Un pequeño banco de Antigua y Barbuda, pero controlado por venezolanos, está en el centro de algunas operaciones financieras del régimen de Nicolás Maduro. Creado en 2008 y con rastro difuso durante años, el North International Bank comenzó a despuntar en 2016 cuando se autorizó su operación en Caracas. Desde entonces canaliza millones de dólares de paso a y desde las arcas de la ‘nomenklatura’ revolucionaria.
Anunciada anticipadamente desde hace 35 años como una panacea, la joya de la corona de la controvertida industria cubana de biofarmacia esperaba una diana en la que hacer blanco. Ahora, por fin, no solo los rumores sin fundamento científico y otras especies llegadas desde La Habana y Wuhan le asignan poderes para combatir al Covid-19: el gobierno venezolano ha incluido el Interferón alfa 2b en el tratamiento oficial contra la enfermedad. Pero el entusiasmo de Nicolás Maduro por el medicamento, entre la superchería y la lealtad política, hace tropezar lo que parece un experimento masivo no declarado con la falta de evidencias y el escepticismo de la comunidad médica venezolana.
Aunque rara vez pase de la zona intermedia de la tabla de una de las ligas profesionales de fútbol más débiles del mundo, el Atlético Venezuela, un club con apenas una década de existencia, maneja presupuestos de otra categoría. Detrás de la franquicia, desprovista de historia y fanaticada, están los denuedos de un ex militar con buena racha para los contratos con el Estado y un grupo de amigos que, entre todos, controlan al menos 29 empresas.
Es barato curarla y aún más fácil prevenirla, pero la sífilis congénita comienza a hacer estragos en la nueva generación de recién nacidos del país. Puede producir condiciones aún más severas que el VIH, pero en 2019 el Estado venezolano importó 0,4% de la penicilina que compraba hace diez años, uno de los antibióticos más baratos y comunes en el mercado y principal tratamiento de esta infección, por lo que los médicos se preguntan cómo podrán curar en la Venezuela de hoy a una enfermedad que parece un mal chiste del siglo pasado.
El ex ministro de Salud, Luis López, quiso pasar a la historia como el gran rescatista de la deteriorada infraestructura de los hospitales venezolanos y asignó contratos que sumaron hasta 500 millones de dólares. El problema: 63 de los contratos se los otorgó a una familia de San Cristóbal, en los Andes venezolanos, con la que trabajaba desde antes. Además, las obras fueron ejecutadas con pobres estándares. Pero ese favoritismo fue el capital semilla para la creación de un emporio de contratistas del Estado en Táchira.
La canícula, la polvareda y la sed de Maicao son poca cosa para las calamidades que los inmigrantes venezolanos dejan atrás, a escasos kilómetros, al pasar la frontera entre el estado Zulia y La Guajira colombiana. De hecho, sobre la propia raya fronteriza pueden encontrar consuelo y paliativos materiales para sus penurias en el campamento de desplazados que Acnur, agencia de Naciones Unidas, mantiene allí. Pero el albergue cuenta 350 cupos para 53.000 candidatos, y las reglas son estrictas: solo se puede permanecer un mes con la excepción de casos especiales. Luego viene el regreso a la precariedad. Muchos optan por volverse invasores y toman parcelas a la fuerza, donde reproducen las condiciones de pobreza que les asediaban desde donde vienen, esperando “a que pase algo” para regresar a Venezuela.