Fuera de cuestionamientos éticos la lógica de un ente privado al abrir una empresa offshore parece elemental, declarar sus ganancias en un territorio en los que pueda pagar menos impuestos de lo que debería en su lugar de origen. Pero al tratarse de una empresa estatal de la talla de Petróleos de Venezuela, que no está obligada a pagar impuestos –y por lo tanto, no necesita evadirlos– cuesta entender por qué dentro de su esquema de negocios se detectan contrataciones con empresas establecidas en paraísos fiscales y hasta la creación de filiales propias en estos lugares. ¿Qué gana con esto el tesoro público venezolano?
Casi 70 millones del seguro de la estatal petrolera quedaron en un limbo, que bien podría explicar por qué las autoridades no cobraron indemnización alguna por la explosión de la refinería de Amuay.
El venezolano Álvaro Gorrín huyó en su yate en 2009 tras la intervención del Banco Canarias, pero él y sus socios de la directiva no se resignaron a perderlo todo a manos del gobierno venezolano. Entre el apoyo de un influyente bufete neoyorkino y la pericia de Appleby para crear empresas en paraísos fiscales, el entonces prófugo de los tribunales venezolanos trazó una estrategia para rescatar algo de las ruinas