Luego de hacer migas con políticos chavistas y de oposición, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo fueron imputados en 2009 por la Fiscalía venezolana por el delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública. Los Panama Papers revelaron que para el momento, los dueños del Grupo Banvalor mantenían tres empresas en las Islas Vírgenes, a las que se sumaron 22 sociedades más distribuidas en Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Panamá. Nunca una huida había estado tan bien asegurada.
Un escueto comunicado fue enviado a los clientes del BBA Bank N.V. de Aruba, el pasado 4 de marzo. Los dueños informaban que habían tomado la decisión de liquidar la entidad para el próximo 15 de julio. “El banco se encontró con varios retos en el ambiente de la comunidad financiera internacional que bloquearon su crecimiento. Otros asuntos personales también jugaron un papel en la decisión voluntaria para suspender las operaciones del banco”. Prometieron devolver a los clientes, en su mayoría venezolanos, los dineros depositados antes del cierre.
El hecho conmovió a la isla porque, además, a uno de los dueños del banco el gobierno de Estados Unidos le negó una visa por supuestas actividades relacionadas con el terrorismo, según publicó el periodista venezolano radicado en Miami, Casto Ocando.
Por segunda vez, en menos de cinco años, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo, se enfrentaban a la clausura forzosa de un emprendimiento financiero.
Aruba fue el puerto de desembarco de los dueños del Grupo Banvalor –formado por la Corporación Castillo Beltrán C.A., Seguros Banvalor C.A., Banvalor Banco Comercial C.A, y Banvalor Casa de Bolsa C.A.- justo un mes después de haber de sido citados por el Ministerio Público venezolano, en febrero de 2009, para imputarles los delitos de simulación de operaciones bursátiles, obtención fraudulenta de divisas y agavillamiento.
El hecho ocurrió cuando, a raíz de la venta de bonos en dólares de Pdvsa y la República, los Castillo diseñaron entre 2006 y 2007 un esquema para obtener mayor cantidad de adjudicaciones de dólares: realizaron las solicitudes de compra a nombre de 1.000 empleados, sin que éstos supuestamente lo supiesen. Tras la denuncia de los afectados, las autoridades descubrieron irregularidades operativas tanto en el banco como en la aseguradora. Una de ellas: iliquidez inusual, inexplicable para un grupo que manejaba contratos de seguros tan codiciados y millonarios como los del Ministerio de Educación y varias gobernaciones.
La apertura del BBA Bank de Aruba fue publicitada como el estreno de las operaciones internacionales del grupo, y a la cual acudió el ex Primer Ministro de Aruba, Nelson Oduber, y el entonces diputado del partido Podemos, Juan José Molina. Sin embargo, los Panama Papers revelan que los hermanos Castillo Bozo, ya tenían una estructura empresarial secreta en las Islas Vírgenes, conformada por tres compañías. Y lo que se pensó que era el primer paso de una expansión hacia mercados del Caribe, no era sino la continuación de un emprendimiento offshore realizado en el pasado.
De ninguna de las empresas radicadas en las Islas Vírgenes se conoce actividad comercial ni administrativa alguna. Fueron registradas entre 2003 y 2005, hace ya más de 10 años, justo en la época en que los empresarios navegaban con destreza en las nuevas aguas de la política venezolana, de la mano de Alfredo Peña, Juan Barreto, Eduardo Manuitt y Aristóbulo Istúriz.
Para la creación del tinglado offshore (fuera de la jurisdicción venezolana), los Castillo utilizaron los servicios del bufete de abogados Mossack Fonseca, radicados en Panamá. Con ese apalancamiento y experticia, Solitaire Group Limited, Flamingo Group Holdings Corp., y Sandbox Invest se constituyeron en una base mercantil que los hermanos mantuvieron activa hasta al menos 2012, según los documentos del despacho. Siempre con la misma sede, en la calle Francis Drake de Road Town, la capital de Tortola, una de las Islas Vírgenes. Las dos últimas compañías tienen “espejos” (empresas de similar nombre y vinculadas) en Miami (Estados Unidos), con una misma sede y sin actividad comercial conocida hasta los momentos.
Haber armado un espacio afuera, posiblemente les permitió huir rápidamente del país y establecerse en el extranjero, cuando la Fiscalía venezolana tocó sus puertas.
El parteaguas para los Castillo Bozo, comenzó en julio de 2007, cuando el Ministerio de Educación les retiró una de las pólizas más abultadas y codiciadas por los aseguradores venezolanos.
El ministerio se había convertido en la piedra angular del grupo financiero. “Tener ese seguro es uno de los más jugosos de América Latina, porque se reciben depósitos oficiales a tasa pasiva que los aseguradores colocan luego en plaza pública a tasa activa. El negocio es descomunal”, indicó el economista Francisco Faraco. Especialistas indican que el monto de la póliza rondaba los 100 millones de dólares. Los Castillo Bozo también sumaron las de la gobernación de Monagas, Miranda y Carabobo. En el mejor momento, Seguros Banvalor y el Banco Banvalor sumaron 4 millones de clientes.
Luego de ese masivo retiro, Seguros Banvalor no se recuperó. Vino la demanda de los empleados de la entidad contra su directiva, la misma del banco subsidiario, Banvalor. Poco después, en 2009 explotó la minicrisis financiera. “Esos bancos formaban con el Grupo Banvalor, el tinglado operativo de Alejadro Andrade, Tesorero de la Nación, en la compra de bonos de Pdvsa que luego se transaban en el mercado de divisas negro, dejando ganancias extremadamente altas”, agregó Faraco. El ex tesorero, hoy radicado en Estados Unidos, habría favorecido al grupo con adjudicaciones directas de bonos y notas estructuradas.
El retiro de la póliza del Ministerio de Educación y las posteriores denuncias por usurpación de identidad de los empleados parecieran haber sido el combustible necesario para que el grupo se mudara, rápidamente, del país. Una parte del nuevo emprendimiento se hizo con sigilo, otra con publicidad. Según el Registro de Público de Panamá, entre 2007 y 2010, fecha de intervención de Seguros Banvalor, los Castillo Bozo abrieron 13 empresas, de las cuales no se conoce actividad comercial alguna. Una de ellas tiene un nombre similar a otra en Delaware (Estados Unidos), un estado que percibe cuantiosos ingresos mediante el registro de empresas con facilidades impositivas, y reconocido mundialmente como un paraíso fiscal. Otras dos operaciones recibieron cuantiosa publicidad: la apertura de Seguros BBA Corp. en Panamá (2008) y la del BBA Bank de Aruba, inscrito en el Banco Central de la isla como offshore y dirigido exclusivamente a captar dólares de clientes venezolanos (2009).
Las 13 empresas son Joycespace, Maida Enterprises, Beauty Corporation Inc., Kairos Asesores de Inversiones, Daltrey Properties Inc., Bowman Investment S.A., KYC Ltd S.A., MBH Ltd S.A., Hiven Consultants Inc., Twin Shine Corp, Dream Rock Corp, Teller Enterprises y Mercury Star.
Cuando Seguros Banvalor fue intervenido por el gobierno venezolano en enero de 2010, ni Leopoldo ni Gabriel, los principales directivos, se encontraban en el país. Aún con una alerta de Interpol sobre sus espaldas, la red construida desde 2003 con la ayuda del bufete Mossack Fonseca les dio la seguridad necesaria para cerrar la página con el país y continuar con la faceta abierta de la expansión caribeña. Desde enero de 2010 hasta octubre de 2013, Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo abrieron 6 empresas relacionadas con el sector de seguros, banca y finanzas en Panamá (Seguros BBA Corp. y Financiadora Inversolution), República Dominicana (Banco Atlántico y Atlántico CCA Valores) e incluso Estados Unidos (BBA Capital NYC).
Recién salido del país, Leopoldo Castillo defendió su trayectoria en una entrevista al diario El Mundo Economía y Negocios. “Lo primero que quiero aclarar es que la compañía de seguros de Panamá no tiene nada que ver con la compañía de seguros de Venezuela, y que el banco de Aruba, tampoco tiene que ver con el de Venezuela”, afirmó. Argumentó que era una retaliación política la intervención de sus entidades, insinuando que se debía a que proporcionaba el seguro colectivo a gobernaciones de la oposición, entonces Miranda y Carabobo.
Ante las críticas de asegurados que reclamaban más de un año por atraso de reembolsos, dijo: “Yo manejo un millón y medio de clientes, que cinco o diez se quejen para mí no es significativo. Deben ser casos específicos en los que faltan algunos documentos… Yo no soy el niño Jesús, ni pretendo serlo. Pero soy una persona correcta, no le robo nada a nadie”. Una solicitud de entrevista hecha vía correo electrónico a Leopoldo Castillo fue aceptada por un asistente en República Dominicana, pero no pudo ser realizada para el momento de la publicación. Queda abierta la posibilidad para sus declaraciones.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
