La mole que, incluyendo los sótanos y los estacionamientos, supera los 50.000 metros cuadrados totales de construcción se asienta en su mayor parte sobre un terreno de 8.500 metros cuadrados que, antes de ser comprado por el dueño de Traki, el empresario Antonio Chambra Brouri, perteneció a los constructores Rafael Gruszka Tress -exministro de uno de los primeros gabinetes del presidente Hugo Chávez- e Igor Flasz Goldberg.

El tormento que para los vecinos ha significado la edificación, fue potenciado por la aprobación de la reforma de una polémica ordenanza municipal que le permitió a la empresa disponer de un mayor porcentaje para la construcción de dos niveles adicionales a los contemplados originalmente. Algunos vecinos denuncian que la falta de control municipal derivó en molestias continuas para los residentes y en el aumento de sus preocupaciones por la seguridad de la obra, subrayadas por las fisuras que ya observan, desde sus ventanas, en las paredes del edificio. Además, la obra dejó un espacio mínimo para las aceras, que fueron eliminadas en la práctica, lo que provoca que los peatones se vean obligados a caminar por la vía donde pasan los carros, esquivando vigas y camiones de la construcción.

Desde la alcaldía se niega que se haya favorecido a Traki y aseguran que su despacho ha tenido “una batalla constante” con Traki para que se respeten los horarios de construcción o se apaguen las luces de la tienda cuando no está en funcionamiento.” Hemos paralizado las obras en dos ocasiones y mandamos a demoler un piso. Hemos tenido la autoridad para exigir esas cosas a la empresa”, indicó el alcalde Elías Sayegh a Armando.info. 

Lo cierto es que la enorme construcción, que de acuerdo con la propia Dirección de Gestión Urbana de la alcaldía, tiene permitido elevarse hasta 48 metros de altura, equivalente a 12 plantas de un edificio residencial, puso en el centro de la controversia al alcalde.

Sayegh, de 37 años de edad, reelecto en noviembre de 2021, acaba de liderar una renuncia masiva de unos 60 dirigentes del partido Fuerza Vecinal, quienes alegaron tener “diferencias profundas” con el partido del que fue fundador. El alcalde se define ahora como “independiente”, y anunció su respaldo a la recién electa candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado.

A pesar de lo que sostiene el alcalde sobre los desacuerdos con Traki, también es cierto que en algunas ocasiones se le ha visto defender sin titubeos la construcción de la tienda por departamentos que, argumenta, se inscribe dentro de un plan para incentivar la inversión privada en el municipio. “La obra del Traki en El Cigarral es legal, nos guste o no”, ratificó el 19 de ese mes.  

A pesar de que ya está abierto al público, quien ingresa por las escaleras mecánicas al recinto de cinco plantas y tres niveles inferiores puede oler la pintura fresca de las paredes y ver obreros haciendo soldaduras, donde se tiene previsto inaugurar un Supermercado Río y un Multimax, una cadena de tiendas por departamento.

La imponente fachada del Traki representa la cumbre de la meteórica expansión de esta cadena de tiendas durante el chavismo. Fundado en el suroriental estado Bolívar en 1984, el emporio de Chambra ya cuenta con unas 40 sucursales, ubicadas en casi todos los estados del país. Cada tienda cuenta con un promedio de 20.000 metros cuadrados de superficie.

Una legalidad a la medida

La parcela C-1 de El Cigarral, que tiene una extensión de 8.500 metros cuadrados, logró pasar de un límite inicial de construcción de 14.875 metros cuadrados a 23.500 metros cuadrados en cuestión de apenas tres meses. La ampliación quedó amparada por la modificación de la Ordenanza de Adecuación de Usos Comerciales del Municipio. Estos cambios a la norma fueron aprobados en julio de 2021, poco después de que se iniciaran los movimientos de tierra. En octubre de ese año, la Dirección de Gestión Urbana aprobó otorgar los beneficios a Traki. 

La norma contempla que los constructores pueden solicitar hasta 100% de aumento del porcentaje de construcción en sus parcelas, pero a cambio deben dar una “plusvalía” o contribución al municipio que equivale a 1% del valor de los metros cuadrados adicionales que sean otorgados gracias a la ordenanza. 

Sayegh asegura que esta ordenanza es parte de un conjunto de normas que tienen como objetivo fomentar la inversión privada en el municipio y, al mismo tiempo, el número de comercios. Señala que El Cigarral tiene un total de 17 parcelas residenciales y apenas una comercial, que es la de Traki. “Hay déficit bestial comercial, industrial y de oficinas en el municipio. El objetivo es que pueda haber una base sostenible que genere fuentes de empleo, fuentes de servicios y fuente de tributos a la alcaldía”. Añade que El Hatillo debe dejar de ser considerado como una “ciudad-dormitorio” y que existen normativas que ofrecen incentivos similares en otras partes del mundo. “Hay una gran demanda de comercios”, asegura.

El alcalde explicó que, en contraprestación, Traki ha hecho varias obras en el municipio, como la reparación del embaulamiento de la quebrada de La Boyera detrás de la residencia Los Ángeles, valorada en 200.000 dólares, y el embaulamiento de la quebrada entre las residencias Los Jardines y La Boyera, con un costo estimado de entre 160.000 y 180.000 dólares. También incluye en la enumeración un pozo de agua estimado en 25.000 dólares por la municipalidad, así como la donación de 210 luminarias, la construcción de un muro de contención valorado en 60.000 dólares y otro proyecto que todavía está en discusión con la compañía. “Todo porcentaje que se incrementa va sujeto al pago de la plusvalía”, esgrime.

Una visión distinta tiene David Viloria, vecino de El Hatillo y arquitecto especializado en temas de políticas urbanas, quien califica de “desfasada” la ordenanza que permitió el aumento de los metros cuadrados del mall. Añade que esta debe ser derogada porque no sigue las nuevas tendencias mundiales: no incluye contrapesos ambientales, ni exige códigos arquitectónicos para preservar la calidad urbanística del municipio. “Es un instrumento para maximizar la inversión privada y la voracidad fiscal del gobierno local”, remata.

Viloria añade que la falta de contrapesos ha sido el origen del choque entre la construcción comercial y su entorno residencial, pues no hay un balance entre lo aportado por la empresa y los daños a los vecinos, que se prolongarán en el tiempo. “Si la premisa es a más comercios más impuestos, entonces puedes llenar de Trakis todo El Hatillo, incluso las áreas verdes. Eso se llama desarrollo urbano insostenible”.

Como ejemplo de los resultados de esta política, recuerda que nada le impidió a Traki acabar con los árboles de la zona, entre ellos dos araguaneyes, dos apamates y un samán de 60 años de antigüedad, que fue replantado en otro lugar de la urbanización.

Esta opinión es compartida por Joseph Napolitano, ingeniero y miembro de El Cigarral en Acción, una asociación vecinal conformada por habitantes y profesionales de la urbanización que ha denunciado de manera activa los impactos negativos del nuevo centro comercial. Napolitano considera que la contribución no es suficiente en comparación con el beneficio obtenido por los constructores y los impactos negativos en la zona. “Se les permite hacer 8.500 metros cuadrados sobre la misma parcela, que en este caso equivale a dos niveles más. Ese aporte no representa nada para los beneficios que está obteniendo el constructor”, expresó. 

El presidente del Concejo Municipal, Omar Nowak, quien acompañó a Sayegh en la estampida de dirigentes de Fuerza Vecinal, por su parte, asegura que la normativa se hizo en consulta con la Dirección de Desarrollo Urbano de la alcaldía y que otro proyecto que podría hacer la empresa mejorará el servicio de agua potable. “El municipio no tiene un equilibrio presupuestario para responder a esa demanda y la fuente de financiamiento con respecto a impuestos por inmuebles urbanos no es suficiente”, indicó. 

Para Napolitano, la ordenanza debe ser derogada porque representa un “cheque en blanco” a la Dirección de Gestión Urbana de la municipalidad a la hora de otorgar incentivos a otros comercios en situaciones similares. “La avenida intercomunal de El Hatillo está a 80% de su capacidad. Con este tipo de ordenanzas, con los futuros desarrollos que se hagan, no va a haber manera de transitar por esa vía”, indicó.

Sayegh aseguró que su equipo ha hecho un seguimiento en la zona y negó que exista un colapso vial. Sí admitió, en cambio, que vehículos de carga de Traki han obstruido el paso por la entrada a El Cigarral. “Se llegó a un acuerdo para hacer más estacionamientos de los que pide la Ley, y que el estacionamiento sea gratuito para no impactar tanto con el tema de los vehículos”, dijo.

Sayegh no niega que uno de los objetivos de estas normas es el de incrementar la recaudación fiscal. Asegura que, de lo contrario, el municipio no será sostenible financieramente. “Donde se concentra capacidad recaudatoria de los municipios es en la parte comercial”, insistió.

Consultado sobre el traslado del samán, que actualmente se encuentra en otro lugar de la urbanización, Sayegh arguyó que la alcaldía negó el permiso pero fue el Ministerio de Ecosocialismo, desde el gobierno nacional, el que decidió la remoción del árbol.   

Constructores de conexiones

De acuerdo con documentos de la Dirección de Gestión Urbana de El Hatillo, en marzo de 2021 la empresa Inmobiliaria Boyer 18 se encargó de hacer el embaulamiento de la quebrada que mencionó Sayegh, que era necesario para desarrollar las obras en esa parcela. De hecho, las variables urbanas para el inicio de la construcción de Traki fueron aprobadas por la municipalidad a solicitud de esta empresa. Además, Inmobiliaria Boyer 18 seguía siendo la propietaria de la parcela en octubre de 2021, cuando la alcaldía le otorgó los beneficios de la reforma de la Ordenanza de Adecuación de Usos Comerciales a las obras del centro comercial, lo que le permitió alcanzar un porcentaje de construcción total de 275% en ese terreno. 

Los registros oficiales precisan que la Inmobiliaria Boyer 18 fue dueña del terreno de Traki hasta el 18 de julio de 2022, fecha en que fue vendido a Inversiones Buen Nivel, C.A., una compañía dedicada a la construcción que se registró en el estado Bolívar en enero de 2020 y cuyo presidente es Antonio Chambra. Los accionistas originales de Inmobiliaria Boyer 18 son el ingeniero Rafael Gruszka Tress e Igor Flasz Goldberg, dos empresarios del sector de la construcción. 

Gruszka fue Ministro del Fondo de Desarrollo Urbano entre 2001 y 2003 y, junto a Flash, frecuente contratista del Estado. Las empresas de estos socios estuvieron a cargo de levantar en Caracas el nuevo Mausoleo del Libertador Simón Bolívar. Entre estas sociedades, destaca Pemegas, que tuvo como directivos al exdirector de ejecución de obras de la Fundación Oficina para Planes y Proyectos Especiales de la Presidencia (Foppe), Lucas Pou Ruan y a Juan Luis Sesto, hermano mayor del exministro de Cultura, Francisco Farruco Sesto. 

Consultado sobre el tema por Armando.info, el presidente del Concejo Municipal de El Hatillo, Omar Nowak, señaló que existía una “relación comercial” entre Traki y la empresa de Gruszka, aunque no pudo precisar en qué consistía. “No conozco los detalles, porque eso es algo del ejecutivo municipal”, explicó. Sin embargo, en su respuesta a un cuestionario enviado por Armando.info, Gruszka y Flasz Goldberg negaron que tengan algún trato con Traki, más allá del traspaso del terreno. “Nuestro único negocio fue la venta de una parcela de nuestra propiedad. Eso está en el Registro Público”, indicaron.

Los documentos revisados por Armando.info muestran que la alcaldía también aprobó la integración de la parcela sobre la que se construyó el Centro Comercial Traki con un lote adyacente de un total de 3.376 metros cuadrados que tenía una zonificación inicial de “Área en Oferta 3”, es decir un área de uso no comercial, que luego pasó a tener la clasificación “Comercial 1”. Este cambio le permite al terreno tener un porcentaje de construcción de 60%. 

Esto originó la particularidad de una gran parcela integrada, de casi 12.000 metros cuadrados, con dos zonificaciones distintas y, por tanto, dos límites de edificación diferentes. Al segundo lote también se le aplicó el incentivo de 100% de la ordenanza, por lo que quedó con una construcción total permitida de 160% frente al 275% de la otra parcela. El ingeniero Napolitano indica que, con estas adiciones, más los tres niveles inferiores del mall, los estacionamientos y otras áreas, los metros cuadrados totales de la obra superan los 50.000. Además, denuncia que en el segundo lote Traki fue mucho más allá del incentivo otorgado por la ordenanza, pues la construcción supera en dos niveles la altura permitida. “Pasamos una carta a la Dirección de Gestión Urbana hace dos meses pidiendo una explicación, pero hasta ahora no han dado respuesta”, indicó. 

En este último caso Sayegh negó que se superara el límite permitido. “Tienes áreas de almacenamiento, niveles de estacionamiento que no son aprovechables comercialmente y que se computan distinto”, afirmó.

También alegó que el porcentaje de 275% de la parcela original del Traki es inferior a la de los edificios residenciales que rodean la zona, que alcanza 320%. “El tamaño que tiene la obra se debe al tamaño del terreno”, argumentó, y añadió que hay parcelas en la zona que tienen el mismo tamaño que la de Traki y un porcentaje superior de construcción. 

El arquitecto Viloria consideró que no son comparables los porcentajes de usos residenciales con los de usos comerciales y que en parcelas similares a la del tamaño del centro comercial los límites deben ser menores. “No es lo mismo otorgar 320% a una parcela de 1.000 o 2.000 metros cuadrados que a unas de 1,2 hectáreas [12.000 metros cuadrados], que es el caso de Traki. Lo que no cuadra acá es por qué en una parcela tan grande se dan unos porcentajes de construcción tan enormes que permiten esa desmesura de edificio”, explicó.

Traki sigue haciendo trabajos en los terrenos que están en la parte posterior del centro comercial, un lugar de riesgo porque es atravesado por la quebrada de La Boyera, la misma cuyo embaulamiento colapsó hace tres años. 

Temor a la denuncia

Otro incidente durante la construcción del centro comercial fue el colapso del muro de contención de la obra en febrero de 2022, apenas un mes después de que Ingeniería Municipal aprobara las variables urbanas, causando un estruendo que atemorizó a los residentes de las urbanizaciones. A este viacrucis vecinal, se añade el posterior encendido de las potentes luces de la tienda, desde poco antes de la inauguración, y que ha hecho difícil conciliar el sueño a muchos vecinos. 

Luego de los reclamos sostenidos, la empresa empezó a apagar la iluminación a partir de las once de la noche, pero esto no siempre se cumple.  “A veces son las doce de la noche y en mi apartamento parece que es pleno mediodía”, dijo un residente que pidió no ser identificado.

Hay también denuncias de que no se respetaron los retiros que separan el Traki de los edificios El Hatillo Suite I y El Hatillo Suite II. La vista de las ventanas de los habitantes de estas residencias fue totalmente tapada por las enormes paredes del centro comercial que, en una de sus paredes laterales, ya presenta fisuras, por lo que los residentes temen que los muros del mall se desplomen sobre sus edificios. “Ha sido algo espantoso. Soldaban a toda hora, nos daba alergia a todos. Ha sido un irrespeto a los vecinos”, relató un residente de esos edificios.

Sayegh aseveró que su despacho hizo un estudio topográfico del caso y que este encontró que el edificio que había irrespetado los retiros había sido El Hatillo Suite, a pesar de que este fue construido con anterioridad. “En el retiro del frente lo obligamos a que se respetara más de lo que correspondía, por el estudio de impacto vial que recomendó ensanchar la vía”.

Varios reclaman que también han tenido problemas con las señales de las líneas telefónicas y del Wi-Fi luego de los trabajos. “Llegó un momento que nadie tenía señal”, rememora otro residente, al tiempo que solicita el anonimato. 

Esta es, precisamente, otra característica que acompaña la voz de los vecinos: muchos temen denunciar a empresarios y autoridades municipales. Por una parte, Antonio Chambra, el dueño de Traki, ha sido vinculado por medios de comunicación con altos jerarcas del chavismo. 

Por ejemplo, en 2005 era vicepresidente de la empresa Inversiones AZ2000, que ese año logró un contrato para la venta de varias edificaciones al Poder Judicial venezolano, un negocio que estuvo rodeado de acusaciones de corrupción. Armando.info dejó un cuestionario en la sede Traki en El Cigarral el pasado 17 de noviembre, pero no se obtuvo respuesta hasta la fecha de publicación de esta historia. 

Pero el miedo a denunciar no solo se limita a las posibles reacciones que puedan venir por las conexiones de Traki con el régimen chavista, sino también desde la alcaldía dirigida por Sayegh, de oposición a Nicolás Maduro.

Los vecinos que más temor tienen a hablar son los de las residencias Hatillo Suites II, pues se trata de un edificio que no cuenta todavía con habitabilidad aprobada. Sus habitantes temen que reclamar por los ruidos, las molestias de las luces o el irrespeto a los retiros por parte de Traki, pueda significar que la alcaldía no otorgue el visto bueno a su edificio. Integrantes de El Cigarral en Acción han denunciado que el alcalde los bloqueó de las redes sociales. “El alcalde no da respuestas a las denuncias que hacemos. No hay información ni se publican los proyectos que tiene la alcaldía”, sostuvo la integrante de esta asociación, Karely Arteaga. 

Sayegh negó que las denuncias por parte de los vecinos tengan consecuencias sobre temas como el otorgamiento de permisos municipales: “Aquí ha habido denuncias por cualquier persona. Nosotros no actuamos así”.

También rechazó que lo acusen de favorecer a Traki y dijo que sigue exigiendo a la empresa que respete los horarios de construcción y que apague las luces cuando el local cierre sus puertas. “Nosotros no decidimos qué obras van en un terreno privado, no decidimos exactamente cuántos pisos van a tener o de qué color va ser (...) lo que hacemos es velar porque esa obra cumpla las variables urbanas”, esgrimió el alcalde en una rueda de prensa el 21 de septiembre.

El arquitecto Viloria señaló que, justamente, las variables urbanas están para regular aspectos como el número de pisos de las edificaciones. “Es un privilegio de la alcaldía fijar las condiciones de desarrollo y ocupación del suelo urbano”. Según Viloria, la Dirección de Gestión Urbana pudo pedir al constructor que estableciera un contrapeso mitigador de la eliminación de la vegetación. “La propiedad inmobiliaria de suelo tiene una función social, económica y ambiental. Los propietarios tienen que respetar esas funciones. El Traki es una isla de calor de 1,2 hectáreas que además privatizó la acera”.

Sayegh ya ha enfrentado polémicas por la promoción que ha hecho a los grandes comercios del municipio. Uno de esos cuestionamientos se produjo cuando participó en la inauguración de un local de El Tijerazo, otra cadena de tiendas por departamento, y promocionó los “buenos precios” del comercio. “Como vaya El Tijerazo va El Hatillo”, dijo en el acto. En su intervención ante los medios del 21 de septiembre sobre el caso de Traki, reiteró su interés en que las ventas de este tipo de tiendas crezcan en el municipio. “Me interesa que compren en El Hatillo porque por cada compra al municipio le toca un porcentaje de impuesto de actividad económica y de eso viven los municipios”. 

En esa misma alocución, Sayegh negó que estos proyectos se hagan con la intención de favorecer a grupos económicos: “No vamos a sacrificar la calidad de vida de la gente para generar más impuestos, no hemos dicho eso”. Sin embargo, no parece que se vaya a detener la política de incrementar los metros cuadrados comerciales para aumentar la recaudación municipal. “Aquí los únicos que ganaron fueron la alcaldía y el inversor, los vecinos se llevan todos los impactos negativos”, opinó Viloria. 

Casi un mes después, el funcionario fue detenido en medio de la investigación penal sobre la trama de corrupción llamada Pdvsa-Cripto. Las pesquisas, que la fiscalía chavista encabezó, provocaron la renuncia del poderoso exvicepresidente de la República, Tarek El Aissami, al Ministerio del Petróleo, así como la detención en cascada de al menos 61 personas entre funcionarios públicos, exdirectivos de la estatal petrolera Pdvsa y empresarios afines al oficialismo.

Si el boom de la construcción de torres de lujo en la urbanización de Las Mercedes destapó un presunto esquema de sobornos en torno a la concesión de permisos de construcción en el municipio, un conflicto entre vecinos y desarrolladores alrededor del polideportivo de Santa Paula revela ahora un tejido de amiguismo y nepotismo que conduce al alcalde, Darwin González, pero también a David Uzcátegui, su mentor y, a la vez, sombra política. Esta filiación, incómoda a ratos, quedó establecida desde que ambos eran concejales de Baruta y militaban en el mismo partido, el opositor Primero Justicia (PJ), de centroderecha. 

Hoy la disputa se ha movido de las canchas deportivas a los tribunales: Ludus Sports consiguió que el Juzgado Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, a cargo de la juez Grisel Sánchez Pérez, le otorgara medidas cautelares que le permiten continuar con las obras del proyecto; a la fiscalía llegó una demanda contra la compañía y las autoridades municipales, mientras que el Consejo Legislativo del estado Miranda, controlado por el chavismo, y cuya jurisdicción abarca a Baruta, busca ganar algunos puntos en un territorio tradicionalmente opositor con un espaldarazo a los vecinos que se oponen al contrato.

La entrega a Ludus Sport, por parte de la alcaldía, de algo más de 10.000 metros cuadrados, del total de casi 33.500 metros cuadrados que ocupa el recinto deportivo, a través de un comodato por un lapso de 15 años, soliviantó a los vecinos de la urbanización, enfrentados ahora a la compañía y a unas autoridades municipales bajo sospecha de corrupción y favoritismo por constructores privados, como aquellos que sembraron la urbanización Las Mercedes con relucientes torres de cristal. 

Además de Harold Sosa, en abril pasado las autoridades arrestaron a Juan Carlos Posner Pimentel, exdirector general de la Alcaldía de Baruta, quien también participó en el proceso que benefició a Ludus Sports, una empresa creada ad hoc para la construcción de las canchas de pádel en Santa Paula.

La ocasión y el objetivo tan específicos de la empresa son reconocidos por sus propios directivos, Armando De Armas Caraballo y Víctor Ferreres Palou; el primero es accionista del Bloque de Armas, mientras que el segundo fue del año 2000 al 2006 presidente del canal Venevisión, del Grupo Cisneros, ambos tradicionales emporios de medios venezolanos.

“Ludus Sports es una empresa que no ha tenido operación nunca. Es una empresa que constituimos Armando y yo para este efecto”, admite Ferreres en declaraciones para Armando.info. El logo de Ludus Sports reproduce el de una tienda de artículos deportivos en Key Biscayne, Florida, llamada The Court Sports Gear, y de la que Armando de Armas se define como propietario en sus redes sociales. 

Ferreres descarta de plano irregularidades en el proceso de adjudicación por comodato y asegura que presentaron el proyecto a la alcaldía porque vieron una oportunidad en la expansión del deporte y porque, además, De Armas y él son “furibundos padelistas”. Desde los vecinos la óptica es distinta, denuncian que nunca se les presentó el proyecto definitivo, así como tampoco los estudios de impacto ambiental o de servicios. Señalan que se está privatizando un espacio público por vía de los hechos.

Aunque no tenga cargo formal en la alcaldía, la influencia de Uzcátegui sobre el burgomaestre y algunos desarrollos urbanísticos de Baruta ha sido muy amplia. Desde la campaña electoral de diciembre de 2017, que convirtió en alcalde por primera vez a González “con el apoyo de David Uzcátegui”, como rezaba la propaganda electoral, hasta las recurrentes apariciones en actos protocolares o de gobierno de la alcaldía, la presencia de Uzcátegui, a quien González define como un “hermano mayor”, no ha dejado de orbitar en los asuntos del municipio.

“Hace 16 años fui a tu oficina para buscar empleo y no sólo lo encontré, sino que también encontré un hermano”, escribió Darwin González en Facebook, el 15 de octubre de 2020, para felicitar a Uzcátegui en su cumpleaños.

Así que no es de extrañar que el nombre de David Uzcátegui también se asome detrás del entramado de relaciones expuesto por la polémica del polideportivo de Santa Paula.

Por un lado, Uzcátegui ha tenido una relación familiar y de amistad con Harold Sosa y Juan Carlos Posner, los dos funcionarios de la Alcaldía de Baruta que  participaron en la adjudicación del comodato a Ludus Sports antes de ser detenidos. Por otro, Uzcátegui también tiene un vínculo de amistad con Armando Rafael De Armas Caraballo, uno de los socios de Ludus Sports.

Alianzas non sancti

Como si de una declaración premonitoria se tratara, en 2008, siendo candidato a la Alcaldía de Baruta, cargo al que ha aspirado varias veces sin éxito, Uzcátegui soltó una promesa en el canal Meridiano Televisión. “Nosotros tenemos la visión de trabajar con la empresa privada el tema de las instalaciones deportivas (...) Hacer alianzas con la empresa privada, por ejemplo, Meridiano Televisión, y hemos conversado con directivos de Meridiano Televisión para que también ocupen un polideportivo y sea el polideportivo Meridiano Televisión”, dijo Uzcátegui, a modo de oferta electoral, hace 15 años.

Meridiano Televisión es uno de los medios de comunicación que maneja la familia De Armas bajo el paraguas del Bloque De Armas, del que el propio Armando De Armas Caraballo es accionista. Varias fuentes ligadas a la política local de Baruta, pertenecientes a distintos partidos políticos, pero que coinciden en conocer a Uzcátegui, confirman la cercanía del hoy dirigente de Fuerza Vecinal con miembros de la familia De Armas. 

Además del canal deportivo Meridiano Televisión, Uzcátegui también ha sido columnista del Diario 2001, otra de las cabeceras emblemáticas del Bloque de Armas. Sus apariciones en Meridiano Televisión coinciden con momentos de campañas electorales.

Al respecto, Armando De Armas reconoció que tiene una amistad con Uzcátegui desde hace más de 20 años. “Somos amigos desde hace mucho tiempo, pero es una relación de amigos cien por ciento. Nunca hemos tenido un negocio, nunca hemos compartido nada a nivel comercial”, indicó. Cuestionado sobre las pasadas conversaciones en que Uzcátegui aseguró haber sostenido con el Bloque De Armas para que participaran en un polideportivo, se limitó a aclarar que el conglomerado no tiene ninguna relación con el proyecto actual de Santa Paula. “Mi relación con el Bloque De Armas es mínima. Mi parte accionaria dentro de la empresa es muy pequeña y yo, desde 2015, no tengo ninguna relación con el grupo”.

En una comunicación enviada a Armando.info tras la fecha original de publicación de esta nota, el Bloque De Armas toma distancia de Armando De Armas y asegura que "jamás ostentó posiciones directivas en el BDA (sic) y no guarda ninguna relación laboral desde 2015, cuando cesó su actividad profesional en Meridiano Televisión". Sin embargo, no niega su participación accionaria.

Un año de conversaciones entre las asociaciones de vecinos de Santa Paula, funcionarios de la alcaldía y representantes de la empresa, no consiguió evitar que el conflicto estallara a inicios de agosto, cuando la empresa dejó dos contenedores con implementos para la construcción de la obra en terrenos del polideportivo, lo que produjo el rechazo de algunos residentes. 

Víctor Ferreres sostiene que Ludus cuenta con todos los permisos legales requeridos, incluyendo el aval de Asopaula (la asociación de vecinos) y el Consejo Comunal: “Esa acta fue levantada a mano alzada por ellos mismos y la firmamos todos, incluyendo la presidenta [de Asopaula]. Todas sus observaciones fueron incluidas al cien por ciento en el contrato de comodato”. 

Entre las peticiones que, en la ocasión de ese documento que Ferreres cita, la asociación de vecinos formuló, se encontraba la construcción de tres canchas de usos múltiples, la reparación de las caminerías, de los baños, de las zonas destinadas a la tercera edad y del cercado perimetral, lugares que seguirán siendo públicos. El empresario precisa que el proyecto tendrá un costo total de unos 800.000 dólares y que esperan recuperar la inversión en unos tres años. “Después de 15 años toda la bienhechuría pasa a ser propiedad de la alcaldía [...] Esto es un negocio, pero no es un negocio de los megamillones”.

Pero integrantes de Asopaula, que pidieron el resguardo de su nombre por temor a represalias por parte de la empresa, señalaron que el documento manuscrito era sólo una “minuta” de la reunión sostenida ese día, y que Ludus no cumplió con la condición de presentarle el proyecto final de lo que se iba a hacer. “Tampoco tenemos el comodato que firmaron con el alcalde”, añaden. Denuncian estas mismas fuentes lo que consideran una irregularidad: Ludus hizo ante la alcaldía la solicitud del comodato un 30 de mayo, es decir, 21 días antes de la constitución formal de la empresa ante el Registro Mercantil Segundo de Caracas. “Eso es un supuesto de nulidad absoluta. Ninguna empresa que no exista puede pedir un comodato”, argumentan desde Asopaula. 

Ferreres, por su parte, explicó que el registro electrónico de la compañía se hizo el 12 de mayo y que “el registro en papel” fue lo que se otorgó el 20 de junio. “Se creó específicamente para este fin”, reiteró sobre Ludus Sport. Sobre lo alegado por los vecinos en cuanto a la incumplida entrega del proyecto, señaló: “Nosotros no tenemos que presentarlo [a Asopaula]. El dueño del terreno es la alcaldía”. 

Esta opinión fue secundada oficialmente por la Alcaldía que replicó a un cuestionario enviado por Armando.info: “No existe ningún criterio jurídico que obligue a la Alcaldía a que las instalaciones deportivas a ser otorgadas bajo la figura de comodato requieran de la aprobación de una Asamblea de Ciudadanos, o de aprobación por parte de los vecinos”. Aún así, resalta la alcaldía en su respuesta, realizó “diferentes reuniones con la Asociación de Vecinos de Santa Paula, Consejo Comunal de Santa Paula y con los representantes de la Empresa Ludus Sports, C.A., a los fines de presentar el proyecto”.

Asopaula también denunció que en el acta de inicios de obra del Polideportivo, firmada por Harold Sosa, se calificó como “propietario” del terreno a Armando de Armas Caraballo. “Le están transfiriendo la propiedad del terreno”, denunció un integrante de la asociación. En su escrito la alcaldía indicó que esto se trató de un error “material e involuntario”, y que lo que se debió indicar en el documento es “que actúa en su carácter de comodataria. A tal efecto, se están haciendo todas las gestiones legales pertinentes a los efectos de corregir el error material”.

Ferreres, por su parte, también negó el argumento de los vecinos de que el expendio de alcohol, que se proyecta en una fuente de soda del complejo, cambie la zonificación del terreno de municipal deportivo a comercial. “Aspiramos a que nos otorguen la licencia de licores, como en todos los centros de pádel que hay en terrenos deportivos. Eso no es un cambio de zonificación, es una autorización”.

Un hombre de extrema confianza

Meses antes, en septiembre de 2022, Juan Carlos Posner, uno de los dos funcionarios de la Alcaldía de Baruta detenido por la fiscalía en abril, había sido el encargado de llevar a Armando De Armas Caraballo y Víctor Ferreres a presentar los planes de Ludus Sports ante la Asociación de Vecinos de Santa Paula (Asopaula) y al Consejo Comunal de la urbanización. 

Tres fuentes del ámbito municipal definen a Posner como el “administrador personal” de Uzcátegui y señalan que es una persona de extrema confianza del dirigente político. “Él administró las campañas electorales de Uzcátegui”, precisó uno de los informantes. Ambos nacieron en 1975 y coincidieron en la Universidad Metropolitana de Caracas cuando estudiaron Administración. En redes sociales se encuentran interacciones entre ambos que apuntan a una cercana amistad desde hace, al menos, 10 años.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público por el caso Pdvsa-Cripto, Posner habría sido el encargado de recibir un total de 12 pagos, entre enero y junio de 2021, por un total de 300.000 dólares, con la finalidad de “facilitar sin contratiempos” permisos de construcción en la urbanización Las Mercedes. Pero el alcalde Darwin González hizo notar, en una rueda de prensa en la que no permitió preguntas, que para las fechas señaladas Posner no era funcionario de la alcaldía y que, por lo tanto, mal podría haber recibido coimas para incidir en esas gestiones 

Fuentes refieren que, luego del fracaso de sus empresas dedicadas a la gastronomía en España, Posner regresó a Venezuela a comienzos de 2020 por solicitud del propio Uzcátegui, que ya tenía proyectado crear su propio movimiento político: Fuerza Vecinal. 
Los pagos que registra la fiscalía, y que supuestamente fueron hechos por la empresa ATB Constructores para obtener de Posner favores en permisos de construcción, se dieron meses antes de que González resultara reelecto en noviembre de ese año.“Darwin [González] no quería a Posner como director. A él lo pone ahí Uzcátegui”, añade uno de los informantes.

Ni con Darwin González ni con Posner terminan los vínculos de Uzcátegui con funcionarios de la actual administración municipal. El fundador de Fuerza Vecinal también es concuñado del exdirector del despacho de la Alcaldía, Alejandro Sosa Padilla, hermano de Harold Sosa Padilla, detenido por el caso Pdvsa-Cripto. Sosa fue nombrado en ese cargo con la llegada de Darwin González al poder. 

Lorena Guerra de Uzcátegui, la esposa de David Uzcátegui, es hermana de Lucy Guerra de Sosa, la esposa de Alejandro Sosa Padilla. En las redes sociales de Sosa se ve a los cuatro compartiendo celebraciones familiares, como cenas de navidad.

No son juegos de niños

Luego de la llegada de los controvertidos contenedores al polideportivo de la urbanización, que simbolizaba la toma efectiva de las instalaciones, empezó el conflicto entre la empresa y los vecinos. Se produjeron enfrentamientos entre los usuarios y los trabajadores de la compañía, y la empresa decidió introducir un recurso de amparo que fue decidido a su favor el 24 de agosto. 

Las medidas cautelares que derivaron de esta decisión prohíben la “perturbación” de los trabajos, exhortan a las autoridades municipales a proporcionar protección a las obras de la empresa, y prohíben al Concejo Municipal pronunciarse sobre el tema, lo que impide una eventual revocatoria del comodato. Fuentes de las instituciones municipales, que piden el resguardo de sus nombres, consideran que esta medida es inconstitucional, pues limita las atribuciones del Poder Legislativo municipal. Asopaula también introdujo una contestación al amparo en la que pide que estas medidas sean revocadas por considerar que violan los derechos constitucionales de los vecinos.

Desde Ludus Sports señalan que han sido víctimas de ataques violentos para impedir las obras de construcción y las atribuyen al presidente del Comité de Atletas y Usuarios del Polideportivo de Santa Paula, Ricardo Goeta. “El día que iniciamos la obra tumbó los postes que estaban puestos en el cemento fresco. Insultó, agredió y tuvimos la oportunidad de grabarlo y paramos la obra (...) Tumbó la valla que por ley tenemos que tener. Provocó a los vigilantes y fue difícil que no nos fuéramos a las manos”, denunció Ferreres. 

El 11 de septiembre el juzgado convocó a una audiencia por una denuncia de desacato a la decisión judicial, a petición de la empresa, en contra de Goeta. Este califica la decisión judicial como “totalmente contraria a derecho” y asegura que no ha tenido acceso al expediente para conocer de qué se le acusa. “Se negó a permitirme que consignara la diligencia para hacerme parte del procedimiento”. 

Sobre las acusaciones de agredir a los representantes de la empresa, consideró que la “actitud agresiva es la de ellos, de llegar de manera inconsulta a meter unos contenedores en un espacio donde juegan los niños”. Acerca de las perturbaciones a la obra respondió: “Ellos vinieron súbitamente [...] y pusieron esos tubos. Esos son espacios públicos deportivos. Violentos son ellos que han actuado de esa manera”. 

Tanto Harold Sosa Padilla como Juan Carlos Posner jugaron un papel clave en la obtención del comodato por parte de Ludus Sports. Hoy, sin embargo, las fuentes consultadas apuntan que el proceso judicial en contra de estos dos exfuncionarios ha enfriado las relaciones entre el alcalde y su antiguo mentor. La alcaldía de Baruta, el alcalde Darwin González y David Uzcátegui fueron contactados para obtener su versión sobre esta historia, pero solo la alcaldía dio respuesta.

Consultado sobre si para Ludus Sports es una preocupación que los permisos otorgados por los funcionarios detenidos sean revisados, Ferreres indicó: “Claro que nos preocupa, pero lo que estamos haciendo es solucionarlo y dar la cara. Ojalá lo revisen todo. Nos hemos reunido con el alcalde, con la consultora jurídica, con todo el mundo (...). Aquí no hay guiso de nada, lo que hay es un proyecto espectacular”.

Sin embargo, ahora son los tribunales a a quienes les toca el servicio para poner la pelota de nuevo en juego.

Nota del editor: Nueve días después de la publicación de este artículo, el 3 de octubre de 2023 Armando.info recibió una comunicación del consultor jurídico del Bloque De Armas, Alejandro Ignacio Villoria García, en la que señala que el señor Armando De Armas Caraballo no forma parte de la junta directiva de ese conglomerado editorial desde el año 2015.

La voz entrecomillada, dubitativa, pero que suelta la promesa de “no te voy a quedar mal”, pertenece al alcalde del municipio Baruta y dirigente del partido Fuerza Vecinal, Darwin González. Su contraparte, a quien amistosamente llama “Rafa”, es el hoy detenido Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez, socio junto a su hermano, Roger Vicente -también detenido-, de la Constructora HP, la misma que en los últimos años encabezó el boom de la construcción de torres de lujo para oficinas y viviendas en Las Mercedes, en el sureste de Caracas, y de Constructora 2PTO, beneficiada más recientemente con contratos de la petrolera estatal Pdvsa.

El fragmento de la conversación entre el alcalde de Baruta y Perdomo es la transcripción de uno de los diálogos entre ambos, vía mensajes de voz de la aplicación WhatsApp, que quedaron registrados en las extracciones de contenido hechas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) al teléfono de Rafael Perdomo, según consta en la acusación del Ministerio Público de la denominada trama de corrupción Pdvsa-Cripto, que a finales de marzo pasado provocó la renuncia de Tareck El Aissami al Ministerio de Petróleo y la detención en cascada de unas 60 personas, incluyendo empresarios como el propio Perdomo, ex directivos de Pdvsa y funcionarios de la Alcaldía de Baruta, entre otros.

Entre cientos de páginas de lenguaje farragoso, repetitivo y de jerga jurídica, se encuentran detalles y actores del esquema a través del cual Pdvsa perdió poco más de 5.000 millones de dólares, según sostiene el expediente, aunque la cifra puede oscilar entre 8.406 millones de dólares y 13.338 millones de dólares, tal y como reveló Armando.Info. En esos papeles aparecen también los intercambios entre algunos de los empresarios favorecidos por la petrolera estatal y hoy detenidos e investigados, como Rafael Perdomo y Bernardo Arosio Hobaica -este último, igualmente ligado a la construcción y negocios con Pdvsa- con el alcalde, y dos de sus funcionarios que fueron así mismo arrestados en marzo pasado.

Como si de un mismo proceso se tratara, lo que nació en el corazón de Pdvsa irrigó hasta la alcaldía de Baruta, históricamente controlada por la oposición y gobernada en el pasado por dirigentes como Henrique Capriles Radonski o Gerardo Blyde, pero desde 2018 en manos de Darwin González y de Fuerza Vecinal, partido político conformado por ex dirigentes de Primero Justicia (PJ), como el propio González, y que también controla los capitalinos municipios de clase media-alta de Chacao y El Hatillo. 

Más allá de lo que revelan las páginas del expediente de la Fiscalía, tras el escándalo y bajo la fachada de una investigación judicial en la “lucha anticorrupción” que hoy luce estancada, el chavismo ha aprovechado el remezón para reemplazar con sus fichas a los funcionarios de Baruta que fueron detenidos, lo que está sirviendo en los hechos como una intervención o toma administrativa del ayuntamiento, si no por parte del gobierno central, al menos sí por la poderosa mancuerna de los hermanos Rodríguez Gómez.    

Caja chica extraoficial

Las seis torres que HP construyó o empezó a erigir en el municipio Baruta en los últimos años -a contravía del desplome de la economía venezolana- confirman que se cumplió la promesa del alcalde González a Rafael Perdomo de que “no le iba a quedar mal”. Pero ese no es el único intercambio comprometedor que tuvo González con los constructores, según consta en el expediente del Ministerio Público (MP).  

Otros mensajes confirman la misma confianza y cercanía en el trato, pero también dejan rastros de pagos constantes, casi mensuales, por parte de la constructora de los hermanos Perdomo y de ATB Constructores, la de Bernardo Arosio Hobaica, hasta totalizar al menos 500.000 dólares, a Harold Rafael Sosa Padilla y a Juan Carlos Posner Pimentel, exingeniero municipal y exdirector adjunto de la alcaldía de Baruta, respectivamente, para la obtención de los permisos necesarios para levantar las torres en el municipio.

El documento de la investigación acompaña la transcripción del diálogo entre el alcalde y Perdomo con el hallazgo de tres recibos de pagos, realizados entre agosto y septiembre de 2022, “por concepto de cancelación de habitabilidad y cédula catastral correspondiente a la edificación Torre Guayana”, una de las construidas por HP que muestra mayor avance, pues está prácticamente terminada.

La acusación detalla que los recibos estaban a nombre del entonces ingeniero municipal de Baruta, Harold Sosa Padilla. Los primeros dos, de fechas 26 de agosto y 2 de septiembre de 2022, por 70.000 dólares cada uno, y el tercero por 60.000, del 12 de septiembre del mismo año. De acuerdo con el MP, estos papeles fueron encontrados en un allanamiento hecho en la torre Sena de Las Mercedes, sede de la constructora HP, y cada uno de estos tres recibos tenía “la finalidad de ser entregado al ciudadano alcalde de Baruta, Darwin González”. La acusación sostiene que Perdomo y Harold Sosa mantuvieron comunicación “constante” al menos desde el 3 de julio de 2020. Los documentos también registran que en otro allanamiento en una residencia personal de Rafael Perdomo en la Torre Salem I, una de las primeras edificaciones residenciales levantadas por HP, fueron hallados 500.000 dólares en efectivo dentro de una caja de cartón. 

"Yo estoy muy tranquilo porque sé que todos estos permisos son públicos", declaró el alcalde de Baruta al portal El Estímulo sobre el rol de Harold Sosa, en la que ha sido la única reacción pública del funcionario desde que estalló la denominada trama Pdvsa-Cripto.

En el caso de Bernardo Andrés Arosio Hobaica, empresario del sector de la construcción vinculado a la empresa ATB Constructores, con obras en el este de Caracas y en el archipiélago de Los Roques, los pagos fueron hechos a Juan Carlos Posner Pimentel, exdirector de la alcaldía. De acuerdo con los documentos de la investigación, durante los allanamientos los organismos de inteligencia encontraron un total de 12 recibos de pago que sumaban 300.000 dólares. Esos pagos fueron hechos entre el 15 de enero y el 30 de junio de 2021, por montos que oscilan entre los 15.000 y los 35.000 dólares. 

Al igual que los Perdomo, Arosio saltó de la construcción al negocio petrolero, primero, con Walker International Dw-Llc, una sociedad registrada en los Emiratos Árabes Unidos que comercializó crudo de Pdvsa entre 2021 y 2022 por 76 millones de dólares, y luego con Prodata Energy, una vieja contratista petrolera rebautizada así por Arosio luego de adquirirla en agosto de 2022, cuando ya tenía asegurado por parte de Pdvsa el negocio de la exportación de gas venezolano a Colombia, como en su momento informó Armando.Info.

La acusación precisa que los recibos de pago fueron encontrados el pasado 10 de abril en un allanamiento hecho a la sede de la empresa Poes Internacional, C.A., en el piso 14 de la Torre del Banco Nacional de Crédito, antigua Torre BOD, ubicada en La Castellana, una zona comercial y financiera del noreste de Caracas. Justamente en ese mismo piso se encuentra la sede de Prodata Energy, la compañía con la que Arosio Hobaica incursionaba en la exportación de gas a Colombia.

Aunque los pagos al exfuncionario de la alcaldía de Baruta se relacionaban con la actividad de ATB Constructores, el documento de la Fiscalía indica que Poes Internacional se usó como “instrumento financiero” para esos desembolsos. De acuerdo con los fiscales, ese dinero tenía como finalidad “facilitar sin contratiempo el otorgamiento de los permisos de habitabilidad, cédula catastral, constancia de variable urbana, permisos y finiquito de obra, para la construcción y desarrollo urbanístico Torre 908 u otro proyecto de construcción, gestionadas entre los años 2018 y 2022 por el ciudadano Juan Carlos Posner Pimentel”.

Fuentes ligadas al negocio petrolero confirman la relación de Bernardo Arosio con Poes Internacional, establecida por los fiscales en la acusación. “Poes y Prodata Energy compartían la oficina, aunque en algún momento hicieron un muro para dividirlas y aparentar que son dos empresas distintas sin ningún tipo de relación”, explicó una fuente que pidió reservar su identidad.   

Armando.info se acercó hasta la sede de Poes Internacional con la intención de dejar un cuestionario, pero las oficinas se encontraban vacías y, sobre la puerta de vidrio, estaba pegado un papel que informaba que ese espacio fue incautado por el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción de la Policía Nacional.

Según los documentos, Poes Internacional es una empresa encargada de prestar servicios de consultoría y asesoramiento técnico y gerencial a empresas del sector petrolero. El Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que su dueño es Ronald Oribio Quintana y que fue contratada por Petromonagas, Petrocedeño, Petro San Félix y Sinovensa, todas empresas mixtas con mayoría estatal de Pdvsa, entre los años 2015 y 2022. El 23 de agosto, Armando.info envió un cuestionario a Oribio Quintana a través de WhatsApp, quien confirmó su recepción, pero a la fecha de publicación de esta historia no había respondido a las preguntas.

Dentro de la acusación, a Poes Internacional también se le atribuye participación en un proyecto llamado Plan Arpía, destinado a Petro San Félix, S.A., ubicada en la Faja del Orinoco, el mayor reservorio de petróleo del país, aunque no se dan detalles del objeto de este acuerdo. El RNC registra que en 2022 la empresa fue contratada por Petro San Félix para prestar servicios de mantenimiento de recuperación y reactivación de unidades del mejorador de la empresa, así como servicios para la “recuperación e incremento de productos de crudo extrapesado”.        

Una intervención silenciosa

La burbuja económica de Las Mercedes, promocionada desde el gobierno como símbolo de una supuesta recuperación económica, y que hasta hace poco era bautizada por medios internacionales como “el pequeño Manhattan de Caracas”, fue pinchada por la misma justicia chavista. La acusación se explaya en reiterar que la construcción de estas torres de modernos acabados, en medio de una de las peores crisis económicas del país, se utilizó como un “medio apropiado para legitimar estos recursos que le fueron otorgados [a los Perdomo] de forma irregular, procediendo a realizar sobornos a funcionarios de la alcaldía del municipio Baruta”.

Estos pagos, siempre de acuerdo con el escrito de la fiscalía, se hicieron con la finalidad de obtener permisos como los de habitabilidad, cédula catastral, constancia de variable urbana, “así como violar políticas y ordenanza municipales establecidas, referentes a la altura de las edificaciones permitidas regularmente en la zonas residenciales y comerciales”.

Armando.info envió un cuestionario a la alcaldía de Baruta el pasado 17 de agosto, pero no se obtuvo respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota. El alcalde Darwin González tampoco contestó la petición de comentarios formulada vía WhatsApp. 

Más allá del expediente, el chavismo atisbó una oportunidad política en las detenciones practicadas por el caso Pdvsa-Cripto. Luego de los arrestos de Posner y Sosa Padilla el pasado mes de abril, bajo acusaciones de corrupción, en la administración municipal ocurrieron cambios, aunque tras bambalinas. Cuatro fuentes del ámbito municipal, que pidieron el resguardo de sus nombres, señalaron que en los hechos se está ejecutando una “intervención” silenciosa de la institución a través de nuevos funcionarios vinculados al chavismo. 

Por ejemplo, Sosa fue reemplazado por el arquitecto Pedro Antonio Vicens Gamboa, mientras que la dirección del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (Semat) fue ocupada por Erika Cid Moa. Mientras Vicens, oriundo del estado Vargas, es un desconocido en el municipio, Cid Moa fue tesorera de la dirección de Finanzas del ministerio de la Cultura en 2013 y miembro de la comisión de contrataciones de la empresa estatal Minera Nacional, C.A. en 2014.

Por encima de ellos está el ingeniero Plinio Manuel Monges Bolívar, quien no tiene un cargo oficial en la alcaldía. Dos de las fuentes coincidieron en que las decisiones del alcalde deben contar con su aprobación y que, en ocasiones. Monges toma medidas “por encima” de la máxima autoridad municipal. “Él está en las reuniones de Darwin [González] con los empresarios. Incluso, a veces se reúnen con él solo”.

Monges Bolívar figura como directivo en cuatro empresas privadas en el RNC. Entre estas, se encuentra Inversiones Vimoca 1308, C.A. en la que ingresó como presidente en marzo de 2016. Esta compañía, dedicada a la construcción, obtuvo más de 30 contratos con la alcaldía del municipio Libertador de Caracas o sus dependencias entre 2014 y 2016. Este último año cambió su nombre a Inversiones Covenka, C.A. quedando Monges como accionista único.  

El ingeniero también aparece como directivo en la empresa Nova Progresiva Consultores, C.A. dedicada al mercado inmobiliario y que obtuvo una decena de contrataciones con instituciones adscritas a la misma alcaldía capitalina, como la Fundación Para la Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de Caracas (Fundapatrimonio) entre 2012 y 2016. Durante ese lapso, la alcaldía estuvo a cargo de Jorge Rodríguez Gómez, actual presidente de la cuestionada Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez y su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, constituyen la particular power couple del régimen venezolano. “Todos son cercanos a los hermanos Rodríguez”, confirmaron dos de los informantes.

Precisamente, Jorge Rodríguez anunció posibles acciones contra “algún alcalde de la oposición”, cuando recién se hizo pública la trama de corrupción en Pdvsa y la detención de Rafael Perdomo. “Si después resulta que algún alcaldesa o alcalde de la oposición está incursa o incurso en las acciones lesivas de los dineros públicos, que recibió comisión por concesiones de terrenos y por variables urbanas, después no vayan a estar diciendo libertad para el preso político tal”, manifestó Rodríguez el pasado 21 de marzo.

Relaciones cercanas

El expediente de la fiscalía chavista también confirma la vinculación entre los Perdomo y el coronel Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministros de Pdvsa, que adelantó Armando.info. “El portador del equipo telefónico, Rafael Perdomo, le pide un préstamo aproximado de 500 a 700 mil dólares americanos, al contacto registrado en la aplicación como ‘CP Nombre: Cnel Perez Suarez’” (sic). A esta comunicación entre ambos se añade que, en una entrevista con un gerente de HP, este detalla que la empresa realizó trabajos en comandos de la Guardia Nacional, en el Ministerio de la Defensa y en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Quinta Crespo, en Caracas. La constructora llegó a hacer obras en la oficina del coronel Pérez Suárez y trabajos para la iluminación de los sótanos de la torre de Comercio y Suministros, de la sede de Pdvsa en La Campiña, Caracas.

Los documentos reafirman los testimonios que recogió Armando.info hace un año, en los que exempleados del municipio señalaron que la alcaldía daba un trato preferencial a los constructores que hacían “donaciones” al municipio. El mismo Rafael Perdomo precisó que hacía donaciones de asfalto, y “aportes” para la iluminación y el rayado, lo que fortaleció la percepción entre los vecinos de que esa compañía era la “verdadera dueña” de Las Mercedes.

Esta dinámica se detalla en las transcripciones de los mensajes de WhatsApp entre Perdomo y el alcalde que se remontan al 22 de diciembre de 2017. Para esta fecha, González estaba recién electo como alcalde y militaba en el partido opositor Primero Justicia (PJ), luego de ser presidente de la Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal. PJ decidió no acudir a aquellos comicios, por considerarlos fraudulentos. Posteriormente, González formó parte de la camada de dirigentes del partido amarillo que fundaron el partido Fuerza Vecinal.

“Épale, Rafa. ¿Cómo está la vaina? Mira, ¿Qué día en la semana, si estás en Caracas, nos podemos reunir para hablar del municipio y las vainas pendientes?”, preguntó el alcalde en uno de los mensajes. En otro, Perdomo le recordaba a González una petición que le había hecho el funcionario. “Darwin, una consulta. ¿Cuál fue la entrada que tú me dijiste exactamente que te arreglara? La entrada de Las Mercedes, creo que era por Chuao o algo así. ¿Tienes una foto o algo, porfa?”, ante lo que el alcalde respondió que se trataba de la entrada principal a la urbanización.

Hoy el panorama es muy distinto. Las obras de cuatro de las seis torres de HP están paralizadas, y solo quedan los enormes esqueletos de cemento sembrados a lo ancho de la urbanización, cuyos destinos son inciertos. Un papel blanco, que dice “clausurado”, cuelga de los vitrales de la antigua tienda Materiales HP. Esta quedaba en la Torre Sena, la misma en la que se encontraron los recibos a nombre de Harold Sosa. Dentro de la edificación, que ya está culminada, explican que ningún representante de HP ha vuelto al edificio desde el arresto de los hermanos. 

El edificio de las Residencias 908 de ATB Constructores también luce casi terminado, pero no se avistan obreros que hagan los trabajos finales. Sólo se ve movimiento en la Torre Guayana, donde unos pocos trabajadores dan los últimos retoques a la fachada externa de la edificación. En contraste, en la alcaldía sí que hay bastante movimiento. Las fuentes consultadas hablan de “una negociación” entre el alcalde González y la facción del chavismo que salió beneficiada con la campaña preelectoral contra la corrupción, denominada por el gobierno Caiga quien caiga, y de que estos acuerdos le permitieron al burgomaestre conservar su puesto. Aunque, hasta la fecha, el lema de campaña no se ha cumplido con el desaparecido El Aissami, en cambio le ha servido a los hermanos Rodríguez para expandir su radio de influencia, incluso dentro de espacios tradicionalmente opositores como la alcaldía de Baruta.

Nota del editor: El alcalde Darwin González no respondió a solicitud de entrevista por parte de Armando.info, pero hizo una declaración cuatro días después de la fecha de publicación. Señaló que Juan Carlos Posner, hoy detenido, ingresó como funcionario a la Alcaldía de Baruta en diciembre de 2021, fecha posterior a la recepción de los pagos precisados por la Fiscalía. No hizo comentario alguno sobre Harold Sosa, el otro funcionario detenido o sobre las menciones a sus conversaciones con Rafael Perdomo recabadas también en el documento judicial.

Coronel del Ejército, titular hasta hace poco de la crucial Vicepresidencia de Comercio y Suministros de Pdvsa y hombre de confianza de Tareck El Aissami, Pérez Suárez fue artífice de la estrategia concebida para evadir las sanciones internacionales contra el petróleo venezolano, que consistía en la habilitación de traders o intermediarios no tradicionales para colocar en mercados alternativos los cargamentos que Pdvsa les confiaba a consignación. Esos intermediarios, por lo general empresarios cercanos a El Aissami u otros jerarcas del régimen, quedaron debiendo a Pdvsa miles de millones de dólares en cuentas por cobrar, divisas presuntamente desviadas, lo que creó una crisis de liquidez no solo a la empresa, sino al mismo gobierno. Pérez Suárez fue uno de los primeros detenidos por las acusaciones y fue tildado por el Ministerio Público (MP) oficialista como el “jefe principal de la estructura de corrupción” en Pdvsa, que según el cuestionado fiscal general, Tarek William Saab, tenía como objetivo “generar una implosión de la economía venezolana” para desestabilizar al régimen de Maduro.      

De acuerdo con documentos y testimonios obtenidos para este reportaje, la posada en el páramo venezolano pertenece al coronel Antonio Pérez Suárez. Ubicada en la localidad de Misinta, a 3.000 metros de altura y a poco más de un kilómetro del pueblo de Mucuchíes, la edificación ampara habitaciones de grandes vitrales con vistas al onírico páramo venezolano. El alojamiento incluye prestaciones superiores a las del promedio de esa zona turística: un spa con sauna para los huéspedes, jacuzzi en las habitaciones, paseos en ATV o cuatrimoto por el escarpado montañoso y otras excursiones. Los precios de sus habitaciones van desde 160 hasta 240 dólares por noche. 

El rastro en cargos públicos de Pérez Suarez se remonta hasta 2013. Como integrante de la promoción Coronel Miguel Antonio Vásquez, la primera “graduada en Revolución”, gozó de la confianza del mismísimo comandante Hugo Chávez, del que llegó a ser edecán. En apenas el último lustro, el uniformado, de 47 años de edad, acumuló 18 nombramientos gubernamentales en los que se le designaba o ratificaba en un total de 14 cargos. Entre estos, destacan su paso por la presidencia de la Corporación Socialista de Cemento y, luego, en la mencionada vicepresidencia de Pdvsa desde febrero de 2020, hasta el pasado mes de marzo, cuando fue arrestado por cuerpos de seguridad. 

Ubicada en la localidad de Misinta, a 3.000 metros de altura en el páramo andino, la posada de la familia Pérez Suarez cuenta con spa, saunas y jacuzzi para sus huéspedes. Crédito: Video tomado de @posadarafaelaycristobal

En coincidencia con el inicio de esa carrera como funcionario del militar, en 2014, fue fundada, al menos en el papel, la Posada Rafaela y Cristóbal, que lleva el nombre de los bisabuelos de los Pérez Suárez, oriundos de la región andina. Una fuente que conoce la historia del establecimiento, explicó que para inicios de 2020, este apenas consistía en un terreno casi baldío que sólo era ocupado por una casa de bahareque y que ese año, el mismo en que Pérez Suárez accedió a uno de los cargos más poderosos de Pdvsa, se dio inicio a la construcción efectiva del local que ahora ocupa 1.928 metros cuadrados en la zona. “Eso fue una inversión muy costosa. Esa posada la hicieron ese año desde cero”, relató la persona, al mismo tiempo que pidió la reserva de su identidad. La primera publicación de la posada en su cuenta en la red social Instagram data de abril de 2022 y fue dedicada a promocionar su lujoso restaurant: 1900 Bar & Lounge. 

Pero la historia va mucho más allá. Además de este establecimiento, Pérez Suárez supo tejer una red empresarial en la que su hermano, su esposa y otras personas cercanas se han visto beneficiados con contratos públicos. 

Huéspedes con furia

Documentos obtenidos por Armando.info confirman que la empresa de la posada fue constituida en 2014 por José Glodobaldo Pérez Avendaño y Carlos José Dugarte Jovo. El primero es padre del coronel Pérez Suárez y de profesión sastre; el segundo, primo de la familia, comerciante de la ciudad de Los Teques, capital del estado Miranda, a las afueras de Caracas. La persona jurídica inscrita por ambos es El Rincón de los Abuelos Rafaela y Cristóbal 1900, C.A.

Una asamblea de la empresa de enero de 2015 estableció un vínculo directo entre ese emprendimiento y el coronel Pérez Suárez. En la reunión se cita un poder entregado por los accionistas al propio Antonio José Pérez Suárez y a su hermano, José Rafael Pérez Suárez, abogado con base en el municipio Carirubana del costero y occidental estado Falcón. Este último pasaría a sustituir a Dugarte Jovo y a figurar, por lo tanto, como socio a partes iguales con su padre, como se lee en el acta de la última asamblea registrada en el expediente mercantil, del 15 de enero de 2021.

María Laura Reyes Hernández, cuñada del coronel Pérez Suárez, esposa de su hermano José Rafael, se presenta en la cuenta de Instagram de la posada como la wedding planner de una boda celebrada en el lugar. En esta red social el establecimiento también publica fotos y videos de los huéspedes ilustres que ha recibido. Entre estos destaca un grupo de integrantes del Team Furia, la marca de patrocinio de deportes extremos de dos de los hijos de la primera dama, Cilia Flores.  

El grupo familiar no se limita a la posada. En realidad, sus nombres se suceden en los cargos directivos de un emporio que se expande por distintos sectores comerciales. “A pesar de todo eso, él no era echón [presumido u ostentoso, en el castellano coloquial de Venezuela]. Se cuidaba mucho de salir en fotos y no usaba tarjeta de débito”, indicó una fuente que conoció al coronel y que pidió la reserva de su identidad.

José Rafael Pérez Suárez, hermano mayor del coronel por un año y nueve meses, aparece como directivo en tres empresas del Registro Nacional de Contratistas (RNC). Entre estas destaca Procesadora de Alimentos la Montaña con domicilio en el estado Aragua, en la región centro norte de Venezuela. La empresa tiene como directivos a Óscar Eduardo Carrasquel Vargas, un coronel del Ejército de la misma promoción de Pérez Suárez, y a José Eduardo Carrasquel Vargas.

Esta compañía logró contratos para vender comida con instituciones públicas presididas por el coronel, como la Corporación Socialista del Cemento, la Industria Venezolana de Cementos (Invecem), Venezolana de Cementos (Vencemos) y la Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, una sociedad estatal encargada de distribuir y comercializar electrodomésticos y otros productos, a precios subsidiados, en los sectores populares. 

Otra de las compañías de José Rafael Pérez Suárez es Seguprot 2015, C.A., con sede en Las Mercedes, barrio comercial y de entretenimiento en el sureste de Caracas. Seguprot 2015 se dedica a prestar servicios de vigilancia y seguridad. Entre sus directivos se encuentran Carlos José Dugarte Jovo -el mismo que aparece en el acta constitutiva de la posada del estado Mérida-, Maira Gardenia Dávila Rondón y Edward Alirio Ayala Pernía, otro militar del ejército graduado de la promoción G/D. Fernando Rodríguez del Toro de 2003.

La tercera empresa del hermano de Pérez Suárez se denomina Corpoalimentos Sudamericanos, C.A, también dedicada a la comercialización de comida, y constituida en 2016. Entre sus otros directivos destaca un ciudadano chileno, que posee identificación de extranjero en Venezuela, de nombre Patricio Del Tránsito Pezoa Araya

Corpoalimentos Sudamericanos, C.A destaca entre las empresas integrantes del holding de inversiones de Pezoa. En ella, el hermano de Pérez Suárez figura junto a Pezoa Araya y otros dos venezolanos, de nombre Frank Jesús Ekmeiro Castro y Eudy Alexander Rondón Pérez, ambos directivos de Agrocacao del Oriente VE, C.A y Cocoa King 1810, C.A., también adscritas al holding de Pezoa.

Luego de la publicación de este reportaje, Patricio Pezoa Araya se comunicó con Armando.info para ofrecer su versión. Si bien reconoce que fue directivo, junto a José Rafael Peréz Suárez, en la empresa Corpoalimentos Sudamericanos, señaló que la empresa no tuvo actividad alguna. "Los conozco" dijo, refiriéndose a los hermanos Pérez Suárez, "pero eso no quiere decir que tenga negocios con ellos o esté involucrado en sus fechorías".

También reconoció que Carlos Dugarte Jovo, primo de los Pérez Suárez, trabajó como Ejecutivo de Cuentas en una de sus empresas, pero reiteró que eso ni le reportó algún beneficio con el Gobierno venezolano ni le llevó a tener negocios con el coronel. Añadió que su contacto con José Rafael Pérez Suárez se dio por su amistad con Frank Jesús Ekmeiro Castro, quien se graduó de abogado junto con aquel. "No tengo contratos de petróleo, alimentos o cemento, y de ningún tipo, con ellos", insistió.

En su paso por cargos públicos Pérez Suárez tuvo control de la producción de cemento, los contratos petroleros y la distribución de gasolina (en donde otro compañero de su promoción, el coronel Marino Lugo Aguilar, ocupó la Gerencia de Mercado Nacional de Pdvsa, encargada de la distribución de la gasolina en el país). Además, mantenía contactos privilegiados con las empresas relacionadas con alimentos. “Él manejó todos los insumos estratégicos de Venezuela que fueran escasos, como el cemento, la gasolina y luego el petróleo, y se enriqueció. Después dejaba a personas de confianza en los cargos”, indicó una fuente cercana al militar, que pidió la reserva de su nombre. 

Esto último se comprueba en la Corporación Socialista de Cemento (CSC), en donde, tras la salida de Pérez Suárez, fue nombrado presidente su compañero de promoción, el coronel Neptalí Acosta Prieto. Otra práctica común del uniformado era designar a compañeros de graduación en altos cargos de las instituciones que presidió, como fue el caso del ya mencionado coronel Lugo y del coronel Óscar Dávila Rondón, quienes lo acompañaron en las cementeras estatales y en Pdvsa.  

Fuentes del sector de la construcción señalaron a Armando.info que una de las empresas más favorecidas con insumos por la gestión de Pérez Suárez en la CSC fue la Constructora HP, de los hermanos Perdomo Rodríguez, quienes también obtuvieron contratos en los muelles de Pdvsa durante la gestión del militar. Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y Roger Vicente Perdomo Rodríguez fueron detenidos en marzo como parte de las investigaciones por la trama de corrupción en Pdvsa. 

Afectos construidos con cemento

La esposa de Pérez Suárez y los socios de su hermano vieron los beneficios de estar cerca de un hombre en acelerado ascenso burocrático. Su esposa, Aridni del Carmen Oramas González figura en el RNC como directora de Multiservicios Aco 2012 C.A., una empresa dedicada a la comercialización de alimentos, muebles, papelería, entre otros. Constituida en 2012, obtuvo contratos con la Fundación del Pueblo Soberano, que llegó a presidir Pérez Suárez, y también con el despacho de la Presidencia, al que el militar fue muy cercano desde su graduación.

En Multiservicios Aco también figura como directivo el mismo Carlos Dugarte Jovo que constituyó la posada en Mucuchíes,  así como otra persona de nombre Víctor Hugo Hernández Rivas. Por su parte, Oramas González también fue titular de la Notaría Pública Octava del municipio Baruta del estado Miranda, adscrita al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

María Laura Reyes Hernández, la cuñada de Pérez Suárez, también fue inspectora de registros y notarías en el municipio Carirubana, del estado Falcón. Ahí todavía ejerce su derecho al voto junto con su esposo, José Rafael Pérez Suárez. Reyes Hernández también indica en su cuenta de la red LinkedIn que desde 2019 se desempeña como Gerente de Operaciones del estatal Hotel Venetur en Mérida. 

Edwin Ayala Pernía, el militar y socio del hermano de Pérez Suárez, también vio los frutos de su cercanía con el militar. Aparte de la empresa en la que aparece junto a José Rafael Pérez Suárez, figura como directivo de otra compañía dedicada a las obras de ingeniería, con sede en el municipio Chacao del noreste de Caracas, y de nombre Inversiones Daer Services 2015, C.A.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Contrataciones, entre 2018 y 2020 esta empresa logró 18 contratos para el “suministro de productos y servicios en general” con la Corporación Socialista de Cemento y algunas de sus filiales o empresas asociadas como C.A. Fábrica de Cementos, S.A.C.A.; Cemento Andino, S.A.; Cemento Cerro Azul, C.A. e Industria Venezolana de Cemento (Invecem). Para esas fechas, todas estas compañías estaban bajo supervisión de Pérez Suárez.

La empresa privada también logró seis contratos con la estatal Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A., entre 2017 y 2020, para la “venta de materiales, productos y servicios”. En los registros del RNC de estos acuerdos, el propio Pérez Suárez aparece como contacto de la empresa estatal, pues también estuvo al frente de esta institución -ocupaba varios cargos de forma simultánea- por esas fechas.  

La amplia gama de clientes con conexiones con el chavismo de Inversiones Daer Services 2015, C.A no culmina allí. El RNC indica que en 2018 firmó un contrato con Salva Foods 2015, C.A. para la instalación de un circuito cerrado de televisión destinado a la seguridad y vigilancia. Esta es una de las empresas del entramado de Alex Saab, constituida por su socio colombiano Carlos Lizcano, quien precisamente aparece como contacto de la compañía en estos acuerdos. 

El 8 de mayo Armando.info envió cuestionarios a direcciones de correo electrónico de José Rafael Pérez Suárez y Edwin Ayala Pernía, sin obtener respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota. El coronel Pérez Suárez y su esposa, Aridni Oramas, han residido en, al menos, un apartamento en Caracas. Este es parte de las residencias La Cima, ubicadas en Santa Rosa de Lima, una urbanización de clase media alta en el sureste de la capital. Ahí también fue entregado un cuestionario el 9 de mayo, dirigido a Oramas, con el mismo resultado.

Además de su cercanía con El Aissami, Pérez Suárez gozó de la confianza de los mandatarios Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En efecto, Maduro fue quien lo nombró en varios de los cargos que ejerció. Y aunque hoy, en medio de la campaña anticorrupción bautizada por la propaganda oficialista como Caiga quien caiga, el presidente chavista se desligue tanto del coronel como de los otros los apresados con vínculos a la trama de corrupción en Pdvsa, en 2013, sus palabras para el uniformado eran bastante distintas y concluyentes. “Es un oficial de mucha sensibilidad y capacidad para trabajar”, señaló Maduro en aquel momento.

AVISO AL LECTOR: Al texto publicado originalmente el 14-05-23, el 16-05-23 se agregaron dos párrafos con declaraciones de Patricio Pezoa Araya, a quien antes se había intentado contactar por correo electrónico, y sólo habló con el reportero luego de que la nota apareciera. También se agregó la precisión de que Carlos Dugarte Jovo es primo de la familia Pérez Suárez, y no amigo, como en un primer momento se publicó.

AVISO AL LECTOR 2: Tras una solicitud razonada del mismo Pezoa y su agente de prensa, se acordó condensar la información sobre su persona en el caso de la empresa Corpoalimentos Sudamericanos, que tuvo entre sus directores a José Rafael Suárez Pérez, hermano del coronel Antonio Pérez Suárez. El cambio se llevó a cabo el 28-05-2023 y supuso la supresión de tres párrafos publicados en la entrega original.

Pero no fue así. De hecho, recibió del Estado venezolano una suerte de promoción, más que un premio de consolación: entró de lleno al negocio de negocios, el petrolero. De la mano, cómo no, del propio El Aissami, obtuvo un contrato de la petrolera estatal Pdvsa, para actividades de subsuelo y mantenimiento del campo petrolero Carito-Pirital, en el estado Monagas, oriente de Venezuela. 

El acuerdo lo hizo principalmente a través de una empresa, Oryx Resources de Venezuela, que constituyó más tarde, el 19 de septiembre de 2018. 

Aunque en el acta constitutiva de Oryx Resources figuran Carlos Abigaíl Gago Itriago y Simón Antonio Febres Mata, se sabe que entre sus directores también se encuentra Armando José Salazar Gibory, socio de Samark López en diversos emprendimientos, como Profit Corporation, una de las empresas expresamente aludidas en la lista de 13 activos bloqueados por el Departamento del Tesoro.

Ello, así como la presente historia, se desprenden de la revisión de un grupo de documentos filtrados de Oryx Resources, obtenidos por la organización francesa Forbidden Stories y compartidos con Armando.info. La filtración incluye correos institucionales, informes, presentaciones y comunicaciones internas de diversas áreas.

Aunque en mayo de 2022, López Bello negó a Armando.info, a través de sus asesores legales, que estuviese vinculado con Pdvsa, los correos filtrados —anclados a un servidor ruso, como evidencia la terminal de los emails (.ru) y un mensaje de agosto de 2021, con los datos del dominio— demuestran lo contrario. 

De acuerdo con lo que se ve en mensajes intercambiados, en marzo de 2022, entre Salazar Gibory y sus empleados, incluyendo fragmentos de un “documento para la propuesta de reconocimiento de deuda”, en enero de 2019 Oryx Resources de Venezuela, C.A. inició un proceso de negociación de términos del contrato con la Vicepresidencia de Energía y Petróleo de Pdvsa.

Todavía antes, en agosto de 2018, el manejo de este campo petrolero había sido asignado a Venezolana de Enfriadores C.A. (Venenca), una compañía del sector petrolero que ha tenido directivos cercanos a Samark López, entre ellos su primo, José Esteban Chacín Bello. Fue parte del Proyecto Integral de Recuperación de la Producción de Pdvsa, anunciado por Nicolás Maduro entre bombos y platillos. Pero este cambio de empresa no tuvo un anuncio oficial.

Según lo aducido en el mismo correo institucional, la negociación de términos de 2019 “originó una caída de producción del campo Carito o Pirital de 166.7 MBD [miles de barriles diarios] a 144.5 MBD”. Esta producción representaba, aproximadamente, 10% de la producción de crudo del país para la fecha, cuando frente a la estatal se encontraba el mayor general Manuel Quevedo.

En el texto se señala también que, en agosto de 2021, Oryx Resources reinició las actividades de este proyecto "con ocasión de las disposiciones establecidas en el acuerdo de fecha 13 de mayo de 2021", sin agregar más detalles sobre el contrato. 

Identificado como director de Oryx en el mensaje, Salazar Gibory indica que el borrador del documento en cuestión debe ser enviado a “S” —letra con la que se refieren los protagonistas del intercambio de correos a Samark López, como se deduce de las respuestas a estos correos de otros empleados que lo llaman simplemente “Samark”— “para su aprobación final”. La fecha de reactivación del proyecto coincide con la gestión de Tareck El Aissami en la cartera del Petróleo. A la postre, El Aissami debió abandonar el ministerio -a su cargo desde abril de 2020- en marzo de 2023, y ahora enfrenta acusaciones por irregularidades en las contrataciones durante su gestión.

En los correos corporativos de marzo de 2022 también queda en evidencia que los pagos de nóminas de Oryx Resources y de Profit Corporation, en los casos de Armando Salazar, Marcos Cabello y  López Bello son hechos a través de Oryx. La aprobación de estos pagos en bolívares también debe contar con el visto bueno de este último, quien, a diferencia de sus socios de confianza, prefiere recibir su pago de nómina a través de Profit Corporation, la contratista de Pdvsa sancionada en 2017.

Otros documentos y correos reafirman la clara relación entre la estatal y la compañía privada, como un informe de Gestión Ambiental de Oryx Resources sobre el levantamiento de un derrame de crudo, originado en el área operacional de la Unidad de Producción Pirital de la División Punta de Mata, ocurrido el 28 de abril de 2022, en el que se detalla que “el personal de Oryx estuvo presente en apoyo al personal de Pdvsa para controlar el derrame existente”. 

Todos estos movimientos contractuales ocurrían en simultáneo con los intentos de Samark López por limpiar su nombre y recuperar los activos que las disposiciones del Tesoro estadounidense congelaron. En junio de 2021, apenas dos meses antes de que Oryx reiniciara las actividades en el campo petrolero de Monagas, López Bello demandó al Departamento del Tesoro en una corte federal en Washington, asegurando ser víctima de una “campaña falsa”. “López es un empresario internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento se ha visto seriamente amenazado por las acciones ilícitas y los reclamos difamatorios”, alegaban sus representantes legales, quienes cifraron en 160 millones de dólares las pérdidas hasta entonces derivadas de la aplicación de las sanciones. 

Nuevas empresas, los socios de siempre

Oryx Resources no solo ha servido para la reconexión del conglomerado de Samark López con Pdvsa y el Estado venezolano, sino también como brazo ejecutor de tareas administrativas para otras empresas del mismo grupo. 

En uno de los correos revisados por Armando.info, por ejemplo, se adjunta el pago de Impuestos Sobre la Renta (ISLR) de 18 compañías, muchas de ellas relacionadas con el área petrolera. Para efectos de la presente cobertura, esa correspondencia sirve para pasar lista a algunas de las compañías del emporio de Samark López.

En la lista aparecen Profit Corporation, y Venenca, la encargada inicial del campo Carito-Pirital. También Provandel Consultores, C.A., en donde figuran como director el propio Samark López, y Consorcio Profvenca, en cuya directiva ha estado Salazar Gibory.

De Ilios Energy de Venezuela, también en la lista, no hay mucha información disponible. Sin embargo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aporta el dato de que una de sus extrabajadoras, María Eugenia Rodríguez Pinto, figuró como Gerente de Proyecto de otra empresa de López Bello, Postar Intertrade Limited, con sede en Barbados. Con esta compañía Samark López importó pinos navideños a Venezuela a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), empresa del Estado encargada de centralizar las compras públicas. Rodríguez Pinto también ha sido directiva de 1000 Investment Group Limited, otra empresa de López Bello.

Más empresas del listado: SMT Tecnología, dedicada a las telecomunicaciones, con Samark López y Armando Salazar, nuevamente, a la cabeza, no solo tiene vínculos con el empresario sancionado, sino también contratos, por servicios de mensajería de texto a través de SMS, con Pdvsa, entre 2013 y 2015. Esta sociedad, también entre las sancionadas por Estados Unidos en 2017, logró acuerdos con la alcaldía del municipio Libertador, en 2015, con Corpoelec, en 2015, la Fundación GIS XXI (una encuestadora que ha sido dirigida por dos exministros del Gobierno, Nelson Merentes y Jesse Chacón), en 2015, el Ministerio de Comunicación, en 2013 y 2015, y el Ministerio para la Energía en 2012.

En el caso de Energy Service, C.A. nuevos nombres aparecen, como los de Carlos Abigail Gago Itriago y Simón Antonio Febres Mata, quienes figuran como Directores Gerentes de la compañía, y son, a su vez, directores de Oryx Resources, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa a la que tuvo acceso Armando.info. Si bien tanto Gago como Febres están mencionados en los correos institucionales de Oryx, sus cargos no se detallan.

De acuerdo con fuentes que conocen la trayectoria laboral de Gago, este y sus socios de empresas en Puerto Ordaz, estado Bolívar, se fueron del país en 2017, tras las medidas de la OFAC contra Samark López, por sus vínculos con el sancionado. La misma fuente asegura que Gago Itriago regresó a Venezuela hace unos meses, específicamente a Maturín, estado Monagas, donde se ubica la sede de Oryx.

En el mismo domicilio de Energy Service, ubicado en la urbanización Las Mercedes, en el sureste de Caracas, se encuentra Fénix Resources, empresa creada en febrero de 2021, directamente vinculada a la industria petrolera y que registra en su corta trayectoria al menos diez contratos con Corpoelec y tres con Pdvsa, todos en 2022. Esta sociedad también es mencionada en el intercambio de correos de Oryx.

Entre sus directivos se halla Luis Javier Martínez Figuera, que en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) incluye otras dos compañías dedicadas a la construcción: Bitmar, C.A, y Construcciones Gresso, ambas con sede en el estado Delta Amacuro, en el extremo oriental de Venezuela, del que es oriundo Samark López. Su otro directivo es José Gregorio Franco Herrera, quien posee otras cuatro empresas en el Sistema Nacional de Contrataciones. 

Ofertas turcas y chinas

Un correo del 24 de abril de 2022, enviado por Carlos Gago a Armando Salazar, revela que el grupo de empresas está trabajando en el proyecto Ulé-Amuay, un oleoducto que transporta petróleo desde el patio de tanques de Ulé en Tía Juana, Zulia, región ubicada en la frontera con Colombia, hasta la refinería Amuay en Carirubana, Falcón, en el occidente costero del país. 

En este caso, Gago reenvía un correo de Gregg Mitjens, representante de una empresa llamada Triple MG Consult BV, con sede en Bélgica, en el que hace dos ofertas para la compra de una tubería de 30 pulgadas para el proyecto. La primera propuesta es de una empresa china de nombre Cnood Asia Limited, con sede en Hong Kong. La operación se haría a través de DBS Bank (HK) Limited, la sucursal en Hong Kong de esa entidad financiera con sede en Singapur. La otra postulante es Project Materials SAS (PM Piping), la sucursal turca de Project Materials Group, una corporación especializada en el diseño de tuberías petroleras con sede en Alemania. La propia Project Materials SAS, sin embargo, tiene su cuartel general en El Havre, una ciudad portuaria en el noroeste de Francia.

Aunque no se precisan los montos de la posible transacción, Gago explica que “la idea es trabajar con cartas de crédito, entiendo que por Fénix [Resources] ya se tiene el banco con el cual se actuaría”. 

Armando.info envió cuestionarios, el 20 de abril, a Armando Salazar Gibory y a Carlos Gago Itriago, para conocer sus versiones sobre sus vínculos con la compañía y los de esta con Pdvsa, pero hasta la fecha de publicación no obtuvo respuesta. A Samark López Bello se le contactó a través de la persona encargada de sus comunicaciones; si bien este afirmó el 23 de abril que el cuestionario sería contestado "lo más pronto posible", al cierre de este texto no se había recibido su respuesta.

Aunque el vínculo entre Oryx Resources y la estatal se vio fortalecido durante la gestión de El Aissami, en la últimas semanas la trayectoria del exministro ha virado en un sentido diametralmente opuesto, tras investigaciones de la Policía Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General de Venezuela sobre una red de corrupción vinculada con Pdvsa, por la que hasta el 19 de abril se totalizaban 61 detenidos, 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y 172 allanamientos. 

Ante las acusaciones, El Aissami renunció a su cargo. “En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso", escribió en su cuenta de Twitter.

A pesar de que el propio Samark López negó hasta tres veces, en sus respuestas enviadas el 13 de marzo de 2022 a este medio, que haya retomado los negocios con el estado venezolano, lo cierto es que por esa fecha un nuevo grupo de sus empresas no solo continuó contratando con Pdvsa, sino que sus acuerdos tomaron un nuevo impulso con la llegada del exministro Tareck El Aissami, ahora caído en desgracia. 

*Adrián González, de Cazadores de Fake News, colaboró con la revisión y procesamiento de los datos.

**El 16 de abril de 2024 se introdujo una corrección en sobre los socios de la empresa Venenca C.A. Los hermanos Bevilaqcua antes señalados en la infografía no fueron socios de las personas señaladas, le vendieron a estas personas la empresa en el año 2011.

Apenas abrieron la compuerta, la fetidez salió disparada. Pero la imagen que surgió dentro de la enorme caja metálica resultó todavía más nauseabunda que el olor que la precedió. 

Dentro del contenedor se amontonaban unas 28 toneladas de comida comprada con recursos públicos, que se habían echado a perder con el tiempo y las inclemencias del clima en Puerto Cabello. Sobre los alimentos revoloteaban insectos y roedores que “fueron capaces de afectar la calidad del producto, tanto por el daño directo ocasionado cuando los insectos se alimentan, como por el daño indirecto ocasionado por las heces, secreciones corporales y cadáveres de los mismos”.

Así quedó descrito el hallazgo, con un lenguaje de precisión forense, en la investigación del Ministerio Público sobre el caso de 2010, uno de los retratos más nítidos sobre los resultados de los esquemas de corrupción del chavismo en importación de alimentos, y al que, habida cuenta de la imagen de podredumbre que ofreció al descubrirse, la prensa y el público no tardaron en bautizar como el caso Pudreval. Una imagen que sólo en aquel 2010 se repitió en unos 4.350 contenedores que guardaban más de 120.000 toneladas de comida destinada a la empresa estatal Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval).

La transformación de cientos de millones de petrodólares en un collage de despojos orgánicos se constituyó en uno de los pocos escándalos de corrupción estatal que ha tenido repercusión judicial bajo el chavismo. Esta performance no tuvo lugar, desde luego, en un inexistente museo del despilfarro, pero tampoco, como se hubiera esperado, en un depósito de logística estatal. Ocurrió en una almacenadora privada. 

Por entonces, los propietarios de almacenadoras privadas -entre ellas, Braperca, de Isaac Sultán Cohén- estaban entre los pocos actores que sacaron algo en limpio, ganancias enormes, del escándalo de Pudreval.  ¿Cómo lo habían logrado?

Curiosamente, el de Pdval arrancó como un experimento estatizador. Uno de los tantos del fallecido presidente, Hugo Chávez, que desembocaron en una inmensa dilapidación de recursos públicos. Ideado a inicios de 2008 como parte de un plan de abastecimiento para combatir lo que el gobierno denunciaba como un plan de “acaparamiento y especulación” de comida llevado a cabo por empresarios privados con propósitos políticos y económicos, Pdval llegó a amasar en febrero de 2010 fondos por 2.200 millones de dólares para lograr sus objetivos. 

En la práctica, las transacciones de compra las hacía Bariven, filial también de la estatal Pdvsa, encargada por lo regular de las compras de insumos para la industria petrolera. Pero allí se reunían dos incapacidades: por una parte, la de Bariven, que no tenía experiencia en la adquisición de comida; por la otra, la de Pdval, que no contaba con la infraestructura o la experticia para recibir, almacenar y distribuir las 1,7 millones de toneladas de alimentos que el Centro Nacional de Balances de Alimentos (Cenbal) recomendaba importar ya para 2008. El Cenbal era un organismo adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, cuyo titular entonces era Ramón Carrizález, coronel retirado del Ejército y luego dos veces gobernador del estado Apure. 

En medio de denuncias de irregularidades y corrupción en las asignaciones, la iniciativa de Pdval apenas logró importar un tercio de lo indicado, o unas 597.000 toneladas de comida, que de todas formas rebasaron en tres veces la capacidad de distribución de Pdval. Ese cuello de botella terminó por represar en los puertos miles de toneladas de productos de primera necesidad, como arroz, leche en polvo, pollo, aceite de soya, azúcar y carne de res, arrumados en almacenes privados subcontratados para enfrentar la coyuntura. 

Así fue como una iniciativa creada para poner bajo control del Estado la importación y distribución de alimentos, de modo de sortear el presunto sabotaje de los acaparadores, terminó favoreciendo a privados y generando un indeseado acopio de excedentes en almacenes portuarios.

Una de las almacenadoras beneficiadas entonces con esos contratos fue Braperca, la empresa de Isaac Sultán Cohén que para la época controlaba buena parte de los muelles de Puerto Cabello y La Guaira, los dos principales puertos del país.   

Ahora Armando.info ha obtenido acceso a dos filtraciones distintas de documentos que, reunidas, permiten establecer que la fortuna de Sultán -el dinero en sus cuentas, el número de sus propiedades y obras de arte, así como sus entramados empresariales-, experimentó una súbita expansión justo después de los negociados de Pdval. 

Sultán Cohén, a quien repetidamente se le ha vinculado con el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y quien surgió de la nada como un importante jugador en mercados foráneos de bienes raíces y arte, abrió sustanciales cuentas bancarias en el Credit Suisse entre 2009 y 2016, al menos -porque tal es el periodo comprendido por la data revisada- llegando a convertirse en el cliente venezolano con más dinero depositado en el hoy atribulado banco suizo, con al menos 340 millones de francos suizos -para la fecha, alrededor de 360 millones de dólares-. Al mismo tiempo en que se convirtió en cuentahabiente de Credit Suisse, Sultán Cohén recibía pagos de Pdval de más de 50 millones de dólares por servicios de almacenamiento.

En ‘Pudreval’ empezó la cosa

La línea de tiempo de los negocios de Sultán Cohén tiene al año 2009 como eje central de su historia. Un informe oficial de Pdval de junio de 2010 registra a Braperca como el proveedor que recibió más pagos en 2009, con un total de 109,8 millones de bolívares, equivalentes a 51 millones de dólares al cambio oficial de la época. Entre estos proveedores que aparecen en el documento oficial también se encontraba el Grupo Sahect, en el que aparece como directivo Samark López, uno de los contratistas predilectos del chavismo, sancionado en 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo acusaciones de presunto lavado de dinero.

Con todo, 2009 no sería un año con saldo positivo para Sultán Cohén y Braperca. Al menos, en apariencia. Porque fue el 24 de marzo de ese año cuando Hugo Chávez decretó la creación de la estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) y, con ella, la toma por parte del gobierno nacional de los patios portuarios de almacenamiento. Hasta esa fecha, las autoridades regionales le otorgaban concesiones a las almacenadoras privadas para operar.

Braperca había sido favorecida en Puerto Cabello por el excomandante de la Armada, Carlos Aniasi Turchio, quien fue presidente de la junta directiva del Instituto Autónomo de Puerto Cabello (Ipapc) y ahora hace vida y negocios en el estado norteamericano de Florida. 

Apenas un mes después de que Braperca fuera ocupada por empleados de Bolipuertos, en abril de 2009, Sultán abrió la primera cuenta en el Credit Suisse por la que pasaron, al menos, 18,97 millones de francos suizos, equivalentes a 20,1 millones de dólares. Como titular de cuenta también figuraba el venezolano Ángel Fidalgo de La Vega, un cercano socio de Sultán y quien ha asumido el papel de administrador de varias compañías del magnate en el exterior.

Se trata de un movimiento bancario que se verifica en la filtración que dio lugar a la serie Suisse Secrets, una investigación colaborativa coordinada por el Proyecto de Reportería sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, publicada en 2022 y en la que participaron 163 periodistas de 48 medios aliados de todo el mundo, entre ellos, Armando.info.

En junio de ese mismo año de aparente desgracia para Sultán, este siguió enviando su capital a Suiza y abrió otra cuenta en el Credit Suisse por la que pasaron al menos 94,93 millones de francos suizos, equivalentes a unos 100 millones de dólares. 

En octubre de 2012, cuando la descomposición de Pudreval ya se había mostrado en todo su apogeo en medios de prensa, fue cuando Sultán Cohén abrió la cuenta que resultaría más jugosa en el Credit Suisse y en la que pasaron por lo menos 233,3 millones de francos suizos (o 247 millones de dólares) a comienzos de 2016. 

No están todos los que fueron

Otro documento oficial destaca el protagonismo de Braperca en el caso de Pdval. El informe final de la Contraloría General de la República sobre el caso, que analiza el programa entre 2008 y 2010, menciona directamente a la compañía. Entre las irregularidades que encontró esta investigación está que tanto Bariven, como las almacenadoras privadas, guardaron registros que, entre sí, mostraban diferencias en sus cifras. Diferencias a veces tan significativas como de 1.000 toneladas por rubro.

Por ejemplo, Braperca ocupó el primer puesto de estas inconsistencias al tener en sus almacenes 1.025 toneladas de leche en polvo que, en cambio, no figuraban en las planillas de ingresos de Bariven. También sucedió lo contrario. Bariven registró el ingreso de 1.480 toneladas de carne, leche líquida y pollo en los patios controlados por Sultán, que no estaban en los inventarios de la empresa privada. Todo este panorama dejaba en evidencia, de acuerdo con el mismo informe, “la falta de coordinación entre Bariven y Pdval, la cual no atendió a un plan maestro de compras”.

A la postre, hubo responsabilidades penales por el caso Pudreval, aunque pocas. Tan solo fueron arrestados y enjuiciados Luis Enrique Pulido López, expresidente de Pdval; y Ronald José Flores Burguillo y Mercedes Vileyka Betancourt Pacheco, dos directores de rango medio de la estatal. Ninguno de los otros miembros de la Junta Directiva, conformada por Egli Antonio Ramírez Coronado, Geroges Kabboul Abdenour, Ángel Ramón Núñez Hernández y Jesús Enrique Luongo Demari, fue imputado por el caso. Años después algunos enfrentaron juicios por otras acusaciones o aparecieron señalados en investigaciones judiciales en el exterior.

Ramírez Coronado, tío del entonces presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez -en el exilio luego de que el propio chavismo lo culpara de comandar un desfalco a la estatal de 1.350 millones de dólares- fue acusado de recibir sobornos por el caso de Odebrecht cuando estaba al frente de Pdvsa Agrícola, empresa que fue la primera accionista de Pdval, en un esquema reseñado por Armando.info.

Luongo Demiari fue arrestado en 2018, por presuntas irregularidades en un contrato de suministro de combustible para el Complejo Refinador Paraguaná, del que fue gerente antes de ocupar la Vicepresidencia de Refinación de Pdvsa. Luego fue incluido por el Ministerio Público liderado por Tarek William Saab en la red de empresas y personas que lideraba Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez, a la que se responsabiliza del blanqueo de más de 2.000 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra y cuyos integrantes son objeto de acusaciones penales en varias jurisdicciones.

Kabboul Abdenour, que a su vez era presidente de Bariven, fue señalado de pedir sobornos a cambio de otorgar o mantener las contrataciones de la estatal. En una demanda introducida contra Bariven en julio de 2009 en la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, los representantes de la compañía Validsa, Inc. acusaron a Juan Carlos Chourio de exigirles un soborno de dos millones de dólares, a nombre de Kabboul, para mantener en pie una contratación de importación de comida por más de 160 millones de dólares. El acuerdo era parte de las asignaciones que hizo Bariven destinadas a Pdval.  

Registros en Islas Caimán

Armando.info también tuvo acceso a un conjunto de documentos de la firma de servicios corporativos Genesis Trust & Corporate Services LTD, con sede en Islas Caimán, un reconocido paraíso fiscal del Caribe noroccidental, que dan más detalles de la actividad de Sultán Cohén en el sistema financiero de Suiza. La filtración muestra que el empresario venezolano abrió nueve empresas offshore, entre 2012 y 2015, todas con sede en esa jurisdicción del Caribe, pero que, en su mayoría, operan en Suiza, España, Estados Unidos, Colombia y Venezuela. 

Todas las compañías offshore inscritas en Islas Caimán registran como dirección física una torre de oficinas al norte de Miami Beach, que también es usada por varias empresas de Sultán en el estado de Florida. En 2012 Sultán empezó una voraz adquisición de propiedades e inmuebles que hasta hoy suman más de 100 millones de dólares. Entre estos destaca la compra de un edificio completo en el número 48 de la calle José Abascal de Madrid por 26,5 millones de euros, el 24 de abril de 2014. Aquí la historia de Sultán se topa de nuevo con la del exviceministro Nervis Villalobos. 

Sultán Cohén ocultó su nombre a través de una empresa registrada en Luxemburgo de nombre Fimis Holding S.à r.l., que era propietaria de las acciones de una empresa española llamada Basgaron Spain, que fue la que hizo la compra del edificio de la calle José Abascal. Para remodelar la edificación, el venezolano decidió contratar a Elecnor, y a su filial Área 3, una trasnacional de origen vasco, dedicada al sector eléctrico que tuvo su primera filial extranjera en Venezuela. Durante los años del chavismo ejecutó grandes obras por miles de millones de euros. Diarios como El País de España relacionaron a la empresa con el pago de presuntos sobornos a Villalobos para la obtención de contratos en Venezuela y otros países.

Casualidad o no, en septiembre de 2017 Villalobos fue uno de los clientes de Sultán Cohén, con la compra de dos apartamentos de lujo en su recién refaccionado edificio, valorados ambos en más de seis millones de euros. Esos inmuebles fueron incautados en 2018 por las autoridades españolas por considerar que fueron adquiridos con recursos provenientes del lavado de dinero. Investigaciones judiciales en ese país acusan a Villalobos de liderar una red de blanqueo de capitales que compró unas 115 propiedades en España.

En 2020 a Villalobos se le sumó una nueva investigación en Suiza por la que fueron congelados 140 millones de francos en cuentas de él y de sus hijos en ocho bancos de ese país. “[Hay] indicios serios y concretos de que los activos provienen de delitos cometidos en el extranjero”, señalaron fiscales federales de ese país. El diario Tages Anzeiger, con sede en Zúrich, reseñó el caso indicando que también fue incautado un lujoso apartamento con vista al lago St. Moritz, valorado en seis millones de francos suizos. "El mercado inmobiliario es una gran puerta de entrada al lavado de dinero en Suiza. Este caso lo demuestra de manera ejemplar", declaró Martin Hilti, representante de Transparencia Internacional Suiza, al mencionado medio.

Los documentos a los que tuvo acceso Armando.info confirman que las nueve empresas de Sultán inscritas en Islas Caimán continuaban activas, al menos hasta septiembre de 2021. Entre las sociedades que operan en Suiza se encuentran Prime Assets Company; Blanco Ltd. y Tamiami Company. Las tres poseen cuentas bancarias o manejan cuentas de portafolios de inversiones.

Entre las compañías también aparece Ibericlake Holdings Limited, sociedad que Sultán usa para sus inversiones inmobiliarias. Esta offshore opera como directivo de UPH01S LLC, empresa registrada en Florida que en febrero de 2017 compró un penthouse de 2.800 metros cuadrados, que incluye su propia piscina, por 25,5 millones de dólares. El inmueble fue el segundo apartamento más caro vendido en la Florida ese año. A la directiva de la empresa de Florida luego se unió Ángel Fidalgo, el mismo que comparte una cuenta en el Credit Suisse con Sultán.

Los registros de Genesis Trust añaden que Ibericlake es accionista de cuatro compañías de Florida y que cada una de estas empresas es dueña de un apartamento en Miami. “La compañía también es dueña de una cuenta bancaria que es usada para pagar los gastos de los apartamentos”, añade el documento. Casi todas las demás empresas de las Islas Caimán poseen, a su vez, acciones de otras compañías que son titulares de cuentas bancarias o de portafolios de inversión. Estos entramados suelen ser usados para reducir las cargas impositivas y ocultar el nombre del beneficiario final de las compañías.

Desde el pasado 28 de febrero Armando.info envió solicitudes de entrevistas, así como un cuestionario, a los representantes legales de Sultán Cohén. Los abogados confirmaron la recepción del cuestionario, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje no habían dado respuestas a las preguntas. El 6 de marzo también se envió un cuestionario al correo corporativo de Genesis Trust, del que no se ha recibido ninguna respuesta.  

Con antecedentes y sin rastros

Entre las nueve compañías hay una que registra un objeto distinto: Bonita Springs Company, inscrita en septiembre de 2012. Los documentos detallan que es el holding de compañías de Islas Vírgenes Británicas, que a su vez son dueñas de cuentas bancarias y obras de arte. Opera en Estados Unidos, específicamente en las ciudades de Miami y Nueva York, donde Sultán compró más de 50 millones de dólares en obras de arte entre 2010 y 2015.

Más de 27 millones de dólares de ese monto fueron a dar a la casa de subastas Sotheby's. Precisamente una compañía de Islas Vírgenes Británicas, Porsal Equities Ltd, fue la que usó Sultán para comprar buena parte de sus obras, a esa casa de subastas, a partir de 2012. Con sus millonarias cuentas en Suiza, el magnate venezolano ha logrado contar con la asesoría de expertos financieros y tributarios de ese país, como es el caso de Thierry Sauvaire. De acuerdo con fuentes conocedoras de la transacción, Sauviere tuvo participación en el esquema que le permitió a Sultán comprar el edificio de la calle José Abascal en Madrid en 2014 a través de Fimis Holding.

Actualmente, Sauviere se desempeña como el asesor fiscal de un magnate francés de los medios, Patrick Drahi, considerado como el undécimo hombre más rico de Francia, reportan medios de ese país. En 2019 Drahi se convirtió en el nuevo dueño de Sotheby’s, la misma casa de subastas que ahora está en el banquillo de los acusados en Nueva York por evadir impuestos en un caso protagonizado por Sultán.

El pasado mes de noviembre el diario francés Le Monde reveló que, ese mismo 2019, los asesores fiscales de Drahi idearon un esquema para que el magnate galo pudiera traspasar a sus hijos su enorme colección de más de 200 obras de arte, valorada en 750 millones de euros, sin tener que pagar impuestos. La historia parte de una serie de documentos que fueron robados a Drahi por el grupo de ciberdelincuentes HIVE. Los documentos fueron publicados en Internet, luego de que el empresario se negó a pagar el rescate que pedía el grupo. “Le Monde ha optado por utilizar estos datos a pesar de su origen delictivo por su interés público”, señaló el diario que cita a expertos que consideran el entramado de Drahi como una “una optimización fiscal agresiva, al límite de la legalidad”.

La estrategia de los asesores de Drahi obedecía a un endurecimiento de las normas tributarias en Luxemburgo que surgió luego del escándalo de los llamados Luxleaks, una filtración masiva de documentos confidenciales de empresas en Luxemburgo en 2014. Los documentos revelan que uno de los principales asesores del entramado fue Sauviere, quien recomendó a Drahi pasar la titularidad de sus obras de arte desde sus empresas en Luxemburgo a empresas fachada, registradas a nombre de sus hijos, en los paraísos fiscales del Caribe.

“Se eligió esta jurisdicción [San Vicente y Las Granadinas] porque la usaba para mantener los activos y pasivos habituales de mi empleador anterior y teníamos cuentas abiertas en varios bancos sin haber tenido nunca ningún problema de ningún tipo", respondió Sauviere en un correo a otro asesor de Drahi.

Sultán usó un esquema parecido entre 2012 y 2015 para comprar las obras de arte de Sotheby’s. Estas adquisiciones le trajeron problemas legales a la larga, luego de que admitiera haber evadido impuestos en estas transacciones. Sin embargo, se salvó de ir a juicio al llegar a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Nueva York por el que pagó 10,75 millones de dólares. 

A inicios de 2022 el medio digital MaltaToday reportó que una empresa fiduciaria de ese país fue multada con 12.500 euros por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU, por sus siglas en inglés), una unidad gubernamental que tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero. El organismo consideró que la firma de servicios corporativos no elevó una alerta de actividades sospechosas a la FIAU sobre Monrey Holding Ltd., compañía de Sultán que utilizó sus servicios entre 2017 y diciembre de 2020. Aunque no los menciona expresamente, los dos artículos que cita la FIAU para considerar que la compañía tenía información suficiente para emitir una alerta sobre Sultán corresponden con una nota del Wall Street Journal, en noviembre de 2020, y un reportaje de Armando.info de agosto de 2021.

La empresa fiduciaria maltesa, cuyo nombre tampoco es mencionado, reconoció que tuvo conocimiento de un artículo adverso sobre el excontratista de Pdval en 2017, pero que este sólo se basaba en alegaciones y que no hubo nuevas informaciones relacionadas con el caso. Los argumentos de la empresa pueden tener un asidero en 2019, cuando Sultán tuvo el dudoso honor de liderar otra lista de clientes: la de la empresa española Eliminalia, dedicada a la limpieza de reputación.

El magnate apareció en el primer puesto entre los venezolanos que contrataron a esta compañía con pagos que totalizaron casi 100.000 euros. Eliminalia presta servicios tales como la desindexación de enlaces o la creación de noticias y páginas web falsas que relegan las informaciones indeseadas en los motores de búsqueda. “No se trata de eliminar cosas, se trata de no ser capaz de encontrarlas. Y esta es una nueva definición agradable de la censura”, explicó Tord Lundström, director técnico de Qurium, una organización sin fines de lucro, con sede en Suecia, que ofrece servicios de seguridad digital.

Esto es especialmente útil para quienes desean borrar evidencias para investigaciones judiciales o periodísticas, o pasar los chequeos de due diligence, como el que debió hacer la empresa del país mediterráneo con su cliente venezolano.

Muchos de estos perfiles y noticias “positivas” sobre el magnate naviero ya no ocupan las primeras posiciones en las búsquedas de Google. Sin embargo, un rastreo de Sultán en las redes todavía arroja un gran número de informaciones falsas. A pesar de participar en escándalos como el de Pdval o la demanda contra Sotheby’s, el nombre de Sultán Cohén sigue siendo bastante desconocido dentro y fuera de Venezuela. La enorme fortuna del magnate venezolano también le proporcionó los medios para pasar casi inadvertido en la enorme marea de corrupción de la autodenominada revolución bolivariana.