Más de 550 millones de dólares se fueron por el despeñadero en unas instalaciones de Pdvsa Agrícola, que quedaron a medio construir en cuatro provincias de Venezuela. Un nuevo legajo de documentos judiciales y depósitos bancarios de la trama de la Operación Lava Jato –filtrados para este reportaje– involucran a Egly Ramírez, tío del expresidente de la estatal petrolera y actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, y a otros exfuncionarios en el escándalo de corrupción más grande de los últimos años que estableció un pago sistemático de sobornos a personas con responsabilidades en los gobiernos de América Latina para que la multinacional brasileña fuese adjudicada en las licitaciones
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También el tío del embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, recibió comisiones de Odebrecht. El gigante de la construcción brasileña dio una tajada de sus sobornos a Egly Ramírez y el resto de la directiva de Pdvsa Agrícola. En Brasil calculan que desviaron más de 30 millones de dólares de los proyectos de etanol que Petróleos de Venezuela prometía en cuatro localidades del país.
Pdvsa alzó la bandera del etanol y las energías renovables hace 10 años. A tono con las tendencias del mercado, la estatal petrolera dibujaba el mapa del país con 17 plantas que aprovecharan los suelos del trópico, para convertir la caña de azúcar en combustible made in Venezuela. Prometía el futuro con energías limpias de la mano de un funcionario llamado Egly Antonio Ramírez Coronado, que no solo resultó ser el tío del entonces presidente de Pdvsa sino también uno de los tantos funcionarios de América Latina envueltos en el ya célebre escándalo de Lava Jato.
La primera vez que se supo de él fue en octubre de 2006. “Venezuela tiene grandes capacidades para producir etanol debido a las condiciones geográficas y climáticas, además de poseer excelentes relaciones con el mercado de los combustibles, situación que hace propicia la implantación de este recurso energético en los procesos de la industria”. Eso dijo Egly Ramírez en una nota de prensa que lo presentaba a la cabeza de un proyecto bandera que luego se convertiría en filial de Pdvsa. Ya no es el alquimista de entonces. Ahora destaca en los expedientes de la justicia brasileña como uno de los venezolanos tocados por la corrupción de Odebrecht.
A través de una empresa offshore registrada en Panamá con el nombre de Juston Business Corp, Egly Ramírez recibió comisiones junto a otros tres directivos de Pdvsa Agrícola: Alfonso Núñez, Miguel Ruiz y Raúl González Ciavaldini. La ficha clave en esta maraña de transferencias y negociados conduce al brasileño Osvaldo Basteri Rodrigues, que se presentaba como representante de Pdvsa Agrícola en Brasil.
Fue él quien estuvo tras la firma fantasma de Panamá; fue él quien recibió y movió los más de 30 millones de dólares, y, fue él quien negoció con Odebrecht a nombre de la plana mayor de Pdvsa Agrícola.
“Él era un representante, un interlocutor de Pdvsa Agrícola, que tenía la tarea de intermediar (…) era propietario de dos empresas llamadas Juston e Intersugar, y cuando se hizo el contrato fue autorizado el pago para ese señor, a través de esas empresas”, confesó ante los fiscales del caso Marcio Faria Da Silva, uno de los directivos de la empresa brasileña que –a cambio de beneficios procesales– ayudaron a armar el rompecabezas del caso Lava Jato.
Los de Odebrecht inflaron el monto de los cuatro complejos agroindustriales con los que Pdvsa anunciaba la premier del etanol criollo. Un nuevo legajo de documentos y depósitos bancarios –filtrados para este reportaje– ahora deja ver que las procesadoras que prometían en el estado Trujillo, en los andes venezolanos, así como en los estados llaneros de Barinas, Cojedes y Portuguesa, quedaron encarecidas por subcontratos simulados.
“Tuve conocimiento de que se realizaron pagos de coimas a la empresa de Osvaldo por medio de la celebración de contratos ficticios”, explicó el 14 de diciembre de 2016, sentado ante los fiscales, Marcio Faria Da Silva, uno de los directivos de Odebrecht que desde Sao Paulo daba el visto bueno a sus representantes en Caracas.
La empresa de papel recibió 33 millones 184 mil dólares de la firma Innovation Research Engineering and Development Ltd, una de las fachadas ahora más conocidas del llamado Departamento de Operaciones Estructuradas, que Odebrecht empleó como un eufemismo para evitar presentarla como su unidad de sobornos y comisiones. En total, fueron 23 depósitos que salieron de esa empresa, entre noviembre de 2011 y enero de 2014, desde una cuenta del Meinl Bank de Antigua y Barbuda, uno de los bancos donde los brasileños guarecieron buena parte de sus operaciones.
Todo comenzó en el restaurante Rubaiyat de Sao Paulo, uno de los más reconocidos en carnes según las guías gastronómicas de la ciudad. Entre algún corte de ternera, el brasileño Osvaldo Basteri habrá cerrado el negocio a nombre de Pdvsa Agrícola con un contrato ficticio que tiene fecha del 10 de octubre de 2011. “¿Qué resultó de esa comida? Lo que resultó fueron pagos por 32 millones de dólares”, recordó César Faría Rocha, uno de los asistentes, pero ya no desde la comodidad de un restaurante de lujo sino frente a los fiscales que el 14 de diciembre del año pasado lo interrogaron sobre su papel como ejecutivo de Odebrecht.
Faria no precisa cómo se dividieron el botín a lo interno de Pdvsa, pero igual no caben dudas de que los gerentes también estuvieron en la repartición. “Usted no va a pagar 30 millones de dólares de más sin recibir dinero a cambio”, dijo a los fiscales que preguntaban sobre los venezolanos. Quien sí mencionó con nombre y apellido al tren gerencial de la filial agrícola de Pdvsa fue su colega Marcio Faria Da Silva. “Yo aprobé los pagos”, resumió. “Lo que fui informado es que (Osvaldo Basteri) representaba al señor Alfonso Núñez, Egly Ramírez, Miguel Ruiz y Raúl González; yo no los conocí y tampoco sé cómo se dividieron entre el señor Osvaldo y ellos”.
Según los propios testigos –cómplices devenidos en delatores–, “las comisiones suman alrededor de “6% de los valores recibidos y no de los valores contratados”, lo que quiere decir que más de 50 millones de dólares se fueron por el despeñadero en unas instalaciones de Pdvsa Agrícola cuyas postales advierten que quedaron a medio hacer.
La maleza hoy copa buena parte de las 22.000 hectáreas del municipio Anzoátegui del estado Cojedes, donde Pdvsa proclamaba el Complejo Agroindustrial Derivado de la Caña de Azúcar (Cadca). Las imágenes son elocuentes: el llano infinito apenas interrumpido por un esqueleto de metal que debió sentar las bases de una planta de etanol.
Hace dos años se escuchó allí por última vez el ruido de una construcción. Los trabajos están parados desde entonces, pero calcular el daño patrimonial resulta tarea complicada porque aun antes de Odebrecht, entre los años 2008 y 2011 la construcción estuvo a cargo de la cooperación cubana. Pdvsa Agrícola incluso compró una docena de fincas de los alrededores que ahora están improductivas.
Lo del etanol terminó en estafa. El presidente de la Asociación de Cañicultores de Cojedes, Luisidio Herrera, recuerda que las últimas noticias que dieron a los productores de la zona –quienes recibieron financiamiento para sembrar caña de azúcar mientras levantaban la planta– es que la obra no superó un porcentaje de 38% de avance.
El caso se repite en las otras tres localidades: que no está listo, que eso quedó en veremos, que llame después, resumieron esta semana al otro lado del teléfono en las comunidades involucradas de los estados Barinas, Portuguesa y Trujillo.
En Pdvsa, entretanto, no hay respuestas. La estatal petrolera pasó de largo de las solicitudes de información que pedían un balance para este trabajo. Tampoco dieron noticias de los funcionarios involucrados a quienes se intentó contactar mediante comunicación escrita.
En las zonas afectadas han dejado saber que Pdvsa Agrícola ahora baja la santamaría. En nombre de la Asociación de Cañicultores de Cojedes, Luisidio Herrera comenta que la coordinadora regional de ese organismo, Inés Velásquez, les informó que esa filial de la petrolera venezolana cesaría sus funciones y que el proyecto de los complejos agroindustriales de derivados de la caña de azúcar (Cadca) pasaría a manos de un nuevo organismo llamado Pdvsa Etanol.
En Venezuela ni siquiera se vieron obligados a terminar los contratos que les permitieron pagar sobornos a cambio de sobreprecios.
Pdvsa Agrícola quedará entre las filiales que la petrolera tuvo que relanzar. Tras el escándalo de los negocios con alimentos descompuestos, algo similar ocurrió en Pdval, una filial precisamente fundada y registrada por el mismo tío de Rafael Ramírez que despunta entre los venezolanos involucrados en el escándalo más grande de la historia de Brasil y América Latina.
En otros países Odebrecht al menos concluyó las obras, pero en Venezuela ni siquiera se vieron obligados a terminar los contratos que les permitieron pagar sobornos a cambio de sobreprecios. El Ministerio Público no se ha pronunciado en esta ni en otras de las construcciones paradas. Ni siquiera porque –paradojas de esta historia– el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, también prometía dos plantas de etanol en el estado Anzoátegui cuando era gobernador de esa entidad.
Saab regresó en 2005 de una visita oficial a Cuba con la promesa de dos plantas de etanol en Anzoátegui. En comparsa con Pdvsa Agrícola, mostró las fotos de un encuentro privado con el entonces mandatario cubano, Fidel Castro, así como los planes de unas procesadoras de caña de azúcar que también se quedaron en palabras.
Más de 12 años después, el fiscal ha descartado investigar al gobernante Nicolás Maduro, y a otros de los líderes del chavismo vinculados a la trama de Lava Jato. No tardó, sin embargo, en denunciar una conspiración de sus antecesores del Ministerio Público, luego de que el fiscal Pedro Lopera –hoy en el exilio– sustanciara un expediente contra el constituyente Diosdado Cabello y dos de sus primos, por las copias de transferencias a la empresa TSE Arietis, que encontró durante el allanamiento que practicó en las oficinas que la constructora mantenía en Caracas.
(*) Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas integrada por periodistas de IDL-Reporteros (Perú), La Nación (Argentina), O´Globo (Brasil), La Prensa (Panamá), Sudestada (Uruguay), Quinto Elemento Lab (México) y Armando.Info en Venezuela.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
