Radar de activos rusos

En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.

Con un derroche de ruedas de prensa televisadas y producción de videoclips, al entonces Fiscal General, Tarek William Saab, le bastaron 35 días para demoler a fines de 2023 el relato oficial de un homicidio-suicidio que, ocho años antes, el propio Ministerio Público había asumido como explicación para las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y el bajista Carlos Molnar. El acelerón demandó atajos y omisiones tanto en las investigaciones como en el proceso judicial. Su conclusión resultó tan endeble que solo pudo sostenerse en las confesiones de los acusados obtenidas, según testimonios, bajo coacción.

Muestras toxicológicas que se dañaron en la morgue; el celular de uno de los occisos que se siguió usando como si nada: estos y otros cabos sueltos de la investigación en 2015 de las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y del bajista Carlos Molnar, produjeron una versión oficial, la del homicidio-suicidio, vulnerable ante las conjeturas en redes sociales y la sensibilidad herida de familiares y seguidores del artista. La mella que estas hicieron fue suficiente para que, años después, la fiscalía de Tarek William Saab pudiera fabricar un nuevo relato.

Un par de abogados que pusieron sus rostros a la toma de Bangente actuaban atados por un acuerdo, una opción de compra, a un tercer abogado, José Simón Elarba, quien poco después se quedaría con otra entidad financiera, Bancamiga. Esta última operación fue más pública que la primera, en la que los letrados convirtieron los tribunales en armas arrojadizas. El negocio convocó no solo a los familiares de Elarba, dueño a la vez de la recolectora de desechos Fospuca, sino también al entorno de un influyente personaje: Carlos Malpica Flores, el sobrino ‘favorito’ de Cilia Flores.

Entre apretones de manos, empresas novísimas y mucho silencio, un grupo de líderes empresariales con estrechos vínculos con el presidente Gustavo Petro estableció, durante los primeros meses de su mandato, un canal secreto con operadores políticos en Caracas y con Camimpeg, la empresa estatal venezolana dirigida por el ejército, para cerrar acuerdos relacionados con el petróleo y el gas venezolanos. Aunque Petro mantuvo en público las distancias con Maduro, sus amigos lograron conseguir los contratos.

La policía política se apoderó de una quinta residencial en los cerros del sur de Caracas para hacerla una ‘casa segura’. Al final, le dio uso como escondite de desaparecidos y centro de torturas. La siniestra actividad siguió inadvertida para los vecinos del lugar pero, en cambio, quedó grabada en la memoria de los presos políticos que pasaron por allí. La afinidad del inmueble con la agencia de inteligencia se remonta hasta el año 2000, cuando era propiedad de uno de sus directores, antiguo guardaespaldas de Hugo Chávez.