En el estado de Apure, en pleno corazón de los llanos venezolanos, de vasta tradición ganadera, el calvario de los productores y distribuidores comienza mucho antes de llegar a los canales de comercialización. La alianza cívico-militar, eje del proyecto chavista en todo el país, despoja en la zona a los vendedores entre 10 y 50 por ciento de su mercancía para cebar negocios de dudosa legitimidad. No es solo una injusticia: en medio de la crisis económica, el arrebato agudiza la escasez de alimentos y el aumento de los precios. Armando.Info fue allí para presenciar el vandalismo legalizado que afecta a los productores de quesos artesanales.
En México hay una larga tradición de trampas en el suministro de productos lácteos empacados para programas sociales. Así que no debe extrañar que en ese país la corrupción venezolana haya conseguido la fórmula perfecta para hacer pasar en las llamadas Cajas CLAP un engrudo adquirido a precio de remate por leche de vaca en polvo. Por una misteriosa razón, empresas fantasmales o apenas conocidas son las que acaparan las órdenes de compra expedidas desde Venezuela.
El análisis químico a ocho marcas mexicanas que el Gobierno venezolano suministra a la población de bajos recursos a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), le da rigor científico a lo que pasaba por una leyenda urbana: en polvo será, pero leche no es. El fraude lesiona a la vez a las arcas y la salud pública, ofreciendo como alimento un amasijo pobre en calcio y proteínas pero repleto de carbohidratos y sodio.
La caja registradora del empresario venezolano Carlos Dorado no ha dejado de sonar, a pesar de las polémicas. Pasó de ser el opositor perseguido por el chavismo al empresario acomodaticio que se pasó a la acera de enfrente. Ni lo uno ni lo otro, dice él. Su trayectoria revela un pragmatismo empresarial y un empeño por retribuirle al país que lo adoptó todo lo que pueda, sin importar que en el camino le toque acercarse a las brasas.
Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.
Más de 550 millones de dólares se fueron por el despeñadero en unas instalaciones de Pdvsa Agrícola, que quedaron a medio construir en cuatro provincias de Venezuela. Un nuevo legajo de documentos judiciales y depósitos bancarios de la trama de la Operación Lava Jato –filtrados para este reportaje– involucran a Egly Ramírez, tío del expresidente de la estatal petrolera y actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, y a otros exfuncionarios en el escándalo de corrupción más grande de los últimos años que estableció un pago sistemático de sobornos a personas con responsabilidades en los gobiernos de América Latina para que la multinacional brasileña fuese adjudicada en las licitaciones
