Las autoridades mexicanas culpan a las venezolanas por no verificar la calidad de los productos que llegan en los combos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Aunque las empresas aportaron información falsa en los empaques, se lavan las manos con tecnicismos burocráticos y siguen otorgando permisos de exportación. En Venezuela es algo de lo que ningún funcionario quiere hablar: durante meses el Gobierno de Nicolás Maduro compró y distribuyó entre los más pobres distintas marcas de leche en polvo de la peor calidad.
En México se lavan las manos. Aunque organismos de ese país autorizaron a varias empresas exportar la leche que consumen los venezolanos a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa ideado por Nicolás Maduro para vender alimentos subsidiados entre los más pobres, las autoridades mexicanas se desentienden al ser consultadas sobre la mala calidad del producto y culpan a Venezuela por no exigir los análisis de la mercancía.
Cuando el plan de Maduro tomaba vuelvo y para muchos venezolanos se convertía en la única alternativa para adquirir alimentos básicos en una economía hiperinflacionaria y de escasez, a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), órgano contralor y protector del consumidor en México, llegó una lluvia de solicitudes de permisos para enviar a suelo venezolano leche en polvo y otros de los once productos incluidos en la caja de los CLAP.
Sólo la sede de esa institución en el estado de Nuevo Léon, región que concentra a exportadores y numerosos proveedores de los CLAP, en 2017 la Cofepris aprobó 33 “Certificados para la Exportación de Libre Venta”, 32 más que en 2016. De los autorizados el año pasado, 26 fueron para leche en polvo y 24 de ellos únicamente para Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), responsable de la marca Macleche, una de las más comercializadas el año pasado en los combos de alimentos gubernamentales.
Emilio Jacques Rivera, el responsable de Cofepris en Nuevo León, explica que parte del trabajo consiste en visitar a las compañías para verificar la información que suministran. No obstante, admite: “ha sucedido que los resultados de un producto analizado son distintos tan sólo por hacerlo con una hora o un día de diferencia”. Sólo esa salvedad podría explicar que haya llegado a Venezuela leche de tan mala calidad y que han terminado por consumir los venezolanos más pobres.
Al domicilio de DAI los representantes de la Cofepris acudieron dos veces, la más reciente el 28 de abril de 2017, según reconoció el funcionario. “Yo le comento que hubo dos muestreos y que todos los efectivos analizados salieron normales”, precisó al ser entrevistado por el diario Excélsior para este reportaje. Pero el análisis químico a uno de los paquetes de MacLeche que salió desde el Puerto de Veracruz hasta el de La Guaira, desnuda la poca efectividad de los controles.
Aunque el envoltorio indica que el producto contenía 26 gramos de proteína por cada 100 gramos, un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), a pedido de Armando.info, arrojó que apenas llegaba a 8,79 gramos de proteína. Con el aporte de calcio ocurre algo similar, hasta el punto de que un niño necesitaría tomar casi 42 vasos para cubrir su requerimiento diario de ese mineral, mientras que un adulto debería ingerir 82,6 vasos. En cambio, el valor de sodio llegó a 604 miligramos, casi duplicando la información del empaque y lo recomendado por el Instituto Nacional de Nutrición (INN) venezolano.
A pesar de eso, el funcionario sostiene que cumplieron porque las empresas solicitaron el “Certificado para la Exportación de Libre Venta”, lo que solamente obligaba a comprobar el cumplimiento de las normas de etiquetado mexicanas, mientras que Venezuela debió reclamar un “Certificado de Análisis del Producto” para constatar la calidad de unos artículos que en su mayoría son empacados exclusivamente para el programa creado por Maduro.
Pero hasta ahora no hay constancia de que haya sido solicitado por las autoridades venezolanas o los intermediarios que vendieron la mercancía al Gobierno venezolano. “Los alimentos para ser exportados sólo requieren los Certificados de Libre Venta”, insiste Jacques Rivera.
Recién el 21 de febrero de 2018, tres días después de que Armando.info revelara la mala calidad de hasta ocho marcas de leche mexicana vendida en los CLAP, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), estatal que centraliza las importaciones públicas y negoció con intermediarios los contratos para el suministro de los CLAP, envió una carta a los proveedores mexicanos para exigirles que deben “ser presentados ante la empresa verificadora y Corpovex con carácter obligatorio el Registro Sanitario y el Certificado de Libre Consumo en el país de origen de todos los productos embarcados que corresponden a los productos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), bien sea en la modalidad de combos o carga suelta”. Cuando esa misiva firmada por el Mayor General Giuseppe Yoffreda Yorio llegó a manos de los empresarios mexicanos, el daño estaba hecho.
Casi un año antes, el 4 de abril de 2017, la oficina federal de Cofepris aprobó el certificado de exportación a la Empacadora de Alimentos Fucks S de RL de CV para la leche en polvo Rancho Nuevo, mientras que el 7 de octubre autorizó a la compañía Sólo Un Precio Servicios Inmobiliarios S. de RL de CV la venta a Venezuela de Soy Más, marca que también exportó Value Oriented Services (VOS). La información nutricional de ambas presentaciones era falsa y sus valores nutricionales estaban tan lejos de los parámetros aprobados para el consumo hasta el punto de que Rancho Nuevo apenas contenía 3,82 gramos de proteína por cada 100 gramos del producto, un valor muy por debajo de los 25,8 gramos que exige la norma nutricional venezolana o los 34 gramos contemplados en la Norma Oficial Mexicana.
Ningún funcionario venezolano se ha pronunciado sobre el asunto, salvo el propio Maduro que en diciembre pasado asomó irregularidades, pero sin mayores detalles. “Una vez hubo una denuncia por aquí, una denuncia por allá, la investigamos y se tomaron los correctivos porque había unos productos que habían venido de mala calidad, se tomaron los correctivos de inmediato”, aseguró el mandatario. El diputado opositor, Freddy Superlano, viajó a la capital mexicana y presentó el 14 de mayo una denuncia ante la Procuraduría General de la República. “¿Cómo puede ser justo que se elabore leche en polvo falsa en México, que cuenta con los permisos para comercializarse y que nadie termine sancionado por este fraude?”, se interroga el parlamentario que funge como presidente de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional.
Pese a la tensión diplomática entre el Gobierno de Maduro y su homólogo Enrique Peña Nieto, las cifras de la Secretaría de Economía de México revelan que Venezuela fue el mayor comprador de leche en polvo el año pasado. El intercambio ascendió a 56 millones de kilos a granel en torno a los 0,5 dólares por cada kilogramo. La incluida en las cajas CLAP, en cambio, fue facturada por intermediarios como Group Grand Limited al Gobierno venezolano en 4,75 dólares por kilogramo, en enero de 2017, y hasta en 6,95 dólares por kilo ocho meses después. Otras como Wellsford Trading Corp la facturaron en poco más de 4 dólares por kilogramo, mientras que M.I.R Importació I Exportació lo hizo en casi 5 dólares por kilo.
Este año los despachos a granel han disminuido. En los cuatro primeros meses sólo se exportaron poco más de 2 millones 100 mil kilogramos, pero entre enero y mayo salieron de puertos mexicanos a Venezuela una veintena de embarques con millones de cajas CLAP que fueron repartidas por el gobierno antes de la elección presidencial del 20 de mayo. En esos lotes aparecieron nuevas marcas de leche en polvo. “Estamos en otro centro de empaquetado de alimentos para los CLAP, aquí estamos verificando la calidad de los productos que son introducidos en las cajas, esta es la leche”, comentó el pasado 8 de junio a través de su cuenta de Twitter el Ministro de Alimentación, Luis Medina Ramírez, mientras exhibía un paquete de Vaca Milk, fabricada por B-Eminent Inc de México.
En 2017 esa empresa empaquetó la marca Vital Milk, una de las que exhibió mejores valores nutricionales en el examen químico, aunque igualmente estuvo lejos de cumplir del todo con la norma nutricional venezolana ya que un niño debía tomar 17,6 vasos de esa leche para cubrir su demanda diaria de calcio y 35,1 vasos en el caso de los adultos.
En los combos de alimentos provenientes de México este año también han llegado presentaciones fabricadas por Grupo Brandon, una firma desconocida en la industria láctea mexicana que mintió en la información nutricional de las marcas Lacto Mas y Suprema, y hasta en la dirección reportada en los empaques. Quizás sea una señal de que desde México continúa enviando a Venezuela la “mala leche” para los CLAP.
*Este artículo fue elaborado en colaboración con el diario mexicano Excélsior
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
