Presta ‘in extremis’ a los más desesperados. Compra deuda de empresas y países rumbo a la quiebra y con su músculo financiero se dispone a esperar hasta que pueda cobrarla en valiosos activos. Así, por ejemplo, terminó por adueñarse de buena parte del negocio de las telecomunicaciones en Argentina, una de las casi medio centenar de naciones en cuyas reestructuraciones de deuda, tal como se jacta, ha participado “en los últimos 25 años”. El mexicano David Martínez y su fondo buitre se dedicaron a acumular bonos de la colapsada economía chavista, y algunos creen que ha llegado la hora de que cobre con el control de alguna empresa estatal, como la eléctrica. Pero, según ha trascendido, es probable que en esta apuesta deban pagar un precio al que no están acostumbrados: las sanciones financieras de Estados Unidos.
No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa
Condenada al ostracismo por su ¿intransigencia o rectitud?, María Gabriela Mirabal Castro, parte de una dinastía política venezolana, decidió usar los medios y las redes como tribuna para una campaña contra su propio hermano, Gustavo Adolfo, a quien denuncia como testaferro de Alejandro Andrade, el ex Tesorero Nacional y ex escolta del comandante Chávez que acaba de ser arrestado en Florida. Pero ahora se ha quedado sin ese púlpito por un conflicto que tuvo con un joven empresario que, asegura María Gabriela, actúa en complicidad con su hermano al llevarla a tribunales por unas desavenencias de condominio.
Cinco años han pasado desde la detención de Francisco Navas Lugo, teniente coronel del ejército y ex gerente de importaciones de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Como una pieza de teatro del absurdo, el proceso judicial contra el único ex alto cargo de ese organismo recuerda lo ocurrido en Venezuela con grandes casos de corrupción en el pasado. Más de treinta audiencias fallidas han impedido saber cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares mediante “empresas de maletín” a pesar de las promesas de investigación ofrecidas por Nicolás Maduro, a quien viejos funcionarios del chavismo acusan de esconder la información sobre uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.
Cada tribunal venezolano debe constituirse de un juez, un secretario y un alguacil. Uno de los miembros de este trípode, en el caso del tribunal que lleva el caso del diputado del partido Primero Justicia, está usurpando funciones pues no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, lo que automáticamente invalida esa instancia. Esta es la más reciente irregularidad judicial de este caso en el que no todos los funcionarios firman sus actuaciones, los abogados no conocen el expediente y se ha violado abiertamente la Constitución.
Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de Odebrecht, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.
