Van sin pausas pero, contrariamente a lo que establece el refrán, con mucha prisa. La familia Mussa, en el estado Bolívar ha logrado desde finales de 2020 y en plena pandemia de coronavirus multiplicar una red de farmacias tras una fulgurante carrera empresarial a la sombra del antiguo gobernador y críticas por llevar a cabo prácticas reñidas con la ética empresarial y farmacéutica
A finales del año pasado, los rumores en las redes insistían en que "unos iraníes" habían tomado control de Lácteos Los Andes, la productora expropiada por Chávez en 2008. Pero la realidad tenía sus matices: sí eran musulmanes y con presuntas conexiones en Teherán, pero venezolanos de origen libanés, quienes a través de terceros se apoderaron de la compañía en 2020, como parte de la ola de reprivatizaciones camuflada por la figura de la "alianza estratégica". Se trata de los hermanos Khalil, viejos aliados oficialistas como tempranos sancionados por Washington. Aunque con fines de convertirse en proveedores de los Clap, esta es la segunda incursión en mercados de consumo masivo que se les conoce desde la compra de Eveba en 2003.
Los nuevos dueños del central azucarero Pío Tamayo no son, ni de lejos, unos novatos para la Revolución Bolivariana ni para el “zar agrícola” Wilmar Castro Soteldo, quien, junto a su sobrino Luis Fernando Soteldo, ha guiado la transferencia de muchas otras propiedades a la pareja de Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda. Silos, trilladoras de arroz, hatos, mataderos industriales, contratos privilegiados como proveedores de la Corporación Venezolana de Guayana, son algunas de las prebendas recibidas.
Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual del central azucarero Pío Tamayo en el estado Lara. Es el colofón de un proceso de desmantelamiento, mediante nacionalizaciones y quiebras, de lo que alguna vez fue una poderosa procesadora de caña. Ahora puesta en manos de unos privados sin experiencia en la industria pero con contactos en el oficialismo, despedida toda su plantilla obrera, parece destinada a la maquila, aunque todavía nadie explica -y nadie entiende- qué se planea hacer con sus instalaciones.
Beijing le vendió en 2011 al gobierno de Hugo Chávez ocho aviones de transporte militar en una movida rápida para dotar a la Aviación Militar, tras el boicot estadounidense a la venta de repuestos para los Hércules C130 y otros equipos. En el oscuro negocio, que sirvió de bautizo de fuego a quien ya se convertía en el gran comprador del chavismo, el general Giuseppe Yoffreda, la ambigüedad en la tasa de cambio del negocio y el amplio margen dejado para el pago de extras hizo del precio de cada aeronave una incógnita.
Se anunció como medida necesaria y casi inflexible para salvar vidas: los vuelos desde y hacia Venezuela quedaron congelados al comienzo de la cuarentena que decretó el gobierno de Nicolás Maduro en marzo para frenar la pandemia de Covid-19. Sin embargo, un monitoreo revela que las limitaciones se administraron a discreción durante lo que va de pandemia. La estatal Conviasa, por ejemplo, viajó más de un centenar de veces a Cuba, Irán y Rusia, esto es, una frecuencia cuatro veces superior a la de los vuelos calificados como ‘humanitarios’.
