La historia de la Ciudad Judicial Lebrún comenzó con la idea de crear una ciudad judicial en Caracas, proyecto promovido por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), a cargo de Luis Velázquez Alvaray.
El 18 de julio de 2005 se recibe un primer avalúo, elaborado por el ingeniero Guido Díaz Fajardo, del inmueble elegido para tal fin: el Centro Profesional D´Lorenz ubicado en la urbanización industrial Lebrún, calle Los Nardos (Petare), Municipio Sucre, estado Miranda, costaría 14.743 millones de bolívares (seis millones 857.000 dólares).
Luego, el 11 de agosto de 2005, la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia aprueba la “adquisición y adecuación del Edificio en el Sector Lebrún para la sede del Módulo Civil 1 por un monto de cincuenta millardos ciento cincuenta y ocho millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos veintiún bolívares con noventa y siete céntimos (Bs.50.158.065.821,97)”.
El proceso continúa el 16 de agosto de 2005 con la firma de la primera compra-venta entre la DEM y la empresa Inversiones AZ 2000, C.A. del terreno de 4.314 metros cuadrados y la edificación de cuatro pisos, correspondiente al Complejo Profesional D´Lorenz. A los tres días pierde validez cuando se firma una nueva compra-venta entre ambos de los mismos bienes con un ligero ajuste: se incorporó la modalidad “llave en mano”, por lo que quedarían las remodelaciones a cargo de Inversiones AZ 2000, C.A. En esta segunda ocasión la compra-venta se dividió de la siguiente manera: 14.200 millones de bolívares (seis millones 604.000 dólares) por el terreno y la edificación pagados a Inversiones AZ 2000, C.A. ese día y 31.268 millones 675.000 bolívares, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que los recibiría la empresa a través de entregas parciales, finalizando los pagos cuando se hubiese producido la dotación global del inmueble, teniendo como fecha programada el 31 de diciembre de 2005. Ambos acuerdos fueron firmados por Antonio Chambra Brouri, vicepresidente de Inversiones AZ 2000, C.A. y Luis Velázquez Alvaray como director de la DEM.
La lista de contratos firmados no concluyó ahí. El 15 de septiembre de ese mismo año, Velázquez Alvaray recibe una comunicación de la empresa Cesca Construcciones, Estudios y Suelos 3624, C.A. que le recomienda la paralización del Centro Profesional D´Lorenz –según los documentos presentados en la publicación elaborada por el exmagistrado “Luis Velázquez Alvaray le responde a Venezuela”-.
Al poco tiempo, un mes antes de la fecha estipulada para culminar con la transformación de la edificación, se vuelve a modificar el documento. José Iglesias Lorenzo, presidente de Inversiones AZ 2000, C.A., y Velázquez Alvaray, firman el 28 de noviembre de 2005 la eliminación de la ejecución de las obras bajo la modalidad “llave en mano”, quedando únicamente efectiva la compra del terreno y del inmueble.
Según el documento, de los 31,2 millardos de bolívares inicialmente acordados para la remodelación, el Estado, a través de la DEM, debía pagarle a la empresa por la “única valuación de obra ejecutada” un monto de dos millardos de bolívares más IVA, al momento de la protocolización del documento.
Al menos tres modificaciones de la compra-venta entre Inversiones AZ 2000, C.A. y la DEM, la inexistencia de un proceso de licitación y la presencia de la modalidad “llave en mano” reflejan los documentos que recogen la historia de la ciudad judicial. El amparo –la defensa- de Velázquez Alvaray ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para revertir la decisión del Consejo Moral Republicano fue declarado inadmisible el 5 de junio de 2006.
Sin embargo, para Velázquez Alvaray “fue una negociación transparente que yo ejecuto, pero repito, quien tomó la decisión fue la Sala Plena con 28 votos a favor de 32 magistrados. Seríamos bastantes los equivocados, pero nada de eso es cierto”.
En su defensa refiere que la exclusión del proceso de licitación está basada en seis normas de carácter legal y siete declaratorias de emergencia por parte de las máximas autoridades del Poder Judicial en sus respectivos momentos. Pero el Tribunal Supremo de Justicia consideró este argumento no válido, alegando que “en el caso de las Actas de la Sala Plena del año 2005, en ninguno de los casos existe una referencia a declaratoria alguna de emergencia y tampoco existe en el acervo probatorio aportado en el presente procedimiento, acto motivado que así lo exprese o justifique”.
Los registros de Inversiones AZ 2000, C.A. muestran también el perfil de una compañía que no cumplía con las condiciones ideales para firmar una compra-venta “llave en mano” de la magnitud del proyecto de la Ciudad Judicial.
Los documentos que narran la historia de Inversiones AZ 2000, C.A. reposan, bajo el número 50.328, en el Registro Mercantil IV. La empresa nace el 3 de septiembre de 1999 cuando el panameño Edgar Azrak y la venezolana Maritza Charr Arslanian la constituyen con el objeto de “compra, venta, importación, exportación, distribución, almacenaje, representación y manufactura de artículos de vestir, vestido, calzado y sombrerías y telas y productos textiles en general, artículos de cuero…”. Es decir, entrarían en el mercado de las ropas, las telas y los zapatos.
Inversiones AZ 2000 C.A. comienza con un capital de un millón de bolívares (465 dólares) y tiene como bienes aportados una Computadora marca JBM Pentium 150, valorada también por el mismo millón de bolívares. Suman entre los bienes y el capital, dos millones de bolívares (930 dólares). Luego la empresa pasaría a manos de quienes firmaron la compra-venta con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en 2005.
Antonio Chambra, actual dueño de la cadena de tiendas Traki, sustituye en 2002 a Charr al comprar su 1 por ciento de las acciones. Igual sucede en 2005 –poco antes de firmar con la DEM- con las acciones de Azrak, cuando José Iglesias Lorenzo, fundador de otra cadena de descuentos, Pepeganga, adquiere 99% de la compañía y pasa a ser presidente de la misma.
Entre 1999 y 2005 el capital de la empresa no cambió. Tampoco durante ese período aparece en sus balances y registro el edificio que llegaría a vender a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Es este el perfil de la empresa que obtendría una compra-venta y un acuerdo “llave en mano” con la DEM que sumaría 50.158 millones 965.000 bolívares.
El objeto social de la empresa también cambió un mes y medio antes de firmar el primer acuerdo con Velázquez Alvaray en representación de la DEM. Fue el miércoles 28 de junio de 2005, el mismo día que Iglesias Lorenzo adquiere 99% de las acciones.
Acuerdan entonces que “la compañía tendrá por objeto todo lo relacionado con inversiones inmobiliarias, compra, venta, administración, promoción, construcción, refacción y remodelación de inmuebles e inversión en empresas dedicadas a tal ramo, celebrar toda clase de contratos y en general podrá realizar cualquier actividad mercantil lícita que decida la Junta Directiva de la Compañía”.
Es decir, para la firma de la primera compra-venta entre Chambra como vicepresidente de Inversiones AZ 2000, C.A. y Luis Velázquez Alvaray, como Director Ejecutivo de la Magistratura, la empresa solo tenía un mes y medio de experiencia en el campo inmobiliario y de la construcción. Así mismo, luego de la firma de la compra-venta con la DEM, la empresa obtiene una fianza por parte de Proseguros, S.A. (el 4 de octubre de 2005) para la “modalidad llave en mano (dotación y adecuación del edificio Lebrún Módulo 1)” por Bs. 3.595 millones 896 mil 582, 10% del monto estipulado para la obra: Bs.31.268 millones 665 mil 932 más IVA (15%).
Dos meses después de haber firmado con la DEM en representación de Inversiones AZ 2000, Antonio Chambra vende su única acción disponible a su hasta entonces socio, José Iglesias Lorenzo, en una asamblea extraordinaria de accionistas que tuvo lugar el 14 de octubre de 2005. En el documento que recoge ese acto, se hace referencia a la transacción de Ciudad Lebrún: “El día de la firma, el señor Iglesias se vio imposibilitado de asistir, por lo que tuve que otorgar yo el documento. Fuera de ese acto supletorio, que se limitó a una simple firma de mi parte, por impedimento del titular, no he realizado ningún otro; y, por tanto, no he firmado cheque alguno, ni entregado cantidad alguna, ni recibido o administrado de cualquier otra forma los recursos de la empresa, incluidos los que esta recibió por la aludida compraventa del inmueble en Petare”.
Desde Costa Rica, Luis Velázquez Alvaray afirma que no conoce ni a Chambra ni a Lorenzo: “No tengo relación con ellos ni conozco a esos señores. No firmé ningún acuerdo. Apliqué una decisión de Sala Plena aprobada mayoritariamente y te hago entrega del acta donde se solicita eso. Yo lo que hice fue paralizarlo inmediatamente, porque se hicieron críticas. Mi actuación oportuna evitó un daño a la nación”.
La paralización se realizó un mes antes de la fecha pautada para culminar el proyecto, tres meses después de la firma de la primera compra-venta. Le antecedieron dos versiones de contratos, la segunda incluyendo la modalidad “llave en mano”, por lo que para el momento del punto de freno ya el Estado había invertido al menos 16.503 millones de bolívares (siete millones y medio de dólares) en el proyecto de Ciudad Lebrún.
Aunque Velázquez Alvaray dice no haber “tenido el gusto” de conocer a Chambra e Iglesias Lorenzo, en los documentos de la compra-venta entre Inversiones AZ 2000, C.A. y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura –papeles que él incluye en la publicación “Luis Velázquez Alvaray le responde a Venezuela”-, reposan tanto la firma de Chambra y el exmagistrado como la firma de Velázquez Alvaray e Iglesias Lorenzo, papeles acompañados por una referencia de notaría en la que se señala que ambas partes estuvieron presentes al momento de la firma.
El caso sigue abierto en Venezuela, mientras que desde Costa Rica el exmagistrado sostiene que el tiempo le ha dado la razón a las acusaciones que realizó luego de ser acusado por Jesse Chacón. Señalamientos en cuyo elenco figuraban autoridades conectadas con el narcotráfico y la extorsión, Arné Chacón como un banquero que obtuvo depósitos del Estado por sus vínculos con su hermano, así como la existencia de la “banda de los enanos” dentro del poder judicial, de la cual el entonces vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, así como Nicolás Maduro, para ese momento presidente de la Asamblea Nacional, habrían tenido conocimiento.
Luego de haber sido declarado improcedente su recurso de amparo, presentado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en 2006, Luis Velázquez Alvaray afirma que “seguramente la justicia llegará” y no piensa hacer nada más por los momentos.
La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos.
Un juzgado en Nueva York empezó a ventilar la semana pasada el caso de un esquema ‘offshore’ que unos empresarios iraníes idearon para burlar el cerco de las sanciones norteamericanas contra Teherán. Los fondos en dólares que alimentaban ese circuito provenían de Venezuela, y eran parte del pago por la construcción de la Ciudad Socialista Fabricio Ojeda, cuyo desvío Pdvsa consintió. El ejecutivo iraní a cargo del proyecto, dueño a la vez de un sospechoso banco en Malta, había estado bajo investigación de la asesinada periodista Daphne Caruana.
A pesar de la crisis económica que enfrenta Venezuela, el paisaje de Las Mercedes se ha llenado de grúas para construcción y movimientos de tierra. Torres empresariales y viviendas multifamiliares de lujo se construyen a paso acelerado en la Venezuela de la escasez y entre varios actores, una empresa del oriente del país con menos de 10 años de creación, destaca en la metamorfosis de esa zona comercial del este de la capital.
Con la cantidad invertida en 13 años en el Lago de Valencia, en el centro norte de Venezuela, el régimen chavista pudo haber construido 18 hospitales nuevos como el Cardiológico Infantil Latinoamericano de Caracas, o una vía de navegación como el canal de Panamá. Pero a contracorriente de los 385 millones de dólares echados al agua, la cuenca se ha convertido en el pozo séptico más grande de América Latina. Se trata de uno de los problemas ambientales más graves de la región, no solo por la contaminación sino por el costo social de 8.000 familias que están en riesgo de perder su casa y hasta de morir ahogados en aguas negras. Antes que atender esta situación, el régimen de Nicolás Maduro prefiere auxiliar a los damnificados de los huracanes Harvey e Irma, y dejar abandonados a los vecinos a la eterna improvisación venezolana.
Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.
En la Revolución Bolivariana de Venezuela, con un fuerte componente castrense, los oficiales militares pueden figurar, aún contraviniendo la ley, en simultáneo o progresivamente, como líderes de tropas, gerentes gubernamentales y hasta contratistas del Estado. Uno de cada tres de los 785 militares activos en su momento que, como privados, contrataron con la administración pública durante los últimos diez años, lo hicieron desde empresas que tienen por objeto social el área de la construcción. Un caso destaca: el general de división Frank Herbert Lynch Dávila. La compañía familiar de la que forma parte ha recibido por años contratos para la realización de obras mientras el oficial escalaba posiciones hasta quedar a cargo del suministro del cemento en todo el país.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
