El análisis químico a ocho marcas mexicanas que el Gobierno venezolano suministra a la población de bajos recursos a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), le da rigor científico a lo que pasaba por una leyenda urbana: en polvo será, pero leche no es. El fraude lesiona a la vez a las arcas y la salud pública, ofreciendo como alimento un amasijo pobre en calcio y proteínas pero repleto de carbohidratos y sodio.
La caja registradora del empresario venezolano Carlos Dorado no ha dejado de sonar, a pesar de las polémicas. Pasó de ser el opositor perseguido por el chavismo al empresario acomodaticio que se pasó a la acera de enfrente. Ni lo uno ni lo otro, dice él. Su trayectoria revela un pragmatismo empresarial y un empeño por retribuirle al país que lo adoptó todo lo que pueda, sin importar que en el camino le toque acercarse a las brasas.
Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.
Más de 550 millones de dólares se fueron por el despeñadero en unas instalaciones de Pdvsa Agrícola, que quedaron a medio construir en cuatro provincias de Venezuela. Un nuevo legajo de documentos judiciales y depósitos bancarios de la trama de la Operación Lava Jato –filtrados para este reportaje– involucran a Egly Ramírez, tío del expresidente de la estatal petrolera y actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, y a otros exfuncionarios en el escándalo de corrupción más grande de los últimos años que estableció un pago sistemático de sobornos a personas con responsabilidades en los gobiernos de América Latina para que la multinacional brasileña fuese adjudicada en las licitaciones
Mundo Digital USA, una empresa creada en Florida, y relacionada con otra compañía asentada en Madrid, está usufructuando casi todo el acervo musical de Venezuela luego de una sospechosa y poco clara operación. Se trata de una situación derivada del cambio de paradigma de consumo de las canciones y de cierta displicencia de las principales casas disqueras y los encargados de sus sellos, quienes no supieron advertir a tiempo los cambios legados por la tecnología. Los afectados -cantantes, compositores- siguen siendo los damnificados de siempre. El dinero que deberían devengar por sus creaciones llega incompleto y, a veces, nunca llega.
Con la cantidad invertida en 13 años en el Lago de Valencia, en el centro norte de Venezuela, el régimen chavista pudo haber construido 18 hospitales nuevos como el Cardiológico Infantil Latinoamericano de Caracas, o una vía de navegación como el canal de Panamá. Pero a contracorriente de los 385 millones de dólares echados al agua, la cuenca se ha convertido en el pozo séptico más grande de América Latina. Se trata de uno de los problemas ambientales más graves de la región, no solo por la contaminación sino por el costo social de 8.000 familias que están en riesgo de perder su casa y hasta de morir ahogados en aguas negras. Antes que atender esta situación, el régimen de Nicolás Maduro prefiere auxiliar a los damnificados de los huracanes Harvey e Irma, y dejar abandonados a los vecinos a la eterna improvisación venezolana.
