Como parte de un proyecto mundial, periodistas venezolanos participaron en la revisión de millones de archivos que se filtraron de un bufete panameño especializado en el registro de compañías en paraísos fiscales. En los documentos, obtenidos por el diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’ y procesados por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), se evidencian patrones para que funcionarios de Gobierno y grupos empresariales escondan sus identidades o dineros
Los datos incluyen correos electrónicos, formularios financieros, pasaportes y registros corporativos que revelan a los propietarios secretos de cuentas bancarias y compañías en 21 jurisdicciones offshore. Los archivos internos filtrados de MF contienen información sobre 214.488 entidades offshore conectadas a personas en más de 200 países y territorios.
La magnitud inimaginable de datos llevó al periódico a acudir al ICIJ, con sede en Washington DC y con experiencia previa en este tipo de proyectos, que construyó un equipo ad hoc para organizar la data y procesarla. La base de datos fue compartida con una red de más de 370 periodistas y 100 medios en todo el mundo.
En el caso de Venezuela, la pesquisa empezó en junio de 2015 e involucró a 11 periodistas de diversos medios electrónicos. Si bien una gran parte de los cientos de miles de documentos relativos a Venezuela no incluyen información relevante, la mera revisión, análisis y procesamiento de los datos significó meses de trabajo.
Queda claro que constituir una empresa offshore no representa un delito en sí mismo y hasta resulta algo natural para determinadas transacciones comerciales.
La mayor parte de los servicios que la industria offshore provee son legales si los utilizan quienes obedecen a la ley. Pero los documentos demuestran que bancos, firmas legales y otros actores offshore a menudo no siguieron los requerimientos de ley para asegurarse de que sus clientes no están envueltos en actividades criminales, evasión de impuestos o corrupción política. En algunas instancias, según muestran los archivos, intermediarios offshore se protegieron a sí mismos y a sus clientes ocultando transacciones sospechosas o alterando registros oficiales.
A veces el proveedor pudo comprobar a través de sus gestiones de due dilligence que un prospecto era una Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés) o alguien sospechoso de actividades criminales, pero hizo caso omiso al hallazgo.
Este inusual acceso periodístico a la gestión interna de Mossack Fonseca y su relación con sus clientes permitió comprobar que proveedor y cliente con frecuencia se confabulan para despistar a autoridades regulatorias de sus países de origen sobre la propiedad de empresas, arreglan a posteriori el registro de empresas previamente registradas, entre otras prácticas concebidas para camuflar la circulación del dinero que se oculta o se legitima.
La data obtenida de MF, para el caso venezolano, ofrece ejemplos notables sobre lo que ocurrió durante los últimos 15 años con el destino de los inmensos flujos de ingresos petroleros que el Estado manejó en el marco de una política de importaciones masivas y el mantenimiento de tasas diferenciales. Se encontraron rastros de ex funcionarios públicos cuyos ingresos regulares, limitados por definición, no hicieron ninguna objeción para ordenar a MF la apertura y gestión de empresas de maletín en paraísos fiscales.
También se evidencian las estructuras corporativas a la medida que la compañía panameña armó para algunos clientes venezolanos que querían o bien disipar su presencia en empresas incorporadas con directores de la propia MF, o generar deuda externa a través de transacciones con cascarones vacíos –con frecuencia, empresas propias– que luego se podían presentar al organismo administrador en la Venezuela del régimen de control cambiario.
Son parte de las maniobras financieras, jurídicas y fiscales que se cocinaron en MF, a veces por sugerencia del proveedor, a veces a solicitud del cliente o, si no, por petición de algún intermediario como bancos u oficinas de abogados.
La fuga de información arroja luz sobre un rincón de las finanzas sumergidas a la que normalmente las investigaciones periodísticas no pueden llegar.
En los textos que forman parte del especial afloran nombres como los del ex Jefe de Escoltas de Hugo Chávez, Adrián Velásquez, y el ex Jefe del Programa Bolívar 2000 de asistencia social, Víctor Cruz Weffer, con empresas bajo su control en paraísos fiscales. Diversas autoridades de la estatal petrolera Pdvsa también hicieron otro tanto.
Empresarios –algunos vinculados al Gobierno revolucionario de Venezuela, aunque luego aparecieran bajo la figura del asilo en otras naciones– también usaron a Mossack Fonseca para construir tramos submarinos de sus operaciones financieras. Sus nombres saldrán a relucir a partir de hoy. También hay casos de comerciantes que abrieron fachadas corporativas en paraísos fiscales como Hong Kong, Panamá, Islas Vírgenes o Belize para sacar provecho de las oportunidades que abrió la avidez importadora del Gobierno.
Jefes de Estado, celebridades sociales y deportivas, cabecillas de mafias organizadas, estafadores: a escala global, la fuga masiva de documentos ha permitido revelar la cara nunca conocida por el público de diversas figuras. De hecho, permitió descubrir a personajes hasta ahora desconocidos, pero que el público debería conocer.
Los archivos exponen compañías offshore controladas por los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el rey de Arabia Saudí y los hijos del presidente de Azerbaiyán. También incluyen a al menos 33 personas y compañías puestas en la lista negra del gobierno de los Estados Unidos en base a evidencia de que han hecho negocios con capos mexicanos de la droga, organizaciones terroristas como Hizbulá y naciones renegadas como Corea del Norte.
Una de estas compañías proveyó combustible para las aeronaves que el gobierno de Siria utilizó para bombardear y matar a miles de sus propios ciudadanos, acusaron las autoridades de EE.UU. Quedó en evidencia cómo asociados del presidente ruso Vladimir Putin movieron en secreto hasta 2.000 millones de dólares a través de bancos y compañías secretas.
La lista de líderes mundiales que utilizaron a Mossack Fonseca para establecer entidades offshore incluye al actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien era director y vicepresidente de una compañía de las Bahamas manejada por Mossack Fonseca cuando era un empresario y alcalde de la capital argentina. Un vocero de Macri dijo que el presidente nunca fue personalmente propietario de acciones en la firma, que era parte de los negocios de su familia.
Los archivos también subrayan las contradicciones de algunos campeones de la lucha contra la corrupción.
Se detectaron compañías offshore vinculadas a la familia del líder chino Xi Jinping, quien ha jurado pelear contra “ejércitos de corrupción”, así como de otros ocho miembros del politburó del gobernante Partido Comunista de China.
También del presidente ucraniano Petro Poroshenko, quien se ha posicionado como un reformador en un país sacudido por escándalos de corrupción. Los archivos contienen nuevos detalles de los negocios offshore del difunto padre del primer ministro británico David Cameron, un líder que busca una reforma de los paraísos fiscales.
Las huellas de Mossack Fonseca están en el tráfico de diamantes de África, el mercado internacional de arte y otros negocios que se benefician del secretismo. La firma ha servido a suficientes miembros de la realeza del Medio Oriente para llenar un palacio. Ha ayudado a dos reyes, Mohammed VI de Marruecos y el Salman de Arabia Saudí, a salir al mar en lujosos yates.
Los documentos filtrados revelan que la firma legal de Juan Pedro Damiani, un miembro del comité de ética de FIFA, tenía relaciones de negocios con tres hombres que han sido inculpados en el escándalo FIFA: el ex vicepresidente de FIFA Eugenio Figueredo y Hugo y Mariano Jinkis, el dúo de padre e hijo acusado de pagar sobornos para ganar los derechos de transmisión de eventos de fútbol para Latinoamérica. Los registros muestran que la firma legal de Damiani en Uruguay representó a una compañía offshore vinculada a los Jinkis y a siete compañías vinculadas a Figueredo. El mejor jugador de fútbol del mundo, el argentino Lionel Messi, también aparece en los documentos. Una compañía en Panamá establecida para él por Mossack Fonseca en 2012, Mega Star Enterprises Inc., añade un nuevo nombre a la lista de compañías de coraza (shell companies) que se sabe están vinculadas a Messi. Sus negocios offshore son actualmente el blanco de un caso de evasión de impuestos en España.
Hasta hace poco, Mossack Fonseca operaba principalmente en las sombras. Pero se ha visto bajo creciente escrutinio a medida que los gobiernos han obtenido filtraciones parciales de los archivos de la firma, y autoridades de Alemania y Brasil comenzaron a indagar en sus prácticas.
En febrero de 2015, Süddeutsche Zeitung reportó que agencias de la ley en Alemania habían lanzado una serie de redadas apuntando a uno de los principales bancos del país, Commerzbank, en una investigación de evasión de impuestos que las autoridades dijeron podría conducir a cargos criminales contra empleados de Mossack Fonseca.
En Brasil, la firma se ha vuelto un blanco en una investigación de sobornos y lavado de dinero denominada “Operación Lavado de Autos” (Lava Jato, en portugués), que ha conducido a cargos criminales contra destacados políticos y una investigación al popular ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El escándalo amenaza con sacar del cargo a la actual presidenta Dilma Rousseff
En enero, fiscales brasileños llamaron a Mossack Fonseca un “gran lavador de dinero” y anunciaron que presentarían acusaciones criminales contra cinco empleados de la oficina brasileña de la firma por sus roles en el escándalo.
Mossack Fonseca niega haber incumplido la ley en Brasil. Uno de sus dueños, el panameño Ramón Fonseca Mora, ha insistido en los últimas semanas sobre su inocencia. Pero al mismo tiempo ha tenido que renunciar a su cargo de ministro consejero del gobierno de Panamá así como a la dirección del partido Panameñista, que llevó a Juan Carlos Varela a la Presidencia.
“Somos totalmente inocentes de lo que se nos acusa”, declaró a los medios el mes pasado. “Pido esta licencia para defender mi honra, a mi firma y a mi país”.
(*) El equipo venezolano está conformado por Ahiana Figueroa, Alfredo Meza, César Batiz, Ewald Scharfenberg, Fabiola Zerpa, Joseph Poliszuk, Katherine Pennacchio, Laura Weffer, Lisseth Boon, Roberto Deniz y Ronna Rísquez.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Más que Amparito, es esta empresa petroquímica la moza de la que todos los venezolanos se prendan en Barranquilla: filial de la estatal Pequiven, quedó en manos del gobierno interino de Juan Guaidó cuando Colombia, como otras democracias occidentales, desconoció el régimen de Maduro en 2019. Pero la medida no sirvió para protegerla, sino para dejarla a merced de las maniobras de un ingeniero con conexiones políticas y de su grupo, quienes no dudaron en pasar de gestores y contratistas de la compañía a hacerle competencia.
A pocos meses de su tercer centenario, la principal universidad del país fue tomada por el gobierno, de noche y tras muchos años de asedio. La ocupación se presenta benévola, dirigida por egresados afectuosos, y con el propósito único de restaurar el esplendor de un campus que hace más de dos décadas fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero, aún si nadie conoce los alcances y criterios profesionales de la intervención, hay un contratista que ya sabe de sus beneficios: Racar Ingenieros, una empresa con relaciones de vieja data con Delcy y Jorge Rodríguez.
Una joven pareja de los llanos centrales venezolanos intenta desde 2020 llegar a Ecuador atravesando Colombia. Pero todas las rutas los conducen a la desgracia: ya han dejado dos hijas enterradas en el camino. El destino todavía les jugó otra mala pasada este año cuando al padre lo acusaron de participar en el bloqueo de una carretera y las autoridades lo expulsaron sin miramientos.
El 23 de noviembre de 2019 fue un día de cuchillos largos en el barrio de Patio Bonito. En medio de protestas en la capital colombiana, una razzia policial recogió indiscriminadamente a los migrantes que encontraba en la calle y los arrastró a centros de detención. Allí los agrupó con otros individuos hasta llegar a 59, los montaron en un avión hacia la frontera con Venezuela y, para completar la expulsión colectiva, debieron sortear la ira de las turbas xenofóbicas.
Miguel Ángel Calderón, un repartidor de domicilios venezolano, fue acusado de espiar en Bogotá al presidente colombiano, Iván Duque, solo por grabar un video en la vía pública que iba a compartir con su esposa por Whatsapp. La acusación se hizo pública por los medios. Trató de defenderse con la ayuda de abogados y ganó un amparo en tribunales pero, aún así, fue expulsado y no ha logrado regresar a Colombia para estar con su familia.
No se trata de la xenofobia al uso, esa que alimenta prejuicios y a menudo cataliza el sentir de la calle para transformarlo en banderas populistas. Pero fue algo parecido lo que llevó a las autoridades colombianas de migración y policía a empezar a usar desde 2019 como chivos expiatorios de disturbios, crisis sociales y sensaciones de inseguridad a los venezolanos irregulares, a los que expulsa por centenares, sin control judicial, sin responsabilidades claras. Lo cuenta este primer reportaje de una serie que publican en conjunto Armando.info y La Silla Vacía, de Colombia.
