La pugna por el control de la empresa tras la quiebra

En pleno declive de Pacific, en 2015, cuando sus acciones habían bajado a menos de cuatro dólares, un grupo internacional de inversionistas registrado en Panamá, O’Hara Administration, apareció para hacerse con un gran porcentaje de la compañía. En mayo de ese año, O’Hara, junto con un grupo de empresas que se declararon aliadas en su intención de controlar la petrolera --entre ellas IPC Investmentents Corp., Telmaven Overseas Inc., Volbor Trading Ltd., Agency Partner Corp., Fundación Nemone, Adar Marco Fund--,, compraron un 19,2% del accionariado total, convirtiéndose en los accionistas mayoritarios, ya que ningún otro grupo inversor tenía más que ese porcentaje. Como reportó el portal económico Marketwired.com, en menos de una semana O’Hara y sus aliadas acumularon cerca de 60 millones de acciones.

Los venezolanos Leopoldo Alejandro Betancourt López y Orlando Alvarado fundaron O’Hara en 2014. Ambos hacen parte del grupo de los llamados bolichicos, jóvenes empresarios cercanos al gobierno chavista que hicieron una fortuna durante la crisis energética venezolana, entre 2009 y 2011, con otra de sus empresas, Derwick Associates.

De los cinco empresarios que componen este grupo, solo Betancourt y Alvarado tienen una vinculación pública con O’Hara: Alvarado como director y Betancourt como cabeza de la compra de acciones de Pacific. No hay certeza sobre si Pedro Trebbau López, Francisco Convit Guruceaga y Domingo Guzmán López también forman parte de ese grupo internacional.

En septiembre de 2015, Leopoldo Alejandro Betancourt entró a la junta directiva de Pacific, aunque permaneció allí sólo siete meses, hasta abril de 2016.

Los dos grupos de venezolanos, por un lado los nuevos inversionistas de O’Hara y por el otro, los fundadores de Pacific, se enfrentarían a la hora de definir quién se quedaría con el control de la petrolera.

En medio de la crisis financiera y la rápida compra de acciones por parte de O´Hara y sus aliados, la junta directiva de Pacific, en la que estaban, entre otros, Arata, Pantin, Iácono y de la Campa, decidió poner la compañía en venta, y propuso aceptar la oferta de compra de la empresa mexicana Alfa y la estadounidense Harbour Energy.

El grupo O’Hara se concentró en intentar bloquear esas ofertas. A mediados del 2015, sus directivos enviaron un comunicado a varios accionistas invitándolos a votar en contra. Argumentaban que la propuesta subvaloraba las acciones de la empresa y que solo beneficiaba a los miembros de la junta directiva. Al final lograron que se vinieran abajo las negociaciones.

Como respuesta, la junta directiva de Pacific presentó una petición ante el Tribunal Superior de Columbia Británica para quitar el derecho al voto a un poco más de la tercera parte de las acciones del grupo O’Hara, para que no pudieran interferir en la venta de la compañía. La petrolera alegó que esas acciones habían sido adquiridas de manera irregular, porque no era clara la procedencia del dinero con los que se hizo la compra. Pero Alfa ya había retirado su propuesta de compra ante los fuertes rumores de que perdería en la votación.

En abril de 2016, el mismo mes que Leopoldo Alejandro Betancourt salió de la junta directiva, y frente a una bancarrota inminente, la petrolera hizo pública la propuesta final de acuerdo de reestructuración con el grupo Catalyst, para salvar a la empresa. Además de interferir en las de Alfa y Harbour Energy, O’Hara había hecho su propia oferta en alianza con otros accionistas minoritarios de la petrolera, pero ganó Catalyst, cuya compra dejó sin valor a las acciones de todos los inversionistas, incluidas los de O’Hara.

Esto hizo que los inversionistas Alfa y O’Hara se aliaran y contrataran al abogado colombiano Jaime Granados para interponer una demanda en contra de la junta directiva de Pacific, responsable de la transacción con Catalyst. “No se les dio la oportunidad a los accionistas de recapitalizar, de hacer una inyección de capital”, dijo Granados a Armando Info y Rutas del Conflicto.

"Todos los accionistas que no tuvieron la oportunidad de recapitalización quedaron en ceros. Eso incluye a los minoritarios que perdieron su inversión", aseguró Jaime Granados.

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Felipe Goyeneche, un accionista de Pacific, denunció a Betancourt y Alvarado en Colombia por presunto lavado de activos. Así lo reportó el medio económico LaRepublica.co. Goyeneche alega que “dichos empresarios extranjeros, utilizando sus empresas, llegan a otros países con el objetivo de legalizar dineros mediante la inversión en diferentes empresas nacionales o multinacionales”.

Esta no es la primera vez que los bolichicos son acusados de realizar negocios de manera irregular. Antes lo hicieron, según las denuncias, a través de su empresa Derwick. Pedro Trebbau López, Francisco Convit Guruceaga, Domingo Guzmán López, Leopoldo Alejandro Betancourt López y Orlando Alvarado han sido señalados varias veces por investigaciones periodísticas de aprovechar la crisis energética venezolana de 2009 a 2013, para enriquecerse.

En 2009, se secaban los embalses en Venezuela. El entonces presidente venezolano Hugo Chávez declaró la emergencia eléctrica en todo el país, causada, según él, por el fenómeno de El Niño. Fue entonces cuando el gobierno ordenó el racionamiento eléctrico y el gobierno emitió un decreto que permitía a las empresas de la industria energética comprar maquinaria y asignar obras sin cumplir con todos los requisitos de la Ley de Contrataciones Públicas.

En menos de 14 meses, Derwick Associates obtuvo 12 contratos para la construcción de plantas eléctricas, cinco de las cuales garantizarían el servicio eléctrico en Caracas. Aunque Derwick Associates se inscribió en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela en noviembre del 2009, un mes antes ya aparecía como titular de uno de esos contratos. Esta empresa, sin ninguna trayectoria financiera, también vendió plantas eléctricas a Bariven, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

A inicios del 2013, el ex embajador de Venezuela en Estados Unidos, Otto Reich, acusó a Derwick ante la justicia estadounidense de haber conseguido esos contratos a través de grandes cadenas de soborno a funcionarios públicos, entre ellos el entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.

A finales de ese mismo año, el activista Thor Halvorssen presentó una demanda ante un tribunal de Miami acusando a Derwick de soborno y sobrefacturación en la venta de plantas eléctricas a PDVSA. Según Halvorssen, Derwick vendió esos equipos en 34,6 millones de dólares, cuando en realidad estaban avaluados en 28,5 millones de dólares.

Ambas demandas fueron desestimadas en Nueva York y Miami respectivamente, con un argumento similar. En la primera el juez afirmó que el demandante había fallado en demostrar que los acusados querían establecer sus residencias permanentes en Estados Unidos por lo que no había fundamentos para “ejercer su jurisdicción sobre ciudadanos venezolanos”. En Miami el juez concluyó que no había una relación clara y fuerte entre las posibles acciones delictivas de los bolichicos y el estado de Florida.

Luego de perder, a mediados de 2015, el derecho de explotación de campo Rubiales, su principal campo petrolero, Pacific Rubiales pasó a llamarse Pacific Exploration and Produccion (Pacific E&P). Durante el primer semestre de 2016, los directivos de la empresa anunciaron un acuerdo de reestructuración con Catalyst Capital Group, un fondo de inversión canadiense con experiencia en rescatar proyectos mineros hundidos en deudas impagables.

Al ponerse en marcha el acuerdo, un grupo de accionistas de la empresa demandaron a la antigua junta directiva de Pacific, integrada por Serafino Iácono, Miguel de la Campa y Ronald Pantin. “El haber impedido que los accionistas pudieran capitalizar la empresa, el haber tomado decisiones en contra de los intereses de los accionistas y el haber dejado expósitos a los inversionistas colombianos, especialmente a los pequeños, generó la debacle que conocemos hoy”, dijo Jaime Granados, abogado de los demandantes, en una entrevista concedida a Rutas del Conflicto y Armando info. El abogado aclaró que José Francisco Arata no está dentro de los demandados debido a que la acción legal se pone en marcha cuando él ya había salido de la empresa.

Catalyst se quedó con el 100% de las nuevas acciones de la empresa, a cambio de proporcionar 500 millones de dólares para solventar la deuda de la antigua Pacific, que alcanzaba los 5.400 millones de dólares. Los accionistas internacionales y los cerca de los 7 mil colombianos con acciones de la compañía no tuvieron la opción de participar o reinvertir en la nueva empresa . El grupo venezolano O’Hara y el grupo mexicano Alfa que manejaban en conjunto cerca del 40% de las acciones de la empresa perdieron su inversión y se quedaron fuera de la nueva compañía.

Desde sus inicios Pacific comenzó un ambicioso proceso de expansión que incluyó inversiones en la extracción de otros minerales, la construcción de oleoductos y puertos, entre otros proyectos. Para financiar los nuevos negocios, la compañía se endeudó con bancos y particulares, que terminaron presionando a la compañía en 2015, ante la reducción en su capacidad de pago.

Según un artículo publicado el 19 de abril de 2016 en el portal Dinero, estos bancos y particulares que habían comprado los bonos de deuda de la empresa fueron los más beneficiados con la venta a Catalyst, mientras que las acciones regulares salieron de la bolsa y quedaron sin ningún valor. Según Jaime Granados, los denominados “bonistas” son mayoritariamente bancos y empresarios de Venezuela, España, México y Canadá.

El 1 de noviembre de 2016, la Superintendencia financiera de Colombia canceló en el registro de acciones e inversiones del país las acciones de Pacific E&P. Dos días después, la compra de la canadiense Catalyst fue inscrita en la Bolsa de su país.

Aunque Pacific tenía altas deudas y ya no explotaba Rubiales, con la venta le entregó a Catalyst decenas de propiedades, miles de hectáreas de tierras y el derecho de seguir con la extracción de gas y petróleo en varias zonas del país, incluidos los campos de Quifa, cerca de Rubiales, y La Creciente, en el Caribe.

Armando Info y Rutas del Conflicto consultaron a la nueva empresa, que desde junio de 2017 se llama Frontera Energy, sobre el inventario general que recibió luego de la venta. Y preguntaron si Miguel de la Campa, Serafino Iácono, Ronald Pantin o José Francisco Arata tenían algún rol en la nueva compañía. La petrolera no ha respondido a las consultas, que se hicieron por correo electrónico y vía telefónica.

En la nueva junta directiva de Fontera Energy, publicada en la página web de la empresa, no figura ninguno de los cuatro. La única persona que sigue en la empresa es Peter Volk. El canadiense, alto directivo de la petrolera desde su creación y clave en la venta y reestructuración de la compañía, ha sido socio de Arata, Iácono y de la Campa en otras empresas desde hace 20 años, como Tecnopetrol, Gran Colombia Gold, Pacific Stratus, entre otras.

Jaime Granados, abogado del Grupo O’Hara le dijo a Armando Info y Rutas del Conflicto, que sus clientes no darían ninguna declaración respecto a los motivos que los llevaron a invertir en Pacific Rubiales, ni entregarían detalles de quiénes hacen parte del grupo de inversiones que demandó a Pantin, Iácono y De la Campa.

El abogado insistió en que sus clientes no se referirán a manejos anteriores de la empresa y que sus declaraciones se limitarían a señalar el daño económico que sufrieron sus representados con la venta de Pacific a Catalyst.