A finales del año pasado el Estado venezolano se deshizo de la que fuera sede de la embajada del país ante el Reino de los Países Bajos, una casa señorial y centenaria que había terminado como archivo de documentos, a la que durante años no se le hizo mantenimiento y terminó vendiéndose a un precio poco competitivo que supo aprovechar una empresa de bienes raíces con todas las características de una ‘shell company’. Esta, en menos de un mes, revendió la propiedad por más de la mitad del precio original.
Los intermediarios zulianos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt conectaron a Pdvsa con Petrosaudi, una empresa que en poco tiempo mostró su costado embaucador. Las alertas recibidas por la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro dejan al descubierto cómo esa relación generó pagos con toda la pinta de corresponder a comisiones, y una estructura de empresas de la que hoy no queda casi rastro. Mientras Pdvsa quedó esquilmada, y Petrosaudi protagonizaba un escándalo mundial que la liquidó, la mala fama que les ganó esa intermediación a los Pantin no frenó la expansión de sus negocios, petroleros y de otras índoles.
La debacle de la gran siderúrgica venezolana, en manos del Estado, rima: Cero Acero. En 2019 no consiguió producir nada. Justo en agosto de ese año se atascó el último intento por salvarla: un proyecto con China para construir una máquina que fabricaría tubos especiales para la actividad petrolera. Quedó sin culminar, a pesar de los casi 100 millones de dólares invertidos. Ahora arriesga en convertirse en un vestigio herrumbroso del sueño de convertir a Guayana en un polo de la industria pesada.
Los negocios de hidrocarburos ahogan los derechos de los migrantes en Trinidad y Tobago. Abandono consular, deportaciones, multas prohibitivas, explotación laboral y condenas de prisión, son algunas de las hostilidades que aguardan a los que llegan desde Venezuela buscando una mejor vida allá. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno de Puerto España trata con guantes de seda al régimen de Nicolás Maduro, para el que reserva los miramientos que se tienen con un socio que, en el marco de acuerdos de cooperación que llevan años negociándose, aportará el gas natural y los recursos que permitirán reactivar importantes instalaciones industriales en la nación de las dos islas.
Sin oficiales de derechos humanos en los puertos de entrada ni sistema jurídico que ampare el refugio, los venezolanos que migran a la isla caribeña encuentran alivio al hambre y la escasez. A cambio, se exponen a la explotación laboral y la constante persecución de autoridades corruptas. No en pocas ocasiones terminan en centros de detención con condiciones infrahumanas, de las que solo se salvan quienes pagan gruesas sumas de dinero en multas. La petición de asilo es un débil escudo que apenas ayuda en caso de arresto. Todavía así, crece el número de quienes se juegan su suerte para ganar unos cuantos dólares.
Fuera de cuestionamientos éticos la lógica de un ente privado al abrir una empresa offshore parece elemental, declarar sus ganancias en un territorio en los que pueda pagar menos impuestos de lo que debería en su lugar de origen. Pero al tratarse de una empresa estatal de la talla de Petróleos de Venezuela, que no está obligada a pagar impuestos –y por lo tanto, no necesita evadirlos– cuesta entender por qué dentro de su esquema de negocios se detectan contrataciones con empresas establecidas en paraísos fiscales y hasta la creación de filiales propias en estos lugares. ¿Qué gana con esto el tesoro público venezolano?
