Documentos filtrados que ‘Forbidden Stories’ obtuvo para la serie ‘Story Killers’, revelan el funcionamiento interno de esta empresa española. Se trata de una de las compañías más establecidas y osadas en el mercado global de la gestión electrónica de reputación, eufemismo con que se nombra al enterramiento de la verdad en Internet, que echa mano a herramientas cibernéticas, astucias legales y amedrentamiento contra periodistas y medios. Eliminalia ofrece a su clientela, que incluye a miembros destacados del crimen organizado y la corrupción -entre ellos, venezolanos-, ocultar o suprimir las menciones negativas en la red.
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En agosto de 2018, Daniel Sánchez, un periodista de investigación mexicano, comenzó a recibir llamadas y mensajes de texto peculiares sobre un artículo reciente que había publicado. Los mensajes, que según Sánchez llegaban semanalmente, eran de personas que decían ser abogados y le pedían que retirara su artículo.
Sánchez es periodista en Página 66, un pequeño medio de noticias de investigación en el sureño estado mexicano de Campeche. En enero de 2018, Sánchez publicó una investigación sobre lo que llamó el "mal historial" de una empresa de videovigilancia, Interconecta, que había sido contratada por el gobernador del estado. Indagando en los registros de auditorías financieras, Sánchez descubrió que la empresa, filial de la multinacional tecnológica Grupo Altavisa, había estado vinculada a casos de corrupción y fraude fiscal.
Unos dos años después de la publicación del artículo de Sánchez, recibió una petición aún más extraña. Enviado por un supuesto experto en marketing local que se hacía llamar Humberto Herrera Rincón Gallardo, el correo electrónico afirmaba que el artículo de Sánchez infringía una ley europea de datos, llamada GDPR por sus siglas, y le pedía que eliminara las referencias al Grupo Altavista y a su fundador, Ricardo Orrantia. El correo electrónico estaba firmado por el Departamento de Cumplimiento de la Unión Europea.
Sánchez, perplejo, consultó a Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de prensa, que le aconsejó no retirar la pieza.
Pero un mes después, Gallardo regresó. Esta vez, intentó una nueva estrategia: una demanda por infracción de derechos de autor. En enero de 2020, Gallardo presentó una reclamación por abuso de la DMCA ante Digital Ocean, el proveedor de alojamiento de Página 66 en Estados Unidos. La reclamación alegaba que Sánchez había copiado su contenido ilegalmente. Como prueba de su reclamación, Gallardo enlazó a un sitio de terceros que había publicado una réplica del artículo de Sánchez, pero con una fecha de publicación anterior, falsificada, y un autor también apócrifo: Humberto Herrera Rincón Gallardo.
Esta vez, la estrategia funcionó. Digital Ocean ordenó a Sánchez que retirara su artículo del sitio de Página 66 o éste se quedaría en negro. Sánchez apeló a Digital Ocean, pero no tuvo éxito. Finalmente, temiendo perder sus lectores y su medio de vida como periodista, capituló y retiró el artículo. Digital Ocean no respondió la solicitud de comentarios para este reportaje.
En México, uno de los países más peligrosos para los periodistas, los reclamos de derechos de autor no parecen tan drásticos como las amenazas letales que han sufrido los colegas de Sánchez, pero el efecto es el mismo, afirma. "Significa que hay una forma de censura sutil", dijo Sánchez en una entrevista con Forbidden Stories.
Pero resulta que esta campaña no fue obra de ni de abogados locales ni de expertos en marketing. Según documentos obtenidos por Forbidden Stories, el Grupo Altavista contrató a Eliminalia -una empresa española de gestión de la reputación que ofrece a clientes privados servicios de eliminación de contenidos-, para suprimir decenas de artículos vinculados al nombre de la empresa y de su fundador, incluida la nota de Sánchez.
Gallardo, el experto en marketing cuyo nombre aparece en la denuncia de la DMCA, negó haber sido nunca "empleado de Eliminalia o de cualquier empresa relacionada con Eliminalia". Según declaró a Forbidden Stories, "el uso de mi nombre en el caso abierto contra el portal Página 66 fue completamente impropio y sin mi conocimiento ni consentimiento", dijo.
Sánchez fue uno de los cientos de periodistas, blogueros y redacciones de todo el mundo cuyo trabajo fue borrado, modificado u ocultado de Internet entre 2015 y 2021 por Eliminalia, según descubrieron Forbidden Stories y sus socios. Armando.info, socio en Venezuela del proyecto Story Killers, también ha sido emplazado por Eliminalia con sus tácticas.
Eliminalia afirma que sus servicios ayudan a eliminar "contenidos no deseados o erróneos" para clientes con “derecho al olvido”, pero casi 50.000 documentos internos de la empresa filtrados a Forbidden Stories contradicen esta versión. Los archivos muestran cómo Eliminalia trabajó para estafadores, empresas de software espía, torturadores, criminales convictos, políticos corruptos y otros miembros del hampa mundial para ocultar información de interés público. Informes anteriores, incluidos los de Rest of World -una organización sin fines de lucro que estudia tendencias en el uso de nuevas tecnologías en el periodismo-, han revelado algunos de los clientes de Eliminalia, pero esta filtración, que también incluye correos electrónicos confidenciales, nombres de clientes, contratos y otros documentos legales, ofrece una comprensión más completa de las operaciones de la opaca empresa.
Eliminalia declinó las peticiones de comentarios para este reportaje. En una carta a Forbidden Stories, un bufete de abogados francés que representa a Eliminalia escribió que un plazo de una semana para responder a nuestras preguntas era "demasiado corto para un respeto real del proceso acusatorio", y que la mayoría de las "preguntas demuestran un enfoque parcial y deshonroso", y "se refieren al secreto comercial". Forbidden Stories amplió el plazo una semana, pero no obtuvo respuesta de la empresa. El consorcio y sus socios de Story Killers también se pusieron en contacto con todos los clientes de Eliminalia mencionados en este artículo, ninguno de los cuales respondió.
Durante seis meses, Forbidden Stories estudió los documentos en el marco del proyecto Story Killers, una investigación mundial sobre mercenarios de la desinformación que tiene su origen en el trabajo de la periodista india asesinada, Gauri Lankesh, y en la que participan 100 periodistas de 30 medios de prensa. A través de docenas de entrevistas con antiguos empleados, clientes, expertos en protección de datos y víctimas, Forbidden Stories y sus socios investigaron cómo esta empresa manipula a los proveedores de servicios en línea, utiliza las leyes de derechos de autor para eliminar contenidos y, en algunos casos, amenaza y abusa de los periodistas, todo ello con un único objetivo: enterrar la verdad.
Forbidden Stories identificó a clientes de Eliminalia en 50 países de los cinco continentes. La filtración de alrededor de 1.500 clientes actuales y antiguos incluye detalles de los negocios de Eliminalia con un médico que al parecer dirigió un centro de tortura durante la dictadura de Chile y fue declarado culpable de homicidio; el exdirector ejecutivo de la Banca Privada d'Andorra, acusado de blanqueo de dinero para funcionarios corruptos venezolanos; y un empresario brasileño implicado en una red mundial de prostitución, entre otros.
Forbidden Stories también investigó el extenso imperio empresarial vinculado al fundador de Eliminalia, Diego Dídac Sánchez. Los registros mercantiles españoles muestran que, entre 2020 y 2021, Eliminalia registró ventas por valor de unos 2,7 millones de euros. Pero esta investigación descubrió que Sánchez y su socio, José María Hill Prados, también dirigen al menos 54 compañías en nueve jurisdicciones, incluida una empresa de gestación subrogada que actualmente se enfrenta a un litigio por tráfico de niños.
De vuelta en México, los documentos obtenidos por Forbidden Stories muestran que, en abril de 2019, Ricardo Orrantia -el dueño de Grupo Altavisa- contrató a Eliminalia para solicitar la retirada de contenidos en cumplimiento de "la legislación vigente en materia de protección de datos personales". En total, Orrantia solicitó la retirada de 13 artículos periodísticos de medios mexicanos, incluido el de Sánchez, y tres términos de resultados de búsqueda en Google relacionados con su nombre, el de su esposa y con el Grupo Altavisa. Pagó más de 12.000 euros en cuatro plazos a Eliminalia.
Orrantia fue uno de los más de 150 clientes mexicanos que figuran en los documentos filtrados. Otros incluyen a Pedro Miguel Haces Barba, un líder sindical que en 2019 fue expuesto por firmar contratos lucrativos con dos gobernadores más tarde detenidos por corrupción, y Miguel Ángel Colorado Cessa, hermano de un narcotraficante del Cártel de los Zetas.
Los clientes de Eliminalia llegaron a pagar grandes sumas para eliminar su pasado digital. Haces Barba pagó 110.000 euros, solicitando la eliminación de unos 300 artículos de Internet. Romain Girbal, un empresario francés cuya empresa minera "responsable", AMR Bauxite, fue acusada de evasión fiscal en 2020, pagó 155.000 euros. Otro cliente -un banquero argentino-israelí acusado de blanquear dinero para el régimen de Hugo Chávez- pagó casi 400.000 euros.
Bajo la dirección de Sánchez y de Hill Prados, su socio, Eliminalia también trató de establecerse en nuevos mercados. Según el sitio web de la empresa, tiene oficinas en más de una docena de países, entre ellos Italia, Suiza, Turquía y Estados Unidos. En América Latina, Eliminalia tiene -o ha tenido- oficinas en República Dominicana, Bolivia, Ecuador y México.
Forbidden Stories identificó a múltiples clientes vinculados a la delincuencia organizada, entre ellos, a Malchas Tetruashvili, condenado por blanquear dinero en nombre de un miembro de la mafia rusa, y José Mestre, un conocido empresario español reconvertido en traficante de cocaína.
"Los usos legítimos de este tipo de gestión de la reputación son escasos en comparación con las ventajas para los corruptos", explica Emma Briant, investigadora del Bard College, en el estado de Nueva York, donde estudia la guerra de la información, a Forbidden Stories. "Hay muchas empresas especializadas en ese tipo de cosas. Y creo que es realmente perjudicial porque muy a menudo es muy difícil para la gente localizar información realmente fiable porque simplemente ya no es visible", dijo Briant.
En noviembre de 2020, Tord Lundström, director técnico de Qurium, una organización sin ánimo de lucro con sede en Suecia que presta servicios de seguridad, incluyendo alojamiento web a decenas de medios de comunicación independientes, abrió un correo electrónico de un abogado llamado Raúl Soto. Soto afirmaba representar a la Comisión de la Unión Europea, su órgano ejecutivo.
A Lundström -un fiebroso de la tecnología con experiencia en protección de datos corporativos- le pareció que el correo electrónico era inusual y empezó a indagar. Tras una investigación interna, Lundström rastreó el correo electrónico hasta Eliminalia y trazó un mapa de la infraestructura digital de la empresa. Descubrió que Soto no era una persona real, sino un seudónimo utilizado por un empleado de Eliminalia desde Ucrania. Y se dio cuenta de que Eliminalia no sólo tenía como objetivo los sitios web alojados en Qurium, sino que solicitaba la retirada de contenidos a gran escala. "Para nosotros fue como: 'Dios mío, esto es un nuevo juego de poder porque no podemos hacer nada al respecto'", dijo, refiriéndose a las escurridizas tácticas empleadas por esta empresa y otras similares.
Lundström empezó a ver cómo surgía un patrón. Al principio, Eliminalia enviaba solicitudes de retirada a periodistas individuales. Cuando los periodistas empezaron a responder, se dirigieron a los proveedores de alojamiento. Si esto no funcionaba, pasaban a la desindexación, una estrategia de marketing de "sombrero negro" destinada a engañar a Google para que oculte determinados términos de búsqueda de los resultados web.
Eliminalia y otras empresas se dieron cuenta de que las lagunas legales en las leyes de protección de datos podían utilizarse como arma para eliminar contenidos de Internet. Dos leyes de protección de datos -la Digital Millennium Copyright Act (DMCA), y la General Data Protection Regulation (GDPR)- eran fácilmente aprovechables.
"Para nosotros fue como: 'Dios mío, esto es un nuevo juego de poder porque no podemos hacer nada al respecto”
Aprobada en 1998, la DMCA revisó la Ley Federal de Derechos de Autor de Estados Unidos. Adam Holland, Director de Proyectos del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, explicó que la DMCA, subproducto de los primeros tiempos de Internet, tenía por objeto facilitar la retirada de contenidos protegidos por derechos de autor que empezaron a aparecer en sitios de streaming como The Pirate Bay y LimeWire en los años posteriores. La DMCA facilitó a empresas como Disney la retirada de contenidos que infringían los derechos de autor, explicó Holland a los reporteros. Sólo tenían que enviar una reclamación de derechos de autor al sitio web infractor y solicitar su eliminación. Si el sitio infractor no lo retiraba, la empresa, como propietaria legítima, podía demandar al sitio web y al proveedor de alojamiento del mismo.
Las empresas de blanqueo de reputación como Eliminalia pronto se dieron cuenta de que esta ley podía ser ventajosa para sus propios fines. Y los de sus clientes.
Su estrategia era sencilla: copiar un artículo, publicarlo en un sitio web de terceros -un blog o un sitio web falso- con una fecha falsa anterior a la del original y alegar que el artículo original infringía la DMCA. "Es mucho más fácil que ir a los tribunales. Es mucho más fácil que encontrar a algún [periodista] y golpearle con una llave inglesa: ‘Nos limitaremos a enviar un aviso de derechos de autor’", ironiza Holland.
En 2002, los investigadores, preocupados por la posibilidad de que esta laguna legal se utilizara para coartar la libertad de expresión, fundaron la base de datos Lumen, un repositorio de retiradas de DMCA. Lumen, que Holland hoy dirige, ha acumulado más de 25 millones de solicitudes de retirada. En la actualidad, recibe más de 7.000 al día, gracias a acuerdos con los proveedores de alojamiento.
Holland afirma que el número de solicitudes aumentó "rápida y constantemente" en torno a 2012, por varias razones, entre ellas las tecnologías de automatización que permitieron la presentación masiva de reclamaciones en virtud de la DMCA. "Les garantizo que cuando redactaron la DMCA, no previeron que habría enormes redes de ejércitos de bots de Europa del Este creando sitios web de periódicos falsos para acabar con las críticas", afirmó.
Según Shreya Tiwari, investigadora de Lumen que estudia cómo se abusa de la DMCA, las solicitudes fraudulentas no siempre tienen éxito, pero a menudo se utilizan en combinación con otras amenazas para asustar a los periodistas y conseguir que retiren contenidos. En un estudio de big data, descubrió que más de 400 artículos habían sido retirados ilegítimamente de Internet utilizando esta táctica, lo que ilustra un "efecto amedrentador".
Pero en Eliminalia, como comprobó Forbidden Stories, las solicitudes de retirada de DMCA no eran más que una herramienta de un arsenal de tácticas más amplio. Los documentos filtrados incluyen cientos de solicitudes de retirada invocando la GDPR, una ley de datos europea destinada a proteger los datos personales. Eliminalia también intentó ocultar información que no podía eliminar, por ejemplo, mediante la desindexación.
"Luchamos activamente contra los intentos de retirada fraudulentos utilizando una combinación de revisión automatizada y humana para detectar señales de abuso", dijo un portavoz de Google ante este hecho, y añadió: "Proporcionamos una amplia transparencia sobre estas eliminaciones para responsabilizar a los solicitantes, y los sitios pueden presentar contranotificaciones para que volvamos a revisarlas si creen que se ha eliminado contenido de nuestros resultados por error."
Por lo general, aunque no siempre, estas reclamaciones legales y de DMCA se enviaban con nombres falsos, como el de Raúl Soto, y direcciones de correo electrónico que simulaban instituciones europeas u otras instituciones jurídicas. En un comunicado, un funcionario de la Comisión Europea declaró que el "CERT-UE y la Comisión no tienen conocimiento de otros nombres de dominio que suplanten la identidad de instituciones de la UE y estén relacionados con este caso concreto", y añadió: "La existencia del nombre de dominio no es una infracción, su uso para suplantar falsamente sí lo es".
En julio de 2022, el tablón de mensajes en línea de la Unión de Estudiantes Negros del Quinsigamond Community College (QCC), en Massachusetts, empezó a inundarse de spam. Alguien había publicado en el foro abierto un enlace con el logotipo de una marca, y una cuenta de invitado empezó a responderle de forma errática. En cuestión de horas, la cuenta había publicado 7.000 comentarios.
Estos comentarios escondían una bomba atómica digital. En cada comentario había cientos de enlaces conocidos como "redirecciones abiertas". Estos enlaces parecen, a primera vista, dirigir tráfico a sitios web legítimos, como la Universidad de Stanford o la NASA. Sin embargo, están diseñados para viajar instantáneamente desde estos sitios reales a sitios ilegítimos, aprovechando un fallo en la infraestructura de los sitios web.
Resulta que los miles de comentarios del foro Black Student Union fueron redirigidos a una red de sitios web falsos creados para blanquear la reputación de los clientes de Eliminalia, según descubrió Forbidden Stories. En total, la cuenta invitada publicó más de dos millones de enlaces únicos. Para el algoritmo de Google, parecía que los sitios web enlazados habían recibido repentinamente un pico de tráfico. El algoritmo, a su vez, impulsó esos resultados a la parte superior de los resultados de búsqueda, ocultando de hecho los resultados reales al empujarlos más abajo en la clasificación. Un portavoz de Google afirmó que la generación de backlinks no garantizaba la mejora de la clasificación en las búsquedas.
"Si todo lo que tienes que hacer es aprender a engañar a Google para solucionar todos tus inconvenientes de reputación, eso va a ser un problema"
En octubre, el QCC descubrió y removió la cuenta fraudulenta y eliminó el enlace del tablón de anuncios, al tiempo que reforzaba la seguridad informática. "Es increíblemente desalentador que estos 'falsos actores' en línea puedan utilizar instituciones académicas de renombre como QCC para ayudar a propagar desinformación. Esto va en contra de la esencia de la educación superior, que valora el diálogo abierto, la honestidad, la verdad y el conocimiento", dijo el presidente de QCC, Luis G. Pedraja, Ph.D, en una declaración a Forbidden Stories y sus socios. "En la sociedad actual, a medida que la tecnología avanza, estas nefastas empresas encuentran nuevas formas de atacar a los inocentes".
Esta estrategia, al menos durante un tiempo, funcionó. De repente, al buscar el nombre de Víctor Bayona Viedma aparecían artículos sobre su nueva colección de poesía antes que acusaciones de que ese individuo supuestamente había torturado a dos detenidos en España. Con el nombre de Gabriel Hernán Westmann aparecían artículos sobre un experto en chihuahuas, y no sobre un piloto acusado de trabajar con cárteles de la droga (a quien, más tarde, se le retiraron todos los cargos). Según varios resultados de Google muy destacados, Andrea Formenti, de la empresa Area S.P.A, inventó un teléfono plegable, aunque esta empresa italiana tenga antecedentes por vender equipos de vigilancia al gobierno libio.
"Si todo lo que tienes que hacer es aprender a engañar a Google para solucionar todos tus inconvenientes de reputación, eso va a ser un problema", dijo Katharine Trendacosta, directora asociada de política y activismo de la Electronic Freedom Foundation (EFF), una ONG con base en San Francisco, California, que cubre temas de vigilancia electrónica y privacidad.
"Aunque hay personas malintencionadas que intentan manipular las clasificaciones de los motores de búsqueda, Google diseña sus sistemas para clasificar la información de alta calidad en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda y para luchar contra el spam y los comportamientos malintencionados", declaró un portavoz de Google a Forbidden Stories. "Hacemos todo lo posible para proteger nuestros resultados de búsqueda de la manipulación, y llevamos años combatiendo con éxito tácticas de spam bien conocidas como el link-spamming".
La investigación de Qurium, que compartió en exclusiva con el consorcio, identificó 622 sitios web que Eliminalia parecía utilizar para blanquear la reputación de sus clientes. Estos sitios web, con nombres como CNN News Today, London Uncensored, Mayday Washington y Taiwan Times, fueron creados por una empresa offshore llamada Communication Media Group. Qurium pudo vincular a esta empresa con Maidan Holdings, el holding con sede en Miami propietario de Eliminalia. Los sitios web comparten infraestructura IP y otros elementos técnicos, como las páginas de derechos de autor, lo que sugiere que fueron creados por el mismo individuo o grupo.
Analizando el contenido de estos sitios web, Qurium identificó unos 3.350 artículos en los que se nombraba a clientes de Eliminalia, presentados por lo general de forma positiva. Para que los sitios web parecieran legítimos, Eliminalia también publicaba contenidos robados a medios de comunicación legítimos. "Es un poco desesperante", afirma Lena Corot, experiodista del sitio web francés de tecnología Usine Digital, cuyo artículo fue copiado y publicado en uno de estos sitios falsos: lemonde-france.fr.
"Es una nueva y bonita definición de censura"
La investigación técnica de Qurium coincide con otros informes del consorcio, que descubrió que Eliminalia proponía a sus clientes la colocación de artículos falsos.
En un correo electrónico de 2019 obtenido por Forbidden Stories y sus socios, un empleado de Eliminalia dijo a un cliente que la empresa planeaba publicar artículos "neutrales o positivos" sobre un personaje imaginado -presentado como distinguido en su profesión- que tenía el mismo nombre que el cliente. El empleado escribió que esperaba que los artículos propuestos llegaran a los primeros resultados de búsqueda del nombre del cliente.
"Es una nueva y bonita definición de censura", dijo Lundström.
En su autobiografía de 2016, El secreto del éxito, el fundador de Eliminalia, Dídac Sánchez, revela su mantra: “Piensa en grande y serás grande”.
En los años transcurridos desde que fundó Eliminalia en 2013, Sánchez siguió sus propios consejos y estableció una red mundial de empresas. Al revisar los registros financieros, Forbidden Stories y sus socios identificaron unas 90 empresas en nueve jurisdicciones relacionadas con Sánchez y su socio, Hill Prados. La mayoría de estas empresas están registradas bajo el holding de Miami, Maidan Holdings. Varias empresas de Maidan, incluidas World Intelligence Ltd y World Reputation, también ofrecían servicios de consultoría política, según informes anteriores y páginas web archivadas.
En una operación encubierta, periodistas colombianos de La FM -que no forman parte de este proyecto- descubrieron que Eliminalia ofrecía realizar campañas políticas en Colombia, Ecuador y República Dominicana a través de una de sus filiales. Varias fuentes afirmaron a Forbidden Stories y a sus socios que Eliminalia también se había dedicado al pirateo informático, pero estas afirmaciones no pudieron ser verificadas.
No todas las empresas de Sánchez y Hill Prados operaban en el ámbito de la gestión de la reputación. Subrogalia Ukraine y PP Interfiv Ltd., dos empresas de gestación subrogada propiedad de Sánchez y Hill Prados, fueron investigadas por las autoridades de Ucrania por tráfico de menores, según descubrió Forbidden Stories. A pesar de estas acusaciones, Eliminalia continuó expandiéndose durante la pandemia, abriendo operaciones en Ucrania (Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, la empresa trasladó su sede a Tiflis, Georgia).
Los expertos que hablaron con Forbidden Stories dijeron que aunque Eliminalia no es la única empresa en la industria de la gestión de la reputación, es quizás una de las más establecidas. "Se trata claramente de una empresa antigua y sofisticada. Llevan tiempo en esto", afirma Holland, de Lumen.
Pero a medida que Eliminalia ha ido creciendo, también lo ha hecho el mercado de la gestión de la reputación. "Hay toda una serie de industrias de servicios profesionales, como los agentes de relaciones públicas, los grupos de presión, los abogados, etc., que básicamente ayudan a que personas, empresas y gobiernos desagradables se conviertan en empresarios respetados internacionalmente y cosmopolitas filantrópicos", afirma Tena Prelec, investigadora de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, que estudia la industria de la gestión de la reputación.
Para muchos periodistas y defensores de la libertad de prensa que hablaron con Forbidden Stories, responsabilizar a estos actores a menudo parecía una tarea de Sísifo.
En los días posteriores a la retirada de su artículo, Sánchez, de Página 66, investigó vías legales para conseguir que se restableciera su contenido. Se puso en contacto con Artículo 19 y Media Defence, una organización de defensa de la libertad de prensa con sede en Reino Unido.
Sin embargo, revertir una DMCA fraudulenta no es fácil. Primero hay que presentar una "contranotificación". Estas reclamaciones suelen dar lugar a prolongadas batallas legales, que pueden ser caras y llevar mucho tiempo. Sánchez tendría que comparecer ante un tribunal de Arizona, un coste que ni él ni las organizaciones podrían permitirse. “Si tuviéramos el apoyo legal, seguiríamos adelante", dijo Sánchez. "Eso es lo que queremos: que la información siga en la página".
Aunque ganara el caso y volviera a publicar el artículo, la única recompensa que recibiría por el tiempo perdido en virtud de la DMCA serían los honorarios del abogado.
Desde que Forbidden Stories se puso en contacto con Eliminalia, hace varias semanas, para pedirles sus comentarios, la empresa parece haber borrado su propio rastro en Internet. En enero, los mismos sitios de noticias falsas que Forbidden Stories y Qurium confirmaron que estaban vinculados con Maidan Holdings -que tal vez fueron creados para pulir la reputación de los clientes de Eliminalia- habían sido modificados. Sin embargo, al rastrear los sitios web ahora modificados, todavía se halla un vínculo: una de las nuevas páginas de derechos de autor estaba vinculada a Mariia Ladovchyna, directora técnica de Eliminalia. Aunque este rastro es insuficiente para vincular toda la red de sitios falsos a Eliminalia, indica que la empresa puede haber desempeñado un papel en su creación.
Luego, aproximadamente un mes antes de esta publicación, Eliminalia parece haber cometido su acto final de desaparición: también cambió de identidad. En la puerta de la oficina de coworking de Barcelona que una vez acogió a Eliminalia, ahora se lee: "Idata Protection". Los archivos de la empresa revisados por Forbidden Stories confirman el cambio de marca, que posiblemente se deba a las investigaciones de periodistas e investigadores que generaron una prensa negativa. Pero cuando dos miembros del consorcio visitaron la oficina, un empleado dijo: "La empresa se llama Idata Protection, pero pertenecemos a Eliminalia". Sánchez, el fundador, ya no estaba en Barcelona, según el empleado.
El cambio de marca coincide con la historia de la empresa. Eliminalia es experta en "crear problemas y luego resolverlos", según declaró una fuente conocedora de la empresa a un miembro del consorcio.
Shawn Boburg (Washington Post), Kira Zalan (OCCRP), Lilia Saúl Rodríguez (OCCRP), David Pegg (The Guardian) y Joaquín Gil (El País) contribuyeron con esta investigación.
Este domingo próximo, 19 de febrero, en Armando.info, 4ta y última entrega de ‘Story Killers’: Los clientes venezolanos de Eliminalia.
Un tal ‘Jorge’, que fue clave para la polémica actuación de la empresa Cambridge Analytica en las campañas de Donald Trump y el Brexit, permanecía anónimo desde hacía mucho. Su nombre de guerra se volvió leyenda en un sector de negocios global donde confluyen la comunicación política, la manipulación cibernética y la contrainteligencia. Hasta que, ahora, esta segunda entrega del proyecto ‘Story Killers’ consigue develar que se trata del israelí Tal Hanan, viejo socio del venezolano Martín Rodil, junto a otros exagentes de seguridad capaces de hackear a presidentes o parlamentarios, destruir reputaciones y de manejar a su antojo la opinión pública.
Los periodistas que investigan la desinformación son amenazados, encarcelados y, en casos extremos, como el de la periodista india Gauri Lankesh, asesinados. ‘Forbidden Stories’ reunió a más de 100 periodistas de 30 medios de comunicación, entre ellos Armando.info, para exponer el funcionamiento interno del mundo global y secreto de los mercenarios de la desinformación.
En 2017, la periodista Gauri Lankesh fue asesinada en India, días antes de que pudiera publicar un artículo previsto sobre desinformación. Más de cinco años después, ‘Forbidden Stories’ y un consorcio de periodistas retoman esa cobertura interrumpida. Este reportaje es la primera parte del proyecto ‘Story Killers’, una investigación global en la que participa Armando.info, sobre mercenarios de la desinformación y cómo la manipulación de la verdad, las ideas y las percepciones es, más que un negocio o una táctica, un nuevo campo de batalla.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
