Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Sus amigos se lo advirtieron. Le dijeron que no aceptara la oferta, que pagaría un alto precio, que aquello le pasaría factura. Pero contra todas las advertencias, el joven abogado Edward Miguel Briceño Cisneros decidió dar un paso al frente y aceptar la encomienda: ponerse al servicio de la autodenominada Revolución Bolivariana y juzgar en su nombre actos de terrorismo que, para el chavismo, tienen una definición más amplia que la tradicional, hasta abarcar cualquier disidencia o actividad opositora.
Hoy se desempeña como Juez Especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con Jurisdicción sobre Terrorismo, parte del circuito postizo de tribunales de terrorismo que cobró protagonismo tras la ola represiva emprendida por el régimen de Nicolás Maduro para acallar las protestas, luego del zarpazo electoral del 28 de julio.
Sin rostro público aunque no llevara capucha, desconocido entre muchos profesionales del foro, una reciente historia de Armando.info que caracterizaba a otros cuatro colegas suyos en la jurisdicción antiterrorista, tuvo que conformarse con decir, tras una reportería infructuosa, que Briceño “ha sabido hacerse de un bajo perfil a prueba de escrutinio”.
Pero ese bajo perfil no respondía a una precaución estratégica de su parte. Solo era consecuencia natural de una carrera gris dentro del sistema judicial venezolano. Ahora se sabe que viene de la nada.
Briceño, por lo demás, se ocupó de atraer todas las miradas y borrar la incógnita sobre su figura el pasado 2 de septiembre. Entonces firmó con un garabato denso e ininteligible, superpuesto al renglón donde su nombre se aclaraba en letras de molde, la orden de captura contra el candidato opositor y, según todas las evidencias disponibles, ganador de las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia. Así atendía por la vía express a la solicitud de orden de captura hecha por el fiscal Luis Ernesto Dueñez, que a la postre desembocaría en el exilio de González en España.
Esa firma llevó a que Briceño enfrentara casi enseguida una factura de alto precio, tal vez solo la primera de las que sus amigos le vaticinaron que tendría que pagar: el 12 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en una nueva lista de venezolanos sancionados por la llamada Ley Global Magnitsky. De acuerdo al boletín emitido ese día por OFAC desde Washington, Briceño y las otras 15 personas cuyos nombres fueron incorporados a la lista de Specially Designated Nationals (en español, ciudadanos extranjeros con designación especial) eran “funcionarios clave involucrados en las afirmaciones fraudulentas e ilegítimas de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones”.
Por la letra inicial de su apellido, el de Briceño fue el primer nombre de la lista.
Recién desatado el escándalo que provocó en las redes sociales la orden de captura contra Edmundo González Urrutia, empezaron a filtrarse fotografías del juez Edward Briceño en viñetas personales: acompañado con una mujer, montado en un Ferrari antiguo, vistiendo ropas deportivas y, siempre, con una sonrisa de oreja a oreja.
El desenfado que muestra Briceño en esas fotos -que, por cierto, dejaron de conseguirse en fuentes abiertas de Internet- luce como un indicio de que nunca se planteó adoptar la majestad que se le asigna al rol de juez. Y, menos todavía, de hacerlo al servicio del oficialismo: un par de fuentes confirman que su familia ha sido siempre afín a la oposición.
Edward Briceño es el segundo de tres hermanos, todos nacidos y criados en la urbanización Simón Rodríguez, un barrio de clase media-baja de Caracas. Es hijo de Miguel Briceño, comerciante, y Edi de Briceño, oficinista, sobre quienes todas las fuentes coinciden en describir como una pareja de personas decentes y trabajadoras. Un testimonio de esas fuentes le endilga a Briceño padre -que alguna vez trabajó en el expendio de licores- el coraje suficiente para desafiar verbalmente a la mayoría chavista del vecindario donde viven.
El hermano mayor de Edward Briceño vive desde hace más de cinco años en Florida, Estados Unidos, mientras que el menor emigró a Chile. El país sureño también atrajo en su oportunidad al propio Edward Briceño, quien probó suerte allá junto a su esposa y una hija, entonces, de dos años. A sus amigos les decía que trabajaba como abogado en Chile, pero no hay ni un solo indicio testimonial o documental de que realmente haya sido así.
Su regreso a Venezuela sugeriría que no tuvo mayor éxito en esa aventura en el exterior. Sin embargo, Briceño comentó a sus allegados que solo regresó para tomar la oferta que había recibido de encargarse de un tribunal.
Quizás se miraba en el espejo del fulgurante ascenso de Joel Monjes en la escala judicial. Actual Juez de Control de Responsabilidad para Adolescentes en Materia de Terrorismo, Monjes había sido amigo cercano de Briceño en los inicios de su carrera como defensor público. Hoy, además de Monjes y Briceño Cisneros, completan el circuito de tribunales antiterrorismo Carlos Liendo (Tribunal Segundo), Ángel Betancourt (Tribunal Tercero) y Franklin Mejías (Tribunal Cuarto).
En la Gaceta Oficial no hay constancia del nombramiento de Briceño, lo que ya de por sí resulta irregular. Tampoco de que su tribunal se sometiera a concurso.
Sin oficializarla, en Internet se consiguen un par de indicios sobre tal designación. El primero, su ficha vigente del Instituto Venezolano de los Seguros Social (IVSS), donde se asegura que el abogado de 38 años de edad es “juez activo” desde el 28 de abril del 2023 y tiene como patrono a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), ente que nombra y regula estos cargos.
El segundo es una foto colgada en Instagram por el Circuito Penal Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 26 de abril de 2023. En ella se distingue a Briceño Cisneros entre un grupo de diez nuevos jueces en un acto de juramentación presidido por Katherine Haringhton, cabeza del circuito y sancionada por la Unión Europea, que trabaja abiertamente plegada a los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Los nombres de los recién designados funcionarios públicos no fueron mencionados en el post de esta red social.
Pero el nombramiento de Briceño Cisneros como juez no solo luce inorgánico y circunstancial en la forma, sino también en el fondo. Aunque sea abogado, carece de la carrera o los méritos que pudieran justificar esa investidura.
En lo académico, sus credenciales son magras. Obtuvo en 2008 su título en Derecho en la privada Universidad Santa María de Caracas, según el propio Briceño señala en su perfil de LinkedIn. Completó su especialización en Derecho Penal en esa misma casa de estudios en 2011 y, siempre según lo que refiere en la red social, hizo una pasantía como asistente legal en el escritorio jurídico Hoet, Peláez, Castillo y Duque.
Recuerda el abogado José Amalio Graterol que conoció a Briceño cuando este era muy joven y daba sus primeros pasos como asistente de Laura Blank Ortega, una defensora pública del circuito del Área Metropolitana de Caracas. “Era un muchacho servicial y simpático, que, si le pedías un favor, te lo hacía. Desde eso lo conozco”, afirma. Graterol explica las funciones de un asistente judicial, como lo era entonces Briceño, de la siguiente manera: “Se dedica a archivar las cosas del Defensor Público y en el Libro Diario del Defensor Público, pero no es necesariamente abogado ni tiene que tener conocimiento jurídico. [Briceño] ni siquiera era un analista en ese momento, sino un asistente más de la sala de los defensores públicos”.
Pero, una vez graduado como especialista en Derecho Penal, Briceño Cisneros encaminó su carrera por esos rumbos. Tras un breve paso por el Ministerio Público como fiscal auxiliar adscrito a la Dirección de Delitos Comunes de Caracas y en la Fiscalía 61, designado en octubre de 2011, apenas un mes más tarde de esto fue nombrado como Defensor Público Provisorio Septuagésimo Cuarto (74to) con Competencia en Materia Penal en la jurisdicción de Caracas.
Thelma Fernández, abogada que comenzó su carrera como defensora pública, mantiene en su memoria la imagen de un, para entonces, bisoño y “muy simpático” Edward Briceño. Nada hacía prever que se disponía a hacer en el futuro las veces de verdugo judicial por encargo. “Pero así era”, insiste Fernández, “se desempeñaba como asistente de una defensora pública, un niño que no rompía un plato”.
¿Mostraba entonces alguna inclinación política y, más en concreto, una filiación por el chavismo? De manera resuelta, Fernández dice que no, “nada de política”, afirma.
Se quedó estancado durante 12 años en la defensoría pública penal, según revela en su propia hoja de vida disponible hasta hace poco, al menos, en LinkedIn. Aparte de su jovialidad, en él no despuntaba ningún rasgo profesional que lo distinguiera. Un motivo que llevó a muchos a sorprenderse cuando supieron de su consagración como juez. “Cuando salió lo de Edmundo [en referencia a la orden de captura contra González Urrutia] todo el mundo se quedó loco, no podían creer que fuera él, el mismo Edward”, dice una abogada que lo conoció. Una reacción similar tuvo Graterol: “Me dije: ‘este nombre me suena’. Me fui a mi Facebook a revisar y digo, ‘bueno, ¡es este muchachito!’. Todo eso sin ningún tipo de carrera, sin concurso. Nombrado a dedo, yo creo, pero no estoy seguro, porque el hombre me borró de Facebook”.
Esos nombramientos de jueces, a dedo y sin concurso, son parte de la reconfiguración que el chavismo inició desde muy temprano para tomar control del Poder Judicial. Por cuenta de ese cambio, los jueces en Venezuela pasaron a ser provisorios, sin estabilidad alguna y con puestos a merced de la voluntad expresada desde el presidencial Palacio de Miraflores. Un hito del proceso de cooptación, que también sirvió como advertencia, lo marcó la detención en 2009 de la jueza María Lourdes Afiuni, a raíz de una petición u orden que Hugo Chávez formuló por televisión.
En ese escenario otro abogado señala a Briceño Cisneros como un paradigma de la camada de jueces resultante. “No solo él, sino todos los jueces con competencia en terrorismo, no hacen más que cumplir las órdenes que les da el Poder Ejecutivo”, asevera. En esta oleada sin precedentes de arrestos ordenados por el régimen de Nicolás Maduro por razones políticas -el Foro Penal Venezolano contabiliza 1.876 a la fecha- al circuito de tribunales de terrorismo, entre los que destaca aquel Briceño Cisneros que no rompía un plato, le tocará doble ración de instrucciones.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.
Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.