En tiempos en que el actual gobernante se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez, una comunicación de la representación diplomática venezolana en Líbano informaba con candidez a Caracas sobre un caso que expuso el mecanismo por el cual alijos de cocaína, transportados por compatriotas hasta Medio Oriente, se destinaban a financiar al grupo fundamentalista chií. Ese comercio ilícito se suma a otros nexos de coordinación y apoyo entre las dos partes, denunciados esta semana en una audiencia del Senado estadounidense.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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Corría el año 2010. Hugo Chávez estaba vivo y Nicolás Maduro era el canciller de su gobierno. Todavía no se avizoraban ni el cáncer terminal de uno ni la futura dictadura del otro, pero en un país muy distante ya se divisaban rastros inquietantes de una alianza que ambos le procuraron a la autodenominada Revolución Bolivariana: su relación con Hezbolá, la milicia de la minoría chií concentrada en el Sur de Líbano, a la que patrocina el régimen de los ayatolas desde Irán.
La historia de esa sociedad non-sancta es vieja, pero nunca se ha contado del todo. De que este relato, además de pendiente, sigue teniendo relevancia, fue prueba la audiencia especial celebrada esta semana en el Senado de Estados Unidos en Washington sobre el papel de Hezbolá en América Latina. En la sesión comparecieron varios expertos, quienes coincidieron en señalar que, desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, Venezuela forjó una muy sonada cooperación con Irán y otra, más subrepticia, con Hezbolá; ambas serían profundizadas por Nicolás Maduro desde 2013. Describieron operaciones como la facilitación de más de 10.000 pasaportes venezolanos para supuestos miembros de ese y otros grupos radicales islámicos, o la habilitación de zonas del estado Nueva Esparta -provincia insular del Caribe nororiental venezolano- para entrenamientos y la creación de estructuras para el lavado de activos y el financiamiento de la falange chií.
En la cita, sin embargo, faltó mostrar un documento revelador que, procedente del seno del propio Estado venezolano, detallaba con sencillez y genuino asombro un ejemplo concreto y hasta ahora desconocido de esas relaciones carnales entre Caracas y la milicia.
Se trata de una carta que debió quedar sepultada en el archivo muerto -y, acaso, en el olvido intencional- de la Casa Amarilla, la histórica sede de la Cancillería venezolana, en el casco colonial de Caracas. El documento, elaborado desde las filas del propio servicio diplomático venezolano, fue obtenido, revisado y contrastado con fuentes por Armando.info, que contó para ello con el apoyo del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés). Se refiere a la captura, en Líbano, de un grupo de venezolanos junto con “otros ciudadanos libaneses” que portaban 50 kilogramos de cocaína, de cuya venta se generarían fondos para entregar Hezbolá.
La prensa libanesa reseñó aquel operativo en el que, con fecha de septiembre de 2010, se incautaron en total 255 kilogramos de cocaína (incluyendo los 50 kilos que transportaban los venezolanos). El hallazgo del cargamento a su vez condujo al desmantelamiento de una banda de tráfico de drogas que operaba regularmente entre Venezuela y Líbano.
Los reporteros recogieron los detalles, escasos, que la Oficina de Control de Drogas de la policía libanesa difundió sobre la redada: los nombres de los implicados, pero apenas identificados con sus iniciales, así como la ruta del cargamento, que habría salido desde Venezuela a Damasco, la capital siria -entonces todavía bajo control del régimen baazista de la familia Al Assad, aliado de Moscú y Teherán y, por lo tanto, de Caracas- y que de allí llegó por tierra al sur de Beirut.
Pero lo que en los informes de las autoridades policiales libanesas eran datos codificados, en la carta, remitida entonces por la embajadora venezolana en Líbano hasta 2019, Zoed Karam Duaijin, al viceministro de exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía de la época, Temir Porras, cobraba nitidez.
Por ejemplo, la misiva de la diplomática daba los nombres de los involucrados y hasta incluyó una cita textual de la Oficina para el Control de Drogas libanesa, según la cual uno de los detenidos, al ser interrogado, confesó que “formaban una banda perteneciente a Hizbollah [sic], liderada por Mohamad Hassan Saleh”, quien “logró huir”.
Otro dato que el público no conoció entonces pero que Karam informaba a cabalidad en su carta a Porras, fue que, según se lee, “de acuerdo con la información suministrada por la policía libanesa, se presume que la droga forma parte de un cargamento de 250 kg que ‘se estaría enviando desde Venezuela a través de la Línea Aérea Conviasa, utilizando el vuelo Caracas – Damasco, operación que supuestamente estaría amparada con la complicidad de algunas autoridades en los aeropuertos de ambos países, para luego transportarla hacia el territorio libanés’”.
Los venezolanos detenidos entonces, según el despacho diplomático, fueron Emiro Mariano Augusto Crespo Navarro y Fayez Hassam Saleh. De ambos se precisan en la carta sus números de pasaportes y cédulas de identidad venezolana. También alude a la confesión de Crespo Navarro en la que aseguró que “su misión era recolectar una parte del dinero producto de la droga que alcanzaría la suma de 8 millones de dólares y hacerlo llegar a nuestro país a través de una oficina involucrada en el cambio ilegal de divisas que estaría operando en Caracas”.
Esa oficina, continúa el testimonio, estaba a cargo de un hombre de nacionalidad mexicana, supuestamente vinculado a cárteles de droga mexicanos operando en Venezuela.
La misiva termina asegurando que la misión diplomática venezolana ofrecía entonces la asistencia consular de rigor “al detenido” -en singular, con lo que descartaba a uno del par de venezolanos- y a su familia que, desde Venezuela, había ido a visitarlo. También advierte sobre los daños que, preveía la embajadora, podía ocasionar una difusión indeseada de la noticia. “Como sabemos”, se lee, “los medios de comunicación no descuidan el más mínimo detalle de un suceso negativo en el que esté involucrado un venezolano y lo vinculan con alevosía y perversidad a nuestro gobierno”.
Si aquella carta llegó a manos de su destinatario, el exviceministro Porras, sigue siendo una interrogante. Por varias vías se intentó contactarlo para la presente historia, pero hasta el momento de esta publicación no se había obtenido respuesta. Sin embargo, la veracidad de la carta fue validada por otra fuente cercana a la embajada de Venezuela en Líbano.
Armando.info rastreó los números de cédula señalados en la carta como correspondientes a Emiro Augusto Mariano Crespo Navarro y Fayez Hassam Saleh y pudo comprobar la existencia de estas personas, la correlación exacta entre sus nombres y los números de identificación, así como también logró obtener sus fechas de nacimiento.
Sobre Emiro Crespo se trata de un ciudadano oriundo del estado Lara que, al menos hasta 2007, vivió en la capital de esa entidad, Barquisimeto, donde fue estudiante del Liceo Lisandro Alvarado, uno de los más tradicionales e importantes de la ciudad. La prensa libanesa señaló que esta persona dispondría de doble nacionalidad, venezolano-española, pero no se pudo verificar ese dato.
Actualmente tiene 51 años, pero en las bases de datos disponibles no hay huella alguna sobre su paradero o algún rastro a partir de la fecha de su arresto en Líbano.
Fayez Hassam Saleh fue reseñado por otro artículo de prensa libanesa como F.S. Aunque nacido en Líbano, su número de cédula de identidad venezolana viene precedido con la letra V, correspondiente a las personas nacidas en Venezuela o naturalizadas. En su caso, esta segunda opción luce como la más lógica puesto que, según refiere la embajadora Karam en su carta a Temir Porras, Saleh habría llegado a Venezuela en 2004. Actualmente tiene 54 años.
De Fayez Hassam Saleh la prensa libanesa destacó en su momento que tenía antecedentes por narcotráfico, incluyendo arrestos previos en Suiza y Brasil. En este último país sudamericano se encuentra un rastro de él años después del operativo en Líbano, pues en su ficha personal del registro brasileño coinciden exactamente su nombre y nacionalidad venezolana con las de un hombre que fundó una tienda de colchones en 2015 en la ciudad de São Paulo.
Armando.info hizo varias llamadas telefónicas a los teléfonos del establecimiento de colchones y al número de Fayez Hassam Saleh registrado en su documento de registro de información fiscal (Caddastro de Pessoas Físicas, CPF), pero no hubo respuesta en el primero; entre tanto, el segundo solo avisó que estaba desconectado. El resto de la huella digital de Fayez Hassam Saleh se limita a la pérdida de una demanda hecha en su contra por “daño moral” interpuesta por un ciudadano brasileño. Aunque en 2021 los tribunales de São Paulo anunciaron que lo citarían con edicto público por encontrarse en “paradero desconocido”, en febrero de este año otro aviso legal anunció que Saleh perdió la demanda y ordenaba a varias a tarjetas de créditos y programas de millas de vuelo liberar los créditos acumulados para pagar la demanda.
Un tercer nombre mencionado en la carta, Mohamad Hassan Saleh, del individuo que supuestamente “huyó” al momento del operativo, tiene un número de cédula venezolana pero precedido por la letra E, que se adjudica a los extranjeros residentes en el país. Hoy cuenta con 55 años de edad. Sin mayor huella digital actualizada, la prensa libanesa señaló en 2010 que se trataba del hermano de Fayez Hassan Saleh, ya mencionado. También tenía antecedentes por narcotráfico y “solía visitar Venezuela”, siempre según las informaciones publicadas en Líbano.
La prensa libanesa solo mencionó que la droga incautada a estos sujetos, 50 kilogramos, fue transportada por vía terrestre desde Damasco hasta Beirut. Pero la nota enviada por la exembajadora Karam a Porras destacaba que los detenidos dijeron que el alijo completo "de 250 kilogramos" de cocaína había sido transportado en un vuelo de la línea aérea bandera venezolana, la estatal Conviasa, de su controversial ruta Caracas - Damasco.
Esta declaración representa una de las menciones más concretas a la aerolínea estatal venezolana, a la que poco después se expuso formalmente como medio de transporte de mercancías sospechosas a la explosiva región del Oriente Medio.
En 2013, en una audiencia similar a la de la semana pasada del Senado estadounidense, el exsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y exembajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) de Estados Unidos, Roger Noriega, mencionó públicamente a Conviasa como parte del esquema cooperativo entre Venezuela y sus amistades peligrosas del Medio Oriente. “La aerolínea estatal de Venezuela, Conviasa, proporciona a Irán, Hezbolá y narcotraficantes asociados un medio encubierto para mover personal, armas, contrabando y otros materiales dentro y fuera de este hemisferio”.
Los vuelos de Conviasa hacia el Medio Oriente fueron inaugurados en febrero de 2007 con mucha pompa por el gobierno de Hugo Chávez, como una cristalización de su alianza con el gobierno iraní de la época, entonces liderado por Mahmoud Ahmadinejad. La ruta funcionó, con altibajos, primero como Caracas - Teherán, y luego, por un tiempo, Caracas - Teherán - Damasco. Según lo acordado por ambos gobiernos, la operatividad de la ruta estaba planteada de forma rotatoria, es decir, seis meses la operaría Conviasa y seis meses Irán Air, ambas estatales.
Aunque, en cumplimiento de lo pactado, Iran Air operó la ruta durante el primer semestre, entre marzo y septiembre de 2007, Conviasa tomó el control enseguida y no lo cedió hasta octubre de 2010, según varios documentos oficiales a los que tuvo acceso Armando.info. “Ante esta situación, la aerolínea IRÁN AIR informó a CONVIASA sobre su decisión de dar por finalizado, a partir del 22 de diciembre de 2009, el Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de un código compartido”, dice uno de esos papeles, en el que se reflejaba la contrariedad de la parte iraní. En vista de ese malentendido, que derivó en la cancelación de la ruta, Teherán propuso en reiteradas ocasiones que la aerolínea Mahan Air pasara a manejarla, algo que apenas se llegaría a concretar en 2019. Aun así, el servicio nunca tuvo regularidad.
Conviasa trató de relanzar los vuelos de esa ruta en 2020 y luego en 2023, con servicios que siempre levantaron sospechas.
De las misiones diplomáticas del gobierno venezolano en Líbano y Siria entre los años 2007 y 2009 provienen los datos más concretos sobre la conexión entre la autodenominada Revolución Bolivariana y Hezbolá. En esos señalamientos solía despuntar como prueba reina la designación, por parte del gobierno venezolano, del ciudadano Ghazi Atef Nassereddine como funcionario diplomático.
Cada funcionario asignado a una misión diplomática debe ser debidamente acreditado y aprobado para tales funciones por el gobierno del país receptor, pero Nassereddine fue rechazado por el gobierno del Líbano para representar a Venezuela, precisamente, por ser de nacionalidad libanesa por nacimiento, en vez de venezolana. La embajadora apostada en Beirut en ese momento, la misma Zoed Karam, informó del rechazo al entonces canciller Nicolás Maduro en junio de 2007, explicando, en descargo de las autoridades de Beirut, que “dicha decisión obedece a razones contempladas en la legislación libanesa pertinente (...) no está vinculada a motivaciones de ninguna otra índole dadas las excelentes relaciones bilaterales existentes entre ambas naciones”.
Pero Karam también admitía por esas fechas, en una comunicación más informal dirigida al entonces canciller Maduro, que no se llevaba muy bien con Nassereddine. Algo que no le impedía apreciar con benevolencia a Hezbolá. En otros escritos para Maduro, la embajadora ponderaba algunos puntos brillantes de la milicia, como que Hezbolá tenía estatus de partido político legítimo en Líbano, que había logrado varios escaños en el parlamento libanés, y que gozaba en el mundo árabe de una imagen de grupo legítimo de “resistencia” y no de terrorismo. Resaltaba en sus análisis la visión “contradictoria” del gobierno de Estados Unidos.
Más que contradictoria, la posición estadounidense es radicalmente diferente. De hecho, este Nasseredinne, que pasaba por diplomático venezolano, está en la mira de Washington desde al menos 2008, cuando el Departamento del Tesoro lo señaló por primera vez como colaborador de Hezbolá en nombre del gobierno venezolano, específicamente cuando desempeñaba el cargo de Ministro Consejero en la misión diplomática de Venezuela en Siria, poco antes de ser enviado a ocupar el mismo puesto en Líbano, del cual fue rechazado.
En una nota de prensa publicada en junio de 2008, Estados Unidos le menciona directamente como “simpatizante de Hezbolá radicado en Venezuela” y lo llama por su nombre de nacimiento, Ghazi Nasr al Din, para luego exponer otras 10 formas que habría adoptado su nombre, entre ellos Ghazi Atef Nassereddine, con el que tiene documentos venezolanos, cédula y pasaporte.
“Nasr al Din ha asesorado a donantes de Hezbolá en sus esfuerzos de recaudación de fondos y les ha proporcionado información específica sobre cuentas bancarias donde los depósitos irían directamente a Hezbolá. Ghazi Nasr al Din se ha reunido con altos funcionarios de Hezbolá en Líbano para discutir asuntos operativos, además de facilitar el traslado de miembros de Hezbolá hacia y desde Venezuela. A finales de enero de 2006, Nasr al Din facilitó el viaje de dos representantes de Hezbolá del parlamento libanés a Caracas para solicitar donaciones para Hezbolá y anunciar la apertura de un centro comunitario y una oficina patrocinados por Hezbolá en Venezuela”, afirmaba entonces el Departamento del Tesoro.
Poco después, en 2010, Nassereddine fue añadido a la llamada Lista Clinton de extranjeros designados, un listado de cientos de personas a los que el gobierno estadounidense señala por su involucramiento presunto con actividades conexas al narcotráfico, terrorismo y violación de Derechos Humanos, y sobre las que pesan sanciones financieras, como la congelación de cuentas bancarias y otros activos.
En su declaración esta semana nte el Senado estadounidense, el exsubsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo del primer gobierno de Donald Trump, Marshall Billingslea, recordó el rol de Nassereddine y advirtió con duras palabras que prácticamente nada ha cambiado desde aquellas primeras sospechas de cooperación: “Venezuela es refugio seguro y voluntario para lo que sigue siendo la organización terrorista extranjera más peligrosa y letal para Estados Unidos, Hezbolá”.
*Este reportaje se hizo con apoyo del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
Cinco países, ocho empresas y una avioneta bastaban para lavar el oro de sangre de Venezuela, pero algo salió mal en un pequeño archipiélago del Caribe. Durante casi seis meses, Armando.info rastreó facturas y transferencias bancarias, litigó por expedientes judiciales y formuló solicitudes de acceso a información en varias jurisdicciones, para reconstruir rutas del oro ilegal que las mafias de Guayana logran colar hasta Europa.
Mientras Hugo Chávez se asomaba a la muerte, Nicolás Maduro, su anunciado sucesor, empezó a favorecer con contratos al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien hoy sigue siendo proveedor del Estado venezolano. El esquema previó además un bucle para beneficiar a la familia presidencial por la puerta trasera: a cambio de los pagos a través de la estatal Fundación Pro-Patria 2000 para el contratista, éste transfirió al menos 5,8 millones de dólares en presuntas coimas a una sobrina de Cilia Flores y su esposo.
Impulsados por la necesidad de producir coca fuera de la región andina y abrir franquicias más rentables, los narcotraficantes están reinventando el viejo negocio del contrabando de drogas hasta hacerlo más global: por ejemplo, los cultivos se mueven a Centroamérica mientras, en Holanda, España, Australia y Senegal, aparecen laboratorios para procesar cocaína, algunos con ‘cocineros’ colombianos. Pero no solo eso: las organizaciones criminales también innovan en el transporte de la droga que ahora camuflan de las maneras más disímiles.
Si la llegada de Turkish Airlines a Venezuela, en 2016, fue parte del acercamiento de los regímenes de Nicolás Maduro y Recep Erdogan, en realidad se concretó gracias a la sociedad de un intermediario turco, Saffet Calarkan, con dos leales contratistas del chavismo, los hermanos Khalil. Desde entonces la ruta Caracas-Estambul no solo se desarrolló como un virtual puente aéreo por el que discurren misterios diversos, sino como punta de lanza de nuevos negocios entre los mismos socios.
Un par de veinteañeros están detrás de una empresa privada que desde el año pasado regenta Farmacias Caribe, una nueva red que desde la Alcaldía de la capital de Venezuela y otras instancias municipales distribuye y vende medicamentos a bajo costo. Sin experiencia conocida y desde una oficina que parece un búnker, la dupla maneja también la distribución de medicinas de Irán e India y comparte apellido con un personaje sancionado por Estados Unidos por vínculos con una organización terrorista y estados forajidos del Medio Oriente.
Se anunció como medida necesaria y casi inflexible para salvar vidas: los vuelos desde y hacia Venezuela quedaron congelados al comienzo de la cuarentena que decretó el gobierno de Nicolás Maduro en marzo para frenar la pandemia de Covid-19. Sin embargo, un monitoreo revela que las limitaciones se administraron a discreción durante lo que va de pandemia. La estatal Conviasa, por ejemplo, viajó más de un centenar de veces a Cuba, Irán y Rusia, esto es, una frecuencia cuatro veces superior a la de los vuelos calificados como ‘humanitarios’.
En la frontera binacional, la extracción de minerales estratégicos ocurre en un lado y se comercializa en el otro, alimentando una economía ilícita transnacional que involucra a guerrilleros y redes criminales. Mientras Maduro y su némesis, María Corina Machado, ofrecen -con objetivos muy distintos- la explotación del subsuelo venezolano, esta ocurre ahora mismo de modo desregulado, invasivo y violento, parte de una guerra sucia global que se libra en pos de las materias primas indispensables para lograr un futuro ‘limpio’.
Una tendencia explica la otra: mientras el tajalí, una especie marina de alta calidad proteica y precio asequible, desapareció de los mercados nacionales, a la vez se convertía en el cuarto rubro pesquero de exportación desde Venezuela. Lo curioso de esta relación de proporcionalidad inversa está en quiénes terminan por disfrutar del manjar en el extranjero, porque tres cuartos de las ventas se hacen a Estados Unidos, aunque la propaganda oficial se ocupe tan solo de pregonar los despachos hacia China.
El pasado 5 de septiembre, una noticia se difundió por todo el mundo: dos aviones de combate F16 venezolanos habían sobrevolado un buque de guerra estadounidense en el Caribe Sur. La maniobra, que se interpretó como un gesto de desafío, convirtió en celebridades fugaces al par de pilotos, uno de los cuales, el mayor general Alfredo Tanzella Rangel, cumple otra misión: formar parte de los 17 socios, todos altos oficiales activos de la Aviación Militar, de una empresa que vende desde dispositivos GPS hasta sacos de arroz.
Tras un cuarto de siglo de obras, Nicolás Maduro inauguró el lujoso hospedaje, de cuya regencia dejó a cargo a su otrora contratista favorito y actual ministro, en el rol de presidente del CIIP. Pero antes, en 2013, el comerciante colombiano había aceptado la misión de terminar la construcción en un año, tarea que incumplió. Entonces y ahora Saab ha tenido como contrapartes a miembros de la familia de Cilia Flores, inspirados por el lema “Juntos todo es posible”, mismo que denomina a una corporación estatal que controlan.
Hace un mes, el gobierno difundió el hallazgo de un almacén de explosivos que, en palabras del ministro del Interior, «si todo esto explotara (...) no quedaría nada ni nadie». Los registros en galpones de empresas proveedoras de Pdvsa sirvieron entonces para anunciar la desactivación de un plan terrorista de la oposición. Sin embargo, numerosas inconsistencias en el operativo contradicen la versión oficial: que los cartuchos encontrados los fabrique una empresa del Ministerio de Defensa ni siquiera es la más notoria.
La última gran apuesta de Vito Recchimurzo Díaz, un jugador irredento de póker en torneos internacionales, consiste en unas semanas de lujosas ‘caimaneras’ de fútbol que convocan a ‘influencers’ y viejas glorias del balompié mundial. Aunque la asistencia a sus partidos es pobre y los números del negocio no cuadran, los beneficios de la Liga Monumental por ahora son, más que financieros, de otra naturaleza: le hacen un favor reputacional al régimen y a sus propios promotores, muchos de ellos contratistas del gobierno.
Hermano de Fayez Hassen Saleh, mencionado como líder de Hezbolá en Venezuela y evadido del operativo antidroga del año 2010.
Nacido en Líbano y naturalizado venezolano. Detenido en operativo antidroga en Beirut en 2010.
Venezolano de nacimiento detenido en Beirut en 2010 en un operativo antidroga.
Exvicecanciller para Europa, Medio Oriente y Oceanía. También fue director de Despacho de la Cancillería encabezado por Nicolás Maduro.
Embajadora de Venezuela en Líbano entre 2006 y 2019.
Grupo extremista chií arraigado en Líbano con apoyo iraní.
