su teléfono, hizo un paneo rápido de lo que podía ver desde el otro lado de la avenida: carros pasando, la entrada del conjunto Sierras del Moral, los árboles y los edificios lejanos, los locales comerciales alrededor. Lo narró tal como había narrado el anterior. Cuándo terminó, guardó el teléfono en su chaqueta y entró a la tienda a hacer sus compras. Al salir, media hora después, lo interceptó un guardia.

El informe del patrullero de la Policía, Oscar Eduardo Cáceres Jaimes, dice que Calderón fue sorprendido, “siendo aproximadamente las 16:30 horas, en la carrera séptima con calle 146 por el señor intendente Eliseo Buriticá Conde, funcionario de seguridad adscrito al esquema de protección del señor presidente de la República”.

Calderón recuerda el breve intercambio con el intendente así:

- ¿Tú estabas grabando un video?- le preguntó. 

- Sí claro. ¿Por qué?

- Aquí no se puede grabar videos, está prohibido. 

-No sabía, qué pena, jefe- le contestó, y le entregó su teléfono desbloqueado para que él mismo lo borrara. Luego se enteraría que él no estaba obligado a entregarle su teléfono y de que no es ilegal grabar un video en la vía pública. 

Buriticá le pidió los papeles. Calderón le mostró la tarjeta de propiedad de su moto Bajaj modelo 2013, su Permiso Especial de Permanencia que acababa de renovar en agosto, su pasaporte y su cédula extranjera. 

Escuchó que Buriticá le decía a un superior: “Es que él es un venezolano”. 

No es ilegal tomar videos en la vía pública; aun así las autoridades colombianas lo arrestaron y denunciaron en el acta que levantaron ese día.

El informe escrito del patrullero continúa: “La persona antes mencionada se encontraba realizando un video a la residencia del señor presidente y de la seguridad de este lugar, al indagar a esta persona los motivos de esta actividad no supo dar respuesta; así mismo, se pudo constatar que el video registrado fue difundido a varios contactos desde su teléfono celular”.

Han pasado ya dos años desde ese momento y Calderón dice que se imagina que se lo envió a su esposa y a su grupo familiar en Whatsapp, pero que ya no se acuerda de todos los detalles. 

De lo que sí está seguro, es que nunca lo subió a sus redes sociales, que nunca fue un video que circuló públicamente, o al menos no hasta que lo difundieron después por las noticias. 

Una ONG colombiana, Dejusticia, siguió el caso públicamente en 2019.

La conclusión del informe de la Policía, que sería el soporte para justificar su expulsión del país, dice: “Teniendo en cuenta lo anterior y la situación presentada en la ciudad de Bogotá durante el día de hoy, esto pone en riesgo la seguridad del señor presidente y de las condiciones de seguridad de la capital.”

La “situación presentada” en Bogotá, más concretamente frente al conjunto Sierras del Moral, ese día, a las seis de la tarde, cuando ni Calderón ni Duque estaban en el lugar, se podría describir como un plantón o un cacerolazo, una protesta espontánea y pacífica de gente que estaba en desacuerdo por la manera como, el día anterior, el gobierno había respondido a las protestas del Paro Nacional. Lanzaron toda clase de gritos y arengas, pero nada de palos, ni de piedras.

Un caso especial

Mientras el plantón estaba en pleno desarrollo, Calderón se encontraba dentro de un CAI (Comando de Atención Inmediata) de la Policía, a pocas cuadras de allí. Durante horas sería interrogado por un agente y otro. Algunos estaban uniformados e identificados, pero otros no, que iban vestidos de civil. 

Lo grababan y le preguntaban que quién era y qué hacía desde el día que había llegado de Venezuela, que en dónde había trabajado, que quiénes eran sus padres y que dónde vivía su familia.

“Yo colaboré con todo lo que me pidieron. Y les contesté todo lo que me preguntaron porque yo no tenía nada que esconder”, dice.

Hasta ahí era un interrogatorio normal, pero luego comenzó lo que él describe como un “terror psicológico”. Querían saber cuánto le pagaba Maduro por espiar. Cuántas veces se había reunido con Gustavo Petro. Qué cargos había tenido dentro del gobierno venezolano. A cuántas reuniones secretas había asistido. Quiénes eran los integrantes de su célula. Y le dijeron que confesara por el bien de su familia, de su esposa y de su hija, ambas colombianas.

 “Y yo me echaba a reír, y les decía: '¿Pero cómo te voy a confesar algo que no es verdad?'. Yo no trabajo para nadie, yo no soy político, yo trabajo para mí y para mi familia, más nadie". 

No tenía ningún contacto en Colombia y menos de ese nivel. Las únicas reuniones a las que asistía con frecuencia eran las de su Iglesia Cristiana de Avivamiento. Su fe la había depositado en el Dios de las segundas oportunidades, jamás en la autodenominada Revolución Bolivariana. 

Como él les había desbloqueado el teléfono, le esculcaron su correo electrónico, todas las aplicaciones y sus redes sociales. ¿Qué podían encontrar allí? Que era seguidor de Donald Trump, o de algunos políticos venezolanos de la oposición, que probablemente los patrulleros ni conocían: el máximo líder de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, o el pastor Javier Bertucci, contendor a la presidencia de Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones de mayo de 2018. 

¿Habían visto el video con la canción de Ricardo Arjona contra el dictador? ¿O las fotos de Calderón y su esposa luciendo la gorra tricolor, mientras firmaban por el frustrado revocatorio contra el presidente Maduro en 2016?

En 2016, Calderón y su esposa difundieron fotos de su firma a favor del frustrado Revocatorio contra Maduro.

Lo que les pareció más sospechoso fueron las fotos de las vacaciones a Panamá, a Machu Picchu, en la playa, en centros comerciales, en restaurantes. 

¿Cómo era posible que tuviera tanta plata para hacer esos viajes si él era un repartidor de domicilios? Calderón trataba de explicarles, en contra de sus prejuicios y suposiciones, que él era un profesional, administrador de empresas graduado de la Universidad del Zulia, con una especialización en finanzas, en Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, en el extremo noroccidental del país. 

Por varios años había sido gerente financiero del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Alguna vez había montado su propio negocio de coaching y nutrición, se había aliado con Herbalife, la conocida multinivel de productos dietéticos, y por eso había asistido a tantos congresos de ventas y mercadeo en otros países. 

En Maracaibo había tenido un buen nivel de vida, como tantos otros paisanos que, como él, habían tenido que emigrar luego y rebuscarse la vida, porque no todo resulta como se planea cuando tu país se va al carajo.  

El Facebook de Calderón era una colcha de publicaciones "malditas" para el régimen de Caracas, incluyendo el New York Times.

“No te creo nada, no te creo nada”, así le contestaba una mujer de cara larga, pelo liso y mechas rubias, que llegó acompañada de otro hombre, cuando ya otros agentes le habían averiguado todo. 

Nunca se identificaron, no le dijeron quiénes eran, pero en la estación de policía decían que eran personas muy cercanas al presidente. ¿Eran familiares? ¿Miembros de su gabinete? 

En cualquier caso, a Calderón le pareció que ella era muy bien hablada y no se le ha olvidado su cara porque se quedaba mirándolo a los ojos, se le ponía muy cerquita y le decía: “No te creo nada”. 

Hasta antes de que ella llegara al CAI, otros agentes le habían dicho que lo iban a soltar, que se quedara tranquilo porque esa noche dormiría con Mariu, que llegó hasta el CAI a buscarlo, cuando le permitieron hacer una llamada a un contacto. 

Pero no le permitieron verla (luego se enteró de que a ella también la interrogaron). En vez de dejarlo irse con ella, lo montaron en una patrulla y le dijeron que lo iban a expulsar del país, porque eran “órdenes de arriba”.

Como tantos otros expulsados en los días del paro, Calderón pasó por la Sala Transitoria Migratoria en el Centro de Traslado por Protección de Puente Aranda. 

Eran las 22:18 cuando fue registrado en el libro de ingresos, con un comentario: “Buen estado físico como psicológico”. 

En custodia quedaron su celular y una maleta que contenía un pantalón naranja impermeable, dos llaves y un candado. La app de Rappi -el principal servicio de delivery en Colombia- seguía activa en su teléfono y él escucharía desde la celda —era la primera vez que estaba en una celda— las notificaciones y mensajes que llegaban a lo largo de la noche. 

No pudo dormir ni por la angustia, ni por la confusión, ni por el frío. En un momento, un funcionario de chaqueta azul —no recuerda si era de la Alcaldía o de la Defensoría del Pueblo— llegó a la celda y dijo que las condiciones no estaban dadas para tener gente recluida allí. No había colchonetas, no había frazadas, no había nada. 

Durante las horas que estuvo detenido vería entrar a decenas de venezolanos a los que habían agarrado en la calle. Al amanecer, empezaron a llamar de cinco en cinco para tomarles las huellas. Luego se dio cuenta que algunos salían y no volvían a entrar. 

Cuando preguntó por qué no lo soltaban a él, un funcionario le dijo: “Tú eres un caso especial”.

Una ayuda inesperada

Mariu Villalobos esperó a que terminara el toque de queda y a la mañana siguiente fue corriendo hasta al CAI. Allí le dijeron que su esposo había sido trasladado a Puente Aranda. 

Llegó cerca de las 10 de la mañana al CTP, entró al edificio, recorrió piso por piso preguntando por su marido, pero a las dos de la tarde todavía no le daban ninguna razón de él. 

Finalmente, una mujer en la oficina de Migración le confirmó que estaba allí, pero no podía ver a nadie y en las próximas horas sería expulsado del país.

“Fue de manera fortuita que yo llegué a conocer el caso de Miguel Ángel Calderón”, dice la abogada Carolina Moreno. Ella y otros académicos y defensores de derechos humanos se habían enterado, por un grupo de WhatsApp que compartían, que a ese lugar llevaban a algunas personas detenidas durante las protestas del Paro Nacional y decidieron ir hasta allá, a ver si podían ayudarlos. 

Villalobos, la esposa de Calderón, los vio en la calle, los escuchó hablando y decidió abordarlos para contarles lo que le había sucedido a su marido. 

Luego de escucharla, Carolina Moreno, que para ese momento era la directora del nuevo Centro Jurídico para Migrantes de la Universidad de Los Andes de Bogotá, y Rodrigo Uprimny, profesor eminente y uno de los directores de la organización Dejusticia, entraron al CTP y exigieron ver a Miguel Ángel Calderón. 

Eran casi las siete cuando se encontraron por primera vez, y Moreno recuerda que Calderón estaba en shock.

“Yo me quedé sorprendido, de verdad me quedé loco. Cuando salgo pues veo a Carolina, y ella es muy apasionada y emotiva, y me dice con una sonrisa de oreja a oreja: 'Miguel Ángel, yo soy Carolina Moreno, tu abogada, tu esposa me contactó y estamos aquí para ayudarte'", recuerda Calderón.

Hicieron un poder escrito a mano y Moreno le advirtió que no fuera a firmar absolutamente nada, que cualquier decisión debía ser consultada con ella como su abogada. 

Cuando intentó entregar el poder a un funcionario de Migración Colombia, no se lo recibió. Y cuando ella le pidió que llamaran a su superior por teléfono, Henry Corredor, el director de la regional Andina, le reiteró que no le iban a recibir el poder. 

Ella le respondió que era un derecho fundamental y si no se lo recibían, tendría que denunciarlos ante el Ministerio Público, a lo que él le respondió: “Haga lo que quiera, niña”. 

Una carrera contra el tiempo

Carolina Moreno salió corriendo a un cibercafé cercano para redactar una acción de tutela -el equivalente en Colombia a un amparo constitucional- que protegiera el derecho al debido proceso y a tener una familia y no ser separado de ella. 

Por reparto, le correspondió al juzgado 63 penal con función de control de garantías. Al revisar los argumentos, la jueza ordenó suspender la expulsión, con una medida provisional.

La notificación de la jueza llegó a las oficinas de Migración Colombia a las 9:17 pm del 23 de noviembre de 2019, según el sello estampado de recibido. También fue enviada a la dirección de correo electrónico de notificaciones judiciales de la misma entidad a las 10:26 pm, como consta en la copia del correo.

¿No les enviaron una copia, o no les avisaron a los funcionarios de Migración que estaban dentro del CTP de Puente Aranda? ¿O aunque vieron la notificación en el oficio, o en el correo —o en ambos— decidieron seguir adelante con el proceso de expulsión? Porque a las 23 horas, exactamente, de ese 23 de noviembre de 2019, trataron de que Miguel Ángel Calderón firmara su notificación de expulsión. Pero como consta en el formato, Calderón no quiso y hay una nota que explica que se procede a la firma a ruego.

Calderón se negó a firmar la notificación de expulsión.

Horas después, a las cuatro de la mañana, Calderón salió de la celda rumbo al aeropuerto internacional El Dorado, que sirve a la ciudad de Bogotá, en compañía del custodio Giovanni López, que lo trató bien: hasta le compró un café. López también le advirtió que los otros dos venezolanos con los que sería expulsado eran delincuentes. 

Hablando con su custodio, se enteró de que lo iban a sacar por Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con el estado venezolano de Táchira. y que el avión saldría a las nueve. Convenció a López de que le dejara hacer una llamada para avisarle a su esposa que ya se iba del país. 

“Y ahí es cuando ella se mueve y se activa toda esa situación tipo película de Hollywood”, cuenta. 

Mariu Villalobos y las abogadas Carolina Moreno, Laura Dib y Gracy Pelacani, corrieron hasta el aeropuerto. Moreno fue directo a la zona de Migración Colombia a buscar a Calderón, pero los funcionarios le dijeron que ya había embarcado y no había nada que hacer.

Mientras tanto, Dib y Pelacani buscaban con desespero en las pantallas de salidas el vuelo próximo a despegar con destino a Cúcuta. Dib, que normalmente habla muy suave, armó un escándalo frente al counter de Avianca y exigió hablar con el gerente de la aerolínea. Con una fotocopia en la mano del documento de la jueza suspendiendo el proceso de expulsión, le advirtió que si ese avión salía, estarían cometiendo una falta.

Calderón ya se había sentado en su silla de avión, cuando una de las azafatas se acercó a él y a su custodio y les dijo: “Afuera están las abogadas de este señor y no puede viajar, tienen que bajarse del avión, porque hay una orden de un juez”. 

La cara de López se transformó, la de Calderón también, pero de felicidad. Subieron por el túnel de abordaje, atravesaron las salas de espera y a la salida vio a su esposa, esperándolo. 

Se abrazaron por un largo rato, se besaron y creyeron, por un instante, que todo el sufrimiento de los últimos días había quedado atrás.

 

Esto no ha terminado

“Miguel Ángel, no te pierdas, porque esto no ha terminado”, le dijo una de las abogadas antes de despedirse de él. Había que esperar el fallo de la juez. 

Era posible que no resultara favorable, y en ese caso habría que apelar a una segunda instancia. Lo mejor era que se quedara tranquilo y que tuviera un bajo perfil, porque, además, su nombre, su apellido, su cara, habían salido en todas partes. Ya no era un rappitendero cualquiera sino el venezolano que había “espiado al presidente”.

El excomandante general de la policía, Oscar Atehortúa, dijo en una entrevista de radio que era “indudable” que Calderón estaba poniendo en riesgo la seguridad nacional, que no trabajaba en Rappi y que no tenía cómo demostrar asentamiento o estabilidad en Colombia. 

Añadió que “las informaciones que se recolectaron” sobre él concluyeron que “claramente” Calderón tenía otros “propósitos funestos”. Era mejor expulsarlo para que no pudiera “concretar” sus planes. 

El propio presidente Iván Duque, en una entrevista con la periodista Vicky Dávila, directora actual de la revista Semana, dijo: “No conozco a Miguel, no sé quién es Miguel, no conozco su situación familiar”, pero dijo que la información que le había llegado era que Calderón ya llevaba un tiempo prolongado tomando imágenes, no solamente de la fachada de su residencia. Había una sospecha sustentada por la Policía de qué él estaba haciendo espionaje. 

“Yo tengo que limpiar mi nombre, no se puede vender la imagen de que yo soy un espía porque eso no es verdad", dijo Calderón en un video grabado por la organización Dejusticia, que circuló por esos días, y que buscaba contar su versión de los hechos, ya que en muchos medios de comunicación lo que había salido era solo la versión oficial. 

En el diario El Tiempo publicaron una foto con la hoja de su pasaporte donde aparecían todos sus datos personales, como número de cédula, de pasaporte, fecha de nacimiento, entre otros. La nota del periódico decía que “fuentes” indicaban que a Calderón se le venían haciendo seguimientos “de tiempo atrás”.

Fueron días muy extraños. No podía dormir muy bien. Jamás pensó en huir, en esconderse durante un tiempo porque él ha sido un hombre de ley. Nunca cruzó por una trocha de manera ilegal, nunca le pusieron una infracción de tránsito, nunca ha tenido un comparendo -un citatorio o boleta- por mala conducta. Y Mariu Villalobos, su esposa, decía que no tenían nada que ocultar y confiaba que luego de que la juez investigara, se aclararía toda la situación: él había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado haciendo algo ingenuo, nada más.

El nombre de la jueza que estaba por fallar su caso, Sandra Patricia León Ovalle, sería divulgado en un comunicado de Migración Colombia, el mismo 24 de noviembre, cuando se frustró su expulsión, y en una rueda de prensa al día siguiente, el director de Migración Colombia, Christian Kruger, dijo que acataban la medida de la juez pero no la compartían, y le envió un mensaje a los abogados que habían interpuesto la tutela: “Están poniendo en riesgo la discrecionalidad y la soberanía”.

La jueza León terminaría negando la tutela por improcedente ante un acto discrecional, legal y de carácter administrativo, el 3 de diciembre de 2019.  

Las abogadas de Calderón impugnaron la decisión y solicitaron una medida de amparo provisional, para que no se ejecutara su expulsión hasta que no se resolvieron todas las instancias: “Si no se decreta la medida provisional, al momento en que se dicte el fallo de segunda instancia ya se habrá hecho efectiva la expulsión de Miguel Ángel del país”. 

Feliz Día Internacional del Migrante

Calderón tomaba café con algunos compañeros de trabajo en un local que se llama Bola Ocho, en la Bella Suiza -un barrio de clase media en el noreste de Bogotá-, cuando llegó la patrulla blanca de Migración Colombia. 

Giovanni López, el custodio que había sido tan buena gente con él, venía a llevárselo para culminar su misión, y esta vez no sería tan amable. Era mejor que se montara a la patrulla y que no hiciera ningún show.

En vez de llevarlo por los muelles y pasillos por donde circulan todos los pasajeros en el aeropuerto, lo sacaron por las vías de carga y por donde transportan las maletas. Subió al avión por una escalerilla trasera, y cuando aterrizó en Cúcuta también lo bajaron por una salida de emergencia. 

Calderón sintió que le habían dado un tratamiento como de capo. “Fue una vaina loca, como si fuera el propio Chapo Guzmán.”

Al segundo intento de expulsión de Calderón, Migración Colombia se salió con la suya.

Minutos después fue entregado a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el puente fronterizo Simón Bolívar, sobre el río Táchira. El funcionario de Migración Colombia que lo llevó a él y a otra persona que viajaba en el mismo avión expulsado, le dijo al guardia: “Aquí está el espía y aquí está el solicitado por Interpol”. 

Era el 18 de diciembre, Día Internacional de los Derechos del Migrante, y a propósito de la expulsión de Calderón, Migración Colombia emitió un comunicado que decía: “Lamentamos profundamente tener que llegar a imponer este tipo de sanciones, pero como autoridad migratoria no vamos a permitir que los actos de unos cuantos ciudadanos extranjeros afecten el orden público, la seguridad nacional y sobre todo, la buena imagen de aquellos venezolanos que han llegado a Colombia a trabajar por un mejor país”.

Los venezolanos que se han ido y que regresan a Venezuela, a menudo son vistos como traidores por el gobierno de Nicolás Maduro. Calderón tenía miedo de que el recibimiento que le iban a dar en su propio país fuera ese, el de un traidor. 

Contrario a sus pronósticos, la PNB verificó que no tenía ningún antecedente en el sistema, lo llevó al Saime, el organismo de identificación y extranjería de Venezuela, a hacer el ingreso, y luego lo dejó libre. Pudo llamar a una de las abogadas colombianas, para ver si alguna organización caritativa le ayudaba con algo de dinero, comida, y un lugar donde dormir esa noche. Quería cambiarse de ropa, quería alejarse rápido de la frontera, porque al entrar al cibercafé alguien lo había reconocido y le había dicho: ”¿Usted no es el espía de Maduro?”.

Una “grosera” violación al debido proceso

Fue una Navidad triste para la familia Calderón. No sabían cuándo volverían a estar juntos. Y tampoco sabían si el juez de segunda instancia iba a fallar de manera favorable. 

La angustia terminó el 5 de febrero de 2020, cuando el juez Álvaro Laureano Gómez Luna dijo que a Calderón le habían “socavado de manera grosera el derecho al debido proceso administrativo”, y que no había podido ejercer su defensa, porque el poder que él le había otorgado a su abogada solo había sido admitido hasta el día 31 de diciembre de 2019, cuando ya había sido expulsado.

El juez suspendía de manera transitoria la expulsión y la sanción que le habían impuesto de no poder volver a Colombia en cinco años, mientras se resolvía la solicitud de refugiado que Calderón también había tramitado ante la Cancillería.

Tan pronto como se conoció la decisión del juez, Carolina Moreno le escribió un correo electrónico a Migración Colombia para preguntar si en el sistema todavía aparecía una alerta administrativa. 

Le respondieron el 2 de marzo de 2020 que Miguel Ángel Calderón “a la fecha de emisión del presente, no registra consignas correspondientes a impedimentos de ingreso o salida del territorio nacional”.

Pero en su respuesta el organismo también advertía que, por la pandemia y emergencia sanitaria de la Covid-19, el día anterior, el 1 de marzo de 2020, se habían cerrado los pasos fronterizos, que permanecerían cerrados hasta las 00 horas del 1 de marzo de 2021. 

Es decir, por un año, Calderón no podría regresar a Colombia, o al menos no por un cruce terrestre oficial. Por lo demás, teniendo en cuenta lo delicado de su caso, no era recomendable que lo intentara por los caminos verdes. 

Adicionalmente, le quedaba poco tiempo de vigencia a su pasaporte. No sabía si el Saime, que estaba paralizado, le daría la prórroga. De todas maneras pidió la cita, y fue entonces cuando se dio cuenta de que los funcionarios venezolanos no le habían puesto un sello de ingreso. 

Estaba en un limbo, o en varios, por la pandemia, por el cierre de fronteras, por la imposibilidad de viajar con un documento que no estuviera vencido, por un sello inexistente. 

Se sentía impotente, y su esposa también. Ella había tenido que viajar con la pequeña Ámbar a Sincelejo, a orillas del Caribe colombiano, donde vivía parte de su familia, porque no podían sobrevivir en Bogotá. 

Pero allí tampoco era fácil conseguir trabajo, así que decidieron que lo mejor sería que la niña viajara a Maracaibo, y se quedara con su papá, mientras ella regresaba a la capital a buscar empleo. 

Esperaban que el Saime le entregara su pasaporte renovado, y ya que estaban flexibilizando el paso por la frontera, con el visto bueno de Migración Colombia, todos podrían estar juntos otra vez.

El último intento

El pasado 2 de septiembre de 2021, Miguel Ángel Calderón y su hija Ámbar, de siete años, salieron en un carro con un chofer que los llevó hasta la línea fronteriza binacional en Paraguachón, cerca de la ciudad colombiana de Maicao, en la península de La Guajira. 

Llevaba su pasaporte renovado y la copia del correo electrónico con la respuesta de Migración Colombia a su abogada, en la que afirmaba que él no tenía ningún impedimento para entrar al país. 

Pero cuando llegó hasta el cruce y el funcionario del puesto de control vio su sello de “expulsado”, le dijo que tenía que acompañarlo hasta las oficinas. 

Calderón estaba parado en la raya fronteriza, antes de entrar a territorio colombiano, y dice que si hubiera sabido lo que iba a pasarle por entrar a esa oficina, jamás hubiera dado un paso al frente. 

Lo hicieron esperar durante un rato largo. No le decían nada. Ámbar estaba un poco inquieta, le preguntaba a su papá que qué pasaba. Y él no sabía qué decirle. Finalmente apareció otro funcionario y le dijo lo que más temía: no podía entrar a Colombia. 

Calderón logró comunicarse con las abogadas y les contó lo que estaba sucediendo. Un contacto de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (Acnur), que trabajaba en la frontera, llegó a la oficina para tratar de mediar. Carolina Moreno, al otro lado del teléfono, le pidió hablar con el funcionario, pero no quiso pasar. Alegó lo que siempre han alegado los funcionarios de la entidad, como si fuera un credo: Migración Colombia era una entidad autónoma.

Le dijo a Calderón que tendría que esperar a que se cumplieran los cinco años de la sanción y después solicitar una visa si quería volver a Colombia. Y para completar, le entregó una carta de inadmisión, que era una sanción adicional, una nueva falta que habían añadido a su expediente, y que se sentía obligado a firmar para que lo dejaran irse con su hija.  

Cuando pensó que el caso estaba resulto e intentó cruzar la frontera, Calderón recibió una sanción adicional, de parte de las autoridades colombianas, que agravó su situación migratoria para regresar al país.

Ámbar se puso a llorar cuando su papá le explicó que había un problema con unos papeles, y que no podrían llegar a Bogotá a reunirse con su mamá. Tendrían que regresar a Maracaibo. Y tendrían que esperar a que hubiera elecciones presidenciales en Colombia porque, mientras Iván Duque esté en la presidencia —en su apartamento en Sierras del Moral o en su despacho en la Casa de Nariño—, a él no lo dejarán volver. 

CODA- La investigación de control interno sobre la actuación de Henry Corredor, director de Regional Andina de Migración Colombia, fue archivada el pasado 31 de septiembre de 2021. Corredor declaró en ella que los funcionarios de la entidad no pudieron recibir el poder de la abogada Carolina Moreno en el CTP de Puente Aranda, porque no había sistema en ese lugar y en ese momento. Y miente cuando dice que Miguel Ángel Calderón “pudo retornar al territorio nacional y le fue restablecido su permiso de permanencia".

Esta es la segunda entrega de la serie "Venezolanos, go home", que Armando.info publica en simultáneo con La Silla Vacía.

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Sin oficiales de derechos humanos en los puertos de entrada ni sistema jurídico que ampare el refugio, los venezolanos que migran a la isla caribeña encuentran alivio al hambre y la escasez. A cambio, se exponen a la explotación laboral y la constante persecución de autoridades corruptas. No en pocas ocasiones terminan en centros de detención con condiciones infrahumanas, de las que solo se salvan quienes pagan gruesas sumas de dinero en multas. La petición de asilo es un débil escudo que apenas ayuda en caso de arresto. Todavía así, crece el número de quienes se juegan su suerte para ganar unos cuantos dólares.

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05-12-21
El alojamiento de un pachá bien vale un engaño

Los hermanos Majed y Khaled Khalil están listos para lo que se le ofrezca al régimen de Nicolás Maduro. En 2020 se prestaron a servir la coartada para un cargamento destinado a las obras de remodelación del Hotel Alba Caracas que, al hacer trasbordo en Nueva York en ruta al puerto de La Guaira, corría el riesgo de quedar retenido por los efectos de las sanciones estadounidenses. Los contenedores eran parte de un opaco contrato para rehabilitar el emblemático hotel capitalino y ponerlo en manos de empresarios turcos cercanos al presidente Recep Tayyip Erdogan. Para los Khalil el favor no representó más que un pequeño gesto en medio de su esfuerzo por construir un emporio del sector turístico.

Los dineros negros de Andorra se lavan en el Caribe

Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero.

A Monómeros la ‘hackearon’ desde adentro

Más que Amparito, es esta empresa petroquímica la moza de la que todos los venezolanos se prendan en Barranquilla: filial de la estatal Pequiven, quedó en manos del gobierno interino de Juan Guaidó cuando Colombia, como otras democracias occidentales, desconoció el régimen de Maduro en 2019. Pero la medida no sirvió para protegerla, sino para dejarla a merced de las maniobras de un ingeniero con conexiones políticas y de su grupo, quienes no dudaron en pasar de gestores y contratistas de la compañía a hacerle competencia. 

24-11-21
Los amigos de la vicepresidenta dan la hora en la UCV

A pocos meses de su tercer centenario, la principal universidad del país fue tomada por el gobierno, de noche y tras muchos años de asedio. La ocupación se presenta benévola, dirigida por egresados afectuosos, y con el propósito único de restaurar el esplendor de un campus que hace más de dos décadas fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero, aún si nadie conoce los alcances y criterios profesionales de la intervención, hay un contratista que ya sabe de sus beneficios: Racar Ingenieros, una empresa con relaciones de vieja data con Delcy y Jorge Rodríguez.

Expulsado y con la muerte a cuestas

Una joven pareja de los llanos centrales venezolanos intenta desde 2020 llegar a Ecuador atravesando Colombia. Pero todas las rutas los conducen a la desgracia: ya han dejado dos hijas enterradas en el camino. El destino todavía les jugó otra mala pasada este año cuando al padre lo acusaron de participar en el bloqueo de una carretera y las autoridades lo expulsaron sin miramientos.

Una redada de venezolanos en Bogotá terminó en el Orinoco

El 23 de noviembre de 2019 fue un día de cuchillos largos en el barrio de Patio Bonito. En medio de protestas en la capital colombiana, una razzia policial recogió indiscriminadamente a los migrantes que encontraba en la calle y los arrastró a centros de detención. Allí los agrupó con otros individuos hasta llegar a 59, los montaron en un avión hacia la frontera con Venezuela y, para completar la expulsión colectiva, debieron sortear la ira de las turbas xenofóbicas.

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