La noche del 28 de abril de 2018, en el restaurante Montes SC, en San Cristóbal, capital del estado Táchira, se sentaron a la mesa Karla Stefanie Romero Quintero, Danny Wualid Hamdan Vera, Cristian Orlando González Romero y Manuel Salvador Parra Ramírez. 

Para cada uno de los presentes la ocasión tenía un significado distinto. Para Karla Romero era el final de una relación con Parra Ramírez que, esperaba, pasaría a ser una simple amistad. Danny Handam la interpretó, en cambio, como una velada con su prima Karla y su jefe, el propio Parra Ramírez. Cristian González la tenía por una invitación cordial del novio de su tía Karla. Y para Parra Ramírez fue el umbral de un crimen.

“Cuando Karla vuelve a la casa [esa noche], me dice que hubo algo raro”, recuerda al teléfono su hermana, Luz del Mar Romero, desde la distancia que ofrecen su exilio en Estados Unidos y los ocho años transcurridos desde el asesinato de Karla.  

“Un mesero se acercó y le dijo a Manuel que si él iba a pagar la cuenta de la mesa que estaba cerca, con dos personas”, dice la hoy exiliada que su hermana le comentó esa noche en la que el verdadero final empezó. Pero Karla Romero, entonces estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad Católica del Táchira, pronto abandonó la suspicacia frente a ese detalle para aceptar la explicación que le dio su, hasta entonces, amigo íntimo, Manuel Parra Ramírez, Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en 2018: que aquellos hombres formaban parte de su escolta de rigor. 

La cena —cuyas escenas el reportero de esta historia pudo reconstruir a partir de testimonios de una fuente viva y de testigos citados en tribunales— había servido a manera de una despedida que Karla Romero y Manuel Parra Ramírez pactaron. Se habían enredado en una relación desde un año antes, pero él tenía esposa; ella tenía novio. Karla Romero quiso cortar con Parra. Este no solo accedió, sino que, en un gesto de gallardía, la invitó a comer con sus familiares. Todo transcurrió en paz y con normalidad durante la velada en el Montes SC, si se deja de lado la presencia de los dos hombres, en la que Romero solo reparó por la pregunta del mesonero.

“Yo le dije a Karla que no podían ser escoltas, porque los escoltas están con las personas siempre y no llegan antes [que sus escoltados]”, sigue por teléfono Luz del Mar Romero, a quien Parra también invitó a la cena, invitación que prefirió no atender por una razón sencilla: el militar nunca le cayó bien, asegura.

Menos de dos semanas después, Karla Romero estaba muerta. 

Murió asesinada de tres balazos, uno en la espalda y dos en la cabeza, al mediodía del miércoles 9 de mayo de 2018, en la urbanización Pirineos III de San Cristóbal. Las investigaciones posteriores demostraron, como quedó registrado en el expediente del caso que revisó Armando.info para esta historia, que los dos hombres de la mesa contigua eran Ledynsson Berkley Becerra Castillo, sargento de la GNB, y un viejo amigo de éste, Wilfrid Andrés Tovar Landetta. La noche de la cena, de acuerdo con lo que describieron testigos a los que el expediente cita, no estaban acompañando a Parra Ramírez como escoltas, sino que estaban precisando los rasgos de Karla Romero para describirla después a los sicarios que debían matarla. Meses después, Becerra Castillo y Parra Ramírez quedarían imputados como “cooperadores inmediatos del feminicidio agravado” de Karla Romero.

Pese a varias citaciones a declarar y de ser objeto de una orden de aprehensión por este caso, Manuel Salvador Parra Ramírez no solo no fue detenido, sino que siguió ascendiendo en la jerarquía castrense chavista. Aún después del suceso, al que la prensa cubrió y que la familia Romero se esforzó en dar a conocer con protestas ante los tribunales, Nicolás Maduro le confirió en 2020 el grado de teniente coronel para incorporarlo a su anillo de seguridad en la Guardia de Honor Presidencial, un organismo en el que había estado, previamente, en 2011. Y luego, en 2022, quedó designado como presidente de PDV Marina, la filial de la petrolera estatal Pdvsa a cargo de su flota de tanqueros.

En este último destino burocrático, Parra Ramírez quedó expuesto a tentaciones aún mayores para cometer irregularidades. En 2024 fue puesto en prisión por las redadas que las autoridades del gobierno de Maduro iniciaron con las investigaciones del llamado Caso Pdvsa-Cripto. Pero su buena estrella, quizás encarnada en buenas influencias, acaba de manifestarse de nuevo: en febrero de 2026, un mes después de la operación comando estadounidense en Fuerte Tiuna por la que fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores, quedó libre mediante una medida sustitutiva de libertad que cumple hasta hoy en día, sin dejar de asistir al juicio que se le sigue por el desfalco, cuyas audiencias orales se iniciaron el reciente 20 de abril en Caracas, a cargo de la jueza Alejandra Verónica Romero Castillo. 

Camuflaje efectivo pero con fecha de expiración

Si bien es cierto que la carrera de Parra Ramírez se catapultó desde los cuarteles hasta llegar a la industria petrolera, habrá que matizar este hecho con una salvedad: el impulso para esa trayectoria vino menos de sus propios méritos que de la influencia de un primer mentor, Antonio José Pérez Suárez, este un oficial del Ejército.

Con el rango de coronel y a sus 44 años de edad, Pérez Suárez se convirtió en Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, un despacho clave, encargado de aprobar las ventas, exportaciones y los contratos a largo plazo de la compañía. De ese puesto gerencial no saldría sino directo a la cárcel en marzo de 2023, arrestado por la Operación Caiga quien Caiga, con la que el régimen chavista purgó a los implicados en la trama de corrupción en la petrolera estatal, todavía bajo la administración de Nicolás Maduro. 

Pero Pérez Suárez ya campeaba en la burocracia de las empresas estatales años antes de esa razzia. Por ejemplo, en 2016 asumió como Presidente de la Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A. y enseguida insertó su propio entorno en el tren gerencial. En el séquito venía Manuel Parra Ramírez, el futuro feminicida, que pasó a ocupar la vicepresidencia de Venezuela Productiva. La mancuerna seguiría en acción a partir de entonces.

“Cuando estaba en la Guardia Presidencial fue designado en Pdvsa”, recuerda, en conversación con Armando.info, Ulbano Miguel García, abogado de la familia de la agraviada en el feminicidio de Karla Romero. Alude al nombramiento de Parra Ramírez en la presidencia de PDV Marina. Allí llegó a instancias de Pérez Suárez, quien ya le había dado otro voto de confianza al designarlo, en 2021, encargado del despacho de la Vicepresidencia de Comercio y Suministros. Pero con el cargo no cesaron los reconocimientos oficiales para Parra. Ese año, obtuvo el grado de teniente coronel por orden de Nicolás Maduro. La estrella de Parra Ramírez refulgía en 2020.

Luego instalado en PDV Marina, en 2022, cuando tomaba cuerpo el desfalco a Pdvsa mediante cargamentos que la petrolera, para evadir las sanciones internacionales, confiaba en consignación a traders improvisados que o no reembolsaban los ingresos de su comercialización o solo lo hacían parcialmente, Parra Ramírez ya decidía qué pasaba con los buques de la compañía.

Lo sorprendente fue que siguió desempeñando esas funciones todavía después de que su mentor, Antonio Pérez Suárez, cayera en prisión en 2023. El turno para su detención le tocó a Parra Ramírez el 11 de mayo de 2024. 

De acuerdo con la investigación administrativa, identificada como GNB-CG-IG-DE: 015-24, y al que se tuvo acceso para esta cobertura periodística, a Parra Ramírez también le abrieron un procedimiento disciplinario ordinario por “delito asociado a corrupción y delincuencia organizada”.  

La narración de hechos, que también se revisó durante la reportería, detalla que el 11 de mayo de ese año, una comisión de cuatro funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), encabezada por la primera teniente Ivana Escalona, detuvo a Parra Ramírez en la Escuela de Formación de Guardias Nacionales Coronel Martín Bastidas Torres, en Los Teques, estado Miranda. Se le trasladó entonces a la sede del organismo en Boleíta Norte, en Caracas.

Impotencia ante la injusticia

A través de fuentes tribunalicias, Armando.info pudo corroborar que Parra Ramírez quedó en libertad a comienzos de 2026 por una medida cautelar, y continúa asistiendo a las audiencias del juicio de Pdvsa-Cripto.

Otros documentos revisados a la vez permiten conocer que Parra Ramírez no había sido desincorporado de las Fuerzas Armadas en 2025, cuando todavía permanecía activo y percibía su sueldo como oficial de la GNB. De hecho, ha acudido al juicio de Pdvsa-Cripto vestido con el uniforme militar como funcionario activo.

Para el abogado Ulbano Miguel García, la salida de Parra Ramírez de la prisión es indicio de un padrinazgo todavía en funcionamiento en medio de la tímida transición política que los hermanos Rodríguez Gómez —Delcy y Jorge— ahora conducen desde el poder y bajo la tutela de Washington, por la que una parte de la estructura anterior del régimen chavomadurista ya fue desmantelada 

La protección a Parra podría provenir, según el togado, de un antiguo compañero de estudios de Parra Ramírez, egresado en 2003 de la antigua Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (Efofac) como parte de la II Promoción Batalla de Mata de la Miel. Se trataría de Alexander Enrique Granko Arteaga, actual director de Operaciones Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y, desde hace tiempo, rostro emblemático de la tortura en Venezuela, según lo ratifican diversos informes de organizaciones internacionales.

Esta versión tiene otros fundamentos, además de coincidir en una cohorte de graduados. Por ejemplo, Luz del Mar Romero recuerda que en 2018, pocos meses antes del asesinato de Karla Romero, la familia coincidió con Parra Ramírez en un restaurante de La Guaira, antes de que tomaran un ferry a la isla de Margarita. En ese encuentro inesperado, Parra Ramírez, quien almorzaba con un grupo de oficiales, les presentó a uno de ellos, un viejo amigo y compañero de promoción: el coronel Alexander Enrique Granko Arteaga. 

Tales antecedentes, junto a otros como, por ejemplo, una relación previa de Parra con Roberto Leyba, expareja sentimental de una de las hijas de Hugo Chávez, pusieron justificadamente en sobreaviso a la familia Romero, que acudió a la prensa a comienzos de este año en un intento por prevenir que sus palancas en el régimen dieran lugar a la libertad de Parra, en medio de todos los desajustes que produjo en el organigrama del poder la captura y extracción de Nicolás Maduro. Pero sus alertas fueron la voz del que grita en el desierto. Mientras la familia de Karla Romero hacía su campaña de medios, Manuel Salvador Parra Ramírez salió de la cárcel. Ni la familia ni el abogado han podido precisar dónde reside hoy. Tampoco lo logró Armando.info para esta publicación.

“Lo que sabemos es que siempre está el ángel que lo salva de todo. Porque todos los demás están presos, menos él”, añade, con desazón, el abogado de la familia Romero, en referencia al grupo de 64 imputados por el caso Pdvsa-Cripto.

Qué más da otro feminicidio

La suerte de Parra Ramírez, quien se libró de su responsabilidad en un “femicidio agravado”, no es un caso aislado. En realidad, la impunidad es la norma en Venezuela cuando los perpetradores de feminicidios son funcionarios de cuerpos de seguridad.

“Este patrón [de impunidad] es más frecuente en los militares. Con funcionarios de la policía [que cometen este tipo de delitos] pasa que es posible conseguir un padrino, como un gobernador”, expone la abogada Estefanía Mendoza, coordinadora de la ONG Mulier, dedicada a la visibilización de abusos contra las mujeres. “Pero en el entorno militar, la estructura de padrinazgos se concibe como la misma estructura del poder en Venezuela”. 

“Esto tiene que ver”, continúa Mendoza, “con cómo se ha organizado el régimen en estos años, que ha hecho que los militares cierren filas y se cuiden entre ellos, porque esa lealtad hace que exista temor de meterse con ellos”.

La coordinadora de Mulier entiende que los casos de feminicidios sin castigo como el de Karla Romero se conectan con el tinglado de la corrupción estructural y de la adhesión al régimen. “Es un cuadro que funciona para la represión: yo no voy a regañar [a un oficial colega] porque le pega a las mujeres, porque es la misma lógica de abusos”, subraya.

Por su parte, la antropóloga Aimée Zambrano, coordinadora general del Monitor de Feminicidios de Utopix, una ONG que también pone atención en el tema, ve otro posible vínculo entre la recurrencia de crímenes cometidos por efectivos castrenses y la violencia inherente al ejercicio de la carrera militar. “La carrera militar es violenta”, alega, “porque implica una construcción de masculinidad violenta. Existe el pacto entre pares, entre hombres, y esto es algo que está muy presente. Y entra otro tema, que es el tipo de trabajo que hacen [los militares en Venezuela], asociado al poder y a cómo se ejerce el poder”.

A ese factor clave en un régimen de ADN militar, le suma el crónico retraso procesal, enquistado en un sistema de justicia permeable a las influencias políticas para beneficiar a perpetradores de crímenes y revictimizar a quienes los padecieron o a sus familiares. Tal como ocurrió en el caso de Karla Romero.

“Debemos tomar en cuenta que sólo hay justicia cuando hay una sentencia. Solo ocurre cuando este hombre que comete un femicidio tiene una sentencia. Pero con los retardos procesales en Venezuela, tarda mucho en llegar la justicia”, añade Zambrano.

La totalidad de estas circunstancias se integran en una paradoja que Estefanía Mendoza menciona: durante 27 años, mientras el chavismo gobernante no se ha cansado de proclamarse feminista y hasta consiguió promulgar una legislación de avanzada como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de manera simultánea, en la práctica concreta, favorecía una política de Estado violatoria de todos esos derechos.

“El gobierno ha sido astuto en el manejo del tema de derechos de las mujeres. Tiene una cara pública con la Ley, una ley modelo en el país y Latinoamérica, es verdad”, reconoce Mendoza. “Pero es, a la vez, una ley sin presupuesto, discusión, seguimiento ni estructura, y una ley sin todo eso es sólo una hoja que no sirve de nada”. 

Se trata, resume, de una propensión narrativa del régimen,pero sin reflejo en los hechos. “Ellos siempre se han llamado feministas. Y han tratado de capitalizar eso porque es un punto de honor de la izquierda: decir que sí, que están en esa lucha [en pro de los derechos de las mujeres], pero tienen cero interés en que eso se haga realidad”.

De la última cena al viacrucis

Todas las señales que con su conducta Parra Ramírez emitió después del asesinato de Karla Romero sirvieron para alimentar las sospechas en la familia de la víctima. Cuando la familia de Karla Romero lo llamó para darle la noticia, apenas adujo que estaba de servicio. El militar nunca les dio ninguna palabra de pésame. Tampoco asistió ni al velorio ni al entierro de quien fuera su pareja. El hombre que con tan buenos modales había invitado a Karla Romero y familiares a una cena de cierre de su relación, de pronto ni se inmutaba por el crimen.

Las investigaciones, detalladas en el voluminoso expediente del caso determinaron, mediante los cruces telefónicos y las confesiones tanto del sicario ejecutor como del motorizado que lo llevó al lugar del crimen, que Parra Ramírez ordenó la muerte de Karla Romero.

De acuerdo con el expediente, Parra Romero contó al sargento Ledynsson Berkley Becerra Castillo sus propósitos feminicidas. Este, entonces, contactó a su amigo de la infancia, Wilfrid Andrés Tovar Landetta , para que encontrara un brazo ejecutor en los bajos fondos de esa región fronteriza con Colombia. Becerra y Tovar eran el par de sujetos que durante la cena en el restaurante Montes SC no le quitaban la vista de encima a Karla Romero.

Las fotos que le tomaron a la víctima en el local y las precisiones que retuvieron sobre ella, de acuerdo con lo que comenta el abogado de la familia y dijeron los testigos en el expediente, fueron insumos para Jaiver Enrique Velasco Colmenares y para Henderson Daniel Hernández Vargas, los autores materiales del asesinato por encargo. El primero persiguió a Karla Romero en la calle, la tomó por los cabellos, la empujó al suelo y le disparó tres veces. El segundo trasladó al sicario al lugar del crimen, esperó en una motocicleta a que el asesinato se consumara y, luego, condujo hasta un lugar en el que entregaron el arma homicida a Becerra Castillo. 

En un primer momento, y por el hecho de que el tirador también se llevó el teléfono de Karla, el suceso fue manejado como un robo. 

Cuando Karla Romero fue sorprendida por Colmenares en la entrada de un edificio, estaba hablando con su novio por teléfono, algo que también recoge el expediente. En efecto, Juan Miguel Casanova Toledo, el novio, luego declararía que hablaba con ella al momento del ataque, según consta en el expediente. “Me respondió y me dijo que estaba llegando al apartamento, que iba a almorzar para regresar de nuevo a la universidad. En eso escucho que Karla grita fuerte y se cae la llamada”. Sin que Casanova lo supiera, simultáneamente ella caía abatida por los tres balazos.

Después de varios llamados que Parra no atendió, finalmente, el oficial de la GNB acudió a declarar ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, ente de investigaciones, auxiliar de la fiscalía) de San Cristóbal, el 13 de junio de 2018. Sostuvo que, en el momento del asesinato de Karla Romero, se encontraba en el Destacamento de Frontera N° 353 de la GNB, en Guasdualito, estado Apure, otra zona fronteriza con Colombia, como el propio estado Táchira. Admitió su relación con Romero y que su esposa sospechaba sobre la existencia de esa relación. Pero, en definitiva, aseguró desconocer las circunstancias del crimen. 

Para este trabajo, Armando.info intentó obtener la versión de Parra Ramírez a través del abogado que lo representó en el caso, José Alexander Chivico, quien declinó ofrecer cualquier comentario, asegurando que perdió contacto con él desde hace mucho tiempo y que está impedido de ofrecer declaración alguna al respecto. También se contactó a Katty Marín, abogada de Parra Ramírez en el juicio del caso Pdvsa-Cripto. No se recibió respuesta ni a los mensajes ni al cuestionario enviados.

“Si a Parra no lo incorporan a Guardia Presidencial, lo hubiesen capturado”, lamenta, entretanto, Ulbano Miguel García, el representante de los Romero. 

Otro detalle no menor en este caso ocurrió en febrero de 2019, cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, ordenó el traslado del caso del feminicidio desde los tribunales de Táchira hasta Los Teques, capital del estado Miranda, en el extrarradio de Caracas, donde, como denuncia Ulbano Miguel García, quedó engavetado. 

Pero esa inacción todavía debió lucir a Parra como una garantía débil, pues en febrero de 2020 pidió el sobreseimiento del caso a Johana Rivera, jueza del Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, con sede en Los Teques. Meses después, Parra Ramírez quedó incorporado en el anillo de seguridad de Nicolás Maduro. 

Por el caso, tanto Velasco Colmenares como Hernández Vargas están en prisión, condenados por “femicidio agravado”, el nombre del tipo penal correspondiente. Ledynsson Berkley Becerra Castillo estaría en Chile, en Chile. y Wilfrid Andrés Tovar Landetta en Canadá. Y Parra Ramírez sigue en la Venezuela del “nuevo momento político”, libre del proceso por el feminicidio y enfrentando, esto sí, el juicio por el caso Pdvsa-Cripto, aunque con una medida para salir de la cárcel que no ha alcanzado a otros imputados.

Ha pasado menos de un año desde ese arresto. Donde antes retumbaba el volumen de la música en vivo de las fiestas, priva ahora el silencio. En una caseta de vigilancia, en otro tiempo utilizada como depósito de fusiles para el resguardo del campo, sólo tres funcionarios adustos miran hacia la tierra despejada. En el suelo que antes pisaban búfalos y vacas, y de donde brotaban el maíz y la caraota, solo hay monte. En las bienhechurías donde se congregó parte de la nueva casta política y empresarial de Venezuela, ahora hay centinelas. Y en donde hubo derroche, ahora se levanta el polvo.  

López Bello, tenido convencionalmente por secuaz del exvicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami -al punto que ambos cayeron en las redadas del caso Pdvsa-Cripto, y aparecen juntos en una acusación por narcotráfico presentada ante un tribunal federal de Nueva York en 2017-, construyó un muro de productividad y opulencia alrededor de sí mismo en un momento en el que en el exterior se levantaban otros muros para él, por efecto de los procesos judiciales y las sanciones internacionales. 

López había sido beneficiario del negocio del programa gubernamental de alimentación Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). A través de su empresa Postar Intertade Limited, registrada en Barbados, importó toneladas de comida para este programa, convertido sin dilación en medio para prebendas y corrupción. En medio de su parábola empresarial, llegó a ser propietario en las sombras de Bancamiga, una de las entidades financieras de más rápido crecimiento bajo el chavismo. Pero ya se sabe cómo terminan aquellos que suben mucho y se atreven a mesar las barbas de los dioses. 

Bien por reinvertir su fortuna, bien para aislarse del mundo que se le venía encima, López Bello regó las cerca de 50.000 hectáreas (o unos 500 kilómetros cuadrados, según los cálculos de fuentes consultadas) de Agropecuaria Bubalis con parte de ese maná que había cosechado como proveedor predilecto del Estado chavista, hasta convertirla en su Xanadú particular -en referencia a la capital imaginada por Coleridge para el Kublai Khan, que también dio nombre al palacio del Ciudadano Kane de Orson Welles.

Samark López levantó Bubalis junto a la frontera de Delta Amacuro, el estado donde se crió y del que atesora recuerdos de infancia y de juventud. En esa región también había ejercido la influencia de un taita benefactor, hasta que cayó en desgracia frente al régimen que por mucho tiempo lo favoreció.

En Bubalis, Samark López consiguió solaz. Pero no era un lugar invulnerable, aunque así lo quisiera o llegara a creer.

La isla del tesoro

Si bien forma parte del municipio Uracoa del estado Monagas, la isla de Guara es casi un suburbio de Tucupita. Para alcanzarla desde la capital de Delta Amacuro, basta con atravesar el caño Mánamo. La extensa isla fluvial también ha servido tradicionalmente como despensa agropecuaria para la población del delta del río Orinoco, así como coto de inversiones para sus empresarios.

Mientras se recorre la carretera en dirección a Uracoa, la vía que parte en dos las tierras de Bubalis, un habitante de Tucupita que acompaña al reportero y conoce al dedillo la historia de la finca, explica que la expansión de esta fue un proceso de conquista de otros terrenos cercanos. Sintetizando: cuánto cuesta tu finca, cuáles son tus condiciones para que me la vendas y, sobre todo, en cuánto tiempo puedes entregarla. 

Bubalis fue otro producto de la expansión incontenible de los negocios de López Bello, cuyo big bang se produjo por su cercanía con El Aissami, que le valió convertirse ante el régimen chavista en un proveedor seguro de almacenamiento, alimentos y mercaderías varias, así como de servicios de ingeniería y suministros para la industria eléctrica y del petróleo. 

Al revisar documentos filtrados de Oryx Resources, una de las petroleras de López Bello, es posible reconstruir también la historia patrimonial de Agropecuaria Bubalis, la persona jurídica que amparaba al negocio que se desarrolló en el predio ribereño. 

Oryx Resources estuvo a cargo del mantenimiento y trabajos de subsuelo del campo petrolero Carito-Pirital, así como otras actividades de mantenimiento en el Complejo Operativo Muscar, en el estado Monagas. Su principal labor se concentraba en los servicios de well testing, es decir, las pruebas de desempeño de los pozos para evaluar su productividad potencial. Estaba dirigida por Armando Salazar, socio también de otra petrolera del grupo, Profit Corporation, y Carlos Gago. 

En el fajo de documentos de Oryx se comprueba que en 2019 Agropecuaria Bubalis cambió su sede desde la dirección original que tenía en 2003, en Villa Granada, urbanización de clase alta de Puerto Ordaz, ciudad del estado Bolívar donde López Bello fundó empresas contratistas de las empresas básicas, a las parcelas 19 y 41 de Sarabia, en el municipio Uracoa, al suroeste de Guara. 

La documentación también arroja luces sobre la manera en la que Samark López Bello respaldaba las actividades de sus empresas con pagos cruzados entre ellas. Para el caso de Agropecuaria Bubalis, sobre todo en 2022, se reflejan múltiples pagos asumidos por Oryx, así como por otras empresas del conglomerado, como Fénix Resource, Administradora L-J2015 CA y Profit Corporation. En cuanto a los conceptos de dichas transacciones, variaban desde la organización de eventos hasta el transporte de búfalos, pasando por gestiones petroleras y planificaciones de ingeniería, pago de servicios, de la nómina y de créditos.

Con fama de eficaz y diligente, Samark López no se anduvo con rodeos a la hora de controlar la isla de Guara, para la que tuvo una visión que se dispuso a hacer realidad en su propia Isla de la Fantasía. Para cristalizarla, adoptó una guerra relámpago de compra y toma.

“Lo primero que escuchamos es que eran un cártel. Y aunque al final no lo eran, actuaban tipo cártel, comprando todo. De ambos lados [de la carretera] compraron. También comenzaron a comprar las finquitas alrededor. Los únicos que no vendieron fueron los de la finca La Unión, que tienen un frigorífico en Puerto Ordaz”, relata el hombre, que declaró con la condición del anonimato, una petición que durante la reportería se haría usual. 

Para este trabajo, Armando.info conversó con siete personas del sitio. Ninguna autorizó hacer pública su identidad, y cuatro de ellas solicitaron de manera explícita no citar sus palabras al pie de la letra. Hay miedo. Y el hombre que ahora recorre con el reportero los linderos de Agropecuaria Bubalis lo explica: aunque Samark López esté preso, los riesgos no amainan y nadie tiene claro quién maneja ahora la finca.

Un recorrido por la isla descubre un paisaje de gran belleza, que en algún momento estuvo cubierto de ganado. Pero también se encuentran signos ominosos. A pocos metros de la entrada de la finca, hay una casa pintada de blanco, de la que sobresalen dos consolas de aires acondicionados y una antena de DirecTV. Justo enfrente, se observa una señal de Pare. “Es una alcabala de la Guardia Nacional”, explica. Afuera, tres funcionarios uniformados siguen con la mirada al que pase. Saludan apenas con una levísima inclinación de cabeza, el gesto neutro bajo las gorras asoleadas. La alcabala no existía hasta que Samark López expandió sus dominios en derredor; fue quien mandó a construirla. Ahora el puesto custodia los vestigios de su debacle. 

Dentro de la finca, casas de uno y de dos pisos, pintadas de azul y de blanco, alojan a centinelas que no muestran insignias. ¿De la Dirección General de Contrainteligencia Militar? ¿Del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional? ¿De la Guardia? ¿Del Ejército? “De todo hay”, responde el hombre. El recorrido deja un indicio al respecto: al entrar a uno de los caminos entre las parcelas, desde una casa cuyas ventanas sirven como soportes de monitores y cámaras, se asoma un hombre. Mira fijamente. Y hasta que no se abandona el tramo de la vía, aunque esta sea pública, no aparta la vista. 

“Tenían [Samark López y su entorno] funcionarios de la Guardia Nacional y del Ejército y civiles. Los civiles eran importantes porque eran los que conocían la zona”, explica. 

Con el crecimiento de la finca, El Flaco, como era conocido López Bello puertas adentro -Sierra Lima es como lo identifican en la causa judicial de Nueva York-, se propuso hacer desde allí las veces de un vecino benefactor. 

Por ejemplo, dispuso levantar un tendido eléctrico de cinco kilómetros para el sector Bajo Grande, de Monagas, financiado por él; la pavimentación de la carretera entre Tucupita y Uracoa; la mejora del servicio de luz en los sectores El Paraíso, Sarabia y Agua Dulce, aledaños a Agropecuaria Bubalis. Y con él también llegó el empleo: la finca daba trabajo a entre 400 y 800 personas, para las que se habilitaron dos rutas de transporte. 

El nuevo vecino hacía esfuerzos por no resultar incómodo. Y la verdad es que los habitantes de Tucupita y de Uracoa, afectados por una pobreza crónica a la que la crisis humanitaria había agudizado, sintieron un respiro con su llegada. Los trabajadores cobraban salarios en dólares.

El extenso terreno alojó en principio más de 1.500 reses bufalinas y bovinas, según documentos de la empresa. Pero fuentes que accedieron al entorno de la finca calculan que, en el momento de esplendor máximo, hubo 5.000 reses bufalinas y más de 10.000 bovinas. 

“Pero en la finca no te dejaban tomar fotos para nada. Las fotos sólo las tomaban ellos. Era impresionante. Las máquinas, los búfalos, todo. Tú pensabas que estabas en una finca de Texas. Vendían todo tipo de animales, búfalos, bovinos, porcinos… De la más alta calidad”, recuerda una persona contratada de forma ocasional para la logística de las fiestas en la finca. 

La imagen habitual durante las mañanas de los fines de semana era la de Samark López, melómano empedernido, ordenando una llamada para enterarse de qué artista musical estaba disponible ese día, sobre todo si eran voces de la música llanera y el joropo. ¿Jorge Guerrero? ¿Reynaldo Armas? ¿Armando Martínez? ¿Vitico Castillo? No importaba quien fuese. Si había disponibilidad, tampoco importaba el precio. Importaba la diversión, que en ese momento parecía infinita. 

La finca tenía tres funciones principales, según su documento mercantil actualizado en 2020. La primera era la ganadería, incluyendo engorde, sacrificio, venta, compra, permuta y pignoración de ganado; la segunda, agricultura, con siembra, recolección, cultivo, venta, compra y pignoración de productos agrícolas. Y la tercera, comercialización al mayor y al detal de productos agrícolas y pecuarios.

Cuando había restricciones de combustibles, López disfrutaba de una línea abierta con Pdvsa para el suministro de gasolina a través de Profit Corporation, una de sus empresas del ramo petrolero. De esta manera mantuvo las operaciones en la finca. 

Por ejemplo, en el apogeo de la pandemia de Covid-19, entre 2019 y 2022, de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso Armando.info para esta historia, Pedro Pacheco, en representación de Profit, y Víctor Brito, por Agropecuaria Bubalis, solicitaron directamente a Elías Rangel Macho Hernández, director regional de la Faja Petrolífera del Orinoco, y a Mariño José Lugo Aguilar, director general de Mercado Interno de la Faja, cupos extraordinarios de 30.000 litros mensuales de diésel y 4.800 litros de gasolina de 95 octanos. En ese momento, la justificación del pedido tenía dos soportes: la movilización de 1.500 animales y la construcción del módulo de la Guardia Nacional.

La solicitud también alegaba la adecuación de 950 hectáreas adicionales “para la siembra de 1.000 hectáreas de maíz, 100 hectáreas de caraotas y 400 hectáreas de pasto para las actividades agrícolas y pecuarias relacionados con los búfalos”.

Pueblo pequeño, infierno grande

La dadivosidad de López solía cruzar el caño desde Guara e irradiar hasta la vecina Tucupita. Porque si Bubalis se convirtió en la hacienda Tara de Samark López, Tucupita fue siempre su Rosebud. 

Se crió en esa apartada capital de Delta Amacuro hasta dejarla para cursar estudios universitarios en Caracas, primero, y en la ciudad de Mérida, luego, donde conocería a Tarek El Aissami, dirigente estudiantil entonces de la Universidad de Los Andes (ULA).

En cuestión de negocios, sobre todo cuando estos crecieron, López solo confió en la gente de Tucupita. Es decir, la del terruño. La de su infancia y adolescencia. 

Su trama de negocios y su historia de vida confluyen en un punto de origen: una casa ubicada en la avenida Arismendi, a menos de una cuadra del paseo Mánamo, el largo bulevar a orillas del Orinoco que sirve como punto de encuentro social en Tucupita. Allí, donde familias de waraos, la etnia indígena local, se reúnen indistintamente a pescar o a velar a un bebé recién fallecido, queda el colegio Sagrada Familia. Fue la escuela de Samark López. 

Una de las fuentes consultadas, que conoció a López durante su infancia, apunta una paradoja: “Todas las personas que trabajan para él eran más pudientes que él y terminaron trabajando para Samark”. En Tucupita se recuerda todavía al profesor Inocente López y a la maestra Gumercinda Leoncia Bello, sus padres. La madre fue quien estuvo más presente en aquellos primeros años, mientras la figura paterna, lejana pero respetada, fue apoyada en lo afectivo por su tío Marcos Bello, famoso en el pueblo por el diminutivo Marquitos y el un botiquín provinciano que regentaba. A pocos metros del bar está la casa de infancia de Samark López.

Entre los compinches de Samark López en Tucupita se contaban, por ejemplo, los hermanos Armando y Amaury Salazar Gibory, hijos de Armando Salazar, gobernador de Delta Amacuro entre 1994 y 1995 por el Movimiento Al Socialismo (MAS).  Ambos fueron socios de López en Profit Corporation, C.A., empresa de ingeniería con sede principal en Caracas y una oficina en Tucupita.

En el caso de Agropecuaria Bubalis, los socios de López fueron José Esteban Chacín Bello y Marcos Rafael Cabello Bello, primos; y Gumercinda Leoncia Bello, su madre. Fuera de los papeles de los documentos de constitución se encontraba como representante legal de la empresa Víctor Brito, amigo de la infancia. Canalizando las ayudas sociales y dando la cara en eventos públicos figuraba Arcadio Brito, hermano de aquel. “Arcadio no es el eslabón fuerte. De hecho, anda tranquilo por la ciudad. En realidad el fuerte [en los negocios de López] es su hermano, Víctor”, precisa una de las fuentes.

A un tercer hermano, Gustavo Brito, se le describe como un operador cercano a Diosdado Cabello, oriundo de Monagas, hoy ministro de Interior y Justicia y eterno número 2 del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Otra fuente señala que este tercer hermano es parte del equipo de producción de mensajes y contenidos de Cabello, como los que transmite en el programa Con el mazo dando.

El círculo lo completa Rómulo Rangel, conocido en Tucupita con el apodo de Minino, quien, aunque no fue socio de la finca, fungió como veterinario jefe y gerente general de esta, por petición de López. 

En Tucupita se relata con nostalgia indisimulada el boato de las llegadas del magnate. En sí mismas constituían acontecimientos que rompían el sopor del pueblo. “Cuando uno veía la caravana que venía del aeropuerto con camionetas en donde iba pura gente del Sebin [en referencia al Servicio Bolivariano de Inteligencia, policía política del régimen], uno sabía que había llegado Samark”, recuerda uno de los testigos. De allí podía cruzar en lancha o volar en helicóptero hasta la finca. En ocasiones hacía esto último, pero no desde Tucupita, sino desde el aeropuerto Manuel Carlos Piar de Puerto Ordaz. Todo dependía de propósitos y ánimos. 

Cercana a Bubalis en lo geográfico y al corazón de López en lo afectivo, la de Tucupita era la comunidad más beneficiada por sus arranques de responsabilidad empresarial, disciplinados a través de un par de fundaciones. Samark López llevó a cabo las refacciones de la Plaza Bolívar, los festivales de gaitas colegiales con premios de hasta 1.000 dólares, el acondicionamiento del estadio Isaías Látigo Chávez, la restauración del techo de la Catedral de la Divina Pastora y el auxilio financiero para la divisa deportiva de la ciudad, Búffalos de Tucupita. Pero la minucia del vecindario también era asunto de su atención. ¿Una fractura de cadera que padeció una mujer de edad avanzada? Samark López costeaba. ¿Un cáncer detectado a una persona de bajos recursos? Samark López socorría. ¿Una operación de emergencia para el familiar de un conocido? No había problema: Samark López estaba listo para el rescate. 

Para estos fines tenía dos vías: una, con oficina en Tucupita, era Profit Corporation, C.A., también registrada en Barbados y mencionada por la OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, por sus siglas en inglés) como empresa sancionada. La otra vía era Fundajanoko, organización “creada por deltanos y para deltanos que busca generar obras de impacto colectivo para beneficiar al estado Delta Amacuro”, como detalla en su cuenta de X, y el costado más notorio de su avanzada de beneficencia, siempre representada por terceros, sus amigos de la infancia, a quienes puso de socios y fachadas, igual como hizo con sus negocios desde 2017.

Muchos testimonios dan idea de que Bubalis fue productiva. Pero el consenso no alcanza para afirmar que haya sido rentable. En todo caso, fue una distracción que López Bello se permitió en un momento en el que le sobraron el tiempo y la liquidez, luego de las sanciones internacionales en su contra. Algunos explican que se trataba sobre todo de una inversión de Samark López a largo plazo. Lo cierto es que le tomó cariño y se pasaba el tiempo allí. 

Hasta 2023, Agropecuaria Bubalis era la promotora principal de eventos de exhibición de ganado en el malecón de Tucupita. Por estos desfilaban los búfalos del hato, mientras que cualquiera que lo deseara podía probar los quesos que se producían. Todo abundaba.

Pero no todo el mundo se dejaba contagiar con la alegría que desbordaba de esa cornucopia. La gobernadora de Delta Amacuro desde 2008, Lizeta Hernández, comenzó a ver a López con recelos y, de manera solapada, a atacarlo. 

“El ataque lo hacía a través de los medios. Lizeta decía que de dónde venía el dinero de esas inversiones como la de la remodelación de la catedral. Atacaba la parte medular del asunto: el dinero que invertía Samark”, precisa una fuente consultada.

Pero la duda sobre los fondos de las obras sociales no era el único punto para los reclamos de la gobernadora. Otra persona que estuvo en el entorno de Agropecuaria Bubalis y que accedió a conversar con Armando.info recuerda: “Él [López] llegaba al aeropuerto y Lizeta decía que eso no era estacionamiento de nadie”.

Pero en ese 2023 algo más grueso inquietaba a López: su amigo y aliado, Tareck El Aissami, había renunciado el 21 de marzo al cargo de ministro de Petróleo por el caso de corrupción en la trama Pdvsa-Cripto. Durante un año no se supo de él hasta que, el 10 de abril de 2024, el chavismo difundió la imagen del también exgobernador de Aragua detenido y esposado. Ese mismo día, Samark López también fue presentado con esposas y uniforme de reo. Al menos dos fuentes consultadas precisan que López fue detenido en Agropecuaria Bubalis y que se le mantuvo aislado de sus familiares y abogados al menos hasta enero pasado. 

Una fuente consultada precisa que la actual gobernadora de Delta Amacuro no fue la rival más poderosa que López se granjeó durante sus años de auge. Según la fuente, el hoy fiscal general del oficialismo, Tarek William Saab, le guardaba un viejo rencor desde que, como gobernador del estado Anzoátegui (2004-12), se sintió relegado por López Bello, contratista en auge de Pdvsa que prefería entenderse con las autoridades locales de los municipios por donde pasaban los gasoductos que sus compañías tendían. De darle crédito a la versión, Saab tuvo por fin la oportunidad de pasarle factura a López en 2024.  

Poco después, Samark López Bello debió conocer otro revés: a finales de 2024 un tribunal de Miami dictaminó que los activos congelados del empresario en Estados Unidos podían ser utilizados para indemnizar por 153 millones de dólares al abogado venezolano Carlos Marrón, quien durante dos años fue víctima de torturas en Venezuela. 

Su paraíso de isla de Guara fue saqueado. A los búfalos que alguna vez poblaron la finca, de acuerdo con testimonios de habitantes de Tucupita y de Uracoa, los retiraron en camiones que la Guardia Nacional y el Ejército escoltaron para llevarlos a destinos desconocidos. 

Este arrase que, aún entre la opacidad con la que el régimen ha manejado el caso de Agropecuaria Bubalis, el vacío que hoy impera en la finca permite constatar, sintetiza la suerte pendular de Samark López: de beneficiario de las mieles que le otorgó su cercanía con el poder a damnificado de la justicia chavista.

*Esta nota fue editada el 3 de marzo de 2025 para precisar una información sobre los hermanos Brito, uno de ellos amigo de la infancia de Samark López Bello.

La familia De Grazia, guayanesa pero con orígenes todavía frescos en Italia, cuyos negocios pasaron de la noche a la mañana de la gastronomía y los despachos de abogados a la actividad bancaria, aportó un eslabón necesario para que la estatal Pdvsa evadiera las sanciones internacionales durante la gestión de Tareck El Aissami como Zar del Petróleo.

El pivote para ese fin fue un pequeño banco, el Compass Bank & Trust Corp, fundado en 2013 en Dominica, una de las Antillas Menores del Caribe suroriental, a la que en 2021 la Unión Europea catalogó como un paraíso fiscal. 

En esos años las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y su principal producto de exportación actuaban como un lastre para los embarques de petróleo venezolano, que a duras penas solo conseguían enrumbarse hacia puertos alternativos y a los llamados mercados spot. La manera que El Aissami entonces implementó para mantener el negocio en marcha sirvió como germen inicial del caso después conocido como Pdvsa-Cripto: los fondos obtenidos por las ventas internacionales del petróleo sujeto a sanciones se enviaban a cuentas en países asiáticos, desde donde se blanqueaban, convirtiéndolos en criptomonedas que, al final del ciclo, se cambiaban por monedas duras para acumularlas en el Compass Bank de Dominica. La travesía se completaba con la llegada de las divisas en efectivo a Venezuela. 

En el esquema participaban los hermanos Carmelo, Levin y Daniel De Grazia, caras visibles de Bancamiga entonces, así como de un grupo de negocios en varios países. El trío, junto con Samark López, el oculto accionista principal del banco y, según la justicia de Estados Unidos, socio y testaferro de El Aissami, quedaron bajo arresto en las publicitadas redadas que el gobierno de Maduro practicó por el caso Pdvsa-Cripto. 

Ahora, por documentos que Armando.info revisó y cotejó, se corrobora que Compass Bank sirvió de canal para conducir fondos a Pdvsa que, de otra manera, la corporación no tenía cómo recibir por efecto de las sanciones internacionales. Aunque todo tenía un precio: una porción del dinero que pasaba por las bóvedas del banco caribeño se destinaba a pagar los sobornos que en el esquema beneficiaban, además de a El Aissami, a otros involucrados; los De Grazia y el propio Samark López entre ellos. 

El legajo de archivos revisados se divide en facturas de transferencias, el expediente judicial del caso Pdvsa-Cripto, actas constitutivas de Compass Bank y perfiles de las personas relacionadas con ambas instituciones que, de una forma solapada, fungieron como puentes para la concreción de las transacciones.

La mesa de acción De Grazia

En un documento expedido el 30 de abril de 2014 por la Mancomunidad de Dominica quedó acreditada la constitución, iniciada el año anterior, de Compass Bank Corporation, con el abogado Pedro Manuel Mezquita Arcaya como director y presidente. 

Mezquita, además de socio de los De Grazia en un bufete, en el banco, en casas de valores y hasta en alguna producción cinematográfica, también lo fue del señalado financiero, Luis Alfonso Oberto Anselmi, en la empresa Comercializadora Inver Publix 797, C.A.

Cuatro años después, las apostillas del documento muestran que directores, socios y accionistas se multiplicaron en el Compass Bank. En la lista, revisada para este trabajo, despuntan los nombres de Garlina Josefina Requena Franco, Daniel José de Grazia Suárez y Alfredo Luis Porteles. Los tres son directivos de Bancamiga, Banca Universal, C.A.

Daniel José no es el único entre los De Grazia Suárez cuyo nombre a la larga figuraría en la junta directiva de Bancamiga. Los de Carmelo de Grazia Suárez y Levin Salvatore De Grazia Suárez también. 

La tradición familiar de los De Grazia dicta hacerlo todo con los parientes. Antes de su caída en desgracia, su historia se remonta hasta Upata, capital ganadera y agrícola del municipio Piar, estado Bolívar, en el sureste de Venezuela, y a la llegada de unos campesinos inmigrantes calabreses en 1952, cuando se afianzaba la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Palmerino De Grazia, patriarca del clan, fue merecedor del éxito comercial y del reconocimiento en la región con el restaurante La Fontana, y trampolín en el mundo de los negocios para sus nietos. 

En la última década, los hermanos ampliaron los negocios gastronómicos en Miami, Florida, con cinco marcas: Bocas, Francisca, Kitchen of the World, Laborejo y, cómo no, La Fontana. Pero los De Grazia empezaron a sonar, no entre los críticos gastronómicos, sino en entes internacionales de monitoreo financiero, como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, su acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados, por ejemplo, que en septiembre de 2014 ya recibía un reporte de actividad sospechosa sobre las actividades de los hermanos.

En el documento, los oficiales de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank, en Nueva York, advertían sobre unas “transferencias no transparentes” por 200 millones de dólares desde la casa de valores Intersecurities International Inc., en Panamá, a un pequeño banco en Barbados, Continental Bank. Intersecurities pertenecía a los De Grazia.

El expediente es la clave

Los De Grazia y su Compass Bank en Dominica son mencionados repetidas veces en el expediente del caso Pdvsa-Cripto, al que tuvo acceso Armando.info.

El extenso documento resume conversaciones a través de las aplicaciones de mensajería WhatsApp y WeChat, ocurridas de junio a agosto de 2022 entre Joselit Ramírez, expresidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Carmelo de Grazia y Samark López. En las conversaciones, los tres se notificaban sobre el éxito de transacciones a través de Compass Bank y se convocaban a reuniones privadas.

El cierre de cada transacción correspondía al momento en que, como describen los documentos y las fuentes consultadas, ya había finalizado el recorrido del dinero de Pdvsa que partía desde sus cuentas en Bancamiga y seguía a otras cuentas, por lo general en Asia, de intermediarios de servicios petroleros de transporte y comercialización. Desde allí comenzaban los esquemas más imbricados, que incluían la conversión a criptoactivos en distintos países, como Estados Unidos, y finalmente al Compass Bank, donde se descontaban las comisiones correspondientes.

“Mano [aféresis coloquial para la palabra “hermano” en Venezuela], recibida la operación”, era la frase que refleja el expediente como habitual de Joselit Ramírez para confirmar a Carmelo de Grazia la recepción de un pago por sobornos. 

El expediente menciona una empresa con sede en Dubái que fue una de las favoritas en estos negocios, Zad Fuel DMCC.

“[En] el análisis de la experticia se visualizó otra conversación, de fecha 30 de Agosto 2022, en la cual se evidencia que el contacto Carmelo Nuevo [se refiere a Carmelo de Grazia] servía al imputado Joselit Ramírez para realizar cambios de fondos [dólares], probablemente propiedad de las empresas Zad Fuel DMCC, Saud Construction, o del ciudadano Malak Al Reen, que se encontraban posiblemente en bancos internacionales o en el banco de nombre Zhejiang Mintai Commercial Bank”, detalla el documento.

Un operador financiero que conoció de cerca los esquemas del caso Pdvsa-Cripto y cuya identidad se reserva, explica que Zad Fuel DMCC comercializaba crudo venezolano. En 2022 recibió productos de Pdvsa por casi 52 millones de dólares que, además, quedó debiendo.

El dueño de Zad Fuel DMCC, Saud Shehatha Alanazi, es accionista de otra empresa, S21 Energy DMCC, que también debía hasta agosto de 2022 casi 50 millones de dólares a Pdvsa, según documentos de la empresa gubernamental que pasaban revista a sus deudores.

¿Qué ocurría luego? Estos fondos eran cambiados por “euros, criptoactivos o dinero fiat”, siempre a través del Compass Bank. Samark López, como demuestra el expediente, estaba al tanto de todas las operaciones. En las transcripciones, sobre este caso particular, no se mencionan montos de transferencias. 

Aunque fue en 2024 cuando las autoridades venezolanas anunciaron la detención de El Aissami y de López Bello, desde al menos 2017 otras instituciones internacionales ya los habían señalado como partícipes y cómplices de actos criminales. Ese año, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a López y a El Aissami bajo señalamientos de participar en el narcotráfico.

De acuerdo con una nota del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la sanción que recaía sobre Samark López tenía como causa su “papel significativo en el narcotráfico internacional. López proporcionó apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional de, y actuando por o en nombre de, El Aissami. Por más de dos años, López y otros defraudaron al Gobierno estadounidense al participar en transacciones prohibidas por la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero y regulaciones relacionadas, además de evadir sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas”.

Triángulos amorosos (con el dinero)

Un documento de Pdvsa revisado para esta historia deja ver otro ejemplo de cómo funcionaban las transacciones de Compass Bank y las ganancias que se generaban a partir de complicados cálculos en los porcentajes de las transferencias.

Se trata de un informe que concluye que “existía una triangulación financiera entre Bancamiga, Cripto Exchange (un intermediario financiero) y Compass Bank”. En este ejemplo, las transacciones comenzaban con la recepción de pagos en una cuenta en euros de la empresa TT Forest, en Hong Kong. El concepto especificado era el de venta de crudo. Petróleo venezolano, en palabras llanas.

Este esquema coincide con lo que describe el operador financiero consultado por Armando.info, quien resume el mecanismo así: cuando los barcos cargueros con petróleo venezolano llegaban a China, el comprador del país asiático pagaba con USDT (una criptomoneda) o en dinero en efectivo. Los fondos, luego, eran recibidos por “diez cambistas”, entre los que se encontraba Bancamiga.

El informe prosigue con la primera señal que se captó en ese tránsito sobre una parte de los fondos que pagaba comisiones. 

“[Los fondos] luego pasaban a una cuenta en Compass Bank & Prime Trust con un costo de operación del 8%. Cabe destacar que los recursos estando en Hong Kong ya gozaban de libre convertibilidad y movilidad, razón por la cual no existe explicación técnica que implique realizar más operaciones con otras estructuras financieras, por lo que el costo de operación total no hubiera superado en ningún caso al 5%”, asegura el informe. 

La triangulación, según el mismo documento, derivaba en dos movimientos que generaban la comisión ilegal y que, además, diezmaban los ingresos para la industria petrolera venezolana: “Se podía elevar en 16% el costo transaccional y, regularmente, no traían divisas nuevas en efectivo al país ni para honrar pagos a terceros ni para cubrir los compromisos de la Industria con las Finanzas de la República (...) lo que originaba falta de liquidez de divisas en el mercado interno, presionando el valor del bolívar hacia abajo”.

La demostración de que el esquema funcionaba para esquivar sanciones está en un punto del documento titulado Circulación del dinero por estructura americana. En este se especifica que el dinero también transitaba por Primer Trust, un custodio de criptomonedas que se declaró en quiebra en agosto de 2023. 

Esto implicaba que “en algún momento de la transacción, el dinero pasa por los Estados Unidos, aun cuando los recursos estuvieran en criptomoneda, lo que ocasiona alto riesgo para los fondos de PDVSA dadas las sanciones vigentes”.

Sobre este último punto, la presunción que deja ver el informe es que con la triangulación hubo, además, “acuerdos con actores norteamericanos” y justificaciones para cobros de comisiones. Todo esto afectaba a Pdvsa porque se imposibilitaba la cuantificación de ingresos reales por venta de crudo y se dificultaban la visualización de egresos, los pagos a terceros y las ejecuciones de proyectos.

Para evitar la dispersión de esas ganancias entre tantos cambistas se prestó Compass Bank, de acuerdo con la misma fuente anónima que accedió a conversar con Armando.info. Así, los fondos “se concentraban en Dominica y se ofrecían al mejor postor”; es decir, a quien pagase las comisiones más altas.

La comisión fija para los De Grazia era de 2%. “Al día, podían cambiar 50 millones de dólares o más”, asevera, lo que equivaldría a un millón de dólares diarios en comisiones. 

Además de las transacciones que refleja el expediente del caso Pdvsa-Cripto, un estado de cuenta fechado en abril de 2022, al que tuvo acceso Armando.info, correspondiente a un solo cliente del Compass Bank, muestra movimientos por 6,03 millones de dólares en 30 días. 

Ese cliente del Compass Bank era Oryx Resources de Venezuela, una compañía de exploración y mantenimiento del campo petrolero Carito–Pirital, en Monagas, oriente de Venezuela, perteneciente a Samark López. Mediante esta cuenta se transferían montos para proveedores, desde 15 dólares hasta 100.000 dólares en el documento revisado. 

Así se completaba un ciclo que comenzaba en Bancamiga, en Venezuela, y desembocaba en el Compass Bank de Dominica. Y todo se manejaba sobre la base de comisiones. Cuando Pdvsa necesitaba esquivar sanciones, Compass Bank ofrecía un salvoconducto. Ocurrió de esa manera al menos desde 2017, hasta que un buen día a la justicia chavista le dio por poner los ojos sobre los hermanos De Grazia y Samark López Bello. 

Pese a la preponderancia de Compass Bank & Trust Corp en esta historia y a su mención en el expediente del caso Pdvsa-Cripto, hasta ahora, al menos de manera pública, la Fiscalía venezolana no ha anunciado una investigación sobre el banco. A juzgar por su página web, continúa funcionando con normalidad.

Lo mismo ocurre con Bancamiga, cuya mayoría accionaria ahora está en poder de José Simón Elarba, abogado y empresario venezolano, además de contratista gubernamental, que desde mayo se hizo también presidente de la junta directiva del banco, una nueva, aparentemente buena, publicitada por la misma institución.

La voz entrecomillada, dubitativa, pero que suelta la promesa de “no te voy a quedar mal”, pertenece al alcalde del municipio Baruta y dirigente del partido Fuerza Vecinal, Darwin González. Su contraparte, a quien amistosamente llama “Rafa”, es el hoy detenido Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez, socio junto a su hermano, Roger Vicente -también detenido-, de la Constructora HP, la misma que en los últimos años encabezó el boom de la construcción de torres de lujo para oficinas y viviendas en Las Mercedes, en el sureste de Caracas, y de Constructora 2PTO, beneficiada más recientemente con contratos de la petrolera estatal Pdvsa.

El fragmento de la conversación entre el alcalde de Baruta y Perdomo es la transcripción de uno de los diálogos entre ambos, vía mensajes de voz de la aplicación WhatsApp, que quedaron registrados en las extracciones de contenido hechas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) al teléfono de Rafael Perdomo, según consta en la acusación del Ministerio Público de la denominada trama de corrupción Pdvsa-Cripto, que a finales de marzo pasado provocó la renuncia de Tareck El Aissami al Ministerio de Petróleo y la detención en cascada de unas 60 personas, incluyendo empresarios como el propio Perdomo, ex directivos de Pdvsa y funcionarios de la Alcaldía de Baruta, entre otros.

Entre cientos de páginas de lenguaje farragoso, repetitivo y de jerga jurídica, se encuentran detalles y actores del esquema a través del cual Pdvsa perdió poco más de 5.000 millones de dólares, según sostiene el expediente, aunque la cifra puede oscilar entre 8.406 millones de dólares y 13.338 millones de dólares, tal y como reveló Armando.Info. En esos papeles aparecen también los intercambios entre algunos de los empresarios favorecidos por la petrolera estatal y hoy detenidos e investigados, como Rafael Perdomo y Bernardo Arosio Hobaica -este último, igualmente ligado a la construcción y negocios con Pdvsa- con el alcalde, y dos de sus funcionarios que fueron así mismo arrestados en marzo pasado.

Como si de un mismo proceso se tratara, lo que nació en el corazón de Pdvsa irrigó hasta la alcaldía de Baruta, históricamente controlada por la oposición y gobernada en el pasado por dirigentes como Henrique Capriles Radonski o Gerardo Blyde, pero desde 2018 en manos de Darwin González y de Fuerza Vecinal, partido político conformado por ex dirigentes de Primero Justicia (PJ), como el propio González, y que también controla los capitalinos municipios de clase media-alta de Chacao y El Hatillo. 

Más allá de lo que revelan las páginas del expediente de la Fiscalía, tras el escándalo y bajo la fachada de una investigación judicial en la “lucha anticorrupción” que hoy luce estancada, el chavismo ha aprovechado el remezón para reemplazar con sus fichas a los funcionarios de Baruta que fueron detenidos, lo que está sirviendo en los hechos como una intervención o toma administrativa del ayuntamiento, si no por parte del gobierno central, al menos sí por la poderosa mancuerna de los hermanos Rodríguez Gómez.    

Caja chica extraoficial

Las seis torres que HP construyó o empezó a erigir en el municipio Baruta en los últimos años -a contravía del desplome de la economía venezolana- confirman que se cumplió la promesa del alcalde González a Rafael Perdomo de que “no le iba a quedar mal”. Pero ese no es el único intercambio comprometedor que tuvo González con los constructores, según consta en el expediente del Ministerio Público (MP).  

Otros mensajes confirman la misma confianza y cercanía en el trato, pero también dejan rastros de pagos constantes, casi mensuales, por parte de la constructora de los hermanos Perdomo y de ATB Constructores, la de Bernardo Arosio Hobaica, hasta totalizar al menos 500.000 dólares, a Harold Rafael Sosa Padilla y a Juan Carlos Posner Pimentel, exingeniero municipal y exdirector adjunto de la alcaldía de Baruta, respectivamente, para la obtención de los permisos necesarios para levantar las torres en el municipio.

El documento de la investigación acompaña la transcripción del diálogo entre el alcalde y Perdomo con el hallazgo de tres recibos de pagos, realizados entre agosto y septiembre de 2022, “por concepto de cancelación de habitabilidad y cédula catastral correspondiente a la edificación Torre Guayana”, una de las construidas por HP que muestra mayor avance, pues está prácticamente terminada.

La acusación detalla que los recibos estaban a nombre del entonces ingeniero municipal de Baruta, Harold Sosa Padilla. Los primeros dos, de fechas 26 de agosto y 2 de septiembre de 2022, por 70.000 dólares cada uno, y el tercero por 60.000, del 12 de septiembre del mismo año. De acuerdo con el MP, estos papeles fueron encontrados en un allanamiento hecho en la torre Sena de Las Mercedes, sede de la constructora HP, y cada uno de estos tres recibos tenía “la finalidad de ser entregado al ciudadano alcalde de Baruta, Darwin González”. La acusación sostiene que Perdomo y Harold Sosa mantuvieron comunicación “constante” al menos desde el 3 de julio de 2020. Los documentos también registran que en otro allanamiento en una residencia personal de Rafael Perdomo en la Torre Salem I, una de las primeras edificaciones residenciales levantadas por HP, fueron hallados 500.000 dólares en efectivo dentro de una caja de cartón. 

"Yo estoy muy tranquilo porque sé que todos estos permisos son públicos", declaró el alcalde de Baruta al portal El Estímulo sobre el rol de Harold Sosa, en la que ha sido la única reacción pública del funcionario desde que estalló la denominada trama Pdvsa-Cripto.

En el caso de Bernardo Andrés Arosio Hobaica, empresario del sector de la construcción vinculado a la empresa ATB Constructores, con obras en el este de Caracas y en el archipiélago de Los Roques, los pagos fueron hechos a Juan Carlos Posner Pimentel, exdirector de la alcaldía. De acuerdo con los documentos de la investigación, durante los allanamientos los organismos de inteligencia encontraron un total de 12 recibos de pago que sumaban 300.000 dólares. Esos pagos fueron hechos entre el 15 de enero y el 30 de junio de 2021, por montos que oscilan entre los 15.000 y los 35.000 dólares. 

Al igual que los Perdomo, Arosio saltó de la construcción al negocio petrolero, primero, con Walker International Dw-Llc, una sociedad registrada en los Emiratos Árabes Unidos que comercializó crudo de Pdvsa entre 2021 y 2022 por 76 millones de dólares, y luego con Prodata Energy, una vieja contratista petrolera rebautizada así por Arosio luego de adquirirla en agosto de 2022, cuando ya tenía asegurado por parte de Pdvsa el negocio de la exportación de gas venezolano a Colombia, como en su momento informó Armando.Info.

La acusación precisa que los recibos de pago fueron encontrados el pasado 10 de abril en un allanamiento hecho a la sede de la empresa Poes Internacional, C.A., en el piso 14 de la Torre del Banco Nacional de Crédito, antigua Torre BOD, ubicada en La Castellana, una zona comercial y financiera del noreste de Caracas. Justamente en ese mismo piso se encuentra la sede de Prodata Energy, la compañía con la que Arosio Hobaica incursionaba en la exportación de gas a Colombia.

Aunque los pagos al exfuncionario de la alcaldía de Baruta se relacionaban con la actividad de ATB Constructores, el documento de la Fiscalía indica que Poes Internacional se usó como “instrumento financiero” para esos desembolsos. De acuerdo con los fiscales, ese dinero tenía como finalidad “facilitar sin contratiempo el otorgamiento de los permisos de habitabilidad, cédula catastral, constancia de variable urbana, permisos y finiquito de obra, para la construcción y desarrollo urbanístico Torre 908 u otro proyecto de construcción, gestionadas entre los años 2018 y 2022 por el ciudadano Juan Carlos Posner Pimentel”.

Fuentes ligadas al negocio petrolero confirman la relación de Bernardo Arosio con Poes Internacional, establecida por los fiscales en la acusación. “Poes y Prodata Energy compartían la oficina, aunque en algún momento hicieron un muro para dividirlas y aparentar que son dos empresas distintas sin ningún tipo de relación”, explicó una fuente que pidió reservar su identidad.   

Armando.info se acercó hasta la sede de Poes Internacional con la intención de dejar un cuestionario, pero las oficinas se encontraban vacías y, sobre la puerta de vidrio, estaba pegado un papel que informaba que ese espacio fue incautado por el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción de la Policía Nacional.

Según los documentos, Poes Internacional es una empresa encargada de prestar servicios de consultoría y asesoramiento técnico y gerencial a empresas del sector petrolero. El Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que su dueño es Ronald Oribio Quintana y que fue contratada por Petromonagas, Petrocedeño, Petro San Félix y Sinovensa, todas empresas mixtas con mayoría estatal de Pdvsa, entre los años 2015 y 2022. El 23 de agosto, Armando.info envió un cuestionario a Oribio Quintana a través de WhatsApp, quien confirmó su recepción, pero a la fecha de publicación de esta historia no había respondido a las preguntas.

Dentro de la acusación, a Poes Internacional también se le atribuye participación en un proyecto llamado Plan Arpía, destinado a Petro San Félix, S.A., ubicada en la Faja del Orinoco, el mayor reservorio de petróleo del país, aunque no se dan detalles del objeto de este acuerdo. El RNC registra que en 2022 la empresa fue contratada por Petro San Félix para prestar servicios de mantenimiento de recuperación y reactivación de unidades del mejorador de la empresa, así como servicios para la “recuperación e incremento de productos de crudo extrapesado”.        

Una intervención silenciosa

La burbuja económica de Las Mercedes, promocionada desde el gobierno como símbolo de una supuesta recuperación económica, y que hasta hace poco era bautizada por medios internacionales como “el pequeño Manhattan de Caracas”, fue pinchada por la misma justicia chavista. La acusación se explaya en reiterar que la construcción de estas torres de modernos acabados, en medio de una de las peores crisis económicas del país, se utilizó como un “medio apropiado para legitimar estos recursos que le fueron otorgados [a los Perdomo] de forma irregular, procediendo a realizar sobornos a funcionarios de la alcaldía del municipio Baruta”.

Estos pagos, siempre de acuerdo con el escrito de la fiscalía, se hicieron con la finalidad de obtener permisos como los de habitabilidad, cédula catastral, constancia de variable urbana, “así como violar políticas y ordenanza municipales establecidas, referentes a la altura de las edificaciones permitidas regularmente en la zonas residenciales y comerciales”.

Armando.info envió un cuestionario a la alcaldía de Baruta el pasado 17 de agosto, pero no se obtuvo respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota. El alcalde Darwin González tampoco contestó la petición de comentarios formulada vía WhatsApp. 

Más allá del expediente, el chavismo atisbó una oportunidad política en las detenciones practicadas por el caso Pdvsa-Cripto. Luego de los arrestos de Posner y Sosa Padilla el pasado mes de abril, bajo acusaciones de corrupción, en la administración municipal ocurrieron cambios, aunque tras bambalinas. Cuatro fuentes del ámbito municipal, que pidieron el resguardo de sus nombres, señalaron que en los hechos se está ejecutando una “intervención” silenciosa de la institución a través de nuevos funcionarios vinculados al chavismo. 

Por ejemplo, Sosa fue reemplazado por el arquitecto Pedro Antonio Vicens Gamboa, mientras que la dirección del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (Semat) fue ocupada por Erika Cid Moa. Mientras Vicens, oriundo del estado Vargas, es un desconocido en el municipio, Cid Moa fue tesorera de la dirección de Finanzas del ministerio de la Cultura en 2013 y miembro de la comisión de contrataciones de la empresa estatal Minera Nacional, C.A. en 2014.

Por encima de ellos está el ingeniero Plinio Manuel Monges Bolívar, quien no tiene un cargo oficial en la alcaldía. Dos de las fuentes coincidieron en que las decisiones del alcalde deben contar con su aprobación y que, en ocasiones. Monges toma medidas “por encima” de la máxima autoridad municipal. “Él está en las reuniones de Darwin [González] con los empresarios. Incluso, a veces se reúnen con él solo”.

Monges Bolívar figura como directivo en cuatro empresas privadas en el RNC. Entre estas, se encuentra Inversiones Vimoca 1308, C.A. en la que ingresó como presidente en marzo de 2016. Esta compañía, dedicada a la construcción, obtuvo más de 30 contratos con la alcaldía del municipio Libertador de Caracas o sus dependencias entre 2014 y 2016. Este último año cambió su nombre a Inversiones Covenka, C.A. quedando Monges como accionista único.  

El ingeniero también aparece como directivo en la empresa Nova Progresiva Consultores, C.A. dedicada al mercado inmobiliario y que obtuvo una decena de contrataciones con instituciones adscritas a la misma alcaldía capitalina, como la Fundación Para la Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de Caracas (Fundapatrimonio) entre 2012 y 2016. Durante ese lapso, la alcaldía estuvo a cargo de Jorge Rodríguez Gómez, actual presidente de la cuestionada Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez y su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, constituyen la particular power couple del régimen venezolano. “Todos son cercanos a los hermanos Rodríguez”, confirmaron dos de los informantes.

Precisamente, Jorge Rodríguez anunció posibles acciones contra “algún alcalde de la oposición”, cuando recién se hizo pública la trama de corrupción en Pdvsa y la detención de Rafael Perdomo. “Si después resulta que algún alcaldesa o alcalde de la oposición está incursa o incurso en las acciones lesivas de los dineros públicos, que recibió comisión por concesiones de terrenos y por variables urbanas, después no vayan a estar diciendo libertad para el preso político tal”, manifestó Rodríguez el pasado 21 de marzo.

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El expediente de la fiscalía chavista también confirma la vinculación entre los Perdomo y el coronel Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministros de Pdvsa, que adelantó Armando.info. “El portador del equipo telefónico, Rafael Perdomo, le pide un préstamo aproximado de 500 a 700 mil dólares americanos, al contacto registrado en la aplicación como ‘CP Nombre: Cnel Perez Suarez’” (sic). A esta comunicación entre ambos se añade que, en una entrevista con un gerente de HP, este detalla que la empresa realizó trabajos en comandos de la Guardia Nacional, en el Ministerio de la Defensa y en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Quinta Crespo, en Caracas. La constructora llegó a hacer obras en la oficina del coronel Pérez Suárez y trabajos para la iluminación de los sótanos de la torre de Comercio y Suministros, de la sede de Pdvsa en La Campiña, Caracas.

Los documentos reafirman los testimonios que recogió Armando.info hace un año, en los que exempleados del municipio señalaron que la alcaldía daba un trato preferencial a los constructores que hacían “donaciones” al municipio. El mismo Rafael Perdomo precisó que hacía donaciones de asfalto, y “aportes” para la iluminación y el rayado, lo que fortaleció la percepción entre los vecinos de que esa compañía era la “verdadera dueña” de Las Mercedes.

Esta dinámica se detalla en las transcripciones de los mensajes de WhatsApp entre Perdomo y el alcalde que se remontan al 22 de diciembre de 2017. Para esta fecha, González estaba recién electo como alcalde y militaba en el partido opositor Primero Justicia (PJ), luego de ser presidente de la Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal. PJ decidió no acudir a aquellos comicios, por considerarlos fraudulentos. Posteriormente, González formó parte de la camada de dirigentes del partido amarillo que fundaron el partido Fuerza Vecinal.

“Épale, Rafa. ¿Cómo está la vaina? Mira, ¿Qué día en la semana, si estás en Caracas, nos podemos reunir para hablar del municipio y las vainas pendientes?”, preguntó el alcalde en uno de los mensajes. En otro, Perdomo le recordaba a González una petición que le había hecho el funcionario. “Darwin, una consulta. ¿Cuál fue la entrada que tú me dijiste exactamente que te arreglara? La entrada de Las Mercedes, creo que era por Chuao o algo así. ¿Tienes una foto o algo, porfa?”, ante lo que el alcalde respondió que se trataba de la entrada principal a la urbanización.

Hoy el panorama es muy distinto. Las obras de cuatro de las seis torres de HP están paralizadas, y solo quedan los enormes esqueletos de cemento sembrados a lo ancho de la urbanización, cuyos destinos son inciertos. Un papel blanco, que dice “clausurado”, cuelga de los vitrales de la antigua tienda Materiales HP. Esta quedaba en la Torre Sena, la misma en la que se encontraron los recibos a nombre de Harold Sosa. Dentro de la edificación, que ya está culminada, explican que ningún representante de HP ha vuelto al edificio desde el arresto de los hermanos. 

El edificio de las Residencias 908 de ATB Constructores también luce casi terminado, pero no se avistan obreros que hagan los trabajos finales. Sólo se ve movimiento en la Torre Guayana, donde unos pocos trabajadores dan los últimos retoques a la fachada externa de la edificación. En contraste, en la alcaldía sí que hay bastante movimiento. Las fuentes consultadas hablan de “una negociación” entre el alcalde González y la facción del chavismo que salió beneficiada con la campaña preelectoral contra la corrupción, denominada por el gobierno Caiga quien caiga, y de que estos acuerdos le permitieron al burgomaestre conservar su puesto. Aunque, hasta la fecha, el lema de campaña no se ha cumplido con el desaparecido El Aissami, en cambio le ha servido a los hermanos Rodríguez para expandir su radio de influencia, incluso dentro de espacios tradicionalmente opositores como la alcaldía de Baruta.

Nota del editor: El alcalde Darwin González no respondió a solicitud de entrevista por parte de Armando.info, pero hizo una declaración cuatro días después de la fecha de publicación. Señaló que Juan Carlos Posner, hoy detenido, ingresó como funcionario a la Alcaldía de Baruta en diciembre de 2021, fecha posterior a la recepción de los pagos precisados por la Fiscalía. No hizo comentario alguno sobre Harold Sosa, el otro funcionario detenido o sobre las menciones a sus conversaciones con Rafael Perdomo recabadas también en el documento judicial.