Un consorcio argentino del terruño de los Kirchner obtuvo en diciembre pasado un proyecto para la construcción de 10.000 casas en el estado Carabobo. Conlat es su nombre, registrado en Buenos Aires 25 días después de que en el palacio de Miraflores se anunció la adjudicación. Entre sus socios se encuentran tres inversionistas de la provincia de Santa Cruz cuyas conexiones con el poder parecen justificar la buena racha que tiene en Argentina y empieza a tener en otras tierras. Aunque en Venezuela todavía no haya todavía otro rastro ni de la empresa ni de las viviendas que debe levantar.
El pasado 1 de diciembre de 2011, toda Venezuela pudo ver en cadena nacional de radio y TV, desde el Palacio de Miraflores, el momento en que el presidente Hugo Chávez obsequió a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, un cuadro de su propia autoría que lo muestra en apretado abrazo con el difunto Néstor Kirchner. La ceremonia, simple pero emotiva, fue ocasión para las lágrimas y palabras de agradecimiento de la mandataria argentina. Una atmósfera entrañable parecía coronar entonces la cúspide de la cooperación entre dos naciones y de la convergencia entre dos proyectos políticos.
Minutos después, en el marco de la firma de 35 convenios de cooperación, la locutora del acto leyó el punto 6 de la minuta de la reunión binacional, que contenía un “acuerdo marco de cooperación en materia de vivienda y hábitat”, el primero en este rubro firmado por ambos países. Lo firmaron el canciller argentino, Héctor Timerman, y el ministro de Vivienda y Hábitat venezolano, Ricardo Molina, y en los hechos significaba la llave de ingreso de las empresas argentinas a la Gran Misión Vivienda Venezuela, el colosal programa de construcción que impulsa el gobierno venezolano en este año electoral. La locutora agregó que como “acuerdo complementario” se suscribiría también un convenio “para la construcción de 10.000 viviendas en el estado Carabobo con la empresa Conlat”.
Detrás de las declaraciones rimbombantes del protocolo, sin embargo, yacía una realidad más cruda. Pues, como demuestra esta investigación de un equipo argentino-venezolano de reporteros, la denominación “Conlat” describe a un extraño consorcio, que incluye como pares a una experta empresa de ingeniería y a una compañía de inversores de Santa Cruz -la provincia patagónica que es el terruño de la dinastía Kirchner- que pusieron plata para la campaña presidencial de la Cristina de Kirchner, pero que no había sido constituida todavía para el momento del anuncio y la firma oficial en Caracas.
En realidad, Conlat solo llega a constituirse el 26 de diciembre de 2011, 25 días después del acto en Miraflores. El 1 de diciembre, mientras en el palacio de la avenida Urdaneta se celebraba la lacrimógena ceremonia, Conlat no existía. O, mejor dicho: ya debía existir en la mente de unas pocas y bien avisadas personas, entre ellas sin duda el ministro argentino de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, quien -como siempre- intervino directamente en la negociación de esa tanda de acuerdos con Venezuela.
De Vido, originario de Santa Cruz, ha estado junto a los Kirchner desde la época en que Néstor, el patriarca, estuvo en la gobernación de la provincia, y los acompañó ya desde su entrada a la presidencia de Argentina en 2003. En sus gestiones como funcionario público, De Vido fue señalado por Guido Antonini Wilson durante el escándalo del maletín de 2007, y en 2011 su nombre salió a relucir en el caso Schoklender, relacionado con la Fundación “Sueños Compartidos” de las Madres de Plaza de Mayo. También se le conoce como una suerte de Embajador de facto ante el gobierno de Venezuela, a cargo por vía de los hechos de los negocios entre ambas naciones. En la reciente nacionalización de las acciones de la española Repsol en la petrolera YPF, De Vido fue nombrado Interventor, y son tan amplias sus facultades y áreas de influencia, que viene a ser una especie de superministro del gabinete Kirchner.
Luego de aquella mención prenatal delante de los dos presidentes, Conlat apareció documentada por primera vez en un acta de la empresa publicada en el Boletín Oficial (equivalente en Argentina de la Gaceta Oficial o la Gaceta Mercantil) del 26 de diciembre. “Bajo la denominación CONLAT Construcciones Latinoamericanas SA seguirá funcionando la sociedad anónima que fuera inscripta el 18 de abril de 2007, como Consular Latinoconsult SA”, se informa allí. La publicación refiere a una asamblea que, realizada el 15 de diciembre, había sido convocada por los accionistas el 5 de diciembre, es decir, cuatro días después del acto en Caracas.
La situación, irregular sin dudas, solo puede deberse o a una capacidad premonitoria de los redactores de los convenios o, con más probabilidad, a que en las cúpulas del poder existía un acuerdo previo de palabra para beneficiar a una empresa cuya denominación todavía no se había formalizado en el papel. Hoy, cuando se acaban de cumplir los primeros seis meses de la firma del “acuerdo complementario”, Conlat sigue siendo nada más que verbo y papel para la parte venezolana. De las 10.000 viviendas anunciadas, en Carabobo no hay ni movimiento de tierras ni vallas que den rastro de ellas. En la Cámara de la Construcción del estado Carabobo no conocen de Conlat.
Entonces, ¿cómo pudo Conlat disponer de una venia semejante? La sospecha cobra cuerpo cuando se sabe quiénes integran la firma argentina beneficiada en el acuerdo binacional.
Tres de sus socios provienen de Consular (Consultores Argentinos Asociados SA), una firma especializada en la mensura, el diseño y dirección de obras públicas que fue creada en 1972, pero que registró un impresionante crecimiento desde que en 2005 fue vendida por sus creadores, un grupo de viejos arquitectos porteños, a tres profesionales recién llegados de Santa Cruz.
Casualidad o no, esa venta ocurre apenas unos meses después del arribo de De Vido al ministerio. Consular S.A. tiene oficinas en la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros de la sede del organismo que encabeza De Vido, en la cuadra del número 600 de la avenida Julio A. Roca.
Uno de esos empresarios pingüinos (un mote ganado por las latitudes australes de Santa Cruz), Jorge Luis Pinto, aparece como presidente tanto de la flamante Conlat como de Consular. Y según varios testimonios recogidos para este reporte, suele acompañar al ministro De Vido en sus rutinarios viajes a Venezuela. Otro de los accionistas es Jorge Osvaldo Donnini, quien ya había estado en sociedad con Pinto compartiendo un estudio de agrimensura y un servicio de catering en Río Gallegos, la capital provincial. El trío lo completa Guido José Ambrosi, viejo compañero de colegio del gobernador santacruceño Daniel Peralta y exempleado de varias empresas constructoras santacruceñas. Los tres figuran como aportantes a la primera campaña presidencial de Cristina Kirchner en Argentina. Pinto y Donnini pusieron 26.666 pesos cada uno (alrededor de 8.574 dólares al cambio de entonces). Ambrosi fue apenas más generoso: aportó 26.902,50 pesos (alrededor de 8.650 dólares al cambio de entonces). Juan Franco Donnini, hijo de uno de ellos y asesor del gobierno argentino y el Congreso en temas energéticos, figura como director suplente de la sociedad.
Para su desembarco en el prometedor negocio de la construcción en Venezuela, los santacruceños de Consular decidieron reflotar su alianza con Latinoconsult SA, pues en noviembre de 2011 (días antes del anuncio en Caracas) rehabilitaron, mediante una segunda inscripción ante la autoridad tributaria, una vieja unión transitoria de empresas nacida en 2007. Latinoconsult es una tradicional empresa de ingeniería con sede en Buenos Aires, que acumula una rica historia desde 1958, incluso en varios países latinoamericanos. En Venezuela, sin embargo, no registra mayores antecedentes que tareas de asesoría en planes de desarrollo ganadero, de acuerdo a su website.
El redactor Matías Longoni contactó desde Buenos Aires tanto a la embajada argentina en Venezuela como a Conlat, para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, no obtuvo respuesta.
En Argentina, ambas sociedades (Consular y Latinoconsult, los socios en Conlat) integraron además uno de los tres consorcios que este año compitieron en la Licitación Pública Internacional 1/2010, para concretar la construcción de la represa binacional de Garabí, sobre el río Uruguay y en la frontera entre Brasil y Argentina. A la postre, fueron los ganadores de este proyecto de 4.600 millones de dólares.
Fue el 8 de marzo de 2012 cuando se dio a conocer el veredicto del proceso, que favorecía al Consorcio Energético del Río Uruguay, al que, además de Consular y Latinoconsult, lo conformaron Engevix Engenharia SA, Grupo Consultor Mesopotámico SRL, IATASA e Intertechne Consultores S.A. Pero entonces no fue sorpresa para sus competidores, al decir de uno de los empresarios de los consorcios rivales: “Nosotros ya sabíamos desde bastante antes el resultado del concurso”, admitió a condición de mantener el anonimato.
Esta adjudicación puede considerarse la guinda del postre entre las obras obtenidas en racha por Consular, S.A. En su propia página web, la firma creada en 1972 admite que su buena estrella comenzó en mayo de 2005, con la llegada de los inversionistas santacruceños, ya que, según su relato, “se fusionó con Topografía y Agrimensura SA, una empresa de 30 años de trayectoria en el área de servicios de la ingeniería y quienes han incorporado una nueva gestión de negocios, incorporando personal, renovando el equipamiento, y fundamentalmente reposicionando a Consular como consultora líder del mercado”.
El Plan de Terminación de la represa Yaciretá, sobre el río Paraguay; el mejoramiento de la ruta 40 en la provincia de Jujuy; trabajos en las rutas nacionales 12 (Entre Ríos) o la 205 (Buenos Aires); el camino de acceso al parque nacional Monte León; los puentes Reconquista-Goya y Encarnación-Posadas. Todas esas obras públicas fueron adjudicadas en su oportunidad a Consular S.A.
En su controvertida foja también aparece un conjunto de obras en Santa Cruz y Córdoba. Entre ellas, una que ahora es investigada por la justicia federal. Se trata de la construcción de La Barrancosa – Cóndor Cliff, dos represas sobre el Río Santa Cruz que tendrían un costo de 16.000 millones de pesos (alrededor de 3.600 millones de dólares al cambio actual) y que han sido cuestionadas por dirigentes opositores al kirchnerismo, pues sospechan que se pagarán elevados sobreprecios.
En febrero de 2010, además, diputados de la Coalición Cívica denunciaron que el empresario local de afiliación kirchnerista, Lázaro Báez, había comprado grandes extensiones de tierras aledañas a ese río sabiendo que allí se realizaría la construcción del complejo hidroeléctrico. La especulación de los denunciantes era que por esa obra, los terrenos iban a ser inundados, y su nuevo dueño debía recibir una millonaria indemnización del Estado. “Consideramos que Lázaro Báez ha adquirido los terrenos a sabiendas de ello y bajo las indicaciones de Néstor Kirchner", sostuvieron entonces los diputados Adrián Pérez y Juan Carlos Morán.
En esta historia también metió la cola la consultora designada ahora para operar en Venezuela. Y es que el 27 de noviembre de 2007, el exministro de Economía de Santa Cruz, Juan Bontempo, firmó el decreto 3110 donde aprobó la licitación para llevar adelante “levantamientos topográficos del área necesaria para el diseño de las obras correspondientes a la Central Hidroeléctrica de Cóndor Cliff”. Aquel contrato, que hubiera permitido saber al dedillo qué tierras debían luego ser inundadas, recayó en “la Empresa CONSULAR SA, representada por su apoderado señor Jorge Donnini”.
* Con reportes de Emilia Díaz-Struck y César Batiz (Caracas)
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.
El interregno neoconservador de Mauricio Macri entre dos administraciones peronistas concluyó esta semana. Del Gobierno de Cristina Fernández al de Alberto Fernández, en el que ella figura como vicepresidenta, se completó un hiato de cuatro años que no bastó para resolver ante la justicia argentina algunos casos de corrupción heredados del kirchnerismo y que involucran negocios con Venezuela. Uno de ellos: las irregularidades en el contrato para la implantación de la Televisión Digital Abierta. Los involucrados no solo tuvieron suertes dispares ante los tribunales, sino que siguieron contratando con el Estado como si nada.
Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
Recomendado por el siempre irreverente exfutbolista argentino e hincha incondicional de la revolución bolivariana, un empresario italiano, Valerio Antonini, emerge como el principal comercializador de materia prima agrícola para el Gobierno de Nicolás Maduro. En apenas dos años obtuvo una veintena de contratos para la venta de cereales y el manejo de los silos del principal puerto venezolano. El negocio hasta ahora podría superar los mil millones de dólares y para pagarlo Caracas envió una tonelada de oro a Italia.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
