José Sócrates, primer ministro socialista entre 2005 y 2011, fue el artífice del auge espectacular de los negocios entre Lisboa y el Gobierno de Hugo Chávez. Desde hace una semana está en prisión. Mientras el caso prosigue su curso bajo el secreto sumarial, la prensa lusa advierte que un personaje central en la trama de presuntos pagos encubiertos al político, fue directivo de una constructora con lucrativos contratos en Venezuela.
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El ex primer ministro de Portugal, José Sócrates, apenas cumple una semana en prisión y el escándalo ya rebota en Venezuela. A pesar del hermetismo judicial, la prensa lusitana lleva días vinculando los cargos que le imputan –por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal– con los convenios binacionales que firmó entre 2008 y 2011 junto a su aliado venezolano, el entonces presidente Hugo Chávez.
De visita en Lisboa, Chávez firmó en septiembre de 2008 un total de 14 acuerdos con contrapartes portuguesas, entre los que destacaba un contrato-marco para levantar 50.000 apartamentos. Dos años más tarde, el convenio mutó en un proyecto para instalar tres plantas de producción que fabricaran y ensamblaran las paredes y los techos ya no de 50.000, sino de 12.512 viviendas previstas para ser levantadas sobre unos terrenos de Cúa y Ocumare, dos de las ciudades de los Valles del Tuy, una zona del estado Miranda, a una hora de Caracas, que sirve a la vez de dormitorio y cinturón industrial a la capital venezolana.
Tanto el convenio inicial, para la construcción de 50.000 viviendas, como su versión final, fueron asignados al Grupo Lena, un consorcio portugués de ingeniería.
A pesar del ajuste hacia abajo en el número de viviendas a construir de uno a otro convenio, los urbanismos en el Tuy son todavía hoy un bosque de vigas y grúas, apenas el brote inicial de lo que ya deberían ser 612 edificios. Aunque en mayo de 2011 se anunciaban tres años como plazo para culminar las obras, la construcción dista mucho de completarse.
Al calor del mediodía del jueves de la semana que termina, en conversación informal con algunos de ellos, los obreros de los dos urbanismos calculaban 1.800 apartamentos listos: unos 600 en la población de Ocumare del Tuy, en el conjunto Lomas de Guadalupe, y alrededor de 1.200 en la llamada Ciudad Zamora de Cúa. Lo demás son cabillas y losas prefabricadas.
Desde Caracas, los representantes de la empresa se muestran más optimistas. El director general de Producción del Grupo Lena en Venezuela, José Oliveira, asegura que han conseguido levantar 3.000 apartamentos, casi un cuarto de la meta. Y fue precisamente en esos primeros apartamentos donde el Gobierno venezolano ha reubicado a varias familias de los antiguos habitantes de la Torre de David, el rascacielos a medio terminar en el centro de Caracas que fue invadido en 2008 y convertido en una suerte de favela vertical que la cadena FOX en la serie Homeland, y el periodista estadounidense, Jon Lee Anderson, en The New Yorker, consagraron como una metáfora de la Venezuela de estos días. El Gobierno capitalino adelanta desde hace meses una operación para desalojarlo.
En Portugal, mientras tanto, el nombre de Venezuela se hace una referencia necesaria para relatar lo que empieza a conocerse como la Operación Marqués, una razzia que va más allá de la captura de un solo individuo, por más que se trate de un ex primer ministro de la nación. De hecho, en las redadas también cayó un ex miembro de la Junta Directiva del Grupo Lena, la constructora beneficiada por el Gobierno chavista.
La prensa lusa ha venido filtrando una serie de acusaciones que atribuyen al ex primer ministro Sócrates una fortuna de 20 millones de euros, que apareció en una cuenta a nombre de Carlos Santos Silva, uno de sus mejores amigos, quien le habría servido de fachada.
Hacía tiempo que el tren de vida de Sócrates desencajaba. Oficialmente apartado de la política, se mudó en 2011 a Francia para estudiar una maestría en Teoría Política en el instituto universitario de Science Po. Pero las fotos en los restaurantes parisinos y los lujos de un apartamento valorado en 3 millones de euros no pasaron inadvertidos en Portugal.
En la madrugada del sábado 22 de noviembre, cuando la mayoría del país ya estaba durmiendo, el hombre que gobernó Portugal entre 2005 y 2011 fue detenido en Lisboa tras bajar de un avión que lo trasladaba desde París. Por el mismo caso también detuvieron a otros tres sospechosos, entre los que destaca el ex administrador del Grupo Lena, Carlos Santos Silva, con quien el ex primer ministro mantiene una amistad que comenzó en la ciudad de Coimbra, cuando compartieron casa en los años en que estudiaron juntos en el Instituto Superior de Ingeniería.
En medio del escándalo, el Grupo Lena ha reconocido en Lisboa, a través de un comunicado, que Santos Silva se desempeñó como administrador de su conglomerado de empresas, pero al mismo tiempo advirtió que ese hecho no tiene por qué afectar sus proyectos o la reputación de la empresa.
Oliveira añade desde Caracas, en nombre de la empresa, que ningún rumor afectará las construcciones que adelantan en los Valles del Tuy. Si bien reconoce que han tardado más del tiempo pautado, asegura que están comprometidos con terminar los complejos habitacionales, cuyos retrasos solo achaca a la escasez de materiales de construcción como el cemento.
“No hay ninguna relación de Lena con el ministro Sócrates, aunque como portugueses nos entristece esta situación”, dice. “El contrato con el gobierno venezolano es posterior al momento en que el señor Carlos Santos Silva se desempeñó, hasta 2009, como administrador de la empresa”.
Pero si Santos Silva se mantuvo en la constructora hasta el año 2009, entonces formó parte de la directiva de la empresa que mantuvo las negociaciones con Chávez y desembocaron, el 27 de septiembre de 2008, en la firma del Contrato Marco para la Construcción de cincuenta mil (50.000) Viviendas en el eje Norte-Costero de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y la empresa portuguesa Lena Construções.
El Grupo Lena consiguió entonces, según un comunicado que aún mantiene en su página web, “uno de los proyectos más grandes que jamás haya tenido un grupo empresarial portugués en el extranjero”. Para ese momento cotizaba el negocio en 3.000 millones de dólares, y no en los 988 millones de dólares que en definitiva el Gobierno venezolano asignó al proyecto.
Fue parte de una racha de contrataciones en el extranjero con las que el Gobierno de Hugo Chávez se propuso poner en marcha su Gran Misión Vivienda Venezuela sin tener que apelar al empresariado nacional, en general, opuesto al régimen revolucionario.
Algunas de esos convenios han terminado por ser fuentes de polémica, como el suscrito en 2011 con la empresa iraní Tarasazeh Tabriz para una línea de producción de 60.000 viviendas prefabricadas, o el correspondiente a la uruguaya Unión Metalúrgica Industria del Sur, que se comprometió a hacer 12.000 viviendas prefabricadas que, según la propia Contraloría General de la República, nunca se construyeron.
En contraste, la empresa portuguesa parece afanarse en concluir las viviendas, aunque sea con retardo y, desde ahora, en medio de suspicacias. El contrato, después de todo, es importante. No en vano, por un tiempo sirvió en Portugal como emblema de la exitosa diplomacia comercial del gobierno de Sócrates.
En septiembre de 2007, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush se quejaba, ante uno de los autores de esta nota, del silencio que José Sócrates mantenía sobre Venezuela. Informado por sus asesores de la amplia colonia portuguesa que vive en Venezuela y de los intereses portugueses presuntamente amenazados por la autodenominada Revolución Bolivariana, Bush había recibido en la Casa Blanca al por entonces premier socialista y encargado anual de la presidencia rotativa de la Unión Europea, al que consultó sobre qué se proponía hacer ante Chávez.
Sócrates era y sigue siendo un pragmático. “Tenemos que diversificar nuestras exportaciones y Libia es uno de nuestros socios estratégicos”, respondió en 2008 a quienes lo criticaban por haber ofrecido una recepción especial en Lisboa al dictador Muammar El Gadafi.
Sócrates también sacó partido entonces a la necesidad de Hugo Chávez de conseguir tecnología e inversión en centros distintos a los de Estados Unidos y la Europa sajona, distantes o directamente enfrentados con la revolución venezolana. En Venezuela encontró una cornucopia de posibilidades para las alicaídas empresas portuguesas. Cabe suponer que además desarrolló un vínculo personal con el caudillo venezolano y con el proceso que lideraba, más allá de la razón de Estado. Todavía en 2013, dos años después de su retiro de la política, José Sócrates participó en las exequias de Chávez y, un mes más tarde, como veedor internacional, en las elecciones presidenciales en las que resultó triunfador Nicolás Maduro.
Aunque se hace difícil afirmar que Sócrates sirviera como valedor de Chávez ante Washington por esos días, lo que resulta indudable es que su silencio corría en paralelo con un auge espectacular del intercambio comercial entre Caracas y Lisboa. En cuestión de tres años, entre 2008 y 2011, se firmaron 91 acuerdos bilaterales.
Solo de 2007 a 2009, las exportaciones de Portugal a Venezuela se multiplicaron por seis. Sin embargo, no fueron los números, sino algunas presencias conspicuas, las que ratificaron que había un nuevo nexo de negocios cruzando el Atlántico. El banco más poderoso de Portugal, Espirito Santo, aterrizó con oficina en Caracas. La petrolera Galp entró a la Faja Petrolífera del Orinoco, el mayor reservorio del mundo. Uno de los programas de bandera del chavismo, el modelo Canaimita de computador portátil escolar, quedó confiado a proveedores portugueses. También a portugueses se asignaron los proyectos para la renovación del puerto de La Guaira, la construcción de la segunda autopista de Caracas al Litoral Central, y la de un ferry y dos navíos asfalteros.
De la misma manera en el área de medicamentos surgieron oportunidades de negocios. Por ejemplo, en 2010 se acordó instalar en Venezuela, con tecnología portuguesa, una fábrica de penicilina y otros medicamentos.
Todavía en 2011, la ex ministra de Salud, Eugenia Sader, reiteraba la intención de desarrollar fábricas de medicinas a través de alianzas con Colombia, Cuba y Portugal. Pero su despacho luego debió reconocer –en el informe de gestión de ese año– debilidades en cuanto al seguimiento y evaluación de los convenios internacionales, por no contar con una base de datos para esos fines.
Hoy, el coordinador de Contraloría Sanitaria del estado Anzoátegui, Reny Valdez, no tiene información sobre las plantas de antibióticos cefalosporínicos y penicilínicos que, según se anunció, debía construirse en las adyacencias de la Base Aérea Luis del Valle García, en Barcelona, la capital de ese estado del oriente costero venezolano. Si bien el Gobierno destino 96 millones de dólares para que el grupo portugués Atral Cipan culminara la obra en noviembre de 2014, Valdez duda: “Yo creo que eso no se ejecutó”. De eso tampoco saben ni el presidente del Colegio de Médicos de Anzoátegui, Arquímides Velásquez, ni la presidenta del Colegio Farmacéutico, Julie Romero. “No me sé ni la dirección”, confesó.
En Portugal, de cualquier modo, empiezan a pedir cuentas, y precisamente en ese sector. La multinacional farmacéutica Octapharma salió al paso a las denuncias y se apresuró a rescindir los servicios de consultoría para América Latina que el ex primer ministro Sócrates le prestaba por un sueldo mensual de 12.000 euros.
Aunque el Grupo Lena también rechazó los señalamientos en su contra, periódicos portugueses como Público han sembrado la duda: advierten que varios de los accionistas de esa firma también estuvieron al frente de otra compañía, llamada XMI, en cuya directiva se encontraba Carlos Santos Silva, el amigo de Sócrates al que encontraron una cuenta bancaria de 20 millones de euros.
“En 2013, XMI, que cuenta con cinco empleados, facturó alrededor de 2,8 millones de euros, entre los que destacan servicios prestados al Grupo Lena”, apuntó el rotativo en su edición del miércoles. El semanario Sol, por su parte, abrió su última edición con un titular que habla de coimas y comisiones: “En el período en que Sócrates fue primer ministro, el Grupo Lena pasó de empresa regional a potentado de la construcción civil, llegando así a Venezuela”, asegura.
*Con la colaboración de Cristina González
La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos.
Un juzgado en Nueva York empezó a ventilar la semana pasada el caso de un esquema ‘offshore’ que unos empresarios iraníes idearon para burlar el cerco de las sanciones norteamericanas contra Teherán. Los fondos en dólares que alimentaban ese circuito provenían de Venezuela, y eran parte del pago por la construcción de la Ciudad Socialista Fabricio Ojeda, cuyo desvío Pdvsa consintió. El ejecutivo iraní a cargo del proyecto, dueño a la vez de un sospechoso banco en Malta, había estado bajo investigación de la asesinada periodista Daphne Caruana.
A pesar de la crisis económica que enfrenta Venezuela, el paisaje de Las Mercedes se ha llenado de grúas para construcción y movimientos de tierra. Torres empresariales y viviendas multifamiliares de lujo se construyen a paso acelerado en la Venezuela de la escasez y entre varios actores, una empresa del oriente del país con menos de 10 años de creación, destaca en la metamorfosis de esa zona comercial del este de la capital.
En la Revolución Bolivariana de Venezuela, con un fuerte componente castrense, los oficiales militares pueden figurar, aún contraviniendo la ley, en simultáneo o progresivamente, como líderes de tropas, gerentes gubernamentales y hasta contratistas del Estado. Uno de cada tres de los 785 militares activos en su momento que, como privados, contrataron con la administración pública durante los últimos diez años, lo hicieron desde empresas que tienen por objeto social el área de la construcción. Un caso destaca: el general de división Frank Herbert Lynch Dávila. La compañía familiar de la que forma parte ha recibido por años contratos para la realización de obras mientras el oficial escalaba posiciones hasta quedar a cargo del suministro del cemento en todo el país.
Una mole de concreto, solitaria y apenas protegida de la inundación por bombas de achique, yace en las aguas del bajo río Caroní. Es lo que hay de la proyectada central hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma, al sur de Venezuela, después de pagar 10.000 millones de dólares, el triple de lo presupuestado y en parte con fondos de organismos multilaterales, a varios contratistas, entre ellos la controvertida constructora brasileña. De esa cantidad, al menos 1.000 millones correspondieron a lo pagado en divisas de manera irregular a través de un ardid administrativo (80-20, lo llamaron) que una auditoría interna detectó, y que se usó para financiar comisiones a la gerencia del proyecto.
Una compañía vinculada a un grupo empresarial bajo investigación en Panamá obtuvo en 2013 -junto a otras dos grandes asignaciones- el contrato para el nuevo estadio de béisbol de Caracas, a cuya culminación el presidente Nicolás Maduro acaba de ordenar que se le dé prioridad. ¿Cómo terminó beneficiado por el sucesor de Chávez el mismo emporio familiar que, como las pesquisas posteriores mostrarían, estaba siendo consentido al mismo tiempo por el Gobierno del neoliberal, y hoy prófugo, Ricardo Martinelli?
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
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La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
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