Gobierno y contrabandistas crean un ‘mercado gris’ en Zulia para combatir a los ‘bachaqueros’

“No hay límites para comprar”, se lee en un aviso en la puerta del comercio Super Market en la avenida Las Delicias de Maracaibo. En un país donde el desabastecimiento se tornó un problema crónico el pequeño cartel es una novedad y anuncia que en la capital del estado Zulia (noroccidente de Venezuela) algo está pasando. Al ingresar al local se confirman las sospechas: la harina de maíz, la pasta, el arroz, el café, el jabón de baño o los detergentes son productos colombianos. “Esto es Colombia”, bromea una señora que tantea los empaques para familiarizarse con las marcas que ve en unos anaqueles repletos de mercancía.

Esa escena contrasta con la peregrinación de personas que van del estado Bolívar, al sur del país, a la población brasileña de Pacaraima en busca de productos de la cesta básica. Ni hablar de la muchedumbre que hace una semana esperaba ansiosa en San Antonio y Ureña, estado Táchira (frontera suroeste con Colombia), para cruzar hacia la ciudad de Cúcuta (departamento colombiano de Norte de Santander) y llenar sus despensas con los alimentos y medicinas que no consiguen del lado venezolano. Táchira y Zulia comparten una extensa frontera con Colombia que está cerrada desde hace casi un año por decisión de Nicolás Maduro. Pero el Gobernador zuliano, Francisco Arias Cárdenas, parece haber obrado el “milagro” de la multiplicación de los panes y ha logrado surtir el comercio de Maracaibo con productos colombianos.

El 11 de marzo Arias Cárdenas emitió el decreto 1.035 dirigido a implementar durante 120 días “medidas para colocar bienes esenciales, servicios, medicamentos, repuestos, autopartes, productos de limpieza e higiene personal en el mercado interno del estado Zulia, a fin de garantizar el abastecimiento, distribución equitativa y justa de alimentos y productos”. El artículo 3 permite al gobernador “en concordancia con los organismos nacionales y municipales” tomar “medidas necesarias para agilizar el tránsito de mercancías por el puerto y aeropuertos del estado Zulia, pudiendo desaplicar temporalmente procesos regulares que se requieran para hacer posible la agilización, previa autorización del Ministerio con competencia. Salvo a lo concerniente a seguridad y defensa de la nación”.

Pero la mercancía que manosea la señora en el Super Market de Maracaibo no entró por el puerto, ni por los aeropuertos, sino por tierra pese al cierre de Paraguachón, el puesto de frontera que Maduro clausuró en septiembre de 2015, unas semanas después de haber trancado las salidas por San Antonio y Ureña. En Maracaibo es un secreto a voces que las trochas por las que durante años hubo extracción de gasolina y de los productos subsidiados en el mercado venezolano, y que en parte motivaron el bloqueo fronterizo, ahora sirven para un nuevo tipo de contrabando avalado por la Gobernación del Zulia y las autoridades militares de la región.

Las mismas vías en las que hasta meses las autoridades jugaban al gato y al ratón con los contrabandistas, ahora son un corredor para abastecer de emergencia a esa entidad con productos de la industria colombiana. Contrabandistas y autoridades forman hoy un mismo equipo hasta el punto de que cuando las caravanas de camiones numerados parten de Paraguachón hacia Maracaibo van escoltadas por la Guardia Nacional para evitar incidentes en la carretera

Una frontera que siempre está abierta

El puesto fronterizo de Paraguachón, en el municipio La Guajira, está cerrado. Justo antes de “La raya”, el espacio que separa a Venezuela y Colombia, y bajo un sol que abrasa, permanecen alineados decenas de conductores en sus camiones cargados con los productos colombianos. Las lonas verdes y naranjas cubren los vehículos 350 y alguna que otra vieja pick-up. Es el punto en el que las autoridades de la Gobernación y la Guardia Nacional realizan un primer chequeo a la mercancía. Provienen de Maicao, el centro comercial de La Guajira colombiana, y para llegar allí los transportistas entraron por una trocha que altera la línea recta entre esa ciudad del noreste colombiano y Paraguachón, y que permite cruzar los escasos metros que separan ambos territorios.

En ese lugar también se realizan algunos trasbordos de carga a camiones más grandes. La mercancía viene en vehículos más pequeños porque son los que pueden pasar por las improvisadas arterias que conectan a las dos naciones. En algunos casos son los mismos vehículos que hasta hace poco se usaban para contrabandear gasolina o los propios productos venezolanos con precios regulados. “Si en algún momento las autoridades podían tener una radiografía de quiénes eran los contrabandistas es ahora”, advierte irónicamente un empresario, en cuyo comercio se expenden los productos colombianos desde hace meses.

Las autoridades no niegan el uso de las trochas. “Nosotros tenemos al menos 900 kilómetros de frontera en Zulia, imagínate todas las entradas que hay hacia Colombia. Es inviable que nosotros podamos cerrar eso. Tenemos un acceso informal, llamado trocha, y ese acceso es custodiado militarmente para que no haya desbarajuste o que nos vayan a asaltar una gandola, porque es alimento para la gente”, declaró el 27 de junio al diario La Verdad el secretario de la Gobernación, Giovanny Villalobos.

Al menos otras dos trochas se están empleando para abastecer la capital zuliana, de acuerdo al relato de los transportistas y empresarios que conocen el negocio. Se trata de los puntos de Carretal y Tibú, más hacia el sur de la línea fronteriza entre Zulia y territorio colombiano.

El transporte desde Maicao hasta Maracaibo oscila entre 400.000 y 700.000 bolívares (de 400 a 700 dólares, de acuerdo al cambio imperante en el mercado negro), dependiendo de la cantidad de mercancía y de los días que deba permanecer el conductor hasta tener el permiso de las autoridades para entrar a Maracaibo con esa suerte de contrabando oficial. “Aquí ya me revisaron, ahora me voy para la Zodi”, explica un conductor en el puesto fronterizo de Paraguachón. Se refiere a la Zona Operativa de Defensa Integral del Zulia (Zodi), ubicada en la zona norte de Maracaibo. Ese es el último punto de control y allí finalmente se dará el visto bueno a la distribución de la mercancía para los comercios de la capital zuliana. “Es un contrabando, pero legal”, explica un joven transportista que espera en la instalación militar tras recoger mercancía en Paraguachón.

El viaje desde el puesto fronterizo hasta allí cubre cerca de 110 kilómetros. Los conductores pasan otro punto de control a la altura del río El Limón, entre el sector La Paila Negra y el peaje de La Guajira. El trayecto permite comprobar que aún continúa el trasiego de gasolina. Las seis o siete alcabalas de la Guardia Nacional no impiden el tránsito hasta de motos cargadas con pimpinas de combustible, ni disuaden a las mujeres y hombres que a orillas de la carretera ofrecen compra y venta de gasolina, como tampoco impiden que viejos automóviles reposten en esos puntos tras probablemente haber vendido del lado colombiano 50 o 60 litros del combustible que llevaba en su tanque. Por 12.000 bolívares un ciudadano común también puede franquear el paso por las trochas en uno de esos carros hasta Maicao.

A lo “Pancho” Arias…

En los supermercados no dudan al afirmar que se trata de un contrabando. “¿Cómo entra el producto? De la misma manera en que salían la gasolina y los productos venezolanos. Así es que entra la mercancía, la novedad es que el Gobierno se está haciendo la vista gorda (…) Está pasando a la inversa de lo que fue el bachaqueo”, reconoce un directivo de una de las principales cadenas de Maracaibo. Para evitar pisar en ese terreno movedizo del contrabando, la mayoría de los supermercados se limitan a recibir y pagar en bolívares la mercancía. “El Gobernador está resolviendo, se la está jugando (…) Es una solución a lo ‘Pancho’ Arias”, agrega a modo de broma el empresario.

El proceso ad hoc de “importación” y transporte corresponde a las empresas autorizadas previamente por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación. En una oficina, ubicada en la antigua sede del escritorio jurídico ARD de Maracaibo, las autoridades regionales comprueban unos requisitos establecidos para filtrar a quienes vayan a participar en el “Plan de abastecimiento de la Gobernación Bolivariana del estado Zulia”. La copia del registro de la “empresa o cooperativa”, la copia del Registro de Información Fiscal (RIF), copia de la cédula de los representantes legales, copia de facturas de la “empresa o cooperativa”, una carta “dirigida al gobernador donde manifieste su intención de ser incorporado al plan de abastecimiento” y la “hoja de vida de la empresa” son los recaudos que deben presentar. La aprobación de la oficina de gobierno le llega a las empresas en un correo electrónico.

Muchas de las empresas que traen los productos desde Maicao son las denominadas Cooperativas Wayúu. “Los únicos que pueden pasar por allí (las trochas) son los Wayúu (…) Una cooperativa me llega aquí y me hace la factura, yo les pago en bolívares por el precio de la mercancía, los Wayúu pagan allá (Maicao)”, relata otro empresario. En septiembre del año pasado cuando Nicolás Maduro ordenó el cierre de Paraguachón dijo que “el paso será sólo para los hermanos Wayúu, que ya están coordinados”.

La Cooperativa Export Import Wayúu, R.S y Mis Dos Majayuras, C.A son apenas dos de esas organizaciones que transportan y facturan la mercancía a los supermercados. La primera de ellas fue objeto en 2012 de una suerte de proceso administrativo por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), por estar relacionada en un posible contrabando de pailas de aluminio desde Venezuela hacia la zona franca de Barranquilla, en la costa colombiana.

También hay empresas importadoras que con el cierre fronterizo sufrieron una contracción en su actividad y están realizando la travesía hasta Colombia. “Por la trocha no te va a parar la Guardia Nacional, esa mercancía no la para nadie, te puede parar la guardia colombiana”, señala un importador.

Mercado gris

Los empresarios consultados aseguran que han trabajado con Arias Cárdenas para tratar de que los productos terminen en el comercio formal. “Si las calles de Maicao están llenas de nuestros productos, ¿por qué no llenamos las nuestras de esos productos colombianos?”, plantea el propietario de un supermercado. Así resume la lógica detrás del decreto del gobernador, que en principio apuntaba a realizar las importaciones vía marítima.

“La idea era entrar por el puerto, pero pagaría impuestos y el problema serían los permisos sanitarios, los comercios querían hacerlo por los puertos (…) Quizás podría ser más barato si se toma en cuenta que en las trochas hay pagos de vacuna a la policía colombiana, la guerrilla, etc”, detalla uno de los empresarios.

Los productos que se están comercializando no cuentan con el permiso sanitario y otras disposiciones establecidas por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer). La Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol) advirtió que el negocio surgido a partir del decreto de Arias Cárdenas “vulnera lo previsto en diversas leyes, tales como la Orgánica de Aduanas, la de Régimen Cambiario y sus ilícitos, la del Banco Central de Venezuela, la Ley General de Puertos, la Ley de Aeronáutica Civil y otras disposiciones que regulan esas materias”.

El presidente de la junta directiva de esa institución, incluso, denunció esta semana la discrecionalidad que hay detrás de la medida. “Allí hay una aplicación absolutamente discrecional, hay un alto riesgo de que el beneficiado por esa autorización sea el amigo, el compadre, el socio de quien está dando la autorización porque no hay normas, no se conocen cuáles son los criterios con los cuales se están dando esas autorizaciones, esa no es la forma como se debe abrir el comercio”, declaró Gonzalo Capriles a Televen.

Los comerciantes zulianos, en cambio, insisten en los beneficios que ha traído el negocio de los productos colombianos. “Si no hubieran puesto esta medida, aquí no habría nada que comer”, sentencia un empresario del sector de las panaderías. “La materia prima para llegar a Maracaibo desde el centro del país debía pasar un calvario”, agrega a propósito de las trabas y limitaciones impuestas por el Gobierno a través de las “guías de movilización” con las que el Ministerio de Alimentación dirige el comercio nacional.

Los cálculos de los empresarios apuntan a que entre 10% y 15% del volumen de mercancía que venden mensualmente corresponde a los productos colombianos y que diariamente entran por las trochas entre 80 y 100 camiones. Aseguran que el suministro de productos ha permitido competir y reducir el mercado negro de los bachaqueros, en un estado que fue el primero en el país que instaló las máquinas captahuellas para comprar alimentos hace dos años. “Los supermercados estaban secuestrados por los bachaqueros”, recuerda un gerente de una cadena de establecimientos comerciales.

“No es la solución definitiva, pero tiene elementos positivos: bajar la presión, servirá para que en otras instancias se le pierda el miedo al aumento de precio”, resalta otro empresario. El acuerdo con la Gobernación es que los márgenes de ganancia sean lo más bajo posible para vender los productos a precios inferiores a los del bachaqueo, pero muy superiores a los regulados por las autoridades en el resto del país, una especie de “mercado gris”.

“Es un contrabando que a la larga va a favorecer a nuestra industria porque va a bajar los precios (…) Esto va a llevar a cambios nacionales, es la prueba de que se pueden liberar precios, si había un temor esta fue la prueba”, insiste un propietario de supermercado.

A diferencia de lo que ocurre en el resto del país, la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) permite la venta a precios por encima de los regulados. “Nadie de la Fuerza Armada ni de ningún organismo nos molesta”, reconocen en los supermercados.

Adiós al control de precios

Entre los consumidores las posiciones están dividas: unos celebran la presencia de productos en los anaqueles que pueden comprarse sin colas y otros se quejan por los elevados precios, si se compara con respecto a los regulados. En Cadenas como De Cándido, Centro 99, Nasa y Mercasa los artículos colombianos conviven con los nacionales, mientras que en establecimientos como Super Market e Inveramerica prácticamente se consiguen sólo los productos importados.

"Qué chévere encontrar todo aquí, pero a precios por las nubes", se lamenta un joven al salir del Super Market de la avenida Las Delicias, de Maracaibo. Adentro el kilo de la harina marca P.A.N fabricada en Colombia, que hasta hace unas semanas se vendía en 1.390 bolívares por kilo, ya cuesta 1.895 bolívares. “Los precios han ido subiendo en Colombia, no se sabe si por el transporte”, suelta uno de los empleados del establecimiento. Un empaque de leche en polvo Colechera de sólo 380 gramos está marcado en 2.585 bolívares y el kilo de azúcar de la marca Providencia se expende en 1.760 bolívares.

En supermercados como el Nasa, al sur de Maracaibo, puede ocurrir que un mismo día se vendan las dos presentaciones de la harina P.A.N, la venezolana a 190 bolívares por kilo y la colombiana en un precio que ronda los 1.500 bolívares por kilogramo. Algunas cadenas han acordado destinar parte de los productos regulados para que sean vendidos en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

"Aquí ya no llega eso", asegura una empleada de un local De Cándido, ubicado en la zona de Indio Mara, a propósito de los artículos regulados. En cambio, en ese establecimiento hay varios productos terminados de industria colombiana: detergente en polvo de 500 gramos marca Tenax en 890 bolívares, pasta dental Fortident entre 990 y 1.050 bolívares, salsa tomate marca Bary, que oscila entre 1.050 y 3.790 bolívares dependiendo del tamaño y papel higiénico de seis rollos marca Elite en 3.090 bolívares.

En la avenida La Limpia la aglomeración a las afueras de un local Centro 99 muestra que no toda la población puede comprar los productos colombianos y tiene que aguardar horas en largas filas bajo el fuerte sol para comprar los productos subsidiados por el Gobierno nacional, si alcanzan. Sin embargo, el plan de Arias Cárdenas es continuar trayendo los productos de Colombia, ya que esta semana se renovó por 120 días más el decreto con el que todo comenzó.

“Allá (en Caracas) cierran la frontera pero los problemas del cierre nos los calamos acá. Obviamente no es la solución al problema, pero al menos hasta que en Caracas se destranque la rueda”, opina un empresario.