La sombra de los negocios de su yerno cubre al general Rangel Gómez en México

El elefante es literalmente blanco. La casa está pintada de ese color, veteado por el tiempo y por el descuido. No muy lejos de allí, en Sierra Gorda 150, otra casa blanca, la de Enrique Peña Nieto y Angélica La Gaviota Rivera, dio lugar a un escándalo nacional que puso en jaque al más reciente y quizá último Gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional).

Ahora, todavía en tiempos de la Cuarta Transformación de López Obrador, Lomas de Chapultepec es el refugio del poder y de las grandes fortunas en la capital mexicana. Pero esta casa blanca ofrece signos de deterioro. A manera de cortinas, cuelgan pedazos de tela en las ventanas.  ¿Es una empresa? ¿Metalúrgica? Los vecinos insisten en que no saben al respecto.

Según documentos, Quimera Metals, una sociedad anónima de capital variable, tiene sede en esta estructura abandonada. El 9 de junio de 2005, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Interiores de Estados Unidos Mexicanos, a través de la Subdirección de Sociedades, autorizó su constitución. El trámite está asentado en el folio 28231J35, con el número de expediente 200509014428.

La Coordinación General de Puertos del Estado mexicano autorizó, en octubre de 2015, que un consorcio de tres empresas entregara, en comisión, a la firma Mexus Shipping Sociedad Anónima su calidad de operador naviero en el puerto de Veracruz, el principal del país. Las empresas autorizadas para ese movimiento fueron: Glencore de México, Quimera Metals y Mexmarines Services. El objetivo de la transacción fue que Mexus Shipping pagara comisiones a estas tres firmas para actuar como su agente de navegación y representar a esas tres empresas en sus negocios por vía marítima.

Tan opaco y misterioso como la fachada de la sede de Quimera Metals es el rostro de González Piazza. Su entorno próximo ha tenido más notoriedad que él. Su madre, Marzia Rita Piazza Suprani, fue coronada Miss Venezuela de forma interina en 1969 tras la renuncia de la ganadora del concurso de belleza ese año.

Después de 50 años de esa corona sobrevenida, la propia Piazza Suprani figura como accionista minoritaria y secretaria de, al menos, otras dos empresas de su hijo, según consta en el Registro Público de Comercio, en Ciudad de México.

Una de esas empresas es Inmobiliaria Capital 9, sociedad anónima de capital variable (es decir, con fines de lucro y capitales divididos en acciones) dedicada a la “enajenación, adquisición, arrendamiento, comercialización, administración y permuta de bienes inmuebles”, constituida el 15 mayo de 2018 ante el notario público número 235 de la Ciudad de México, Fernando Dávila Rebollar En el documento constitutivo, Piazza Suprani, la madre, figura como secretaria en el documento constitutivo. González Piazza, el hijo, como presidente.

Otra es Arabian Soul Partners LTD, también sociedad anónima de capital variable. Se constituyó el 3 de junio de este año por el fedatario número 244 de Ciudad Cuauhtémoc, Celso de Jesús Pola Castillo. El objetivo de esta empresa es únicamente criar caballos.

La red de socios de González Piazza trasciende el lado materno. Otro nombre que resalta en los documentos del Registro Público de Comercio es Marciano Verdi, un joven de origen brasileño quien en varios videos de YouTube (en los que se le ve con barba, camisas celestes y un buda dorado junto a una foto familiar de fondo) pontifica sobre las bondades del emprendimiento: “Yo creo que ser emprendedor no es algo que aprendes en la escuela. Uno tiene el perfil o no lo tiene”.

Y Verdi lo tiene. Es inversionista mayoritario de Marcap Holding, sociedad anónima de capital variable con duración indefinida, constituida el 5 de julio de 2017 en frente del notario público número 13 de Ciudad de México, Ignacio Soto Sobreyra. Su objeto social es adquirir acciones, intereses, participaciones o partes sociales de otros grupos mercantiles. 
También González Piazza, el yerno del general retirado y exgobernador Rangel Gómez, parece que tiene lo que hay que tener.

Con Verdi como inversionista mayoritario, con la misma figura de sociedad anónima de capital variable, en la misma fecha, con el mismo notario, en la misma ciudad y con el mismo objeto social, González Piazza constituyó otra empresa: Raw Holdings.

Pero a diferencia de Verdi, su socio y gurú del emprendimiento; de su madre, exreina de belleza; y de su suegro, el mediático exgobernador Rangel Gómez, González Piazza no se entiende con los medios ni con las redes sociales. De ese racimo de personalidades solo queda el perfil de Facebook de Quimera Metals con 41 “amigos”. En el muro apenas hay un comentario del 27 de abril de 2018: “Nefasta la empresita. Nefasta la calidad de la gente que en ella trabaja”. 

La última conexión desde la cuenta fue el 19 de julio de 2019, cuando alguien vio un mensaje en el que se solicitaba una entrevista para este trabajo. No hubo respuesta.

El entramado de intereses empresariales tejido por su yerno en México explica por qué el general Rangel Gómez optó por aterrizar en la red de seguridad de ese país al abandonar la Gobernación del estado Bolívar, que ocupó durante 13 largos años.

El modo en que dejó el cargo en octubre de 2017 fue en silencio, de muy bajo perfil, casi antinatural para un gobernador que durante su gestión se había caracterizado por una amplia exposición en medios.

Fue en 2017. Fue al cabo de un fraude electoral en cuya ejecución sin duda participó.  

Por esos días, en las calles de la capital del estado, Ciudad Bolívar -la antigua Angostura, a orillas del río Orinoco-, el opositor, exdiputado y exgobernador Andrés Velásquez denunciaba que el oficialismo quería desconocer su triunfo electoral para el cargo de Gobernador del Estado. Sus gritos se mezclaban con las consignas y el sudor de sus seguidores, el calor soporífero y los gases lacrimógenos que, de vez en cuando, disparaba la Guardia Nacional para reprimir la protesta. Todo ocurría a pocos metros de la oficina regional del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La elección había sido el domingo 15 de octubre de 2017. Al final de la jornada la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció desde Caracas que todavía no había resultado para la Gobernación de Bolívar. Más tarde, en la madrugada del lunes 16, la autoridad electoral dio por ganador durante algunos minutos, con el título “adjudicado”, a Velásquez. Luego, la información desapareció de la página y comenzó la incertidumbre de los dos días siguientes, con la calle, las protestas, las consignas de fraude, las lacrimógenas.

A las 12:12 del 17 de octubre, en su cuenta de Twitter (@rangelgomez), el hasta entonces gobernador anunció que otro general y militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Justo Noguera, sería su sustituto: “Felicitaciones Pueblo de Bolívar una vez más nos diste una lección de victoriosa democracia y en paz @JustoNogueraP GOBERNADOR! (sic)”. Siete minutos después, escribió el último tuit de su autoría: “Corresponde continuar avanzando por Bolívar, alternativa no petrolera de Vzla por sus recursos y Fuerza Laboral comprometida! @JustoNogueraP (sic)”.

A la medianoche del 18 de octubre, Rangel Gómez llegó a la oficina regional con Noguera y otros militantes del PSUV para la proclamación del candidato oficialista. Los resguardaban barricadas, oscuridad, militares y las nueve toneladas de cada una de las tanquetas VN-4 de la Guardia Nacional.

Fue su última aparición pública. Desde entonces, Rangel Gómez hizo silencio y emprendió otro camino. No en el estado Bolívar, sino en México. Era el final insulso de una carrera política que, a la sombra de su colega de armas, Hugo Chávez Frías, lo había convertido en el virtual zar de la región de la Guayana venezolana, el enclave de esa caja chica de emergencia llamado pomposamente por el chavismo como el Arco Minero del Orinoco, y que llegó a darle un perfil de presidenciable.

Antes de que su yerno constituyera el tinglado empresarial, según confesó en diversas entrevistas durante su mandato, a Francisco Rangel Gómez (nacido en Caracas el 4 de abril de 1953), no le interesaban los cargos públicos de elección popular.

Con la gestión de Hugo Chávez (su compañero en la promoción Simón Bolívar, de 1975, de la Academia Militar de Venezuela) comenzó su tránsito por la administración pública. En 1999, luego de un año como director de la Academia Militar, se separó del Ejército para asumir el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. En 2001, por designación de Chávez, llegó a Puerto Ordaz como titular de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) ente que, con rango de ministerio, fundó en 1960 el expresidente Rómulo Betancourt para regir el levantamiento de las empresas básicas y de la región.

Al llegar al estado Bolívar e iniciar su gestión pública, el propio chavismo lo acusó de representar la “derecha endógena”, un eufemismo que la izquierda revolucionaria endilgó a una logia militar-desarrollista que acompañó a Chávez desde los cuarteles.

Certera o no la expresión, Rangel Gómez hizo poco para refutarla desde la Gobernación. Su tren de vida justificaba su fama de bon vivant que cultivó, por ejemplo, con su presencia habitual en Posada de Chiquito, una de las marisquerías más famosas de Puerto Ordaz, y por su penthouse en el conjunto residencial Parque Loefling, uno de los edificios más costosos de esa ciudad, baluarte de clase media profesional y comerciante sobre la ribera izquierda del río Caroní, justo en su confluencia con el Orinoco. El gobernador profesaba sin pudor su predilección por los relojes Rolex, Bell & Ross, IWC y Panerai, y las camisas Tommy Hilfiger y Columbia.

Menos cosmético, de mayor calado político, fue el grave malentendido que protagonizó durante las jornadas del 11 al 13 de abril de 2002, en las que Chávez fue apartado del poder durante 47 horas.

El propio 11 de abril, el día del golpe de Estado contra Hugo Chávez, Rangel Gómez pidió las cámaras del canal regional TV Guayana para pronunciarse contra los asesinatos que hubo en Caracas durante una marcha de opositores que iban al Palacio de Miraflores, incidentes que sirvieron como excusa para los rebeldes declarar desobediencia al Gobierno y exigir la renuncia del presidente Chávez.

Con mirada fluctuando entre el piso y la cámara, hombros encogidos, dedos entrelazados y más balbuceos que frases concretas, anunció su renuncia al cargo de titular de la CVG con una declaración resbaladiza: “Realmente, no me siento identificado con las acciones, especialmente lo que ha ocurrido el día de hoy. Prefiero salir del sector gobierno. Asumo toda la responsabilidad. Tenía toda la esperanza de que esta crisis profunda se resolviera y, por el contrario, se recrudeció con los lamentables hechos que estamos viendo en nuestra ciudad capital”. 

La militancia chavista nunca le perdonó aquella traición. Sin embargo y contra todo pronóstico, Chávez sí la perdonaría.

Luego, toda una serie de denuncias de corrupción en su contra, algunas provenientes del ala izquierda de sus propias filas, diezmarían el liderazgo de Rangel Gómez, al que buscaría apuntalar siempre con un pretendido perfil de técnico.

La primera acusación de corrupción provino del mismo chavismo. En un informe interno, Roy Rodríguez, presidente durante 2001 de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco (FMO), advertía al Gobierno central en Caracas que Rangel Gómez estaba cometiendo “uno de los fraudes más impresionantes en Guayana” al firmar el contrato con la empresa canadiense Cristallex para la explotación de la mina de oro Las Cristinas, ubicada en el municipio Sifontes, en el sur del estado.

Chávez no prestó atención a las advertencias, pero el tiempo corroboró que las alertas tenían asidero. En 2010, ocho años después de la firma y según cita el periodista Damián Prat en su libro Guayana: el milagro al revés, en Las Cristinas no se había producido “ni un gramo de oro. La transnacional jamás realizó las inversiones prometidas, con la excusa de que el Ministerio de Ambiente, es decir, su socio, le negaba los permisos ambientales, cosa que ocurrió. En cambio, Cristallex negoció sus acciones en las bolsas de valores del mundo y obtuvo enormes ganancias y multiplicó su patrimonio porque tuvo en su cartera de activos la concesión de Las Cristinas”. 

En 2010, Chávez, desde Bielorrusia, se refirió al proyecto recordando que “esa mina es venezolana y se la habían entregado a unas transnacionales. Hoy yo anuncio al mundo que la recuperó el gobierno revolucionario”, aunque esa entrega ocurrió durante su “gobierno revolucionario” y con la firma de su viejo amigo Rangel Gómez, a quien, pese a todo, ungió como candidato a gobernador de Bolívar. Con pocas palabras lo convenció de que se lanzara a gobernador: “Métete en política, gordo. Te va a gustar”.

Ciertamente le gustó. Ganó las elecciones regionales de 2004 sobre el portaviones de Hugo Chávez y duró en el cargo hasta 2017. Ningún otro gobernador en la historia republicana ha detentado el cargo por tanto tiempo.

Desde que su suegro fue proclamado gobernador en 2004, González Piazza desarrolló buena parte de sus negocios con empresas estatales venezolanas a través de Quimera Metals. Su firma reluce en diversos documentos suscritos con el Estado.

En México, sin embargo, no se ocupó de tener todos los papeles en regla. Por ejemplo, Quimera nunca solicitó permiso ante alguna de las 32 unidades de la mexicana Comisión Nacional del Agua (Conagua), una condición sine qua non para las empresas manipuladoras de metal.

Desde luego, se trata de una infracción menor. Por lo tanto contribuyó menos a levantar el perfil público de Quimera Metals y de González Piazza que su participación en 2014 en el evento México- Cumbre de Negocios, presidida por el político priista Miguel Alemán Velasco. González Piazza había logrado codearse con las más grandes esferas políticas y financieras de México. En el evento se presentó como ponente en el ramo de la producción de metal.

Apenas un año antes, la denuncia formulada ante la Fiscalía por el diputado opositor Andrés Velásquez (también contendor de Rangel Gómez en tres elecciones de gobernadores: la de 2008, la de 2012 y la del fraude perpetrado en 2017), había hecho conocer al público en Venezuela el nombre de Carlos Rodrigo González Piazza. Denunciaba al suegro por tráfico de influencias y concertación con contratistas en favor del yerno. El catálogo de empresas y de conjurados que presentó Velásquez era amplio, pero con un nombre que se repetía constantemente: Quimera Metals.

Esa empresa, constituida en 2005, ya en 2006 obtenía la calificación para trabajar con CVG Venalum, la empresa estatal venezolana dedicada a la producción de aluminio primario para la exportación.

De acuerdo a la denuncia de Velásquez en 2013, Venalum venía vendiendo aluminio a la firma V. Aluminium Group INC, que a su vez revendía la materia prima a la mexicana Quimera Metals, del yerno de Rangel Gómez, que la importaba por el puerto de Veracruz.

V. Aluminium Group es propiedad de Jesús Vergara Betancourt, creador de Fundación Lala, una de las iniciativas filantrópicas más queridas en Ciudad Guayana.

La sede de V. Aluminium Group INC. Aparece en los registros con sede en el segundo piso del edificio Torre Advanced, en la calle Ricardo Arias, de Ciudad de Panamá. Pero allí, en 2019, hay otras oficinas: Camarena, Morales y Vega-Abogados; Noia Industrial S.A.; GCP Applied Technologies; Jorge Constarangos G.-Abogados; Attorneys at Law-Débora de Costarangos; Dysautonomia in Panama; Realty-bienes raíces y Costarangos Realty. En la conserjería del edificio no recuerdan que alguna vez hubiera una oficina de V Aluminium Group.

Lo cierto es que las negociaciones de Vergara y de González Piazza traspasaron las fronteras del continente. El 15 de febrero de 2008, desde Ciudad Guayana, Vergara envió un fax para JB Commodities AG, domiciliada en Neuhofstrasse 4, 6341 Baar, Suiza, con el énfasis de “Atención: Rodrigo González”, para, luego de un “cordial saludo en nombre de V Aluminium Group INC”, presentar la cotización por 2.000 toneladas métricas de aluminio P1020. El precio: 2.550 dólares por tonelada métrica: Era el mismo aluminio que, comprado en Venezuela con dólares preferenciales, luego revendía Quimera Metals. 

Un rastreo en los registros mercantiles de Caracas y el estado Bolívar permite comprobar que Quimera Metals nunca fue incorporada en Venezuela ni estuvo inscrita en el Registro Nacional de Contratistas. De esto último se desprende que no podía contratar con el Estado venezolano, una irregularidad. Y, sobre todo, que no estaba en condiciones de participar en licitaciones.

En septiembre de 2007, la oficina de CVG Internacional en Madrid, España, pagó casi 1,7 millones de dólares para la compra de 30.000 bicicletas que pidió la Gobernación de Bolívar, liderada por Rangel Gómez. El monto lo facturó una empresa radicada en Barbados, denominada Logistic Trading Services LTD. La compañía era propiedad de Yamal Mustafá, dueño del diario Primicia de Puerto Ordaz, investigado y apresado en 2013 por participar en una red de tráfico de mineral de hierro de Ferrominera del Orinoco. 

Logistic Trading Services aparecería en 2013 como receptora de “al menos 6 millones de dólares americanos” que, según dijo Mustafá a sus interrogadores de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), estaban destinados como sobornos para el coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, (a) El Tiburón, también arrestado por el caso de la red de tráfico de mineral de hierro. 

Pero en 2007 no se sabía que Logistic había vendido a CVG y a la Gobernación de Bolívar -en ambos casos el titular era Rangel Gómez- tanto bicicletas como balones de fútbol y motocicletas sin licitación de por medio. El negocio no quedó solo en bicicletas que Rangel Gómez repartía en los actos públicos que, al día siguiente, eran foto principal en los periódicos favoritos de las pautas publicitarias de la Gobernación.

“Daniel, nos pidieron 20.000 balones tamaño profesional (blancos todos) con el logo de la Gobernación, el nuevo, el cual te estoy mandando el día de hoy por DHL. Como siempre, la cotización debe ser CIF Pto (sic) Cabello o La Guaira y necesitamos muestras lo más pronto posible, ya que los balones deben de estar aquí a más tardar la primera quincena de abril”.

Con ese mensaje, el 4 de enero de 2007, González Piazza solicitaba a uno de sus trabajadores que respondiera con brevedad una cotización para el gobierno de Rangel Gómez. Los balones no eran la única petición. “Espero en febrero poder montar las bicicletas”.

El interlocutor en este correo electrónico es Daniel Infante, de Tasodi Comercializadora, otra sociedad anónima de capital variable en México. Su presidente era el mismo González Piazza.

El escándalo por las acusaciones de Velásquez en 2013 se diluyó entre el empeoramiento de la crisis humanitaria en Venezuela y la dinámica política que imponía el recién instaurado régimen de Nicolás Maduro. Pero en 2016 el escándalo de los llamados Panama Papers terminaría de poner en evidencia que buena parte del patrimonio de Rangel Gómez y sus familiares se refugiaba en paraísos fiscales.

En un mediodía lluvioso de finales de julio de 2019, un vigilante abre la ventana corrediza de la garita de Residencias Vista Real, en Puerto Ordaz, Bolívar. Se trata de un edificio de ladrillos con cercado eléctrico. Agentes inmobiliarios consultados refieren que un apartamento acá cuesta entre 60.000 y 150.000 dólares.

-Buenas tardes. ¿Aquí está la sede de Argeneus LTD?

-No.

-¿Aquí no hay oficinas?

-No. Solamente apartamentos familiares.

-Pero tengo registros de que aquí está la sede de esa empresa.

-Una oficina fantasma. Esa es la única manera. ¿Cómo se llama la persona encargada de eso?

-Carmelo Chircop, Karina Isabel Meléndez Quintero, Gabriel Dingli y Francisco Rangel Escobar.

-No. Esa gente no están aquí ninguno, mano. Ese es un apartamento vacío. Ese Rangel es el hijo de Rangel Gómez.

-¿Rangel cuál? ¿El gobernador?

-Sí. 

El vigilante sabe que algo no va bien en el edificio. O que no estuvo bien en algún momento, cuando, con regularidad, en frente de la entrada principal había estacionada una camioneta con el logo de la Gobernación de Bolívar.

El apartamento 7-1 de este edificio, construido en la intersección de la calle Caruachi con la avenida Las Américas, figura como sede de Argeneus LTD, empresa registrada en Malta, una nación insular del Mediterráneo Oriental, el 29 de abril de 2014. Como confirma el vigilante, el hijo de Rangel Gómez es uno de los socios. O era.

La información de Argeneus LTD estaba en el bufete panameño Mossack Fonseca & Co, origen de la masiva filtración que en 2016 dio lugar a los Panama Papers. Argeneus está constituida en Malta. Su presidente es Francisco José Rangel Escobar, el hijo del exgobernador Rangel Gómez. Pero rastros de empresas de Rangel y su círculo íntimo llevan también a Panamá, México y Barbados, según se comprueba en distintas bases de datos.

En Panamá hay tres compañías: Blackshaw International Corp., Brieta Group Corp. y Toreto Holdings INC. Todas tienen a Carlos Rodrigo González Piazza por presidente. En sus juntas directivas siempre aparece la mexicana Ana Paula Santander. Trabajó en Quimera Metals junto con su hermano, Jorge Santander, y al parecer conocía al detalle los montos de las transacciones que invertía la Gobernación de Rangel Gómez en las empresas del yerno.

De ello da pista, por ejemplo, un correo del 23 de octubre de 2007, cuyo asunto era “Factura Volare (8)”, Ana Paula Santander (desde el correo [email protected]) escribe a González Piazza: “RO (sic), aquí está la factura por 8 camiones. Saludos”. La factura, del 18 de octubre de 2007, estaba emitida por Logistic Trading Services LTD (la misma de Barbados en la que Yamal Mustafá tenía acciones) para el Fondo de Desarrollo Económico del estado Bolívar, dependiente de la Gobernación del estado. Efectivamente, la descripción detalla autobuses Marcopolo, modelo Volare W9. La diferencia está en el número de unidades: no las ocho señaladas por Santander en el correo de marras, sino 30. El monto: casi 2 millones de dólares.

Mientras los entramados de corrupción se fraguaban, dentro del chavismo había voces disidentes que olfateaban que algo no iba bien con Rangel Gómez. En 2007, el grupo oficialista Revolución en la Revolución (Renlar) intentó organizar un referendo para revocarle el cargo de gobernador. No recabó el número suficiente de firmas.

En cambio, en 2008, el recién creado Partido Socialista Unido de Venezuela postuló a Rangel Gómez como candidato a la reelección. El 23 de noviembre de ese año ganó con 210.000 votos (47,38%). Para esa campaña (y la siguiente) contó con un aliado cuyos procedimientos desataron una sacudida continental y llevaron a la cárcel a varios expresidentes latinoamericanos e, incluso, al suicidio de uno de ellos: la constructora brasileña Odebrecht.

El director superintendente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, dijo en 2016, durante las investigaciones del caso de pagos de coimas a funcionarios gubernamentales de toda Latinoamérica, que contribuyó con las campañas de 2008 y de 2012 de Rangel. “Él siempre se comprometió a que cuando tuviese reuniones de alto nivel con el gobierno, pediría priorizar el desarrollo de nuestras obras”. 

  En 2012, Rangel ganó su tercera elección con 173.000 votos (con denuncias de fraude y ventajismo de su contendor Andrés Velásquez) e inauguró su tercer período. No contó solo con el apoyo de Odebrecht para aquella campaña. También con fondos de gobierno: al menos dos casos dejaron rastros. El primero es de cinco millones de bolívares que el 28 de septiembre de 2012 depositó CVG Minerven como “fondos de misión” en la cuenta del Banco Caroní de Corpobrica, empresa de Yamal Mustafá, para refrigerios de actos proselitistas. El segundo es de fondos de la misma Gobernación para propaganda: al menos 664 millones de bolívares.

Al año siguiente, con el encarcelamiento de Mustafá, muchos dieron por hecho que el gobierno de Rangel Gómez había llegado a su fin, pero sorteó obstáculos para permanecer en el poder hasta completar su tercer periodo. 

 En 2018, varios medios venezolanos, a partir de una nota de El Pitazo, dieron por hecho que Rangel Gómez y su esposa, Nidia Escobar, estaban pidiendo asilo en México. Consultado al respecto, el Instituto Nacional de Migración de México se negó a ofrecer información para esta investigación.

 No obstante, una fuente de ese organismo confirmó que en septiembre de 2018, Rangel estuvo detenido algunas horas en el Aeropuerto Internacional de Cancún, el balneario en la península de Yucatán. Las autoridades migratorias lo interrogaron por sus estatus sancionatorios tanto por Estados Unidos como por Canadá. Cuando determinaron que no había una sentencia judicial, lo dejaron ir.

 De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; hasta mayo de 2017, Diosdado Cabello Rondón, gobernador de Miranda entre 2004 y 2008, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2013 y 2015, el segundo a bordo del chavismo, desarrolló negocios mineros “ilícitos” relacionados con otros personajes de la política venezolana, incluido Francisco José Rangel Gómez.

 Cabello Rondón y Rangel Gómez, de acuerdo con la acusación, habrían blanqueado dinero de las arcas venezolanas malversando fondos a través de edificios de apartamentos y centros comerciales. Además, Cabello, Rangel Gómez y sus asociados habrían trabajado juntos para acceder ilegalmente a la explotación de minas. En específico, habrían extraído hierro para exportarlo a través de Ferrominera del Orinoco (FMO). Aunque FMO es una empresa legítima, Cabello y sus asociados estarían asociados con líderes dentro de la compañía que facilitaban la extracción y exportación ilegal del material extraído.

Sobre Cancún y la familia Rangel Escobar hay al menos otra certeza guardada en la Notaría Pública Primera de Puerto Ordaz: un permiso que firmaron Francisco José Rangel Escobar y Aline Renée Urreiztieta de Rangel para que sus dos hijos (una niña y un niño) viajaran fuera del país acompañados por Nidia Escobar de Rangel. La fecha del viaje: 7 de abril de 2017. La ruta: del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, al Aeropuerto Internacional de Cancún. La matrícula del avión: N787NM.

En la misma notaría hay otra autorización casi simultánea para que Nidia Escobar viajara con esos nietos desde Maiquetía hasta Santo Domingo, República Dominicana, el 17 de abril de 2017 en el mismo avión.

La Notaría Primera no solo devela esos datos sobre los viajes en vuelos privados, sino que revela otros negocios de la familia de Rangel Gómez.

 Un ejemplo: en los archivos de 2017 de esa oficina está el documento en el que la representante de la sociedad mercantil Come Sano, con registro de información fiscal J-40555534-3 (constituida en 2015), alquila un local en la planta baja del centro empresarial 303, en Alta Vista, Puerto Ordaz. En ese local funciona el gimnasio O2, propiedad de la representante de esa sociedad mercantil: María Alejandra Rangel Escobar, la hija mayor del exgobernador que en 2015 exigió a la militancia pesuvista que no se molestara si no conseguía comida, pues él estaba dispuesto a “comer palos y piedras fritas” para defender la “revolución”.

Hoy, en Bolívar, de Rangel Gómez solo quedan algunas de las miles de vallas con las fotos de su cara. Ya no tienen los colores y la vistosidad de antes, sino que están opacas. Así como él prefiere estar ahora.

*PODER (organización mexicana sin fines de lucro) colaboró con este reportaje desde Ciudad de México y publicará una versión en su portal web.