El alicate global que se aplica a Rusia para presionar el fin de la invasión a Ucrania pasa por el congelamiento de los activos de los “oligarcas” rusos que apoyan al régimen de Vladimir Putin en varios frentes, desde el económico hasta el comunicacional. Una alianza de 25 medios ha elaborado una base de datos que ha detectado y rastreado los activos de este poderoso grupo, considerado la piedra angular del poder político del Kremlin
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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Seguro desde antes, pero con una fuerza inusitada desde su llegada a la cúspide del Kremlin, la Rusia de Vladimir Putin ha sido controlada por un grupo muy reducido de personas: empresarios poderosos -mejor conocidos como “oligarcas”- y una casta de políticos. La simbiosis entre el poder económico y el poder político es el sino del régimen ruso que ha mostrado su cara más despótica desde el 24 de febrero al emprender la invasión contra Ucrania.
Esa oligarquía ha sostenido a Putin en el poder mientras se beneficia de un sistema clientelista a costa del pueblo ruso. Una parte considerable de las riquezas de estas personas se mantienen en el extranjero: cuentas bancarias suizas, lujosas mansiones en Londres, villas en Cerdeña, apartamentos de ensueño en Miami y yates.
Mucho se ha especulado sobre la acumulación de riquezas por parte del anillo del poder económico ruso. Por eso se inició una búsqueda exhaustiva del verdadero destino de esas fortunas.
Durante tres semanas, liderados por la plataforma de periodismo OCCRP (declarada hace un par de semanas como “indeseable” por el régimen de Putin, junto a decenas de medios y periodistas independientes), 80 periodistas de 25 medios de comunicación han confeccionado el Radar de activos rusos, la auditoría más completa que se ha publicado hasta ahora sobre el patrimonio que poseen fuera de Rusia algunos de los oligarcas y funcionarios más poderosos del país. Los activos detectados incluyen bienes raíces, yates, jets privados y acciones en empresas.
El punto de partida del proyecto es una lista de 35 personas señaladas el año pasado como "facilitadores y beneficiarios clave de la cleptocracia del Kremlin" por por el líder opositor Alexei Navalny, actualmente detenido en Moscú tras el intento de envenenamiento que buscó ponerle fin a su intento de convertirse en una alternativa política a Putin.
De ese grupo de 35 personas se han identificado más de 140 activos cuyo valor, en conjunto, supera los 17.500 millones de dólares. La lista solo incluye las posesiones cuya propiedad puede establecerse mediante pruebas documentales y otras fuentes fiables. Buscamos pruebas para diez bienes más, entre ellos valiosos aviones y yates, que tienen un valor combinado de 2.800 millones de dólares.
La lista que hoy se publica comienza con 16 oligarcas rusos de los 35, agrupa activos conocidos y revela nuevos. Diariamente esta lista se ampliará y actualizará tanto los nombres del poderoso círculo económico de Putin, como de sus activos. Lo que vaya detectando el radar lo podrá consultar en español aquí https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/es/
En inglés: https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/en/
En ruso: https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/ru/
Una investigación sobre el secuestro del padre de un empresario francés del sector de las criptomonedas permitió rastrear parte del rescate pagado por su liberación hasta el monedero digital de una tal Isabel V. Esta, a su vez, resultó ser hermana de un exportador venezolano de especímenes de fauna silvestre y propietario de negocios para mascotas en Caracas. La mujer enfrenta en un tribunal cargos de lavado de dinero, mientras la conexión inesperada mantiene perplejas a las autoridades parisinas.
Ramón Gordils empezó a estudiar dos carreras en la UCV; no completó ninguna. Pero su aparente vocación de ‘todero’ encontraría un cauce cuando conoció a Nicolás Maduro, momento en el que se convirtió en portero de acceso al entorno del futuro dictador. Documentos de la Audiencia Nacional de España ahora lo muestran como un conector clave entre los accionistas venezolanos de la atribulada aerolínea Plus Ultra y la red de tráfico de influencias que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero presuntamente lideraba.
El contratista colombiano se quedó sin el plan B que ya fraguaba antes de que la captura de Nicolás Maduro lo dejara indefenso. Preparó el terreno para una ruta de escape hacia Italia, intentando despejar los cargos que desde 2020 pesaban sobre él y su pareja, Camilla Fabri, oriunda de ese país. También convirtió a los italianos presos en Venezuela en monedas de cambio para negociar su propia salida. Aunque las gestiones no alcanzaron a adelantarse a su remoción como ministro y su posterior “deportación” a Miami, extendieron un salvoconducto a su familia.
La sede en Caracas del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional hace tiempo dejó de ser un centro de detención transitorio. Se transformó en un reclusorio clandestino que llegó a albergar a 72 prisioneros. Hoy, sin embargo, apenas aloja a una mujer y cuatro hombres, todos ellos exalcaldes del estado Zulia, acusados por narcotráfico y arrestados en 2025 durante la operación policial ‘Relámpago del Catatumbo’. La exclusividad de esta cárcel se refuerza con la identidad de su carcelero VIP: Diosdado Cabello.
En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.
Con un derroche de ruedas de prensa televisadas y producción de videoclips, al entonces Fiscal General, Tarek William Saab, le bastaron 35 días para demoler a fines de 2023 el relato oficial de un homicidio-suicidio que, ocho años antes, el propio Ministerio Público había asumido como explicación para las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y el bajista Carlos Molnar. El acelerón demandó atajos y omisiones tanto en las investigaciones como en el proceso judicial. Su conclusión resultó tan endeble que solo pudo sostenerse en las confesiones de los acusados obtenidas, según testimonios, bajo coacción.