En la Cuba socialista los desechos se reciclan pero no como práctica ecológica sino como recurso de sobrevivencia. En uno de los mayores vertederos de la capital se ve a los llamados ‘buzos’ escarbar en los basurales para alimentar los circuitos del mercado negro, donde autoridades y traficantes tienen una tajada, hasta que los productos –mayonesa o carne, granos o gaseosas– llegan a las despensas domésticas. Con este trabajo, Armando.info empieza a publicar reportajes de profundidad hechos en la mayor de las Antillas.
La Habana.- Ya Cristino Rojas no recorre la calle Buena Suerte pregonando la mayonesa Delicia o los refrescos Toki. Eran productos que conseguía de su humilde y riesgoso empleo como recolector en un basural de La Habana. Una enfermedad letal se lo llevó en menos de seis meses. Mientras que en el resto del mundo los grandes mercados desechan toneladas de alimentos próximos a su vencimiento, en la Cuba de Fidel Castro el Estado y el mercado negro solo simulan hacerlo.
La desconfianza por comprar comestibles o artículos de aseo personal aumenta en La Habana. De tiendas y almacenes escapan productos al por mayor, muchas veces vencidos o próximos a vencer, incluso copias clandestinas o adulteraciones de aquellos de mayor consumo como el café, el ron y una inmedible gama de utilidades. Cada vez son menos los renglones que cumplen el ciclo reglamentario en estantes de tiendas o ferias capitalinas. Y apenas son vertidos en los estercoleros, son reciclados por los llamados buzos o escarbadores de basura.
Todos están renuentes a hablar del bote. Así le llaman a la descarga de cada camión con productos desechados de empresas estatales que llega al aterradero, el basural a cielo abierto de Calle 100 y Ocho Vías, creado en 1976 en el sur de La Habana. Es un área de unos 200 metros cuadrados que colinda con los municipios de la periferia capitalina Arroyo Naranjo, Cotorro y San Miguel del Padrón, considerados entre los más pobres y contaminados de la capital.
Un visitante regular del basural, en condición de anonimato –nada de fotos ni de grabación–, dice que esperan un cargamento de carne de la empresa cubano-española Tauros. En combinación con los custodios del vertedero, primero se procederá a hacer el ademán de quemar el producto y luego enterrarlo en fosas previamente abiertas, un ritual bajo la presencia de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Pero el fuego será apagado inmediatamente se retiren las autoridades, y si las fosas se cubren de tierra una excavadora ya estará lista para desenterrar. Luego la carne se volverá a cargar en transportes privados. Se llevará a la redistribución en los circuitos clandestinos ya establecidos del mercado informal.
Allí se expande la primera oferta de basura recirculada en la población, en repartos o barrios más cercanos, como Ojo de Agua, Parcelación Moderna y San Francisco de Paula. Y claro, dependiendo de lo que aparezca como oferta, entonces puede “comercializarse” en cualquier parte de la capital. Los precios de barata son más atractivos para una población con bajos recursos.
En la última semana de diciembre de 2015, un lote de frijoles retornó a las calles de La Habana, específicamente al poblado de La Lira, al sur de la capital. Nunca se incineró la mercancía en el vertedero de Calle 100 y Ocho Vías.
“Muchos recolectores se hicieron de paquetes de frijoles colorados, negros y blancos, así como de garbanzos, nada llegó a incinerarse ni a enterrarse”, argumentó Alexis Monterrey, uno de los transportistas que vierte desechos en Calle 100 y Ocho Vías.
“El bote
ocurre cada semana, más de una vez, y con cualquier tipo de mercancía, desde
partes y piezas de equipos electrónicos hasta productos de higiene. Aquí todo el
mundo entra en el juego. Cada cual recibe su dinero: el camionero, nosotros los
cargadores y los custodios del basural”, asegura el testigo anónimo.
El
aterradero está dispuesto para que se viertan e incineren restos de todo tipo,
sin clasificación. Los desechos provienen de empresas, hospitales y del sector
residencial. Atraídos por esta forma de buscarse la vida, un sinnúmero de buzos
o recolectores de desechos pululan y a veces hasta habitan dentro del predio en
chabolas improvisadas. Alguna vez han sido desalojados por la policía, pero
retornan.
La pobreza y la ambición crean nuevos pactos de corrupción. Entremezclan los lindes de la mayoritaria propiedad estatal y del mercado negro, confundiéndolos. Incluyen basura y desechos industriales, que conforman verdaderos atascos.
La basura ya es parte del entorno de la ciudad. Los crecientes amontonamientos en las esquinas son abordados con alarma tanto por la prensa oficial como por la independiente. La acumulación ocurre hasta por regulación local. Los habitantes de La Prosperidad, en el municipio capitalino San Miguel del Padrón, tienen que acumular por más de 20 días los desechos de su consumo.
El diario oficial Granma, el 1 de enero de 2016, se permitió publicar en la sección Cartas a la Dirección la denuncia de un ciudadano sobre un nuevo vertedero espontáneo. Desde hace un año se acumula basura en la Avenida 255, ente 44 y 46, Punta Brava, municipio La Lisa, en la capital.
Sin embargo, un ciudadano sexagenario del barrio residencial San José, en el municipio Mayabeque, Armando Fernández, pone en práctica lo mismo, pero por conveniencia. Como comercia en el reciclaje, repleta todas las habitaciones de su residencia con desechos recolectados.
Pero la realidad del circuito del desecho es todavía mucho más compleja. A veces los productos caducos ni siquiera arriban a los basurales.
Sobre las cinco de la tarde del pasado 23 de diciembre, tres empleados de Comunales (empresa estatal encargada de la recogida de basura) en el hospital capitalino Pando Ferrer, abrieron las cajas y bolsas de nailon que desecha esta institución para reciclar pomos e instrumentales médicos. Esto lo corrobora un video tomado por la periodista cubana Laura Paz, colaboradora del Instituto de Reporteros en la Guerra y la Paz (IWPR).
Otro de los casos reportados fue la venta de pomos de mayonesa y refrescos sintéticos con etiquetas de fecha caduca, en el reparto La Prosperidad, en el municipio San Miguel del Padrón, en marzo 2012.
Con posterioridad, se hicieron otras dos revelaciones de esta inacabable ruta del detritus: “Cacharreros”, del periodista y escritor Frank Correa, en el portal digital Cubaprensalibre.com, en abril de 2014; o la nota de la periodista Miriam Herrera Calvo, “Granizado en vasos contaminados sacados de la basura”, en Cubanet.org, en enero de 2015.
Los dimes y diretes de este turbio comercio rozan lo institucional, pero ahí se quedan. Lo revela la carta abierta del Gerente General de la Sucursal Habana Oeste de tiendas CIMEX (el holding comercial, al detal y al mayor, del Estado cubano), como respuesta al artículo “¿Tienda Coyula o Tienda con coyunda?”, un artículo de denuncia publicado en el portal digital gubernamental Cubadebate. En este caso se reconoce que en el establecimiento comercial se estuvo vendiendo pintura vencida, sin siquiera ser rebajada de precio. Y todo ello pese a ya estar establecida como norma regulatoria oficial el retiro de los anaqueles de todo producto caduco.
El reciclaje subrepticio emerge en el magro consumo diario, del mismo modo que aumentan las causas de muerte, epidemias y contaminaciones.
El primer fallecimiento conocido entre los habitantes-mercaderes del basural de la Calle 100 y Ocho Vías fue en 2001. Entonces Cristino Rojas, un hombre de solo 36 años, enfermó y murió de manera fulminante, recuerdan sus familiares. Según consta en su certificado de defunción, fue por leucosis centropénica aguda (leucemia).
La siguiente muerte repentina ocurrió en el propio basural de calle 100, en 2014. Fredy González, de 40 años, residía en el botadero. Temiendo el esparcimiento de una infección muy agresiva, las autoridades de Salud Pública lo amortajaron allí mismo, según comentaron a este equipo de reporteros trabajadores del vertedero.
Bajo anonimato, dos galenos del Instituto de Oncología declararon que la leucosis centropénica aguda es una enfermedad cancerígena adquirida y que no existe en la isla un tratamiento efectivo para combatirla.
“La constante exposición al plomo, el estaño y productos radiactivos es un potencial activo para esta patología”, aseguró uno de ellos.
Un acuerdo firmado en 2007 entre el Ministerio de la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en la Dirección de Servicios Comunales de la Ciudad de La Habana con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional y la Consultora Internacional del Pacífico Nippon Kohei Co. preveía un plan a desarrollar para el manejo racional de la basura. Era un proyecto para nueve años y contaba con un presupuesto de 96,7 millones de dólares y 138, 4 millones de pesos.
El principal objetivo de este plan era el de la clasificación de la basura desde su propia base de vertimiento en los barrios suburbanos, con posibilidad de extensión al resto de la ciudad. Otro propósito era el de sanear los actuales botaderos, donde por más de 40 años se mezcla la basura orgánica e inorgánica en un nocivo coctel. La meta era transformarlos en depósitos controlados. Las emisiones nocivas y contaminación terrena serían reducidas a un mínimo sostenible. Se transformarían en sitios de reciclamiento sano, productores de compost y biogás.
Concluida la fecha tope en 2015, los propósitos a lograr quedaron muy lejos de su meta. Por el contrario, los basurales dentro de la ciudad y el comercio clandestino con sus contenidos aumentaron significativamente, y con ellos el peligro para la población.
Sobre el mismo tema abundó en una entrevista facilitada Luís Martínez, un especialista en medio ambiente de vasta experiencia y ex profesor de la Universidad de La Habana. Éste aseguró que la basura es indispensable clasificarla. Hay suelos contaminados con mercurio debido a los desechos de ese metal en los desperdicios. Pueden llegar a contaminar aguas de corrientes subterráneas con elementos cancerígenos.
“La mezcla continua y desorganizada de los vertederos provocaba que metales pesados y otros productos nocivos a la salud queden asentados en el terreno”, señaló.
Otro médico oncólogo consultado que pidió el anonimato comentó: “Hay factores de riesgo que se vinculan con enfermedades neoplásicas. Están en un medio con factores de riesgo los que trabajan con plomo, asbesto, berilio y otras sustancias tóxicas. Las posibilidades en los individuos que se relacionan permanentemente en un entorno tan contaminado como la basura mezclada son muy favorables para incubar neoplasias como la leucemia viral e infecciones fatales”.
También aseguró que el cáncer es la primera causa de muerte en el país. Las estadísticas nacionales lo aseveran. Son extremas comparadas con otras naciones del área: uno de cada cinco fallecidos es víctima del cáncer.
El experto señaló la posibilidad de que los números nacionales, que han sufrido un aumento de muerte por cáncer del 3% desde 2000 al 2014, según consta en el Anuario Estadístico de Salud Pública, sean aún mayores.
“Es la distorsión que sufren las estadísticas debido a que la causa de muerte que muchas veces se refleja en los certificados de defunción oculta el principal motivo del deceso”, aseguró.
Es típico que en sitios donde se acumula basura mezclada por años se produzcan emanaciones como metano, tricloroetileno y benceno. Todas provocan enfermedades de diversos tipos, algunas mortales. El experto consultado advirtió que este tipo de contaminación no sólo se estaba produciendo en la basura de los vertederos.
“Hay plantas industriales en Cuba que son capaces de concentrar los metales en su proporción hasta 15 veces”, concluyó.
“Además los oxidantes que están utilizando los campesinos para acelerar la maduración de los frutos de la tierra y hacer más rápida su venta, como el carburo de calcio y otros alcoholes artesanales, contienen metales pesados productores absolutos de cáncer, que son directamente consumidos por la población en todo el país, sin control sanitario alguno”, comentó el especialista Martínez.
La desenfadada contaminación de terrenos señalada por el ex profesor Luís Martínez es confirmada por un estudio publicado en la Revista Cubana de Salud y Trabajo (2012/ 13(1)/3-9), del Instituto de Ciencias, Tecnologías y Medio Ambiente: “Evaluación de la incorporación de metales pesados al agro-ecosistema. Rol de las prácticas productivas ejecutadas por los trabajadores agrícolas”.
En este extenso estudio se asevera que “…durante varios años en la zona objeto de estudio ha estado expuesta a los efectos de la emisión de aerosoles asociados a incendios espontáneos producto de la combustión de los gases originados de la fermentación de la materia orgánica de residuos sólidos urbanos, malos olores, presencia de roedores e insectos y la probada contaminación de las aguas del río Almendares que circulan en el área, dando como resultado alteraciones en los parámetros físico-químicos y microbiológicos de las aguas del río”.
El comercio y la corrupción generalizada llevan el creciente atasco y disposición final de la basura a un reciclaje de nuevas rutas. Son pactos comerciales de organización espontánea y funcionan clandestinamente dentro del mismo aparato del Estado, incluyendo el robo directo a sus arcas. Con el monopolio estatal casi absoluto de la importación y distribución oficial nacional, resulta demasiado tentador con la pobreza reinante. Se vuelve imposible que sujetos de la administración estatal que lo integran estén ajenos a ese comercio ilícito y no incurran en delitos que, a la par que la desidia burocrática, no afecten la salud pública.
Un extenso reportaje del periódico oficial Granma del 11 de diciembre de 2014, “El rastro de la basura”, de Arlin Alberty Loforte, que incluye entrevistas a tres funcionarios relacionados con la higiene pública, no menciona el estado del plan de restructuración de los vertederos habaneros. Fueron inútiles los intentos de comunicar telefónicamente con ellos y pedirles su opinión sobre este tema. Los teléfonos suministrados por Información de la Empresa Estatal telefónica (ETECSA) no correspondían con los de los funcionarios José Luis Toledo Álvarez, vicepresidente del Consejo de la Administración Pro¬vincial, Adalberto Freyre Giraudy, director de Co¬mu¬nales en el municipio de Centro Habana y Abel Camejo Peñalbert, vicepresidente primero del Consejo de Administración de La Habana.
Después de trece años de la muerte de Cristino y a sólo dos de la de Fredy, otros buzos se sumergen en un negocio de pocos pero que involucra a muchos. La basura y los oscuros atajos del reciclaje, aportan a la despensa de los cubanos.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
