El ex ministro de Salud, Luis López, quiso pasar a la historia como el gran rescatista de la deteriorada infraestructura de los hospitales venezolanos y asignó contratos que sumaron hasta 500 millones de dólares. El problema: 63 de los contratos se los otorgó a una familia de San Cristóbal, en los Andes venezolanos, con la que trabajaba desde antes. Además, las obras fueron ejecutadas con pobres estándares. Pero ese favoritismo fue el capital semilla para la creación de un emporio de contratistas del Estado en Táchira.
La canícula, la polvareda y la sed de Maicao son poca cosa para las calamidades que los inmigrantes venezolanos dejan atrás, a escasos kilómetros, al pasar la frontera entre el estado Zulia y La Guajira colombiana. De hecho, sobre la propia raya fronteriza pueden encontrar consuelo y paliativos materiales para sus penurias en el campamento de desplazados que Acnur, agencia de Naciones Unidas, mantiene allí. Pero el albergue cuenta 350 cupos para 53.000 candidatos, y las reglas son estrictas: solo se puede permanecer un mes con la excepción de casos especiales. Luego viene el regreso a la precariedad. Muchos optan por volverse invasores y toman parcelas a la fuerza, donde reproducen las condiciones de pobreza que les asediaban desde donde vienen, esperando “a que pase algo” para regresar a Venezuela.
Desde hace al menos 10 años hay reportes sobre la trata de mujeres desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago, un delito que se ha agudizado con la crisis económica del país y del cual, solo en 2018, quedaron 16 denuncias sin resolver en manos del Ministerio Público. El epicentro del “negocio" está en Güiria, en el estado Sucre, donde hasta las autoridades policiales y migratorias venezolanas están involucradas pues en la cadena de transportar a las mujeres escasea la ética y sobran los dólares.
En 2015 cuando la crisis venezolana y la escasez de todo comenzaba, la empresa brasilera JBS no sólo ganaba contratos a granel, sino que sorteaba cómodamente la rutilante morosidad del gobierno de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen, ungió a la compañía con un contrato millonario que duplicó el presupuesto completo que usó el Ministerio de Alimentación para la operatividad del año 2014. Durante algunos años casi toda la carne que entró a Venezuela a través de Puerto Cabello fue de esa empresa, que además dejó a su paso varias sucursales de maletín oficinas de dudoso domicilio
En 2015 miles de colombianos que tenían hasta 20 años viviendo en Venezuela fueron deportados abruptamente del país, que entonces comenzaba a mostrar los quiebres de una crisis que hoy no tiene comparación en la región. Cuatro años después estas familias no recuperan la prosperidad que alguna vez les brindó Venezuela y apenas sienten un alivio al ver la debacle del otro lado de la frontera
Cinco años han pasado desde la detención de Francisco Navas Lugo, teniente coronel del ejército y ex gerente de importaciones de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Como una pieza de teatro del absurdo, el proceso judicial contra el único ex alto cargo de ese organismo recuerda lo ocurrido en Venezuela con grandes casos de corrupción en el pasado. Más de treinta audiencias fallidas han impedido saber cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares mediante “empresas de maletín” a pesar de las promesas de investigación ofrecidas por Nicolás Maduro, a quien viejos funcionarios del chavismo acusan de esconder la información sobre uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.
