En 2015 cuando la crisis venezolana y la escasez de todo comenzaba, la empresa brasilera JBS no sólo ganaba contratos a granel, sino que sorteaba cómodamente la rutilante morosidad del gobierno de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen, ungió a la compañía con un contrato millonario que duplicó el presupuesto completo que usó el Ministerio de Alimentación para la operatividad del año 2014. Durante algunos años casi toda la carne que entró a Venezuela a través de Puerto Cabello fue de esa empresa, que además dejó a su paso varias sucursales de maletín oficinas de dudoso domicilio
En 2015 miles de colombianos que tenían hasta 20 años viviendo en Venezuela fueron deportados abruptamente del país, que entonces comenzaba a mostrar los quiebres de una crisis que hoy no tiene comparación en la región. Cuatro años después estas familias no recuperan la prosperidad que alguna vez les brindó Venezuela y apenas sienten un alivio al ver la debacle del otro lado de la frontera
Cinco años han pasado desde la detención de Francisco Navas Lugo, teniente coronel del ejército y ex gerente de importaciones de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Como una pieza de teatro del absurdo, el proceso judicial contra el único ex alto cargo de ese organismo recuerda lo ocurrido en Venezuela con grandes casos de corrupción en el pasado. Más de treinta audiencias fallidas han impedido saber cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares mediante “empresas de maletín” a pesar de las promesas de investigación ofrecidas por Nicolás Maduro, a quien viejos funcionarios del chavismo acusan de esconder la información sobre uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.
Desde hace tiempo se intuye que la catástrofe socioeconómica de Venezuela se ha traducido en una mayor mortalidad, si bien la relación causa-efecto no siempre es fácil de establecer por la falta deliberada de estadísticas confiables. Pero una tendencia insólita, que podía pasar por buena noticia, ofrece la oportunidad no solo de destapar un drama, sino tal vez la identidad de sus responsables: el número de usuarios de los servicios de hemodiálisis ha bajado de manera drástica y, a pesar de las precariedades del suministro de insumos, de máquinas descuidadas y hasta de la falta de agua corriente, sobran los cupos. Hay indicios de que se les dejó morir por incompetencia.
Los negocios de hidrocarburos ahogan los derechos de los migrantes en Trinidad y Tobago. Abandono consular, deportaciones, multas prohibitivas, explotación laboral y condenas de prisión, son algunas de las hostilidades que aguardan a los que llegan desde Venezuela buscando una mejor vida allá. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno de Puerto España trata con guantes de seda al régimen de Nicolás Maduro, para el que reserva los miramientos que se tienen con un socio que, en el marco de acuerdos de cooperación que llevan años negociándose, aportará el gas natural y los recursos que permitirán reactivar importantes instalaciones industriales en la nación de las dos islas.
Desbordados los pasos hacia Colombia y Brasil y con mínimo acceso a divisas para alcanzar otros destinos apetecibles, cruzar hasta Trinidad y Tobago es una de las rutas más accesibles para quienes buscan huir de la Venezuela en zozobra. Trasladarlos es el negocio de los ‘coyotes’ que tienen base en los estados de Sucre o Delta Amacuro, mientras que pecharlos es el de los lancheros, pescadores, contrabandistas y cuerpos de seguridad que los acechan.
