El alicate global que se aplica a Rusia para presionar el fin de la invasión a Ucrania pasa por el congelamiento de los activos de los “oligarcas” rusos que apoyan al régimen de Vladimir Putin en varios frentes, desde el económico hasta el comunicacional. Una alianza de 25 medios ha elaborado una base de datos que ha detectado y rastreado los activos de este poderoso grupo, considerado la piedra angular del poder político del Kremlin
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Seguro desde antes, pero con una fuerza inusitada desde su llegada a la cúspide del Kremlin, la Rusia de Vladimir Putin ha sido controlada por un grupo muy reducido de personas: empresarios poderosos -mejor conocidos como “oligarcas”- y una casta de políticos. La simbiosis entre el poder económico y el poder político es el sino del régimen ruso que ha mostrado su cara más despótica desde el 24 de febrero al emprender la invasión contra Ucrania.
Esa oligarquía ha sostenido a Putin en el poder mientras se beneficia de un sistema clientelista a costa del pueblo ruso. Una parte considerable de las riquezas de estas personas se mantienen en el extranjero: cuentas bancarias suizas, lujosas mansiones en Londres, villas en Cerdeña, apartamentos de ensueño en Miami y yates.
Mucho se ha especulado sobre la acumulación de riquezas por parte del anillo del poder económico ruso. Por eso se inició una búsqueda exhaustiva del verdadero destino de esas fortunas.
Durante tres semanas, liderados por la plataforma de periodismo OCCRP (declarada hace un par de semanas como “indeseable” por el régimen de Putin, junto a decenas de medios y periodistas independientes), 80 periodistas de 25 medios de comunicación han confeccionado el Radar de activos rusos, la auditoría más completa que se ha publicado hasta ahora sobre el patrimonio que poseen fuera de Rusia algunos de los oligarcas y funcionarios más poderosos del país. Los activos detectados incluyen bienes raíces, yates, jets privados y acciones en empresas.
El punto de partida del proyecto es una lista de 35 personas señaladas el año pasado como "facilitadores y beneficiarios clave de la cleptocracia del Kremlin" por por el líder opositor Alexei Navalny, actualmente detenido en Moscú tras el intento de envenenamiento que buscó ponerle fin a su intento de convertirse en una alternativa política a Putin.
De ese grupo de 35 personas se han identificado más de 140 activos cuyo valor, en conjunto, supera los 17.500 millones de dólares. La lista solo incluye las posesiones cuya propiedad puede establecerse mediante pruebas documentales y otras fuentes fiables. Buscamos pruebas para diez bienes más, entre ellos valiosos aviones y yates, que tienen un valor combinado de 2.800 millones de dólares.
La lista que hoy se publica comienza con 16 oligarcas rusos de los 35, agrupa activos conocidos y revela nuevos. Diariamente esta lista se ampliará y actualizará tanto los nombres del poderoso círculo económico de Putin, como de sus activos. Lo que vaya detectando el radar lo podrá consultar en español aquí https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/es/
En inglés: https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/en/
En ruso: https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/ru/
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.