Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
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Sus amigos se lo advirtieron. Le dijeron que no aceptara la oferta, que pagaría un alto precio, que aquello le pasaría factura. Pero contra todas las advertencias, el joven abogado Edward Miguel Briceño Cisneros decidió dar un paso al frente y aceptar la encomienda: ponerse al servicio de la autodenominada Revolución Bolivariana y juzgar en su nombre actos de terrorismo que, para el chavismo, tienen una definición más amplia que la tradicional, hasta abarcar cualquier disidencia o actividad opositora.
Hoy se desempeña como Juez Especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con Jurisdicción sobre Terrorismo, parte del circuito postizo de tribunales de terrorismo que cobró protagonismo tras la ola represiva emprendida por el régimen de Nicolás Maduro para acallar las protestas, luego del zarpazo electoral del 28 de julio.
Sin rostro público aunque no llevara capucha, desconocido entre muchos profesionales del foro, una reciente historia de Armando.info que caracterizaba a otros cuatro colegas suyos en la jurisdicción antiterrorista, tuvo que conformarse con decir, tras una reportería infructuosa, que Briceño “ha sabido hacerse de un bajo perfil a prueba de escrutinio”.
Pero ese bajo perfil no respondía a una precaución estratégica de su parte. Solo era consecuencia natural de una carrera gris dentro del sistema judicial venezolano. Ahora se sabe que viene de la nada.
Briceño, por lo demás, se ocupó de atraer todas las miradas y borrar la incógnita sobre su figura el pasado 2 de septiembre. Entonces firmó con un garabato denso e ininteligible, superpuesto al renglón donde su nombre se aclaraba en letras de molde, la orden de captura contra el candidato opositor y, según todas las evidencias disponibles, ganador de las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia. Así atendía por la vía express a la solicitud de orden de captura hecha por el fiscal Luis Ernesto Dueñez, que a la postre desembocaría en el exilio de González en España.
Esa firma llevó a que Briceño enfrentara casi enseguida una factura de alto precio, tal vez solo la primera de las que sus amigos le vaticinaron que tendría que pagar: el 12 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en una nueva lista de venezolanos sancionados por la llamada Ley Global Magnitsky. De acuerdo al boletín emitido ese día por OFAC desde Washington, Briceño y las otras 15 personas cuyos nombres fueron incorporados a la lista de Specially Designated Nationals (en español, ciudadanos extranjeros con designación especial) eran “funcionarios clave involucrados en las afirmaciones fraudulentas e ilegítimas de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones”.
Por la letra inicial de su apellido, el de Briceño fue el primer nombre de la lista.
Recién desatado el escándalo que provocó en las redes sociales la orden de captura contra Edmundo González Urrutia, empezaron a filtrarse fotografías del juez Edward Briceño en viñetas personales: acompañado con una mujer, montado en un Ferrari antiguo, vistiendo ropas deportivas y, siempre, con una sonrisa de oreja a oreja.
El desenfado que muestra Briceño en esas fotos -que, por cierto, dejaron de conseguirse en fuentes abiertas de Internet- luce como un indicio de que nunca se planteó adoptar la majestad que se le asigna al rol de juez. Y, menos todavía, de hacerlo al servicio del oficialismo: un par de fuentes confirman que su familia ha sido siempre afín a la oposición.
Edward Briceño es el segundo de tres hermanos, todos nacidos y criados en la urbanización Simón Rodríguez, un barrio de clase media-baja de Caracas. Es hijo de Miguel Briceño, comerciante, y Edi de Briceño, oficinista, sobre quienes todas las fuentes coinciden en describir como una pareja de personas decentes y trabajadoras. Un testimonio de esas fuentes le endilga a Briceño padre -que alguna vez trabajó en el expendio de licores- el coraje suficiente para desafiar verbalmente a la mayoría chavista del vecindario donde viven.
El hermano mayor de Edward Briceño vive desde hace más de cinco años en Florida, Estados Unidos, mientras que el menor emigró a Chile. El país sureño también atrajo en su oportunidad al propio Edward Briceño, quien probó suerte allá junto a su esposa y una hija, entonces, de dos años. A sus amigos les decía que trabajaba como abogado en Chile, pero no hay ni un solo indicio testimonial o documental de que realmente haya sido así.
Su regreso a Venezuela sugeriría que no tuvo mayor éxito en esa aventura en el exterior. Sin embargo, Briceño comentó a sus allegados que solo regresó para tomar la oferta que había recibido de encargarse de un tribunal.
Quizás se miraba en el espejo del fulgurante ascenso de Joel Monjes en la escala judicial. Actual Juez de Control de Responsabilidad para Adolescentes en Materia de Terrorismo, Monjes había sido amigo cercano de Briceño en los inicios de su carrera como defensor público. Hoy, además de Monjes y Briceño Cisneros, completan el circuito de tribunales antiterrorismo Carlos Liendo (Tribunal Segundo), Ángel Betancourt (Tribunal Tercero) y Franklin Mejías (Tribunal Cuarto).
En la Gaceta Oficial no hay constancia del nombramiento de Briceño, lo que ya de por sí resulta irregular. Tampoco de que su tribunal se sometiera a concurso.
Sin oficializarla, en Internet se consiguen un par de indicios sobre tal designación. El primero, su ficha vigente del Instituto Venezolano de los Seguros Social (IVSS), donde se asegura que el abogado de 38 años de edad es “juez activo” desde el 28 de abril del 2023 y tiene como patrono a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), ente que nombra y regula estos cargos.
El segundo es una foto colgada en Instagram por el Circuito Penal Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 26 de abril de 2023. En ella se distingue a Briceño Cisneros entre un grupo de diez nuevos jueces en un acto de juramentación presidido por Katherine Haringhton, cabeza del circuito y sancionada por la Unión Europea, que trabaja abiertamente plegada a los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Los nombres de los recién designados funcionarios públicos no fueron mencionados en el post de esta red social.
Pero el nombramiento de Briceño Cisneros como juez no solo luce inorgánico y circunstancial en la forma, sino también en el fondo. Aunque sea abogado, carece de la carrera o los méritos que pudieran justificar esa investidura.
En lo académico, sus credenciales son magras. Obtuvo en 2008 su título en Derecho en la privada Universidad Santa María de Caracas, según el propio Briceño señala en su perfil de LinkedIn. Completó su especialización en Derecho Penal en esa misma casa de estudios en 2011 y, siempre según lo que refiere en la red social, hizo una pasantía como asistente legal en el escritorio jurídico Hoet, Peláez, Castillo y Duque.
Recuerda el abogado José Amalio Graterol que conoció a Briceño cuando este era muy joven y daba sus primeros pasos como asistente de Laura Blank Ortega, una defensora pública del circuito del Área Metropolitana de Caracas. “Era un muchacho servicial y simpático, que, si le pedías un favor, te lo hacía. Desde eso lo conozco”, afirma. Graterol explica las funciones de un asistente judicial, como lo era entonces Briceño, de la siguiente manera: “Se dedica a archivar las cosas del Defensor Público y en el Libro Diario del Defensor Público, pero no es necesariamente abogado ni tiene que tener conocimiento jurídico. [Briceño] ni siquiera era un analista en ese momento, sino un asistente más de la sala de los defensores públicos”.
Pero, una vez graduado como especialista en Derecho Penal, Briceño Cisneros encaminó su carrera por esos rumbos. Tras un breve paso por el Ministerio Público como fiscal auxiliar adscrito a la Dirección de Delitos Comunes de Caracas y en la Fiscalía 61, designado en octubre de 2011, apenas un mes más tarde de esto fue nombrado como Defensor Público Provisorio Septuagésimo Cuarto (74to) con Competencia en Materia Penal en la jurisdicción de Caracas.
Thelma Fernández, abogada que comenzó su carrera como defensora pública, mantiene en su memoria la imagen de un, para entonces, bisoño y “muy simpático” Edward Briceño. Nada hacía prever que se disponía a hacer en el futuro las veces de verdugo judicial por encargo. “Pero así era”, insiste Fernández, “se desempeñaba como asistente de una defensora pública, un niño que no rompía un plato”.
¿Mostraba entonces alguna inclinación política y, más en concreto, una filiación por el chavismo? De manera resuelta, Fernández dice que no, “nada de política”, afirma.
Se quedó estancado durante 12 años en la defensoría pública penal, según revela en su propia hoja de vida disponible hasta hace poco, al menos, en LinkedIn. Aparte de su jovialidad, en él no despuntaba ningún rasgo profesional que lo distinguiera. Un motivo que llevó a muchos a sorprenderse cuando supieron de su consagración como juez. “Cuando salió lo de Edmundo [en referencia a la orden de captura contra González Urrutia] todo el mundo se quedó loco, no podían creer que fuera él, el mismo Edward”, dice una abogada que lo conoció. Una reacción similar tuvo Graterol: “Me dije: ‘este nombre me suena’. Me fui a mi Facebook a revisar y digo, ‘bueno, ¡es este muchachito!’. Todo eso sin ningún tipo de carrera, sin concurso. Nombrado a dedo, yo creo, pero no estoy seguro, porque el hombre me borró de Facebook”.
Esos nombramientos de jueces, a dedo y sin concurso, son parte de la reconfiguración que el chavismo inició desde muy temprano para tomar control del Poder Judicial. Por cuenta de ese cambio, los jueces en Venezuela pasaron a ser provisorios, sin estabilidad alguna y con puestos a merced de la voluntad expresada desde el presidencial Palacio de Miraflores. Un hito del proceso de cooptación, que también sirvió como advertencia, lo marcó la detención en 2009 de la jueza María Lourdes Afiuni, a raíz de una petición u orden que Hugo Chávez formuló por televisión.
En ese escenario otro abogado señala a Briceño Cisneros como un paradigma de la camada de jueces resultante. “No solo él, sino todos los jueces con competencia en terrorismo, no hacen más que cumplir las órdenes que les da el Poder Ejecutivo”, asevera. En esta oleada sin precedentes de arrestos ordenados por el régimen de Nicolás Maduro por razones políticas -el Foro Penal Venezolano contabiliza 1.876 a la fecha- al circuito de tribunales de terrorismo, entre los que destaca aquel Briceño Cisneros que no rompía un plato, le tocará doble ración de instrucciones.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.
Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.
Es conocida ya la entronización de la empresa Railteco en las labores de mantenimiento de teleféricos y trenes en Venezuela, así como su espasmódica eficiencia. Pero poco o nada se sabe que detrás de su fulgurante ascenso está una maquinaria conformada por tres funcionarios del Ejército: Víctor Cruz, presidente de Ventel, Graciliano Ruiz, presidente del Metro de Caracas, y Pablo Peña Chaparro, gerente general de la novel compañía que firma y cobra más de lo que ejecuta
Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.
Desde hace una década, Julio César Sequera Rojas ha sido favorecido con negocios millonarios que le otorgaron altos oficiales de la Fuerza Armada, incluyendo recomendaciones del ministro Vladimir Padrino y del mayor general Alejandro José Guevara Hernández. A empresas relacionadas con este último han ido a parar algunos pagos tras contrataciones con errores formales y omisiones inexplicables, como la desaparición de dos helicópteros.
A Jorge Silva la suerte le sonríe desde hace más de una década, cuando el sargento de la GNB y funcionario del Seniat empezó su consagración como magnate de la agroindustria. Aún así, 2024 le está resultando especialmente dichoso: pidió la mano a una exMiss Venezuela, se casó con ella y espera su primer hijo. También siguió con el engorde de sus negocios, que ahora pastan en campos petroleros. Pero nada de esto habría sido posible sin conexiones privilegiadas, que incluyen a Diosdado Cabello y a la pareja del exministro Pedro Morejón.
De la abnegación e idealismo que se les supone a los defensores públicos ya quedaba poco; pero, después del 28 de julio, eso se extinguió. Entonces pasaron a ser parte de un tubo judicial al servicio del régimen de Nicolás Maduro. A fin de castigar a quienes protestaron el fraude electoral, no han tenido pudor alguno en llevar con desgano cómplice la representación, impuesta, de sus presuntos defendidos. También coaccionan para grabar videos de denuncia contra la oposición, no informan de sus acciones, cuando las hay, y hasta se inhiben de apelar las decisiones de los tribunales chavistas.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.