El entendimiento entre José Gregorio Bracho Reyes, diplomático venezolano en Turquía, y Selim Bora, presidente de la compañía constructora Summa, fue a la vez catalizador y subproducto del proyecto urbanístico ‘Hugo Chávez’ de Playa Grande, que acaba de quedar en ruinas con el doblete sísmico del 24 de junio y hoy se encuentra en proceso de demolición. Mientras Bracho se hacía de un apartamento en Barcelona (España), pidió a su cuñado, el entonces vicecanciller Calixto Ortega, que nombrara a Bora como Cónsul Honorario de Venezuela en una exclusiva ciudad-balneario del Mediterráneo.
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Entre las ruinas del complejo de viviendas Hugo Chávez en Playa Grande, estado La Guaira (hasta 2019, estado Vargas), una imagen sorprendió a los sobrevivientes, primero, y luego a los corresponsales internacionales que llegaron a la zona del desastre horas después del doble terremoto que estremeció a Venezuela el pasado 24 de junio: esqueletos metálicos retorcidos, hundidos en la tierra o escorados, algunos chamuscados por incendios, recubiertos de algo que a simple vista parecía gomaespuma.
La presunta gomaespuma era en realidad una fibra de vidrio que funcionaba como aislante térmico entre las paredes de drywall y los listones plásticos color celeste que revestían las fachadas de las 196 torres que, entre 2011 y 2015, con estructuras prefabricadas allí levantó la empresa Summa, una constructora turca hasta entonces desconocida en el país, pero con trayectoria en la edificación de obras civiles como estadios y aeropuertos en países de África y Europa del Este.
El propio Hugo Chávez definió el proyecto como “una maravilla” y destacó la “tecnología muy apropiada para esta zona frente al mar” durante una apresurada visita de inspección, transmitida por televisión en agosto de 2012, cuando la obra estaba aún en construcción y el Comandante Eterno se adentraba como candidato a la reelección en la que sería su última campaña presidencial.
Documentos obtenidos ahora por Armando.info para esta historia revelan la trama de favores y relaciones que se tejió entre funcionarios del régimen venezolano y ejecutivos de Summa tras lograr el contrato, así como los verdaderos costos del proyecto, que supusieron un valor promedio de hasta 76.287 dólares por vivienda.
En la elaboración de esta otra “maravilla”, pero de influencias en vez de urbanismo, destacan dos nombres. Se trata de los de Selim Bora, presidente e hijo del fundador de Summa, y de José Gregorio Bracho Reyes, quien estuvo 15 años como representante diplomático de Venezuela en Turquía, primero como cónsul y luego como embajador. Las trayectorias ascendentes de ambos transcurrieron de manera simultánea, alimentándose una a otra: Summa concretaba sus negocios en Venezuela, y Bracho Reyes ampliaba su proyección en la diplomacia, un área donde apenas tenía experiencia.
Cercanía y paralelismo se sumaron para dar lugar entre ambos a un intercambio de prebendas que incluyó una moción de Bracho para designar a Bora como Cónsul Honorario de Venezuela en una lujosa ciudad-balneario sobre la costa mediterránea de Turquía.
Una fecha resulta clave para entender esos caminos paralelos: 9 de diciembre de 2010. Ese día se vieron en Caracas Selim Bora y José Gregorio Bracho, quien desde septiembre de 2008 se desempeñaba como cónsul venezolano en Ankara, la capital turca.
Las circunstancias de aquella reunión quedaron registradas en un relato del propio Selim Bora que todavía se encuentra en el sitio web de la compañía. “Pocos días después, el 16 de diciembre, el Sr. Bracho vino al Hotel Gran Meliá y nos hizo correr al Palacio Presidencial de Miraflores, donde el presidente Chávez quería reunirse con nosotros”, rememora. Días antes, el 12 de diciembre, Bracho Reyes había conducido al empresario turco a la Casa Amarilla -histórica sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Plaza Bolívar de Caracas-, donde se reunieron con Nicolás Maduro, Canciller para la fecha.
La relación entre Selim Bora y José Gregorio Bracho no terminó en aquel exitoso correcorre para conseguir el primer contrato, uno muy cuantioso, de Summa en Venezuela. De hecho, se tornó cercana. Tanto como para que, dos años y medio después, en febrero de 2013 y en plena construcción de la segunda etapa del urbanismo en Playa Grande, Bracho Reyes propusiera el nombramiento de Bora como “Cónsul General Honorario de la República Bolivariana de Venezuela en la provincia de Bodrum-Mugla [sic]”.
Así consta en una carta que Bracho Reyes remitió a su cuñado, el entonces Vicecanciller para Europa, Calixto Ortega Ríos, actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y exdiputado a la Asamblea Nacional por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). “Agradeciendo la atención que sabrá prestarnos en este sentido y esperando una positiva respuesta de su parte me despido sabiendo que todos los esfuerzos en este sentido redundarán en la consecución de los objetivos y metas propuestas por la Revolución Bolivariana”, se lee en la misiva, datada el 3 de febrero de 2013.
Para esa fecha, y desde agosto de 2012, Bracho ya ejercía su cargo de Embajador de Venezuela en Turquía. En la petición formal ante la Cancillería, solo se refería a Selim Bora como presidente de la “empresa de construcciones Summa”, sin abundar en algún otro detalle de su biografía que le hiciera merecedor de un consulado honorario de Venezuela.
Selim Bora justificaría después su pretensión de convertirse en cónsul de Venezuela con una carta dirigida en diciembre de 2014 a Nicolás Maduro, ya entonces presidente. En el escrito, el empresario destacaba que, para ese momento, Summa había completado la construcción de 2.336 viviendas en los terrenos de Playa Grande, a la vez que manifestaba su disposición a “representar a la República Bolivariana de Venezuela y velar por su prosperidad, tanto en mi país como ante organismos y personalidades internacionales”. También expresó su deseo de “defender y transmitir los principios y objetivos expuestos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como velar por los principios de la Revolución Bolivariana”.
Bodrum es una ciudad costera en la provincia de Muğla, en la costa suroeste de Turquía, sobre el Mar Mediterráneo. El sitio corresponde al de la Halicarnaso de Caria de la civilización clásica helénica -cuna del historiador Heródoto y sede del Mausoleo, una de las Siete Maravillas del Mundo de la antigüedad-, pero su desarrollo moderno ha hecho de esta urbe un balneario para ricos y famosos, conocido como el Saint-Tropez turco. Y estuvo a punto de convertirse en el destino diplomático de Bora.
Sin embargo, fuentes consultadas para este reportaje confirmaron que el nombramiento de Bora como cónsul nunca se concretó. Pero ello no fue obstáculo para que el turco y Bracho Reyes siguieran cultivando su relación, luego de que Summa ganó el contrato para la construcción de las viviendas en Playa Grande.
“La relación entre Summa y Bracho Reyes era evidente. Durante años quisieron monopolizar los negocios de empresarios turcos en Venezuela”, afirmó un empresario que solicitó a Armando.info mantener su nombre en reserva. Añadió que, al menos en 2017, otros empresarios turcos se quejaron ante las autoridades de Ankara por el afán del dúo por canalizar los negocios por el embudo de la embajada y la cancillería venezolana.
Ya en ese 2017 Bora había conseguido la presidencia del Consejo de Negocios Turquía-Venezuela. El vicepresidente del ente era Erhan Sengel, otro empresario turco que participó en aquella reunión inicial de diciembre de 2010 con Bracho Reyes en Caracas. En ese Consejo de Negocios, Bora tuvo como contraparte al entonces presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega Sánchez, hijo de Calixto Ortega Ríos -el cuñado de Bracho Reyes- y actual representante del gobierno interino de Delcy Rodríguez ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En los documentos revisados para este reportaje no se comprueba si Maduro llegó a considerar el nombramiento del presidente de Summa como cónsul honorario de Venezuela en Turquía. Sí se puede verificar, en cambio, que casi en simultáneo con la expresada aspiración de Selim Bora por obtener un cargo diplomático, el 30 de julio de 2014, José Gregorio Bracho Reyes y su esposa, Sara Elena Flores Vargas, adquirieron un apartamento. Pero no en el proyecto de Summa en Playa Grande, sino en otro litoral, el de la ciudad de Barcelona, España.
El inmueble hoy está valorado entre 321.000 y 383.000 euros, según una estimación de la plataforma inmobiliaria Idealista.com. El apartamento sirve además de sede a la empresa Floret Import y Export S.L., que Bracho Reyes y su esposa registraron en Barcelona el 6 de febrero de 2023. Ni Bracho Reyes ni su esposa atendieron la petición de entrevista que Armando.info les formuló por correo electrónico.
La escogencia de una vivienda en Barcelona no parece casual. Hay indicios de que pudiera obedecer a la nostalgia. Bracho Reyes estudió en Barcelona y, entre 1998 y 2004, trabajó en una sucursal de la francesa FNAC en la capital catalana en calidad de “experto en músicas del mundo” o World Music, según consta en su hoja de vida.
Apenas en 2006 había detentado su primer cargo diplomático, como parte del personal de la embajada venezolana en Bolivia. Pero en apenas dos años, en 2008, obtuvo el cargo cónsul en la capital turca.
Una sobrina suya, Nathalie Ramos Bracho, también tuvo un cargo en el consulado venezolano en Barcelona entre 2015 y 2019, de acuerdo a los documentos revisados para esta historia.
Del intento por consagrar a Selim Bora como cónsul se deriva otro hallazgo: a qué costo se levantó el urbanismo Hugo Chávez.
Al respecto, la versión inicial sobre el costo del proyecto de viviendas de Summa en Playa Grande la ofreció al público Ricardo Molina, entonces Ministro de Vivienda y responsable principal de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Fue el 8 de agosto de 2011 cuando Molina anunció el acuerdo por 101 millones de dólares para la construcción de 1.488 viviendas. Prorrateado el monto, suponía que cada unidad habitacional iba a tener un costo de 67.876 dólares, claramente superior a los 45.000 dólares que en 2016 la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) calculó como promedio para una vivienda de interés social.
Aún así, aquel valor inicial no dejó de aumentar. Solo un año después, en agosto de 2012 y mientras acompañaba a Hugo Chávez en su recorrido por la obra, el entonces Ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, informó que las primeras 1.488 viviendas habían requerido una inversión de 113 millones de dólares. Esa cifra elevaba el precio de cada vivienda hasta los 75.940 dólares.
Sin embargo, los documentos obtenidos para este reportaje sugieren que el precio pagado por cada vivienda del urbanismo Hugo Chávez fue todavía mayor.
Una “carta de referencia” que el propio ministro Ricardo Molina firmó para respaldar la postulación de Selim Bora al cargo de cónsul honorario de Venezuela en Bodrum, con fecha del 8 de noviembre de 2013, informaba que “el valor de los trabajos realizados” en las primera y segunda etapas del proyecto ascendía hasta los 178.206.859 dólares. Este monto exacto, dividido entre las 2.336 viviendas construidas para entonces, se traduce en que cada apartamento prefabricado costó 76.287 dólares, casi 70% por encima de la estimación de la CVC.
Luego del doble terremoto del 24 de junio, ninguna autoridad se ha pronunciado en Venezuela sobre lo ocurrido en el complejo de viviendas levantado por Summa. La Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, evadió una pregunta específica sobre la calidad de esos apartamentos en una rueda de prensa con corresponsales internacionales el pasado 2 de julio.
Días después, Summa difundió un comunicado de prensa en el que aseguró haber cumplido con la normativa venezolana, en especial, el Código Sísmico de 2001 que “sirvió de base para el proyecto”, pero cuyos parámetros pudieron “haber resultado insuficientes en varios aspectos”, si se compara con la fuerza del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. “Las evaluaciones técnicas y de daños sobre los efectos del terremoto están siendo realizadas por las autoridades públicas competentes”, afirmó la compañía en su comunicado del 7 de julio.
Al cierre de esta edición, ni Summa ni la agencia de comunicaciones corporativas de la compañía habían contestado las preguntas enviadas por correo electrónico.
Recientemente El Pitazo informó que las autoridades habían iniciado la demolición y remoción de escombros en todo el urbanismo, un trabajo que podía representar la pérdida de pruebas forenses cruciales para comprender con exactitud las causas del hundimiento de las torres levantadas por Summa. “Cada edificio derrumbado representa una fuente irrepetible de información”, declaró a ese medio el arquitecto Mario Leghio, presidente de la Cámara de la Construcción de La Guaira.
Pero las prisas por demoler los restos del urbanismo Hugo Chávez y remover los escombros no alcanzan todavía a borrar los rastros del esquema de favores y parentescos que se armó entre funcionarios del régimen venezolano y la empresa turca.
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La consigna de Hugo Chávez en 2010 fue la de atender cuanto antes a los damnificados por los deslaves, y de ello se encargó la recién creada Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe). Sembró moles masivas de estilo soviético en el estado Vargas, hoy La Guaira, recurriendo a la asignación de contratos a dedo y a una dudosa supervisión técnica para cumplir los plazos perentorios. El resultado después del reciente doblete sísmico: 16 de sus torres colapsaron, y otras 27 quedaron listas para la demolición.
El líder revolucionario quedó cautivado en Libia por las obras de una constructora turca. Y la trajo para levantar sobre una meseta de Playa Grande un urbanismo que, con el tiempo, indistintamente llevaría su nombre o el de la empresa Summa. Tras el reciente doblete sísmico, muchos de sus edificios cedieron de una manera peculiar: hundidos en el suelo, rebajados en uno o dos niveles. La violencia de los sismos, sumada a las características de las estructuras y del terreno, asoman como los factores detrás del fenómeno.
Antes de caer rendida ante las órdenes de Washington, Delcy Rodríguez también otorgó dos Contratos de Participación Productiva (CPP) para la explotación de crudo venezolano a personajes del círculo amistoso del presidente Gustavo Petro. La empresa beneficiada se llama Colven Business & Corp y podrá operar los campos de la cuenca Barinas-Apure, muy cerca del departamento de Arauca, con reservas equivalentes a un poco más de la mitad de las que tiene toda Colombia.
Mientras se desempeñaba como Ministra de Petróleo de Nicolás Maduro, la flamante Presidente Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, repartió campos petroleros bajo la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Entre los favorecidos de la piñata estuvo una oscura empresa registrada en España, sin experiencia en actividades de producción de hidrocarburos, propiedad en los papeles de un ciudadano ecuatoriano que se vincula al entorno del expresidente Rafael Correa.
Mientras Hugo Chávez se asomaba a la muerte, Nicolás Maduro, su anunciado sucesor, empezó a favorecer con contratos al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien hoy sigue siendo proveedor del Estado venezolano. El esquema previó además un bucle para beneficiar a la familia presidencial por la puerta trasera: a cambio de los pagos a través de la estatal Fundación Pro-Patria 2000 para el contratista, éste transfirió al menos 5,8 millones de dólares en presuntas coimas a una sobrina de Cilia Flores y su esposo.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
Luego de tres años, la prisión de Nelson Ramón Rivero Sanes sorprende hasta a sus propios custodios. Lo que todos saben es que sigue detenido en la cárcel de Tocuyito por la inexplicable saña de Marcos Campos Flores, dos veces candidato oficialista a alcalde del Municipio San Diego en Carabobo, sobrino de la otrora ‘Primera Combatiente’ y hermano de uno de los ‘narcosobrinos’. Unos indicios débiles y hasta caprichosos bastaron para armarle un caso judicial, cuyos efectos siguen vigentes, a pesar de la caída del madurismo y los cambios políticos del interinato.
Sociedades asiáticas vinculadas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano realizaron envíos de petróleo de Pdvsa a Malasia por unos 2.600 millones de dólares entre julio y septiembre de 2025. Con el mismo intermediario, la petrolera estatal despachó otros nueve tanqueros con rumbo a Cuba, en medio de la crisis energética que durante ese verano empezó a azotar a la isla. Pero sus destinos reales no figuran en ningún registro marítimo internacional y terminaron siendo inciertos.
La consigna de Hugo Chávez en 2010 fue la de atender cuanto antes a los damnificados por los deslaves, y de ello se encargó la recién creada Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe). Sembró moles masivas de estilo soviético en el estado Vargas, hoy La Guaira, recurriendo a la asignación de contratos a dedo y a una dudosa supervisión técnica para cumplir los plazos perentorios. El resultado después del reciente doblete sísmico: 16 de sus torres colapsaron, y otras 27 quedaron listas para la demolición.
El líder revolucionario quedó cautivado en Libia por las obras de una constructora turca. Y la trajo para levantar sobre una meseta de Playa Grande un urbanismo que, con el tiempo, indistintamente llevaría su nombre o el de la empresa Summa. Tras el reciente doblete sísmico, muchos de sus edificios cedieron de una manera peculiar: hundidos en el suelo, rebajados en uno o dos niveles. La violencia de los sismos, sumada a las características de las estructuras y del terreno, asoman como los factores detrás del fenómeno.
El pueblo de Yumare solo emerge de su letargo con las sacudidas: ya sea por la metáfora violenta de una masacre hace cuatro décadas o, literalmente, por el 'doblete sísmico' del miércoles 24 de junio. Aunque se le identificó como el origen del terremoto más fuerte de ese Día de San Juan, los destrozos en este valle de Yaracuy fueron menores, en comparación con los registrados en Caracas y el Litoral Central. Sus pobladores tuvieron que esperar 12 horas para, con el regreso de los servicios de luz e internet, conocer que la tragedia se había gestado bajo sus pies.
Camuflado entre sus credenciales de ejecutivo de un bufete internacional y vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el nombre de Oscar Cunto André se encuentra en las pesquisas de la Policía Nacional española sobre el ‘caso Zapatero’. Aparece como representante de un par de empresas y dueño de otra que sirvieron de vehículos para pagos de servicios fraudulentos de consultoría que, en realidad, encubrían comisiones ilegales. Mantuvo también una estrecha vinculación societaria con uno de los titiriteros del esquema, Francisco Flores Suárez.
Durante años ha ocupado varios cargos. Uno de ellos fue el de vicecanciller para Europa. Cuando estuvo en ese puesto, Bracho Reyes, quien es su cuñado, le propuso el nombramiento del presidente de Summa como cónsul venezolano en Turquía.
Fue cónsul y embajador de Venezuela en Turquía. Tejió una relación con Selim Bora, presidente de la constructora turca Summa desde 2010. De hecho, lo propuso para ocupar el cargo de “Cónsul General Honorario” de Venezuela en Bodrum, una ciudad costera de Turquía.
Empresa turca encargada de la construcción del urbanismo Hugo Chávez en Playa Grande. Fue fundada en 1989 por el empresario Mete Bora. Desde 2007 está controlada por la segunda generación de la familia Bora. Tiene presencia en 13 países, en su mayoría de Europa del este y de África. Aterrizó en Venezuela en 2011, siendo el único país de Suramérica donde la compañía tiene presencia.
Presidente de Summa. A finales de 2010 viajó a Caracas y tras reuniones con Nicolás Maduro, entonces canciller, y Hugo Chávez en el palacio de Miraflores, consiguió el contrato para levantar viviendas prefabricadas en Playa Grande. Bora también fungió como presidente del Consejo de Negocios Turquía-Venezuela.
