

El alicate global que se aplica a Rusia para presionar el fin de la invasión a Ucrania pasa por el congelamiento de los activos de los “oligarcas” rusos que apoyan al régimen de Vladimir Putin en varios frentes, desde el económico hasta el comunicacional. Una alianza de 25 medios ha elaborado una base de datos que ha detectado y rastreado los activos de este poderoso grupo, considerado la piedra angular del poder político del Kremlin
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.

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Seguro desde antes, pero con una fuerza inusitada desde su llegada a la cúspide del Kremlin, la Rusia de Vladimir Putin ha sido controlada por un grupo muy reducido de personas: empresarios poderosos -mejor conocidos como “oligarcas”- y una casta de políticos. La simbiosis entre el poder económico y el poder político es el sino del régimen ruso que ha mostrado su cara más despótica desde el 24 de febrero al emprender la invasión contra Ucrania.
Esa oligarquía ha sostenido a Putin en el poder mientras se beneficia de un sistema clientelista a costa del pueblo ruso. Una parte considerable de las riquezas de estas personas se mantienen en el extranjero: cuentas bancarias suizas, lujosas mansiones en Londres, villas en Cerdeña, apartamentos de ensueño en Miami y yates.
Mucho se ha especulado sobre la acumulación de riquezas por parte del anillo del poder económico ruso. Por eso se inició una búsqueda exhaustiva del verdadero destino de esas fortunas.
Durante tres semanas, liderados por la plataforma de periodismo OCCRP (declarada hace un par de semanas como “indeseable” por el régimen de Putin, junto a decenas de medios y periodistas independientes), 80 periodistas de 25 medios de comunicación han confeccionado el Radar de activos rusos, la auditoría más completa que se ha publicado hasta ahora sobre el patrimonio que poseen fuera de Rusia algunos de los oligarcas y funcionarios más poderosos del país. Los activos detectados incluyen bienes raíces, yates, jets privados y acciones en empresas.
El punto de partida del proyecto es una lista de 35 personas señaladas el año pasado como "facilitadores y beneficiarios clave de la cleptocracia del Kremlin" por por el líder opositor Alexei Navalny, actualmente detenido en Moscú tras el intento de envenenamiento que buscó ponerle fin a su intento de convertirse en una alternativa política a Putin.
De ese grupo de 35 personas se han identificado más de 140 activos cuyo valor, en conjunto, supera los 17.500 millones de dólares. La lista solo incluye las posesiones cuya propiedad puede establecerse mediante pruebas documentales y otras fuentes fiables. Buscamos pruebas para diez bienes más, entre ellos valiosos aviones y yates, que tienen un valor combinado de 2.800 millones de dólares.
La lista que hoy se publica comienza con 16 oligarcas rusos de los 35, agrupa activos conocidos y revela nuevos. Diariamente esta lista se ampliará y actualizará tanto los nombres del poderoso círculo económico de Putin, como de sus activos. Lo que vaya detectando el radar lo podrá consultar en español aquí https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/es/
En inglés: https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/en/
En ruso: https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/ru/
Entre millones de correos electrónicos de los Epstein Files algunos reflejan una relación desconocida hasta ahora: la del empresario venezolano Francisco D'Agostino con Jeffrey Epstein, a quien aconsejó invertir en la estatal petrolera venezolana. En el intercambio de mensajes, el venezolano -investigado por su conexión con Derwick Associates y sancionado por triangulaciones fraudulentas de venta de crudo- deja cuenta de su visita a la famosa isla privada del magnate, en la que quedó prendado de una muchacha a la que llamó su “gacela acuática”
Aunque no hubiera quien les llamara ‘pitiyanquis’, familiares de la ahora cautiva pareja presidencial y del ministro de Defensa, junto a la claque empresarial que se formó al cobijo del régimen, se aficionaron a un caro recreo de ‘cowboys’ en las instalaciones del principal cuartel militar de Venezuela. Importaron caballos cuarto de milla con precios de hasta medio millón de dólares y colonizaron la asociación deportiva correspondiente, hasta que el ataque de Estados Unidos, paradójicamente, detuvo el jolgorio.
Desde la filial de Pdvsa se emitieron contratos para blanquear capitales; en paralelo, el colapso del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira forzaba a los carteles a implementar un puente aéreo con helicópteros desde el aeropuerto de Maiquetía. Estas son apenas un par de viñetas entre los indicios duros que se acumulan en documentos judiciales, recién desclasificados en tribunales de Nueva York, que relatan cómo el crimen organizado se confabuló con las estructuras del poder estatal en Venezuela hasta involucrar a Nicolás Maduro.
De 2017 a 2019, el entorno del ex hombre fuerte de Venezuela blanqueó cerca de 500 millones de euros a través del banco búlgaro Investbank. Fondos procedentes de instituciones como Pdvsa, Corpovex o Bandes pasaron por 101 cuentas a nombre de un mismo abogado, antes de continuar su peregrinaje hacia cuentas de terceros relacionados o compañías offshore. El hallazgo de ese flujo de dineros negros -de los que apenas 46 millones pudieron ser incautados- llamó la atención de las autoridades estadounidenses.
La operación militar estadounidense del 3 de enero dejó una baja inesperada: la continuidad de los Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados entre 2024 y 2025 por la actual Presidenta Encargada, entonces Ministra del Petróleo. Aunque ya se conocen concesiones ligadas al magnate Harry Sargeant III y al entorno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la mayoría de los beneficiarios son empresas pequeñas, poco conocidas y con vínculos previos con el Estado chavista, que quedaron bajo la amenaza de la toma del petróleo venezolano que Donald Trump patrocina.
Mientras se desempeñaba como Ministra de Petróleo de Nicolás Maduro, la flamante Presidente Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, repartió campos petroleros bajo la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Entre los favorecidos de la piñata estuvo una oscura empresa registrada en España, sin experiencia en actividades de producción de hidrocarburos, propiedad en los papeles de un ciudadano ecuatoriano que se vincula al entorno del expresidente Rafael Correa.