Las negociaciones de tres fincas vinculadas al crimen organizado fueron parte de los esquemas de lavado de activos usados para el pago de sobornos de la multinacional de origen brasileño. También algunos intermediarios en la distribución de coimas por contratos de obras obtenidos por la constructora tienen un largo historial con el narcotráfico. A pesar de todas las evidencias al respecto, la Fiscalía no termina de hacer ni esas conexiones ni las acusaciones a las que haya lugar.
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El capítulo colombiano del escándalo internacional de Odebrecht parece no tener fin. Desde 2008 hasta 2015, la multinacional brasileña de ingeniería pagó alrededor de 56 millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios públicos, solo en este país sudamericano, para quedarse con varios contratos de obra y conseguir ventaja en negocios futuros.
En el último año, la Fiscalía ha imputado a un centenar de personas. En agosto, el Grupo Aval, del hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento, y su fiduciaria, Corporación Financiera Colombiana S.A., llegaron a un acuerdo prejudicial con el Departamento de Justicia estadounidense por cuenta del amplio material probatorio que los involucra en un “importante ardid de sobornos” en el caso de la Ruta del Sol II, una autopista que debía conectar Bogotá con la costa Caribe. El acuerdo impone amplias obligaciones a cargo de las entidades financieras, incluyendo la entrega de información sobre los ilícitos posiblemente cometidos, así como el pago de 80 millones de dólares.
A pesar de estos avances, en Colombia la justicia aún no termina de identificar a todos los receptores de los multimillonarios sobornos, ni de esclarecer íntegramente las rutas sinuosas de estos dineros ilegales. Esta investigación transfronteriza entre Noticias Caracol, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) encontró un actor hasta ahora no identificado en la trama judicial de Odebrecht en Colombia: el narcotráfico. Son conocidos los prontuarios criminales de algunos intermediarios que contrató la multinacional para repartir sobornos o hacer lobby ante las autoridades y favorecer sus intereses, como Otto Bula, condenado por estos hechos. No obstante, al seguir el camino del dinero, este trabajo periodístico revela vínculos de cabilderos con la mafia que hasta ahora han sido omitidos por la justicia. Desnuda además operaciones vinculadas a tres fincas que revolvieron coimas y narcodineros en la misma máquina lavadora.
De los centenares de fallos judiciales en Colombia y en el exterior sobre el sonado escándalo Lava Jato, del que Odebrecht fue protagonista, esta historia permite entrever que, al menos en Colombia, algunas venas por donde corrieron dineros sucios de la compañía brasileña pasaron por el corazón del crimen organizado.
El sofisticado sistema de fondos ilegales del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht movió el dinero desde sus cuentas bancarias en Antigua, Andorra, Portugal, entre otros países, hacia empresas offshore de intermediarios. Luego, éstos le ayudaban a “bajarlo” a los países y repartirlo a sus sobornados. Semejante esquema demuestra hasta dónde llegó la multinacional para esconder sus operaciones clandestinas. Quería ganar contratos rápidamente, pero a la vez mantener su reputación de ser una eficaz firma internacional de ingeniería sin tacha.
Los ejecutivos de Odebrecht encargados de coordinar los pagos ilegales solían elegir intermediarios de bajo perfil, según relató a este equipo periodístico una autoridad brasileña que estuvo muy cerca de la investigación.
En Colombia, según dijeron ante las autoridades los confesos lobbistas, los ejecutivos de Odebrecht solían imponer condiciones para tramitar los pagos. Uno de los lobbistas contratado por la constructora para impulsar estas operaciones ilegales, Federico Gaviria, le dijo a la Fiscalía que, con la entrada en 2013 del nuevo director superintendente, Eleuberto Martorelli, la multinacional les pedía proponer “empresas serias, o empresas con trayectoria” porque iban a ser aprobadas en Brasil para poder hacer los giros a través de ellas.
Mientras esto exigían, los directores de la empresa constructora no vieron problema en pagar millones por el trabajo de intermediación y cabildeo a lobbistas, como el mencionado Gaviria y al exsenador Otto Bula, a pesar de sus nexos oscuros. José Byron Piedrahita, un gran narcotraficante que había conseguido pasar por ganadero legítimo por dos décadas, llegó a un acuerdo con la Fiscalía General y confesó que había mantenido relaciones comerciales con ambos.
En 2011, Bula tuvo su primer contacto con Luiz Bueno, director de Odebrecht para Colombia, a través de Federico Gaviria, un ingeniero civil que venía trabajando con la multinacional desde años atrás y hasta 2017, cuando la justicia colombiana empezó la investigación de los sobornos que la multinacional había pagado en el país. Gaviria probó ser un asesor y lobbista efectivo por sus contactos empresariales y políticos de tres directores de Odebrecht para Colombia: Marcelo Jardim, Luiz Bueno y Eleuberto Martorelli. Mientras ejercía esa labor, Gaviria también pagó sobornos para quedarse con un contrato por 67 mil millones de pesos con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, según él mismo admitió ante la justicia.
¿Por qué la multinacional, que quería preservar su imagen, eligió trabajar con estos personajes?
Este equipo periodístico envió preguntas a Novonor (el nuevo nombre que adoptó Odebrecht tras su quiebra en Brasil) con estas y otras sobre las operaciones de las fincas y la empresa respondió que “no comenta sobre el contenido de la información proporcionada de forma confidencial en el ámbito de los procedimientos realizados por las autoridades públicas en Colombia”. Reiteró, además “que ha venido colaborando desde 2016 con autoridades de diversas jurisdicciones y, amparados por los protocolos del mecanismo de cooperación judicial, la compañía y personas naturales colaboradoras han aportado y pueden seguir aportando elementos materiales probatorios en la jurisdicción colombiana, como se ha hecho en otros países, coadyuvando a hacer claridad sobre materias de interés investigativo”.
En los últimos años, la compañía ha llevado a cabo una profunda reestructuración de su gobierno corporativo y programa de integridad, aplicando reconocidos y eficaces estándares de cumplimiento en sus procesos internos y externos. Monitores independientes aprobados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Ministerio Público Federal de Brasil certificaron que el Programa de Integridad de Odebrecht y, en octubre de 2022, en su Informe Anual sobre el Sistema de Sanciones, el Banco Mundial, señaló a la empresa “como líder entre las organizaciones enfocadas en el cumplimiento (compliance)”.
Puede ser revelador el hecho de que algunos de estos intermediarios tenían acceso a políticos de peso nacional. Bula, por ejemplo, había salido elegido al Senado en fórmula con su socio Mario Uribe, ex presidente del Congreso. Éste había sido gran aliado político de su primo, Álvaro Uribe Vélez, en su primer período en la Presidencia de Colombia, precisamente cuando Odebrecht regresó al país a buscar contratos, después de una larga ausencia. Mario Uribe fue condenado como cómplice del paramilitarismo que asoló el país entre fines de los noventa y comienzos del nuevo siglo, dejando millones de víctimas de masacres, despojo y otros crímenes.
Una fuente vinculada a la empresa y que acompaña el caso en Colombia, que pidió no ser identificada, indicó que nunca hubo ninguna intención de aproximación a personas u organizaciones para vincular a la empresa más allá del alcance de los proyectos de infraestructura que realizaba en el país. Aseguró que su foco siempre fue la infraestructura y que si hubo personas que trabajaban externamente para la empresa y también en otras actividades, con otros grupos y fines, no fue deliberado ni intencional y, probablemente, no era conocido por los integrantes de la empresa.
A comienzos de 2013, Odebrecht necesitaba mover fondos ilegales para pagar sobornos a congresistas y funcionarios por haber conseguido que el gobierno firmara con la multinacional, un contrato de “estabilidad jurídica”, que les congeló las condiciones fiscales durante la construcción de la Ruta del Sol II, haciéndola más rentable.
Según dijo Bula a la Fiscalía, Odebrecht le pidió una cuenta en el exterior para poder efectuar el pago por la "eficiente gestión". Por esa razón acudió al empresario Hernando Mario Restrepo Osorio, un ganadero amigo de Mario Uribe, que tenía una empresa offshore en Panamá llamada New Com Int.
A esa empresa entraron en febrero de 2013, 2,5 millones de dólares (equivalentes a 4.000 lmillones de pesos de la época). Según la contabilidad secreta de Odebrecht, quien transfirió ese dinero fue Klienfeld Services, una sociedad offshore en Antigua y Barbuda que la multinacional usó como pantalla para repartir sobornos en varios países. Y desde New Com Int se giraron los dineros a Colombia mediante consignaciones a la empresa Comunicar y Transmitir, de la que Restrepo fue fundador, como quedó documentado en sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Una vez los fondos estuvieron en Colombia, fueron entregados en varios cheques a Otto Bula, quien los hizo llegar hasta los bolsillos de los lobistas que habían hecho posible el contrato de “estabilidad jurídica” tan requerida por Odebrecht.
El día 14 de ese mismo mes se firmó una promesa de compraventa en Colombia por la cual el mismo Restrepo Osorio se comprometía a vender su finca en el municipio de La Estrella, Departamento de Antioquia, llamada Villa Esther, por 12.000 millones de pesos. Según el documento, la finca tenía 20 hectáreas, pero sólo seis hectáreas se estaban comprometiendo en la venta, que incluían una casona, una piscina, un establo y un quiosco. Como comprador aparecía Klienfeld Services Ltd, y José Antonio Bonnet Llinás, excompañero de trabajo y conocido de muchos años de Federico Gaviria, según éste dijo a los fiscales, se presentó como su apoderado.
Los reporteros enviaron preguntas a Bonnet Llinás para saber desde cuándo había sido nombrado apoderado de la empresa extranjera y bajo qué circunstancias representó a dos empresas en las que aparece como gerente, pero hasta el cierre de esta historia no había respondido.
Fotoleyenda: Contrato de promesa de compraventa de la finca ‘Villa Esther’. Suscrito entre el empresario Hernando Mario Restrepo Osorio, en representación de la sociedad Simtec SA, y José Antonio Bonnet Llinás, en representación de Klienfeld Services Limited, empresa pantalla de Odebrecht
Sin embargo, conforme al certificado de tradición y libertad, el traspaso real del inmueble que estaba previsto para diez días después de firmar la promesa de compraventa, nunca sucedió. Para lo que parece haber servido esta falsa operación inmobiliaria fue para camuflar la traída al país de al menos 2,5 millones de dólares y legitimarla ante los bancos.
Restrepo aseguró que prestó sus cuentas para traer el dinero a Colombia porque le habían dicho que se trataba de una transacción legal. Incluso, dijo que Bula lo llevó a dos reuniones con Yesid Arocha, director jurídico de Odebrecht. Pero que, a último momento, la negociación cambió de rumbo y no incluyó el intercambio de la finca. “Lo único que hice fue dar mis coordenadas de la cuenta y ellos transfirieron en dos partes”, detalló.
Después de haber recibido el dinero en sus cuentas bancarias, relata Restrepo, recibió un reclamo de Bula por los fondos que le habían girado. “Necesito que me pague”, le pedía el exsenador. Aunque Restrepo asegura que no era lo que habían convenido, finalmente aceptó entregarle los fondos al lobbista.
Al final, los dos ganaron: Bula movió el dinero hacia Colombia y, a cambio, Restrepo le retuvo el monto correspondiente a una vieja deuda de Bula, según declararon ambos a la Fiscalía.
Los sobornos pagados a parlamentarios por lograr la aprobación de la “estabilidad jurídica” en el Congreso ha sido el capítulo central de varias sentencias judiciales: la del lobbista Otto Bula, la del exsenador Bernardo Miguel Elías y la del exsenador Antonio Guerra de la Espriella, por mencionar algunas. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el ingreso de los 2,5 millones de dólares a Colombia aún no han sido esclarecidas del todo, ni tampoco la responsabilidad de quienes participaron en la transacción.
Restrepo aseguró que se había reunido con el director jurídico de la multinacional, Yesid Arocha, y que en esas reuniones habían acordado la transacción en dólares y el negocio de la finca. No obstante, nadie de Odebrecht ha reconocido hasta el momento la existencia de este contrato simulado de promesa de compraventa. En las declaraciones de Otto Bula tampoco aparece mención alguna a esta compraventa y su firma no aparece en el documento, a pesar de ser la persona que supuestamente iba a comprar la finca. Y esta alianza periodística no encontró requerimiento judicial alguno para que Bonnet Llinás explique cómo llegó a firmar la falsa compraventa y confirme su calidad de representante legal en Colombia de una empresa que era usada por Odebrecht para mover la plata ilegal de las coimas.
Pero la historia de Hernando Mario Restrepo con la justicia es mucho más amplia. Es amo y señor de su Caramanta natal (fue presidente del concejo municipal), un pueblo en Antioquia de 5.000 habitantes, donde es gran propietario. La Tesalia SA, su compañía familiar, compró 75 inmuebles en ese municipio desde 1995 hasta la actualidad. Su influencia creció hasta codearse con la clase dirigente de la región, como cuando se fotografió en una boda junto con Mario Uribe y su mujer.
La riqueza repentina de Restrepo cernió una sombra sobre su origen, como explicó a la Fiscalía un testigo de la municipalidad de Caramanta, que dijo que en el pueblo se relacionaba su fortuna con presuntos vínculos con Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, el poderoso narcotraficante líder del Cártel del Norte del Valle y preso en Estados Unidos desde 2007.
Cuando Restrepo dijo que se reunió, en 2013, con el ejecutivo de Odebrecht, su apellido ya había sido vinculado públicamente con la mafia colombiana. El periodista Daniel Coronell había publicado en 2005 en la revista Semana de Bogotá una columna que lo señalaba como integrante del cartel liderado por Chupeta. La acusación fue ratificada por el jefe paramilitar Juan Carlos Ramírez Sierra, alias El Tuso, que volvió a vincularlo con este narcotraficante en 2010. “Restrepo fue el contador, el que le manejaba las finanzas toda la santa vida a Chupeta”, aseguró ante la Corte Suprema de Justicia. Según su testimonio, el empresario es propietario de “numerosas propiedades” a nivel departamental, nacional e internacional.
Los archivos secretos de un computador de Chupeta, a los que tuvieron acceso los autores de la presente historia, que permitieron a las autoridades reconstruir su economía ilegal y esclarecer decenas de asesinatos, muestran anotaciones que podrían interpretarse como una referencia a Restrepo. Entre los documentos revisados aparece un alias “006” de nombre “Hernán Mario Restrepo” y otras menciones a “Mario” o “Hernando”.
Años más tarde, las acusaciones contra Restrepo se concretaron en expedientes. Documentos judiciales prueban que desde diciembre de 2021 pesa contra el empresario una acusación de la Fiscalía por financiar y abastecer, junto con su hermano Fabián Oswaldo, al Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar que operó en la zona de Antioquia, la misma estructura ilegal que, según la Fiscalía y una sentencia de Justicia y Paz, se asentaba en fincas del exsenador Mario Uribe. Consultada por esta alianza, la Fiscalía respondió que el proceso contra Restrepo por presuntos vínculos con paramilitares está en etapa de juicio y que otra rama especializada adelanta una investigación para esclarecer el origen de la riqueza de Restrepo.
Esta alianza periodística envió un cuestionario a Restrepo para preguntarle tanto por su participación en la falsa operación inmobiliaria por la finca Villa Esther como por sus vínculos con el paramilitarismo, pero el empresario no respondió las consultas.
Si Odebrecht miró para otro lado con Restrepo, la elección de Bula como lobbista es aún más difícil de explicar para la compañía, porque este exsenador mantuvo constante relación con los directores brasileños a cargo de las operaciones en Colombia. Bula llegó a la alta política mientras se relacionaba con el crimen organizado. El narcotraficante Piedrahita dijo a la Fiscalía que, como parte de su esquema de lavado, realizó intercambios comerciales con Bula desde 2004, que incluyeron entregas mutuas de dinero en efectivo, dos fincas y negocios con ganado por 5.000 millones de pesos colombianos, equivalentes entonces a 1,8 millones de dólares. Odebrecht debía conocer su prontuario, pero igual usó sus servicios para aceitar el mecanismo de pagos ilegales.
Bula también quedó bajo la lupa de la justicia por una supuesta relación con la Oficina de Envigado, una estructura de cobro de deudas creada por Pablo Escobar Gaviria, que luego pasó a dirigir actividades criminales en Medellín. En junio de 2014, según documentos que forman parte de la filtración NarcoFiles, mientras Bula movía las maquinarias en el Congreso en favor de Odebrecht, las autoridades colombianas encontraron en la escena del crimen de Wilmer Alexis Metaute, uno de los jefes la Oficina, una carta en que decía que Macario Guillermo Arango de León le debía a Bula 5.540 millones de pesos -equivalentes a unos 3 millones de dólares de la época-. Esta prueba motivó una investigación judicial para determinar si el exsenador tendría relación con estos dos individuos vinculados a la Oficina de Envigado. Para esta historia se consultó a la Fiscalía por este expediente judicial y otros que involucran a los lobistas de Odebrecht. En una detallada respuesta de siete páginas, la entidad aseguró que la información requerida “no es susceptible de suministrar a los periodistas” pues existen restricciones legales que lo impiden.
Bula también fue contactado por esta alianza periodística, pero el exsenador no respondió las preguntas.
Villa Esther no fue la única finca que enredó a Odebrecht con un personaje bajo la sombra mafiosa. El confeso narcotraficante Piedrahita declaró ante la justicia una historia que lo conecta con la escandalosa saga de sobornos que la constructora brasileña repartió en Colombia. Dijo que Federico Gaviria, otro lobbista clave de la compañía, junto a otros dos socios, le compraron su hacienda Paraná en 2014 en Planeta Rica, un municipio del Caribe colombiano. La finca para ceba de ganado la había recibido el mismo Piedrahita en 2012, como pago por el millón de dólares que le había prestado a un narcotraficante para pagar su defensa en Estados Unidos.
En los papeles de la hacienda, el nombre de Gaviria no figura. Sin embargo, Piedrahíta ratificó ante los fiscales que él sí fue clave en el negocio. “Se vendió el 10 de septiembre de 2014 a Gustavo Torres, Teresita Arango y Federico Gaviria una finca llamada Paraná, que se encuentra ubicada en Planeta Rica (…) figurando como comprador Gestoría Profesional Agroindustrial SAS, empresa de propiedad de Profesionales de Bolsa, que fue creada solamente para celebrar este negocio”, dijo Piedrahita.
El registro oficial ratifica esa versión: la finca pasó de manos de Comercializadora Troppo S.A., una sociedad de Piedrahita, a la empresa Gestoría Profesional Agroindustrial SAS, una compañía que había sido creada recientemente por Rodrigo Alfredo Mayorga Pachón, Gustavo Adolfo Torres Forero y Teresita Arango Arango. Ellos eran además accionistas de una firma de corredores de la Bolsa de Bogotá, Profesionales de Bolsa S.A. Ésta sociedad también fue intermediaria de pagos ilegales en la compleja trama que aún hoy, casi una década después de que estallara, sigue sin esclarecerse.
Piedrahita dijo que, en total, la operación pactada fue por 6.153 millones de pesos colombianos –equivalentes a unos 2,6 millones, según la tasa de cambio del momento– y que se firmó oficialmente por 4.000 millones de pesos colombianos –1,6 millones de dólares–; es decir, por casi un millón de dólares menos. Consultado por esta alianza periodística, el abogado tributarista, Federico Lewin, explicó que “no es inusual en Colombia que las compras de tierras se registren por menor valor para evadir impuestos, una práctica que puede acarrear sanciones tributarias o incluso penales”.
Sin embargo, en este caso particular, hay una coincidencia notable: la adquisición de la finca, según el certificado oficial, se concretó el 26 de enero de 2015. Es decir, diez días después de que Profesionales de Bolsa recibiera el pago de una factura por 2.695 millones de pesos –equivalentes a 1 millón de dólares– de parte de la Concesionaria Ruta del Sol II, de la que Odebrecht era socio principal.
La justicia determinó que este desembolso, junto a otros tres giros que recibió Profesionales de Bolsa por parte de la Concesionaria –y que sumaron 8.376 millones de pesos–, fueron pagos ilegales que se ocultaron bajo la fachada de un contrato ficticio. De esta plata, según las sentencias judiciales, Gaviria se quedó con 4.379 millones de pesos como pago por sus gestiones ilegales y 1.962 millones de pesos fueron a Profesionales de Bolsa, razón por la cual su representante Gustavo Adolfo Torres fue procesado y condenado por enriquecimiento ilícito.
No se puede afirmar que la finca Paraná fue comprada precisamente con esos dineros girados por la Concesionaria. Sin embargo, la coincidencia de tiempos, montos y la confesión de Piedrahita levantan una sospecha de que la comisión ilegal, al comprarle un bien a un narcotraficante, pudo haber servido para lavar dinero. Asimismo, en 2017, Otto Bula aseguró que alertó a los investigadores de la Fiscalía sobre las irregularidades que pudieron haber rodeado la finca Paraná: “Me entero (del negocio) por el señor Gustavo Torres o por el señor Federico Gaviria. Se la compraron al señor José Piedrahita, pero no sé ni cuánto costó ni cómo lo pagaron”.
Esta alianza periodística intentó comunicarse con Gaviria para preguntarle por distintos hechos mencionados en esta investigación, pero el ingeniero no respondió las consultas.
Piedrahita fue condenado por este y otros casos de lavado de dinero. La Fiscalía aseguró a esta alianza que actualmente ni la Dirección Especializada de Extinción de Dominio ni el Grupo de Persecución de Bienes adelantan investigaciones sobre la finca Paraná. Esto a pesar de que en la apertura de una investigación preliminar de el 31 de enero de 2019 la misma Fiscalía planteaba "si Gustavo Torres, Teresita Arango y Federico Gaviria, Profesionales de Bolsa, al registrar la compra de la finca Paraná por un valor inferior al pagado en efectivo a través de una empresa constituida solo para ese efecto, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero, incurrieron al parecer en el delito de lavado de activos".
De la confesión de Piedrahita se pudo reconstruir no sólo el origen ilícito de su fortuna, sino también su red de relaciones, entre ellas con Profesionales de Bolsa, una sociedad que fue clave tanto para la adquisición de la finca Paraná como para toda la trama de pagos ilegales de Odebrecht en Colombia.
Nacida a finales de los años ochenta en Bogotá, esta firma se especializaba en ofrecer oportunidades de inversión en mercados de capitales, así como en el negocio ganadero. Tras el escándalo, Profesionales de Bolsa entró en liquidación voluntaria y la Superintendencia Financiera ordenó la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores en diciembre de 2018.
Piedrahita hizo énfasis en su relación con este agente de bolsa al recordar que, cuando estalló el escándalo que lo complicó judicialmente desde 2008, a raíz de una publicación periodística, se le cerraron muchas puertas de entidades financieras como el BBVA y el Banco de Bogotá, “pero eso no ocurrió con Profesionales de Bolsa, que siguieron respaldándome comercial y financieramente”, señalan los documentos. Este equipo periodístico envió consultas al abogado de Mayorga Pachón, Torres y Arango, que fueron accionistas de Profesionales de Bolsa, pero hasta el momento de la publicación no fueron respondidas.
Tras lograr la aprobación de la leyes que le aseguraron a Odebrecht la “estabilidad jurídica” en febrero de 2013, Bula y Gaviria ya sabían que sus honorarios estaban próximos a llegar, según relató el propio Gaviria a la Fiscalía. Aseguró que Bula le propuso entonces a su compañero hacer un negocio ganadero juntos: comprar La Cubana, una antigua finca en Cáceres (Antioquia) de 1.200 hectáreas.
Tres fuentes independientes consultadas por esta alianza periodística aseguran que la hacienda había pertenecido al narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, más conocido como Pacho Cifuentes, asesinado en 2007, quien fue la mano derecha de Pablo Escobar. Según las fuentes consultadas, Cifuentes consideraba a la hacienda como uno de sus tesoros y dijeron que, tras su muerte, había quedado en cabeza de sus herederos.
La Cubana volvió a quedar en la mira de las autoridades cuando, ya después de haber sido condenado por el caso Odebrecht, Gaviria entregó a la justicia un lote de esta finca como parte de la compensación económica exigida en los tribunales. Predios sobre los que el Grupo de Persecución de Bienes no tiene ninguna investigación en curso para esclarecer si tienen vínculos con grupos organizados al margen de la ley, según informó la Fiscalía como respuesta a un cuestionario de esta alianza.
El trato que hicieron Gaviria y Bula –según la versión del primero– fue que el exsenador aportaría la finca y el ingeniero, junto a su socio y cuñado Mauricio Londoño, se encargarían de acondicionar el predio para su uso ganadero y también de administrar el negocio. Para este fin, crearon la sociedad El Dorado Cáceres SAS, que concretó la compra en junio de 2014 a Agropecuaria LSA SAS.
Bula finalmente decidió no participar: "Al principio pensé hacer un negocio con esa finca pero la iba a cambiar por propiedades. En esa finca estaban unos herederos, después hubo una diferencia y una cosa ahí, entonces yo dije: ‘yo no hago ese negocio’", explicó Bula a la Fiscalía.
Hubo dos intermediarios –según Gaviria– para formalizar la adquisición de la hacienda: un hombre llamado Felipe Gómez, y Juan Fernando Ramón Zapata, hermano del extraditado narcotraficante Carlos Ramón Zapata, alias El Médico. Juan Fernando estuvo casado por varios años con Sara Carolina Cifuentes Gómez, una de las hijas del capo Pacho Cifuentes. Las fuentes consultadas coincidieron en que este hermano de El Médico participó en esa operación inmobiliaria en representación de los herederos del capo Cifuentes. Según los registros de la Rama Judicial, Juan Fernando radicó la demanda de divorcio de Sara Carolina en 2022.
“Se acordó como pago de los ‘intermediarios inmobiliarios’ la suma de 5.000 millones de pesos”, indicó Gaviria, y luego explicó que los desembolsos por el valor de la hacienda se hicieron entre 2014 y 2016. El lobista aceptó que el dinero de la finca, procedente de sus honorarios de Odebrecht, había sido pagado a través de varias sociedades, entre ellas, Profesionales de Bolsa, Coast Helicopter, Helicontinente, Grupo Mundial de Ingenieros y Consultores Unidos.
En la sentencia judicial contra Gaviria, la mayoría de los destinatarios de este dinero no aparecen plenamente identificados, sin embargo, esta alianza pudo corroborar que al menos dos pagos que suman 216 millones de pesos fueron girados directamente a nombre de Ángela María Gómez de Cifuentes, exesposa del capo asesinado. Estos pagos fueron hechos a través de Grupo Mundial de Ingenieros y de la empresa Aldepósitos.
La operación de la que hizo parte Aldepósitos para mover los fondos de Odebrecht fue orquestada por otro lobbista de renombre en esta trama: Eduardo Zambrano Caicedo. Este ingeniero, asesor de la constructora brasileña, suscribió un contrato ficticio con Aldepósitos para hacer llegar el dinero opaco a Colombia. No fue la única operación que ordenó. Zambrano confesó haber movido 12.509 millones de pesos (equivalente a unos 5,1 millones de dólares al cambio de la época) a través de la empresa Consultores Unidos.
Zambrano jugó un papel decisivo como intermediario para canalizar el pago de 650 millones de pesos a Roberto Prieto, el gerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014. Según la sentencia judicial de Prieto, así se le recompensó al gerente de esa campaña por haber gestionado un contrato para Zambrano, representante de Consultores Unidos, dentro de las obras de la Ruta del Sol 3, a cargo de otra concesionaria llamada Yuma, cuyo socio principal era la empresa italiana Impregilo. El dinero, dice el fallo del juez, se tramitó con el pretexto de "tapar los huecos financieros" de la campaña de reelección presidencial.
Eduardo Zambrano también fue pieza clave en el caso contra el exdirector del Instituto Nacional de Vías (Invías), Daniel García Arizabaleta, a quien señaló de recibir pagos de la multinacional Odebrecht disfrazados como contratos. “Lo que a mí me consta es que Odebrecht, a través de Consultores Unidos, mi empresa, le pagó unos dineros durante el año 2012 y 2013 (...) a Daniel García Arizabaleta”, explicó Zambrano a la Fiscalía. Como soporte de su versión, entregó 13 cheques cobrados por García Arizabaleta y que suman alrededor de 280 millones de pesos.
García Arizabaleta hoy está negociando con la justicia para recibir inmunidad penal a cambio de su delación en contra del candidato presidencial que enfrentó a Santos en la segunda vuelta en 2014. García dijo que Odebrecht le había pagado al publicista brasileño Duda Mendoza (ya fallecido) para que asesorara la campaña de Oscar Iván Zuluaga.
Por el caso Odebrecht, Zambrano fue condenado a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en abril de 2021. Producto de sus confesiones, el ingeniero recibió inmunidad penal por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Quedó en libertad a finales del año pasado.
No parece haber tenido injerencia alguna en la decisión de otorgarle inmunidad, el hecho de que Zambrano hubiera estado prófugo de la justicia en dos ocasiones anteriores. Y no por delitos menores. En 1982, las autoridades bancarias comprobaron una estafa a los ahorristas del Banco del Estado en la cual Zambrano, entonces Vicepresidente de la entidad, fue protagonista. Luego huyó del país.
En Brasil intentó infructuosamente conseguir trabajo, e hizo contacto con unos empresarios de Medellín a quienes les comenzó a manejar sus inversiones, según su propio relato. En febrero de 1983, compró un apartamento en Río de Janeiro, que pagaba cuentas de teléfono millonarias. Pronto consiguió la residencia en ese país.
En 1984, las autoridades de Panamá, presionadas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), luego del asesinato a manos de la mafia del ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, desmontaron la construcción incipiente de un laboratorio para producir cocaína en el Darién e incautaron decenas de tanques de éter. La pesquisa los llevó a Zambrano, quien declaró ante la policía panameña como informante bajo el nombre de José Caicedo (su segundo nombre y su segundo apellido).
Allí contó que él había hecho un pago de 200.000 dólares a la campaña presidencial del panameño Nicolas Ardito Barletta a nombre de los carteles de la mafia colombiana. El aporte buscaba granjearse el visto bueno –o la vista gorda– del gobierno de ese país para montar un laboratorio de producción de cocaína en las selvas del Darién. El ingeniero colombiano contó que él mismo había estado en varias reuniones, a nombre de los narcos colombianos, con coroneles del entonces jefe de las Fuerzas de Defensa panameñas, el general Manuel Antonio Noriega, para acordar finalmente que el soborno a esas fuerzas sería de 4 millones de dólares más otros 200 dólares por kilo de cocaína producido. Esperaban producir 5.000 kilos mensuales. Así podrían montar su laboratorio e importar sin problemas acetona y éter (precursores químicos para procesar la coca). No obstante, por la presión estadounidense, no les cumplieron el trato.
La policía panameña encontró documentos en poder de Zambrano que reflejan el movimiento financiero del grupo internacional de traficantes de droga por casi 11 millones de dólares de esa época (unos 32 millones de dólares de hoy). Varias facturas tenían como beneficiario a Vicente Wilson Rivera González, quién luego fue identificado como jefe de un cártel en la Amazonía entre Colombia y Brasil.
Zambrano fue expulsado de Panamá, pero la policía brasileña, que también había desatado una ofensiva contra las organizaciones de narcotraficantes que pretendían montar sus laboratorios en la Amazonía de Brasil, siguiendo la pista de Vicente Rivera, descubrió que éste usaba el departamento de Río que figuraba a nombre de Zambrano.
En abril de 1987, el Ministerio Público Federal de Brasil acusó a Rivera, Zambrano y a otros por haberse asociado entre 1984 y 1985 para haber “implantado y comandado una empresa criminal relacionada con el tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, a través de la adquisición de sustancias químicas éter y acetona, con vistas a la producción, refinamiento y distribución, a gran escala, del enervante para diversos países”. También le quitaron el apartamento por considerarlo fruto de dinero ilícito. El juez federal, Helio de Matos, los condenó diez años después, en 1997. A Zambrano le impuso cuatro años de prisión, pero como tampoco se había presentado ante la justicia, y pasó tanto tiempo entre la acusación y la condena, el juez declaró la “punibilidad extinta” de su caso.
Un voluminoso expediente de la justicia brasileña, de más de 800 páginas, consultado por esta alianza periodística, revela esos capítulos desconocidos de Panamá y de Brasil, en la larga historia delictiva de Zambrano. Este equipo envió preguntas a Zambrano a través de uno de sus hijos y de su abogado para tener su versión tanto su participación en el caso Odebrecht como la relación que tuvo con el narcotráfico, pero no hubo respuesta.
Zambrano regresó a Colombia y se reinventó como socio de Consultores Unidos, la empresa que luego involucró en pagos ilegales para Odebrecht. Sus vínculos con el narcotráfico pasaron al olvido, salvo por el periodista Alberto Donadío, que citó en su libro Nobelbrecht y en una columna de opinión que el nombre de Zambrano había salido en la prensa en los ochentas asociado al Cartel de Medellín. Esta investigación corrobora esa versión con el expediente original del caso en Brasil.
Aún así, la Fiscalía no parece haber atado ningún cabo.
A partir de distintas confesiones, como la de Piedrahita, pero también de las otras investigaciones aquí mencionadas, la Fiscalía ha acumulado en sus escritorios pruebas que apuntan a la complicidad de intermediarios en el caso Odebrecht con narcotraficantes y paramilitares. Aún así, la entidad ha ofrecido rebajas de penas por colaboración a varios de ellos, aunque no parecen haber confesado la parte más oscura de sus operaciones ilegales. En menos de siete años, casi todos ellos lograron recuperar su libertad y otros ni siquiera han sido procesados.
Las sentencias de los jueces en el caso Odebrecht tampoco ahondan en estas conexiones de lobbistas e intermediarios con el crimen organizado.
Este contenido es parte de 'NarcoFiles: el nuevo orden criminal', una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que fue compartida con Armando.info y 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.
La presente historia tuvo el apoyo de OCCRP, IDL-Reporteros (Perú) y La Prensa (Panamá)
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
