

Las últimas dos grandes investigaciones globales dirigidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación han revelado los negocios offshore de Eligio Cedeño, ex banquero venezolano considerado prófugo de la justicia por algunos y perseguido político por otros. La sociedad Cedel International Investment, dueña de Bolívar Banco y Banpro, también solicitó los servicios de Mossack Fonseca para funcionar en las Islas Vírgenes Británicas
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La sociedad mercantil Cedel International Investment LTD -que fue dueña de los bancos venezolanos Canarias, Banpro y Bolivar Banco- funciona en la jurisdicción fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, tal como revela la data de la última filtración mundial conocida como los Panama Papers y publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
El nombre de Cedel viene de las abreviaciones del apellido y nombre del banquero venezolano Eligio Cedeño. El chavismo lo apresó y señaló de una estafa que derivó en un proceso judicial del que terminó huyendo a Estados Unidos en el año 2009 y dio pie, al mismo tiempo, al ya célebre caso de la jueza María Lourdes Afiuni.
Eligio Cedeño y su hermano Santos Luis Cedeño son los accionistas principales de la sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, registrada en el año 2003, a través de la compañía Amanco Management (BVI) Ltd quien usaba el bufete de abogados Mossack Fonseca como intermediario para la creación de sociedades offshore. Cedel también era el nombre de la casa de bolsa que funcionaba en la capital venezolana, propiedad de Cedeño, que fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Valores (SNV) en enero de 2011.
En entrevista con Armando.info, Cedeño expresa que el asunto de salir en los Panama Papers se ha distorsionado y que si hubiese tenido mala intención en la creación de la compañía no habría firmado como beneficiario. “Un empresario, no un funcionario público, sí por lo general tiene compañías donde va alojando cada uno de sus activos. Y esas compañías normalmente las tiene fuera de la jurisdicción donde se representa… Se va a poder identificar el que tiene buena intención al que tiene mala intención cuando el accionista termina siendo un empleado de la firma y no el verdadero dueño. Y ese no es mi caso”, expresa el ex banquero.
Eligio Cedeño ha sido uno de los empresarios más controvertidos de la historia contemporánea venezolana. Caraqueño de origen humilde, comenzó su carrera a los 16 años siendo pasante y a los 30 ya era dueño de su propia casa de bolsa. Presidía también una entidad financiera, pero su suerte cambió en febrero de 2007 cuando lo imputaron por el caso Microstar. La justicia venezolana lo señaló de simular la importación de computadoras y le abrió el proceso judicial antes mencionado.
A principio de los años 90, Cedeño fundó Cedel Casa de Bolsa, antes llamada Citi-Invest, que fue cuestionada una década después por haber sido beneficiada en una operación de compraventa de Bonos de la Deuda Pública Nacional. En 2002, el Ministerio de Finanzas de Venezuela le otorgó a Cedel vender bonos por unos 190 mil millones de bolívares, cuando su capital era de sólo unos 7 mil millones de bolívares. La operación se consideró llena de vicios ya que la casa de bolsa compró los bonos al 78%, para luego revenderlos en el mercado secundario al Bandes, banco del Estado, con un valor del 91%.
Además de tener la casa de bolsa, Cedeño poseía acciones en el Banco Canarias, Banco Caracas, Banpro y Bolívar Banco. Entidades que posteriormente fueron liquidadas por el Estado venezolano. Sin embargo, para el momento de la intervención, ya no eran propiedad del grupo Cedel, así explica el ex banquero: “Los bancos eran de mi propiedad, cuatro meses después de ser detenido los vendí a unos amigos del régimen. Dos años y medio después esos bancos quebraron. Pero no quebraron en mis manos, quebraron en las manos de ellos. Ya los propietarios eran otra compañía, no Cedel International Investment”.
La sociedad en las Islas Vírgenes Británicas era la dueña del Banco Canarias antes de que Cedeño se convirtiera en el propietario de Banpro y Bolívar Banco. Una vez que se adquirieron estas entidades, en el año 2004, Cedel dejó de tener relación con Banco Canarias.
Sobre la legalidad de este tipo de sociedades, el profesor y ex superintendente nacional, Alejandro Caribas, explica que en la Ley de Bancos en Venezuela se exige autorización de la Superintendencia para que las entidades bancarias constituidas en el país tengan sucursales en el exterior o inversiones en bancos afuera: “Generalmente se exige que donde se abran sucursales o se hagan las inversiones, existan instituciones dedicadas al control y supervisión bancaria”.
En este caso, la Superintendencia de Bancos (Sudeban) en comunicación del 15 de febrero de 2005 autorizó a Bolivar Banco C.A “el traspaso del 100% del capital asociado de la Institución Financiera a la sociedad mercantil Cedel International Investment, LTD, existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas”, por lo que estaba al tanto de la existencia de la sociedad.
Actualmente la legislación venezolana prohíbe la realización de transacciones u operaciones con banca offshore. En la Resolución Nº 312-10 publicada en 2010 por la Sudeban reza que “se prohíbe realizar y mantener operaciones con bancos y otras entidades, con licencias bancarias y/o de inversión otorgadas en países, estados o jurisdicciones con regímenes impositivos de baja carga fiscal, sin supervisión o regulación monetaria, bancaria o financiera y con intensa protección al secreto bancario.”
El nombre de Cedel International Investment LTD también salió a la luz en la conocida lista Falciani. En 2015, el ICIJ publicó una serie de reportajes sobre los más de 106.000 clientes con cuentas en el banco suizo HSBC, provenientes de distintos países alrededor del mundo. La data fue filtrada por el ex empleado de esa entidad, Hervé Falciani.
La cuenta de Cedel International Investment LTD en HSBC, perteneciente a Eligio Cedeño y a su hermano, tuvo un saldo alrededor de los 38 millones de dólares durante el 2006 y 2007, según consta en la filtración.
Cedeño ha aceptado públicamente la existencia de esa cuenta. Pero alega que fue cerrada en 2011. “Esta misma sociedad que aparece en Mossack Fonseca tenía una cuenta en HSBC y cuando se filtraron las cuentas de los accionistas pues Cedel salió allí. Lo que ustedes han descubierto es una compañía que era dueña de un banco y una cuenta con recursos. Típico de lo que es mi desenvolvimiento normal como empresario”, dijo.
Antes de caer rendida ante las órdenes de Washington, Delcy Rodríguez también otorgó dos Contratos de Participación Productiva (CPP) para la explotación de crudo venezolano a personajes del círculo amistoso del presidente Gustavo Petro. La empresa beneficiada se llama Colven Business & Corp y podrá operar los campos de la cuenca Barinas-Apure, muy cerca del departamento de Arauca, con reservas equivalentes a un poco más de la mitad de las que tiene toda Colombia.
Entre millones de correos electrónicos de los Epstein Files algunos reflejan una relación desconocida hasta ahora: la del empresario venezolano Francisco D'Agostino con Jeffrey Epstein, a quien aconsejó invertir en la estatal petrolera venezolana. En el intercambio de mensajes, el venezolano -investigado por su conexión con Derwick Associates y sancionado por triangulaciones fraudulentas de venta de crudo- deja cuenta de su visita a la famosa isla privada del magnate, en la que quedó prendado de una muchacha a la que llamó su “gacela acuática”
Aunque no hubiera quien les llamara ‘pitiyanquis’, familiares de la ahora cautiva pareja presidencial y del ministro de Defensa, junto a la claque empresarial que se formó al cobijo del régimen, se aficionaron a un caro recreo de ‘cowboys’ en las instalaciones del principal cuartel militar de Venezuela. Importaron caballos cuarto de milla con precios de hasta medio millón de dólares y colonizaron la asociación deportiva correspondiente, hasta que el ataque de Estados Unidos, paradójicamente, detuvo el jolgorio.
Desde la filial de Pdvsa se emitieron contratos para blanquear capitales; en paralelo, el colapso del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira forzaba a los carteles a implementar un puente aéreo con helicópteros desde el aeropuerto de Maiquetía. Estas son apenas un par de viñetas entre los indicios duros que se acumulan en documentos judiciales, recién desclasificados en tribunales de Nueva York, que relatan cómo el crimen organizado se confabuló con las estructuras del poder estatal en Venezuela hasta involucrar a Nicolás Maduro.
De 2017 a 2019, el entorno del ex hombre fuerte de Venezuela blanqueó cerca de 500 millones de euros a través del banco búlgaro Investbank. Fondos procedentes de instituciones como Pdvsa, Corpovex o Bandes pasaron por 101 cuentas a nombre de un mismo abogado, antes de continuar su peregrinaje hacia cuentas de terceros relacionados o compañías offshore. El hallazgo de ese flujo de dineros negros -de los que apenas 46 millones pudieron ser incautados- llamó la atención de las autoridades estadounidenses.
La operación militar estadounidense del 3 de enero dejó una baja inesperada: la continuidad de los Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados entre 2024 y 2025 por la actual Presidenta Encargada, entonces Ministra del Petróleo. Aunque ya se conocen concesiones ligadas al magnate Harry Sargeant III y al entorno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la mayoría de los beneficiarios son empresas pequeñas, poco conocidas y con vínculos previos con el Estado chavista, que quedaron bajo la amenaza de la toma del petróleo venezolano que Donald Trump patrocina.