A seis años de su centralización bajo el Saren (Servicio Autónomo de Registros y Notarías), las gestiones para legalizar un documento se han vuelto más difíciles que nunca. Mientras el cumplimiento de las promesas de eficiencia de entonces se sigue posponiendo, el sistema estatal concentra sus energías en castigar a los empleados que hacen denuncias y en echar un manto de silencio y opacidad sobre su gestión.
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Reclamar las fallas estructurales del sistema de registros y notarías puede ser motivo de despido y hasta de prisión para sus empleados. Pero Oscar Jaramillo, uno de los usuarios que espera a ser atendido en las afueras del Registro Principal de Caracas, parece no saberlo. Y sí lo sabe, no le importa: se queja de la tardanza. Necesita legalizar todas sus credenciales para viajar a España donde cursará una maestría en Comercio Exterior. Una señora que hace la misma cola también reclama las debilidades del servicio. Si hubiese más personal, dice, no tendría que poner su vida en riesgo por un trámite: está allí desde las tres de la mañana, una hora en la que la delincuencia acecha en las calles de la capital venezolana y, aún así, no es de las primeras en la fila. Desde la medianoche ya había gente; algunas personas provenientes del interior del país y otros esperando clientes –personas que llegan más tarde– para venderles el puesto.
La odisea es inevitable: los usuarios solo tienen un día a la semana para ser atendidos de acuerdo a su número de cédula y a diario se reparten entre 100 y 120 números entre quienes aguardan para adelantar gestiones de legalización de documentos. A las siete de la mañana, sin embargo, quienes quedaron por fuera aún esperan. No quieren “perder el viaje”. Mientras tanto, una mujer joven reparte volantes tentadores para el que no desea volver: “Abogada experta mercantil con 10 años de experiencia. No busque más: actas de asamblea, contratos, poderes, compra-ventas, constitución de empresas, firma personal, RIF, Inces, Ivss, aumento de capital, legalización de títulos, sucesiones, fundaciones, cooperativas”. Estos procesos administrativos, todos de interés general, se hacen engorrosos por diseño o por circunstancias. Con respecto a estas últimas, por ejemplo, está el caso de algunos registros que acumulan hasta cuatro meses sin tóner para impresoras, o lo que es lo mismo, sin posibilidad de emitir documentos. La impaciencia no tiene cabida con este tipo de diligencias.
El sistema se agrupa bajo el paraguas del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y creado seis años atrás con la promesa de hacerlo más eficiente.
En 2008 el entonces titular de la cartera del Interior, Ramón Rodríguez Chacín –un ex oficial naval de inteligencia que hoy se desempeña como gobernador del estado Guárico a nombre del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)– centralizó el sistema de notarías y registros. Hasta entonces los registros mercantiles y notarías tenían un régimen de autonomía. Ello les permitía administrar por su cuenta la distribución de los recursos para financiar sus operaciones y asignar los remanentes como bonos de estímulo a la productividad: por lo general, se otorgaba la mitad para los jefes –registrador o notario y jefes de servicio– y la otra para los empleados del organismo (exceptuando a los obreros). Ello, explica el abogado Alonso Macías Luis, era un acicate eficaz para el óptimo funcionamiento de esas dependencias. Los abogados soñaban, dada la buena remuneración, con laborar en la función registral y notarial. Una notaría era el equivalente al gordo de la lotería.
Sin embargo, esto de trabajar por la zanahoria de los ingresos extras pronto resaltó como un anatema para el ideario expreso de la revolución bolivariana. Al anunciar la centralización de los servicios en el ministerio del Interior, Rodríguez Chacín denunció que, por culpa de la política de estímulos, algunos funcionarios conseguían devengar hasta 500 millones de bolívares al mes, cerca de 11 millones de dólares al cambio legal vigente en 2008. Mientras, otros cobraban sueldos de trabajador público. Así que el Gobierno optó por regular las ganancias de las Notarías y Registros. El incentivo del excedente desapareció y los trabajadores pasaron a cobrar nóminas fijas. “Es un acto de justicia social, es una decisión que había que tomar”, dijo el ministro, al tiempo que decía que el esquema anterior solo beneficiaba a unos pocos.
El manejo discrecional de los ingresos no estaba definido en la Ley de Registro Público y del Notariado, aprobada por el ex presidente Hugo Chávez en 2001 con el fin de unificar y modernizar la actividad registral y notarial. Ni para permitirlo ni para prohibirlo. Simplemente no lo consideró. El vacío legal había sido aprovechado por los encargados de las oficinas para repartirse las plusvalías. Ahora, el Gobierno de Chávez lo usaba para dirigir los excedentes a un fondo único que se creaba, según anunció Rodríguez Chacín, para costear el proyecto de automatización del servicio.
Pasó entonces lo impensable: para defender lo que se había perfilado como un privilegio de unos pocos, el personal de registros y notarías se movilizó. Amenazaron con un paro indefinido, introdujeron un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. Muchos renunciaron.
Aparte de la disminución en los ingresos que, de hecho, representó la medida, en los siguientes cinco años los trabajadores de registros y notarías –empleados del segundo gran recaudador de dinero en Venezuela, solo después del Seniat, el ente tributario– no recibieron ningún aumento salarial, que no fuera el incremento general del salario mínimo decretado por la Presidencia de la República.
Al mismo tiempo, Venezuela enfrenó tres devaluaciones camuflageadas y se convirtió en el campeón mundial de la tasa inflacionaria. Las consecuencias no se hicieron esperar. Ya en 2009 la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos empezó a denunciar retrasos en la ejecución de trámites civiles, mercantiles e inmobiliarios. Una Operación Morrocoy virtual se implantó.
Pedir un acta de matrimonio, registrar un título universitario o fotocopiar la tradición legal de una empresa significa desde entonces una retahíla de pasos para los que sobran quejas entre los usuarios que de domingo a jueves duermen frente a los registros mercantiles.
La lucha organizada por las reivindicaciones laborales y las mejoras del servicio empezó a mediados de 2013 con protestas de calle, denuncias en medios de comunicación y reuniones con autoridades gubernamentales. Mesas de diálogo entre voceros de los trabajadores y autoridades del Saren lograron un aumento de sueldo y la aprobación de una prima por guardería para los empleados, pero las discusiones se paralizaron a principios de este año y quienes actuaron como representantes de los trabajadores ahora enfrentan procesos de destitución o averiguaciones penales a solicitud de la presidenta del Saren, Violeta Clavaud.
Una circular presentada por el organismo el 16 de septiembre de 2013 reza que sus trabajadores tienen prohibido ofrecer declaraciones ante los medios de comunicación. Nueve días antes, el diario Últimas Noticias había publicado un artículo sobre las deficientes condiciones laborales en las notarías y registros, reportadas por algunos trabajadores: bajos sueldos, hacinamiento, falta de insumos de trabajo, problemas con la póliza de seguros. Un documento del Saren da cuenta de un procedimiento disciplinario de destitución a propósito de los testimonios ofrecidos, pese a que la medida prohibitiva de hablar con periodistas se emitió después de esa publicación.
Funcionarios que prefirieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias aseguran que las fallas se mantienen. Denuncian retrasos en el pago de la prima por guardería y el bono de útiles escolares, así como también, el incumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) en los distintos registros y notarías. “No tenemos condiciones dignas de trabajo”, afirma uno que recientemente sufrió un accidente laboral. Sus denuncias elevadas ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) aún no ven frutos.
Los problemas de infraestructura no son un secreto para los usuarios. Uno de ellos tiene más de un mes tratando de revisar el expediente de una empresa inscrita en el Registro Mercantil V de Caracas, que actualmente está en un proceso de mudanza. “Ahorita no es posible conseguirlo”, responden los empleados. Una pared de la antigua sede se habría derrumbado sobre una pila de archivos y hay que esperar –no se define cuánto- a que los escombros sean removidos para buscar el material solicitado.
El reclamo de estas debilidades a través de las redes sociales por parte de los funcionarios también es motivo de persecución. Varios empleados reportaron en agosto de este año, también ante el diario Últimas Noticias, la apertura de investigaciones en su contra por presuntos delitos informáticos. Uno de ellos, que pidió reservar su nombre, manifestó su indignación por las palabras del efectivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que lo interrogó sobre el caso. “Tú sabes cómo es esto, deja de tuitear eso”, le habría dicho el policía sin aludir a pruebas sobre cómo sus publicaciones digitales justificaban una averiguación penal. Su casa y la de sus colegas, sin embargo, fue allanada –comprobó en ese entonces Últimas Noticias– y la investigación sigue en proceso.
Vladimir Suárez ya no teme decir su nombre. Fue destituido este mes de su cargo de escribiente III en la Notaría Cuarta del municipio Libertador por presuntas faltas en el Registro Público de los municipios Santiago Mariño, Libertador y Francisco Linares Alcántara del estado Aragua, donde trabajó entre 2012 y 2013. Antes, en 2011, trabajó en la Notaría Tercera del estado Miranda. Se destacó como vocero defensor de los derechos laborales del sector. Su salida del Saren se concretó este 10 de septiembre pese a que en 2012 fue presentado ante la oficina de Recursos Humanos un documento con justificativos de las ausencias aludidas por la registradora de Aragua. Las voces cantantes en la exigencia de mejoras están bajo lupa de las autoridades del Saren.
“El servicio debe funcionar de manera eficiente para cubrir con las necesidades de los usuarios que diariamente acuden a estos órganos para efectuar cualquier acto o negocio jurídico que la ley estipula, buscando así la certeza jurídica de esos actos y la fe pública que solo puede ser otorgada por el sistema”, explica el abogado Macías en su artículo “Registros y Notarías ¿Eficiencia o Ineficiencia Administrativa?”.
Una solicitud de entrevista sobre el tema con algún portavoz del organismo no obtuvo respuesta. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció en junio de este año la destitución del 52 por ciento de los registradores y notarios del país por corrupción. Los casos, aseguró, están en Fiscalía. Los reportes diarios del portal digital del Ministerio Público, sin embargo, todavía no precisan nombres ni avances vinculados a estas investigaciones.
Víctor Borges, un obrero del Registro Mercantil II del Distrito Capital y estado Miranda, en cambio, sí está plenamente identificado por la prensa del Cicpc. Fue detenido este mes por solicitar dinero a un usuario para agilizar la entrega de una copia certificada. Mientras el Gobierno nacional promete la pronta optimización del servicio mediante la modernización tecnológica, los caminos verdes –corrupción, soborno, gestores- aún son la salida que algunos encuentran, reconocieron usuarios consultados, para cumplir con compromisos administrativos.
El llamado ‘ecosocialismo’ sopesó el potencial exportador del alga roja y levantó la veda sobre su cultivo y comercio, a los que ahora alienta. Se trata de dos especies asiáticas, introducidas a mano y asilvestradas en aguas del oriente del país, que dieron pie a un negocio que ya florecía en el vacío legal. En la isla de Margarita la actividad se concentra en un puñado de empresas -alguna conectada con la jerarquía chavista-, casi sin supervisión y ningún estudio de su impacto ecológico. Y los productores artesanales siguen en la miseria.
Ni en el retiro ni en prisión: con tres décadas en el oficio, el estafador venezolano José Trinidad Márquez acaba de volver a las andadas en España. Pero el ‘modus operandi’ que usa ha quedado expuesto. Su más reciente y fallido intento de conseguir comisiones, haciéndose pasar por un intermediario de petroleras latinoamericanas -fingió trabajar para Pdvsa y ahora para la mexicana Pemex-, topó con un hombre que pilló muy pronto sus artimañas y lo denunció ante las empresas víctimas -corporaciones internacionales-, la prensa y la justicia.
Un compuesto de suero de leche con almidones espesantes se vende desde hace tiempo en el mercado nacional bajo la marca Tigolac. Si la naturaleza del sucedáneo lácteo podría generar escepticismo entre los consumidores conscientes, el asunto se acaba de volver más serio: en Brasil allanaron la fábrica donde se produce y le encontraron adulteraciones con sustancias abrasivas y antisépticas no aptas para la ingesta. Entre tanto, el importador en Venezuela y el Ministerio de Salud, que otorgó el permiso sanitario, guardaron silencio.
Los cujíes lloran de dolor en el hábitat semiárido del Parque Nacional Cerro Saroche, entre Barquisimeto y Carora. También las veras y los curaríes. A todas estas especies arbóreas las está extinguiendo la voracidad comercial por sus maderas. Con el ojo puesto en un negocio de exportación, desde 2021 el oficialismo no solo impulsa, sino que también participa en su tala indiscriminada y procesamiento que busca suplir la demanda global de combustibles para cocinar al aire libre. Una empresa mixta, Carbonera El Obelisco, es punta de lanza en este boom ecocida.
A Edgar Marval, uno de los 10 estadounidenses canjeados por Alex Saab, le apagaron cigarros en la espalda y le sometieron a descargas eléctricas. Más allá de las torturas, su historia abre una oportunidad inédita para trazar la ruta del oro, que conecta el contrabando de Guayana con redes internacionales que han lavado más de 3.000 millones de dólares en cargamentos que llegaron incluso hasta la suiza Argor, la refinería más grande del mundo
Nicolás Maduro se ha comprometido con China a atender la demanda de ese mercado por las también llamadas ‘holoturias’, criaturas de aspecto repelente que en la cocina de Asia Oriental pasan por un manjar. Esa oferta no tiene en cuenta los fracasos anteriores de iniciativas para criar la especie en Margarita, lo que abre paso a su pesca indiscriminada. A costa del hábitat natural, la nueva fiebre ofrece una fuente de ingresos a los pescadores, así como un negocio en el que ya entraron amigos del régimen.