El periodista colombiano Rafael Moreno fue asesinado el 16 de octubre de 2022. Un año después, Forbidden Stories y sus socios han retomado su última investigación, sin duda una de las más peligrosas, sobre un extendido sistema de malversación de recursos naturales. Testimonios exclusivos nos han permitido seguir la pista de algunos personajes políticos especialmente influyentes y temidos de la región
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Su mirada es firme y decidida pese a su corta edad. José Bula Moreno, de 23 años, hace tiempo decidió que la política sería su camino en la vida. Candidato en las próximas elecciones regionales del 29 de octubre, el joven aspira a conseguir un escaño en el concejo municipal de Puerto Libertador, una pequeña localidad situada en Córdoba (departamento al norte de Colombia).
Bula se enfrentará a un viejo conocido de la política local: Espedito Duque, de 57 años, el antiguo alcalde de la ciudad que regresa a la escena política en busca de un segundo mandato. La diferencia de edad entre ambos y la línea política que los separa no son los únicos elementos de tensión de la cita electoral. Una sombra está presente en este duelo: la del periodista Rafael Moreno, tío de Bula, asesinado hace exactamente un año, el 16 de octubre de 2022.
Pese al dolor y al miedo, el joven candidato se refiere con orgullo al legado de su familiar, a quien siempre consideró como un padre. “No hay discurso que haga en el que no lo nombre [...] Sería inconcebible olvidar todo lo bueno que hizo por nuestra ciudad”.
Rafael Moreno —la “voz del pueblo”, como aún le llaman algunos— recorrió incesantemente las caóticas carreteras de su región, Córdoba, para denunciar la corrupción y los delitos medioambientales que allí se cometen. Pese a las amenazas sobre su vida, Moreno nunca hizo las cosas a medias, y fueron pocas las personas que lograron escapar a su radar. Entre los mencionados en sus investigaciones se encuentra Espedito Duque, actual rival de su sobrino y quien está a la cabeza de uno de los clanes más poderosos de la municipalidad de Puerto Libertador.
Tan solo unos días antes de su muerte, sintiéndose especialmente en peligro, Rafael Moreno contactó a Forbidden Stories para poner a salvo su trabajo mediante la red Safebox Network. Este sistema permite a los periodistas proteger sus investigaciones más delicadas. En caso de que alguno de ellos fuera secuestrado, encarcelado o asesinado, Forbidden Stories y sus medios colaboradores podrán así continuar el trabajo que había iniciado, con el objetivo de darlo a conocer al público más amplio posible.
Desde el día siguiente a su asesinato, Forbidden Stories coordinó el trabajo de 30 periodistas que se unieron para mantener vivo el trabajo de Moreno y ampliarlo: investigando sobre corrupción e industria minera en su región, así como un mecanismo de favoritismo y de adjudicación de contratos públicos con un valor de varios millones de euros.
Pese a que los investigadores del caso disponen de imágenes del sicario —obtenidas y publicadas por primera vez por Forbidden Stories y sus socios— la investigación criminal sobre el asesinato de Rafael Moreno parece haberse estancado y hasta la fecha nadie ha sido detenido.
Compañeros y amigos periodistas de Moreno han tenido incluso que dejar su trabajo de investigación por miedo a posibles represalias. Además, según nuestras informaciones, no se ha abierto ninguna investigación administrativa contra Espedito Duque, uno de los hombres en el corazón de este sistema de favoritismo.
Un año después del asesinato de Rafael Moreno y a dos semanas de la contienda entre su sobrino y Espedito Duque, Forbidden Stories y Cuestión Pública han retomado la última gran investigación del periodista, que comenzó a compartir con la organización.
“En el momento en el que les hablo estoy en San José de Uré”. En una llamada con Forbidden Stories que se produjo el 7 de octubre de 2022, Moreno explicaba que estaba trabajando en una investigación sobre “un modus operandi” que permitía “a las administraciones públicas y empresas la explotación de materiales de la cuenca del Uré para ser utilizados en obras públicas, sin permisos, licencias ni títulos [...] Esto ya nos ha causado muchos problemas”, confesaba entonces al equipo de la Safebox Network. Moreno fue asesinado 9 días después.
Documentos y testimonios exclusivos recabados por el consorcio en el marco de esta nueva investigación del “Proyecto Rafael” han permitido probar las hipótesis de Moreno en este caso de extracción ilegal que apunta a varias figuras políticas influyentes en la región de Córdoba, en Colombia.
“San José de Uré es el mejor destino turístico de Córdoba [...] Te invitamos a disfrutar de sus aguas cristalinas”. En un vídeo con tintes de clip promocional publicado en 2020, Moreno ensalza las virtudes de las aguas de San José de Uré, una pequeña localidad asentada a los pies del Parque Natural del Paramillo, en el norte de Colombia, cuya población vive en gran parte de la agricultura y la pesca.
Pero tras su atractivo veraniego y su aparente tranquilidad, la municipalidad, con una población cercana a los 15.000 habitantes registró 62 homicidios. El miedo y la violencia reinan en San José de Uré bajo el control del “Clan del Golfo”, uno de los grupos armados más poderosos de Colombia.
Unos meses antes de ser asesinado, Moreno había empezado a investigar en esta pequeña municipalidad. Poco después de ensalzar las virtudes de las aguas paradisíacas de la cuenca de San José de Uré, se percató y comenzó a lamentar el saqueo, “masivo” e “ilegal” –en sus propias palabras– de materiales extraídos del Uré, río que da nombre a la población.
El periodista realizó varios viajes a las orillas del río, donde constató un “incesante” ir y venir de camiones cargados de arena extraída de la cuenca, como lo habían alertado numerosas fuentes sobre el terreno. “Hay cuatro o cinco excavadoras trabajando día y noche [para extraer recursos del río], es un desastre”, describió durante su última llamada con Forbidden Stories. “Están causando un daño irreparable a la cuenca, que es parte del patrimonio cultural y natural de nuestra región”.
Vídeos grabados desde distintas localizaciones de extracción muestran el daño que la actividad de las excavadoras ha causado al río, así como la transformación de éste en cantera de construcción. Difundidos en redes sociales por Moreno y otros compañeros, estos vídeos circulan a gran velocidad y la noticia da la vuelta a la región. [1]
Para el pequeño reducto de un centenar de familias que pueblan el corregimiento de Versalles, al sur de San José de Uré, el río es una importante fuente de ingresos y alimentación. “Casi todos somos pescadores y agricultores”, explica Félix Peñate Amor, uno de los líderes sociales de la localidad [en Colombia, este término se refiere a personas que desempeñan un rol activo en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia social], contactado recientemente por Forbidden Stories. “El nivel del río ha bajado tanto tras el paso de los camiones que ahora nuestros puertos están secos.”
Otro de los grandes problemas que la actividad extractiva conlleva es la contaminación del agua. A día de hoy, aún se constata la presencia de aceites de motor y lubricantes utilizados por los camiones en el río y sus alrededores. Por no hablar del efecto causado por la fuerza de las excavadoras, que han mezclado el agua del Uré, antaño cristalina, con los sedimentos del río. “Ya no podemos beberla, es casi barro”, se lamenta Félix.
Rafael Moreno se reafirmaba más y más en su hipótesis conforme su investigación avanzaba: esta mezcla de roca y arena, extraída ilegalmente del río de la quebrada de Uré, se utiliza en la construcción de carreteras alrededor del pueblo. Convencido de que algunas de las empresas responsables de la construcción de las carreteras están[2] desviando estos recursos fluviales para abaratar los costes de construcción, el periodista comenzó a buscar pruebas que confirmaran su intuición. En un mes, envió dos solicitudes de información (un procedimiento que permite acceder a información de interés público por parte de las entidades estatales).
El caso es extremadamente delicado. El 7 de octubre de 2022, el mismo día en el que se produce la llamada con Forbidden Stories, Moreno asume su papel de líder social y, junto con un compañero activista, presenta una querella penal ante la Fiscalía de Córdoba. Ambos denuncian la “explotación ilegal de yacimientos minerales y otros materiales” y piden una investigación urgente “para salvaguardar el medio ambiente, la hacienda pública, la salud y la seguridad vial de los habitantes del municipio de San José de Uré”.
Menos de diez días después, Rafael Moreno fue asesinado mientras cerraba el local comercial “Rafo Parrilla”, un restaurante de comida rápida que le permitía mantener a su mujer y a sus tres hijos.
Es imposible saber si esta investigación sobre la minería ilegal en San José de Uré le costó la vida. No obstante, un año después de su asesinato, todos aquellos que se han interesado por el caso del extractivismo en San José de Uré han terminado cesando en su empeño debido a las amenazas recibidas —que han provocado, en algunos casos, que estas personas tengan que abandonar la región e incluso el país.
Rafael Moreno no era el único interesado por esta cuestión. A su lado, más o menos en la sombra, un pequeño ejército de periodistas, líderes sociales y ecologistas le proporcionaban información o le acompañaban sobre el terreno.
“No hay tema más candente ni más peligroso que este”, afirma Walter Álvarez, periodista y amigo de Moreno, que también participó en la investigación sobre las extracciones. En agosto de 2023, su hijo mayor (de 22 años) fue asesinado en Salgar, Antioquia mientras visitaba a su madre. “No se me ocurre otro móvil que el de querer silenciarme”, expresa Álvarez, consternado. “Pero yo ya había dejado de investigar”, lamenta.
Un mes después, el 6 de septiembre de 2023, el periodista recibió un mensaje de Whatsapp de un número desconocido. “Pronto le harás compañía a Rafael Moreno. A ti y a tus escoltas los vamos a matar y los vamos a quemar”.
Yamir Pico, primo de Rafael Moreno, participó hombro a hombro con él en esta investigación desde el primer momento, difundiendo estas investigaciones conjuntas en su sitio de información: Caribe Noticias 24/7. Con la voz aún temblorosa, relata el suceso que, poco después, dio un vuelco a su vida: “Fue una noche de mayo de 2023. Mis guardaespaldas acababan de marcharse y yo estaba solo en mi apartamento”, recuerda. Instantes después, un fuerte estruendo interrumpió la calma de su hogar. “Dos sicarios [asesinos a sueldo] derribaron la puerta de mi casa y me apuntaron con sus revólveres: ‘no queremos otro periodista en el cementerio, pero la próxima vez que toques las historias de San José de Uré, estás muerto’”.
Los dos hombres se llevaron todo su equipo de trabajo —ordenador, notas—, así como dos memorias USB que Moreno le había entregado antes de ser asesinado. Dos días después, Pico huyó del país con su familia, sin avisar a nadie. Hoy vive en Estados Unidos.
“La gente cree que se trata de una pequeña historia. Pero lo que está realmente en juego es un enorme sistema de malversación de recursos y dinero público, implicando a muchos personajes políticos”, explica.
Los orígenes de este caso de extracción ilegal se remontan a 2021, cuando el alcalde de San José de Uré, Custodio Acosta Urzola, firmó una serie de contratos con varias empresas especializadas en obras públicas para la “construcción o mejora de carreteras” que conectarían la pequeña localidad con los aislados municipios vecinos. El valor total de los veinte contratos de construcción de carreteras firmados por el municipio de San José de Uré ascendió a 15 millones de euros (68.000 millones de pesos colombianos), según la información facilitada por el alcalde al consorcio.
sPocos meses después de la firma de los contratos, los residentes locales observaron las primeras actividades de extracción. Hoy, a las afueras de la zona rural de Versalles, los daños alrededor del río son notorios. Es precisamente aquí donde la empresa Consorcio Versalles tenía por misión realizar la mejora de una carretera de acceso “mediante la construcción de pavimento en concreto hidráulico”.
Para Rafael Moreno y aquellos quienes han compartido su interés por este asunto, esta “proximidad geográfica” no deja lugar a dudas. Todos ellos denunciaron, y aún denuncian, “un delito medioambiental” del que es responsable el Consorcio Versalles. Las imágenes que protagoniza la entidad y en las que se aprecia el saqueado río recorren la región, pero las autoridades permanecen impasibles. “Ciegas, sordas y mudas”, en palabras del propio Moreno en un vídeo donde se graba a sí mismo ante la cámara, menos de un mes antes de su muerte. No fue hasta un mes después del asesinato, a raíz de una de las denuncias que Moreno presentó pocos días antes de su muerte, que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), organismo regional encargado de la gestión ambiental, se hizo cargo del asunto e inició una investigación, enviando un equipo al lugar.
El informe de la investigación, obtenido por Cuestión Pública, confirma punto por punto las observaciones de Moreno, tanto sobre laextracción ilegal, como sobre los daños medioambientales y la responsabilidad del Consorcio Versalles. El 15 de noviembre de 2022, los miembros de la CVS constataron “vestigios que sugieren la realización de una actividad de extracción de material de arrastre en la zona [...] que parece haberse llevado a cabo sin las autorizaciones y permisos preceptivos, lo que resulta preocupante para el ecosistema y la población local”.
El veredicto final: “de acuerdo con la denuncia presentada, las extracciones habrían sido realizadas por el Consorcio Versalles” —el resultado de las mismas sería destinado a aprovisionar el proyecto de construcción de la carretera. El 21 de febrero de 2023, cuatro meses después de la muerte de Moreno, y a raíz de sus denuncias, la CVS ordenó la apertura de una investigación oficial sobre el rol de la municipalidad de San José y el Consorcio Versalles en este asunto.
La empresa Consorcio Versalles no ha respondido a las preguntas de Forbidden Stories.
Aunque se suponía que el proyecto debía llevarse a cabo en el plazo de un año desde la firma del contrato —es decir, en 2022— los vecinos del corregimiento de Versalles denuncian que la carretera sigue en obras. De hecho, “las obras empezaron un año después de la firma del contrato”, según el líder social Félix Peñate Amor.
El caso del Consorcio Versalles es tan solo uno de tantos. “En lugar de comprar materiales de construcción certificados, que cuestan una cierta cantidad, las empresas [contratadas por el municipio] llegan a un acuerdo con personajes políticos para extraer recursos naturales de forma gratuita y sin permiso. Luego, el dinero se reparte entre estas empresas, los alcaldes y el Clan del Golfo”, explica Yamir Pico. “Estamos hablando de una fortuna. Por eso están dispuestos a matar y por eso enviaron a dos sicarios a mi casa”, afirma.
Los recursos de la región de San José de Uré parecen ser objeto de codicia entre varios clanes políticos que se disputan el poder en Córdoba. Entre ellos se encuentra la poderosa familia Calle, propietaria de la ostentosa “finca Marcelo”, que bordea el río. Poco antes de su muerte, Moreno realizó una retransmisión en directo desde esta misma finca, acusando al Clan Calle de participar en actividades mineras en la zona. Uno de sus miembros, Gabriel Calle Aguas —exjefe de campaña del presidente Gustavo Petro y actual candidato a la Gobernación de Córdoba en las elecciones regionales de octubre de 2023— anunció el 2 de octubre de este año su intención de convertir a San José de Uré en una zona de producción industrial importante en la región.
El pasado mes de abril, el consorcio preguntó a Gabriel Calle Demoya sobre este tema. Él negó toda responsabilidad personal en la extracción de arena y señaló a las empresas que realizaban las obras. En una conversación con Forbidden Stories, el patriarca de la familia, Gabriel Calle Demoya (padre de Gabriel Calle Aguas), sugirió que las investigaciones debían dirigirse más bien a los congresistas de la región.
Aunque el interés de los Calle por la región parece incuestionable, la investigación llevada a cabo por el consorcio para continuar el trabajo de Rafael Moreno arroja también otras pistas. Las fuentes que se han pronunciado al respecto —de manera anónima por temor a represalias— apuntan a figuras políticas claramente identificadas: el firmante de los contratos y actual alcalde de San José de Uré, Custodio Acosta Urzola; contra el cual Moreno interpuso una acción de tutela por falta de respuesta a su derecho de petición (sobre las extracciones susodichas) y su primo, Luis José González, ex alcalde de la localidad y nuevamente candidato en las próximas elecciones municipales, con una propiedad en la zona de extracción en cuestión.
Este último no ha querido responder a nuestras preguntas. En cuanto a Custodio Acosta Urzola, en un extenso correo enviado a Forbidden Stories afirma que las actividades mineras son supervisadas por el Ministerio de Minas y Energía, y que “el municipio [de San José de Uré], a través de la Secretaría de Planeación, ha puesto en marcha medidas para acabar con este tipo de explotación ilegal”. También confirmó una de las pistas obtenidas por el consorcio. Estuvo en Rafo Parilla, el restaurante de comida rápida de Moreno, un día antes de su asesinato. Según Acosta Urzola, la conversación “fue agradable”, ya que Moreno y él eran amigos desde 2019. “Ese día me contó su plan de retomar sus estudios (...). Le compré carne y le dejé un regalo para su hija”.
Otro nombre mencionado por varias fuentes cercanas a Rafael Moreno es el de Erasmo Zuleta, figura política de gran influencia en la región y actual candidato a la Gobernación de Córdoba frente a Gabriel Calle Aguas.
Erasmo Zuleta fue representante de la Cámara en el período constitucional de 2018 a 2022 por el departamento de Córdoba. El político es miembro de los Bechara, una de las familias más poderosas de la región Fue también coordinador del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) para el departamento de Córdoba, que tenía por misión ejecutar proyectos estratégicos en diferentes regiones del país. “Erasmo Zuleta era diputado cuando se firmaron los contratos en San José de Uré. Es en este nivel donde se toman las decisiones sobre a dónde va el dinero y qué municipios se tratan con prioridad” sostiene una fuente cercana al caso.
Poco más de un mes antes de su muerte, el 12 de septiembre de 2022, Rafael Moreno habló con Erasmo Zuleta —a quien el periodista tildaba de “amigo” en sus redes sociales. “Compartimos ideas, me enteró de muchas de sus gestiones para el San Jorge (la zona en la que se ubica San José de Uré) [...] se comprometió a seguir trabajando por nuestra subregión tan olvidada”, puede leerse en un post publicado por el periodista ese mismo día, acompañado por una selfie de ambos.
¿Hablaron del caso de las extracciones ilegales, tratándose de un asunto en el que Moreno estaba especialmente implicado en aquel momento? El político, que sostiene tener pocos vínculos con la región, lo niega rotundamente.
Todavía hay muchas zonas grises en torno a esta última investigación de Rafael Moreno, y cada nueva pista plantea más preguntas que respuestas.
Un año después, la justicia se demora y la impunidad sigue ganando terreno en este caso. “Las cosas van cada vez peor y realmente me pregunto dónde está la justicia [...] Me gustaría al menos que, tras su muerte, su trabajo y sus investigaciones siguieran teniendo impacto aquí”, confiesa su sobrino Bula. Para él, las próximas elecciones serán “la hora de la verdad”.
Seis meses después del asesinato del periodista colombiano Rafael Moreno, treinta periodistas coordinados por Forbidden Stories han reanudado sus investigaciones sobre la corrupción masiva en la provincia de Córdoba, revelando un sistema de favoritismo en la adjudicación de contratos públicos. Una práctica que podría implicar varios millones de euros.
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