Los malos negocios

En 2014, Pacific Rubiales registró pérdidas en sus operaciones cercanas a los 1.300 millones de dólares, según los datos que la propia compañía presentó ante la Superintendencia Financiera, la entidad del gobierno colombiano que regula y controla a las empresas que participan en el mercado financiero y bursátil. Los mismos medios de comunicación que con frecuencia habían mostrado a Pacific como una empresa sólida en la que valía la pena invertir comenzaban a evidenciar los malos resultados financieros de la compañía.

El atractivo negocio que parecía ser Pacific se fracturaba ya en marzo de 2013, cuando el precio de sus acciones cayó por debajo de los 25 dólares; dos años antes habían rozado los 35. Fue el comienzo de un declive del que la compañía jamás logró recuperarse, y en el que influyeron otros factores además del mercado, lo cual contradice el discurso oficial: los que fueran directivos de la empresa –que antes de su venta había cambiado el nombre a Pacific Exploration & Production (Pacific E&P)—insisten en atribuir el descalabro de las acciones y la debacle de la empresa al descenso internacional de los precios del petróleo de 2014.

En octubre de 2016, la investigación de las ONG Indepaz y SOMO “Petróleo: Acumulación de agua y tierras en la Altillanura” aportó nuevos datos sobre la caída de la empresa. Según este informe, Pacific se endeudó para continuar su expansión a través de inversiones en el sector agroindustrial y minero de cantidades que superaban ampliamente su capacidad de pago.

En tres años, de 2012 a 2015, el endeudamiento de la compañía se cuadruplicó: pasó de los 1.300 millones de dólares a cerca de 5.300 millones. Por cada peso que tenía, la empresa llegó a tener tres de deuda, de acuerdo con informes financieros de Pacific citados por la empresa corredora de bolsa Corficolombiana. Si en 2015 el valor de las acciones bajaba de los cuatro dólares ya en enero de 2016 caía de los 0,5 dólares por unidad.

A medida que los títulos de la compañía perdían valor, aparecían las denuncias que señalaban a varios miembros de la junta directiva por malos manejos corporativos. Justicia Tributaria, una ONG que produce documentos de análisis sobre el comportamiento de grandes empresas del país, publicó en 2013 el documento “Política minero-energética, análisis del caso Pacific Rubiales”, que mostraba que los directivos de la empresa petrolera emitieron millones de acciones sin control, lo cual afectó el patrimonio de los accionistas minoritarios. Se trata de un negocio multimillonario, paralelo a la producción de petróleo, que se centró en la ganancia por la emisión y venta de nuevas acciones.

La investigación de Justicia Tributaria, escrita por el economista Mario Valencia, cruza cifras de Pacific, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Bolsa de Valores de Toronto, y expone que el número de acciones en circulación pasó de cerca de 210 millones en 2009 a 292 millones en 2012. El valor de estas 80 millones de acciones nuevas juntas se acercó a los 2.500 millones de dólares, según cifras de Pacific publicadas en el informe de la ONG, un poco menos de los 2.900 millones que pagó la empresa en regalías en ese mismo periodo.

Uno de los hallazgos de Valencia es que la emisión de estas acciones favoreció a los directivos de la empresa, entre los que se encontraban los cuatro venezolanos que fundaron la compañía: José Francisco Arata, Ronald Pantin, Serafino Iácono y Miguel de la Campa.

En el informe, Valencia señala que ellos y otros miembros de la junta directiva de Pacific premiaban su propia gestión: se entregaban a sí mismos papeles llamados “derechos convertibles en acciones”, para luego venderlos en la bolsa.

Aunque estos derechos, también llamados warrants, tenían un valor de entre uno y dos dólares cuando llegaban a manos de los directivos, su conversión en acciones adquiría instantáneamente el valor del mercado: hasta más de 20 dólares, según el precio con el que se negociara en la bolsa de Toronto o Colombia.

El economista Jorge Roberto Acosta, asesor del informe de Justicia Tributaria y profesor en el Colegio de Estudios Superiores de Administración de Bogotá, explicó a Armando Info y Rutas del Conflicto que los directivos no tributaron en Colombia por el dinero recibido con estas acciones, porque la operación se realizó en la bolsa de valores de Toronto en Canadá, donde cotizaba Pacific, fuera de la jurisdicción nacional. La bolsa colombiana funcionaba como un “mercado secundario”; nunca emitió acciones de Pacific, pero sí permitió que se negociaran los títulos registrados en la bolsa canadiense. Por lo tanto, la emisión de acciones no tuvo ningún control de la Superfinanciera colombiana.

Acosta explica que la legislación canadiense permite a las empresas tener en sus estatutos cláusulas que no ponen límite a la emisión de acciones, como queda en evidencia en el informe anual de Pacific Rubiales de 2012. “Mientras en Colombia se sabe cuál es el número de acciones máximo que puede emitir una compañía, en Canadá ellos tienen registrado que, según el informe anual de 2012, ‘el capital autorizado de la Compañía consiste en un número ilimitado de Acciones Ordinarias’, lo que les permite hacer lo que quieran con ese tema”, explica Acosta.

Los beneficios de esta práctica para los directivos de Pacific Rubiales fueron evidentes: solo entre el 10 de enero y el 4 de febrero de 2013, Pantin, Iácono, de la Campa y Arata recibieron ingresos por casi 44 millones de dólares provenientes de la venta de acciones, según información de la bolsas de valores de Colombia y Toronto citada en el informe de Justicia Tributaria.

En el marzo siguiente, de acuerdo con Mario Valencia, ya 111 millones del total de las 322 millones de acciones disponibles en la petrolera provenían de warrants. Es decir, casi un tercio del total de acciones emitidas quedaron en las manos de solo 31 personas naturales y del grupo Alfa mexicano, uno de los mayores accionistas de Pacific a 2014. El reparto se hizo de forma absolutamente legal; estaban autorizados por la legislación canadiense. Al mismo tiempo, esta emisión accionaria depreció el porcentaje de participación del resto de accionistas.

"Pacific Rubiales tenía un derecho exclusivo para poder emitir acciones de manera descontrolada, dijo el economista Mario Valencia.

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En 2015, Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, el mayor partido de izquierda en Colombia, usó las cifras de este informe para denunciar en un debate en el Congreso que el aumento indiscriminado de acciones solo beneficiaba a los directivos de Pacific y perjudicaba a los accionistas minoritarios, que vieron reducido su porcentaje de participación. Por ejemplo, en 2009, que un accionista fuera el propietario de 21 millones de acciones significaba que poseía cerca de un 10% del total; tres años después, el mismo número de acciones representaba un 6.5%.

El senador señaló, además, que mientras aumentaban los beneficios de los ejecutivos de la compañía, esas operaciones habían afectado las pensiones de millones de colombianos, porque varios fondos de pensiones, como Colpensiones y Porvenir, habían comprado acciones de la empresa.

Aunque entre 2008, año de nacimiento de la empresa, y 2014, aparecieron miles de inversionistas comprando títulos de la empresa, la junta directiva se mantuvo en las mismas manos, entre ellas las de Arata, de la Campa, Iácono y Pantin, que negaron en varias ocasiones la participación de cualquier accionista minoritario en el cuadro directivo.

Entre 2012 y 2013, la Asociación de Fondos de Pensiones, dueños en conjunto del 14% de las acciones de Pacific, solicitaron un lugar en la junta para su representante, Santiago Montenegro, que nunca se les otorgó. Los Fondos finalmente vendieron su participación accionaria en febrero de 2014.

Malas inversiones

De acuerdo con el informe de las ONG Indepaz y SOMO, con el transcurrir de los años Pacific Rubiales fue cada vez más agresiva en la construcción de infraestructura petrolera y energética, así como en la adquisición de campos petroleros y gasíferos, no solo en Colombia sino en varios lugares del mundo.

La investigación cita un informe de la empresa Price Water House, que indica que en 2015 Pacific tenía inversiones en campos petroleros de Brasil, Guyana, Perú, Papúa Nueva Guinea, Guatemala y México.

Ese mismo año, cuando se hizo pública la crisis de la compañía, había extendido sus inversiones a la explotación de oro, carbón, hierro y a la compra de tierras cercanas al Campo Rubiales, para el cultivo de palma.

El informe de Indepaz-SOMO expone que la expansión de la empresa se financió en gran medida con bonos de deuda. Las inversiones al final no tuvieron la rentabilidad esperada.

En una entrevista concedida al diario El Tiempo en abril de 2016, César Cuervo, gerente de Análisis de Renta Variable de la analista y corredora de bolsa Credicorp Capital, dijo que “la expansión [de Pacific Rubiales] fue bastante agresiva porque no fue financiada con el flujo de efectivo que se obtenía de la producción de los campos existentes, sino a través de emisión de deuda, por lo que al riesgo operativo se le sumó el financiero, con un nivel de apalancamiento elevado para los estándares de la industria, incluso cuando el barril del crudo se cotizaba en 100 dólares”.

La expansión se traducía en el control de una compleja red de empresas en más de 20 países, muchos de ellos considerados paraísos fiscales. La compañía había comprado decenas de ellas y el resto las había creado para luego abrir sus sucursales en Colombia, como se puede ver en el gráfico del informe de Idepaz-SOMO. (Ver gráfica- la sacamos del informe para ponerla aquí y citamos a Price Water House que es la fuente primaria)

La creación de empresas en estos paraísos fiscales ha sido denunciada por varias investigaciones periodísticas, entre ellas Los Papeles de Panamá, como una estrategia para evadir el pago de impuestos en los países en los que las empresas centran su verdadera actividad productiva o comercial.

Pacific Rubiales no ha aparecido hasta ahora en Los Papeles de Panamá. Sin embargo, sí existen documentos que relacionan a Iácono, de la Campa y Arata con el buffet Mossack Fonseca & Co y con la creación de presuntas sociedades de papel en países como Islas Vírgenes y Luxemburgo, que servían como empresas intermediarias en el negocio de carbón colombiano.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Superintendencia de Sociedades, encargada de regular y controlar las sociedades comerciales en Colombia, han abierto varias investigaciones a Pacific. Pero hasta julio de 2017 no habían emitido sanciones o multar representativas por esta evasión de impuestos.

Una historia de escándalos empresariales

Varias de las compañías en las que Iácono, de la Campa, Arata o Pantin han sido directivos tuvieron serios problemas financieros. Uno de los casos más documentados en medios de comunicación especializados en temas económicos es el de Coalcorp Mining Inc, una empresa similar en muchos aspectos a Pacific. Coalcorp Mining es una empresa que llegó a Colombia como una multinacional canadiense, pero, como Pacific, tenía capital de varios países, incluido Rusia. Además, igual que la petrolera, ha concentrado sus actividades básicamente en Colombia.

Según un artículo del periodista Héctor Mario Rodríguez en el portal Ojo Privado, el ruso Vladimir Iorich, uno de los mayores accionistas de Coalcorp, acusó a Arata, Iácono y de la Campa, en 2009, de ganar dinero a través de la compañía Blue Pacific Assets Corp: compraban bienes que le interesaban a CoalCorp y luego los revendían a esta última. Según el artículo de Rodríguez, fue por medio de la firma panameña Mossack Fonseca & Co que los empresarios realizaron estas transacciones en las que Arata, Iácono y de la Campa se quedaron “indebidamente” con 32 millones de dólares.

Blue Pacific Assets Corp tenía como beneficiarios a la suegra de Serafino Iácono, algunos familiares de Francisco Arata y una empresa de Miguel de la Campa llamada Torino Consultants Limited.

Iorich los demandó por “enriquecimiento injustificado”, en septiembre de 2009, ante la Corte Superior de Justicia de Ontario, Canadá. Según Rodríguez, el empresario ruso desistió de la demanda luego de llegar a un acuerdo económico con los empresarios.

Pantin, Arata, de la Campa y Iácono también fueron altos directivos de la compañía Gran Colombia Gold, que se convirtió entre 2010 y 2011 en una de las mayores empresas de extracción de oro en Colombia. Iácono fue presidente de la compañía y el resto estuvo en la junta directiva.

Bajo su dirección, las acciones de la compañía pasaron de valer 59 dólares en 2010 a 0,44 en 2015. La exministra de Relaciones Exteriores del gobierno Uribe, María Consuelo Araujo, también fue miembro de la junta directiva de esa empresa en la misma época.

Comunidades de mineros artesanales se han enfrentado a Gran Colombia Gold por varios intentos de desalojo en minas de los departamentos de Antioquia y Caldas. En febrero de 2017, la empresa demandó al Estado colombiano porque considera que no ha podido desarrollar sus proyectos en esas regiones, ya que las autoridades judiciales y la fuerza pública no han expulsado a los mineros que la empresa señala de “ilegales”. A julio de 2017, solo Iácono y de la Campa permanecen en la junta directiva de Gran Colombia Gold.