Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
No bastó con que el régimen del ‘último dictador de Europa’ apenas retribuyera la dadivosidad de Hugo Chávez con un apoyo político desganado, tecnología anticuada y casas de pésimo acabado. Nuevos documentos filtrados ahora permiten saber que el gobierno de Aleksandr Lukashenko, auxiliado con cargamentos de crudo en una coyuntura de crisis diplomática y energética, optó deliberadamente por dejar sin pago más de 1.400 millones de dólares que debía a Pdvsa, monto al que definió como “un regalo del pueblo venezolano”. Y Caracas dejó eso así.
La petrolera estatal se comprometió al pago, sin demora ni protesta, de cientos de millones de dólares a una compañía fraudulenta de mera fachada que, aunque nunca prestó el servicio acordado, tenía las cláusulas del contrato a su favor. Tras perder un arbitraje internacional, al menos 325 millones de dólares en alquiler de equipos destartalados a ese acreedor de Pdvsa siguieron en disputa en un tribunal del Reino Unido. Pero, de recuperarse, es más probable que su destino final esté en Estados Unidos o Malasia, que en Venezuela, de donde salieron.
Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero.
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos.
A través de una empresa registrada en México, Consorcio Panamericano de Exportación, sin trayectoria o experiencia conocida, Joaquín Leal hizo una atrevida propuesta a la Corporación Venezolana de Guayana para “reactivar” la industria del aluminio, paralizada tras el apagón de marzo de 2019. El negocio planteaba pagar el suministro de electricidad a las empresas estatales a cambio de pagos en especie con el metal.
