Los familiares buscan, la Fiscalía pide datos, pero nadie da respuesta sobre dos embarcaciones que zarparon de las playas falconianas con rumbo a Curazao y desaparecieron con 51 personas a bordo entre 2019 y 2020. Un cuerpo recuperado, ni una estela de gasolina y muchas irregularidades se reseñan en el expediente del caso, pero no alcanza a revelar el misterio. La actividad de una banda local del crimen organizado que mantiene un pie en tierra firme y otro en las ex Antillas Neerlandesas, y los ecos de un operativo también previo e inusual de agentes de la policía científica, figuran entre los posibles motivos para que ninguna autoridad se muestre con ganas de resolver ambos casos. Entre tanto, el acarreo ilegal de migrantes continúa por mar, con ganancias para muchos y riesgos para unos pocos.
Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder económico que emanó de aquel chavismo rebosante de petrodólares, y se quemó. Algunos muy respetados y hasta con piruetas heroicas, no pudieron evadir las consecuencias de contar con una oscura cartera de clientes entre las que despuntan los ministros más buscados del chavismo por la justicia internacional.
No tenía ni dos meses de haber recibido sus papeles como asilado en Estados Unidos cuando Juan José Rendón ya estaba en la mira de las autoridades del Departamento del Tesoro: oficiales de cumplimiento del Deutsche Bank llevaban tiempo siguiéndole la pista a transacciones por más de medio millón de dólares hechas a su nombre. Los reportes lo conectaban con presuntas irregularidades de la campaña del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Pero oportunidades sobraban para poder adjetivar como ‘sospechosas’ las operaciones del controvertido asesor político venezolano. Durante su carrera diversas denuncias lo han asociado a narcos, hackers electorales, mercenarios y personajes de otros submundos, señalamientos que, por cierto, suele combatir en pleitos judiciales.
Armando.info recolectó las relaciones extraoficiales llevadas por médicos de tres grandes hospitales públicos de Caracas y el interior del país. Solo esas cuentas superan con amplitud las cifras nacionales de víctimas de la Covid-19 que los portavoces del Gobierno ofrecen. El sistema establecido por las autoridades lleva por diseño al subregistro y al retraso: pruebas poco confiables, escasos laboratorios y la opacidad en los protocolos hacen que las muertes se multipliquen a una tasa más rápida que la capacidad -y la voluntad- para contarlas.
Contra las objeciones de los técnicos, pero con el favor de Elías Jaua, el Chávez manirroto de 2010 aprobó una asignación de más de 18 millones de dólares del Fondo Chino-Venezolano para recoger los árboles derribados por un huracán en Nicaragua y convertirlos en el germinador de un emporio maderero con vocación ambientalista y comunitaria. El dinero se desembolsó y la madera se recolectó, pero a Venezuela no ha llegado, diez años después, ni un tablón ni un dólar de retorno.
Un pequeño banco de Antigua y Barbuda, pero controlado por venezolanos, está en el centro de algunas operaciones financieras del régimen de Nicolás Maduro. Creado en 2008 y con rastro difuso durante años, el North International Bank comenzó a despuntar en 2016 cuando se autorizó su operación en Caracas. Desde entonces canaliza millones de dólares de paso a y desde las arcas de la ‘nomenklatura’ revolucionaria.
