A las 6:04 de la tarde del miércoles 24 de junio, Nancy Rengifo estaba en su casa viendo el partido de la Copa Mundial de Fútbol FIFA entre Brasil y Escocia, que se transmitía por televisión desde Miami y recién comenzaba. A partir de ese instante, una seguidilla de dos terremotos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5, apenas separados entre sí por 39 segundos, sacudieron a Venezuela. 

Al cabo de casi dos minutos de espanto, el movimiento de la tierra dejó estrujada la estructura que rodeaba el apartamento de Rengifo. Ella, junto con su hija y su yerno, quedaron prisioneros de un amasijo metálico, bajo la placa del techo y de los otros tres pisos del edificio, en apariencia intactos. 

Rengifo vivía en la planta baja de una de las 196 torres del urbanismo Hugo Chávez de Playa Grande -también identificado en algunos documentos como Ciudad Chávez-, en el oeste del estado La Guaira, antes Vargas. Se trata de una obra emblemática de la Gran Misión Vivienda, uno de los más importantes programas sociales del chavismo, que el régimen nunca dudó en usar como bandera propagandística. El complejo quedó inaugurado en octubre de 2013, cuando se entregaron las viviendas de su primera etapa, y recibió entonces el nombre del comandante revolucionario -su principal promotor-, fallecido apenas siete meses antes.

Allí los sismos causaron el hundimiento de las construcciones, en lugar de derrumbarlas como enormes milhojas de escombros, que fue lo más común tanto en el resto del Litoral Central como en Caracas. En cuestión de segundos, casi por acto de magia, muchos de los pequeños edificios, de color celeste y cuatro niveles, quedaron reducidos a tres pisos, pues sus plantas bajas se hundieron, aplastaron y desaparecieron. O como dice Nancy Rengifo: “Parece que la tierra se las tragó”. 

Durante un recorrido por el sitio se llega a ver algunos edificios en los que el achatamiento eliminó dos pisos, de cuatro. Los voceros de la comunidad hablan de más de 3.000 familias afectadas. Alrededor de ocho de cada diez edificios, o más de 150 de ellos -aplastados, hundidos o inclinados-, registran daños. Pero, de acuerdo a los vecinos con los que Armando.info conversó, hasta aquellos inmuebles que lucen bien por fuera quedaron destrozados en su interior, sin techos ni paredes. 

Justo al momento del recorrido, funcionarios del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, policía auxiliar del Ministerio Público) retiraban dos cadáveres del lugar.

Nancy Rengifo, de 76 años de edad, es una sobreviviente. A ella y a sus dos parientes, atrapados entre el metal y otros materiales de construcción que las fuerzas telúricas retorcieron, los rescataron otros familiares que por una ventana consiguieron entrar y abrir un espacio en el amasijo. Recuerda que, cuando se vió tapiada, pensó: “¿Cómo salimos si estamos enrejados?”. 

La imagen que en ese momento de angustia acudió a su mente fue certera. Su edificio, como todos los del complejo reservados para viviendas, es un inmueble prefabricado, consistente de una estructura de metal forrada con fibra de vidrio -un aislante térmico que a simple vista parece gomaespuma-, madera contrachapada, paredes de drywall -o sea, yeso y papel-, y recubierta por una fachada de listones plásticos. El diseño y el sistema constructivo, probablemente concebidos para abaratar los costos y agilizar el levantamiento de viviendas, no dejaban vías de escape y, para el caso de los terremotos en la costa caribeña al norte de Caracas, dieron lugar a unas jaulas mortales para los habitantes tanto de las plantas bajas como de los primeros pisos de la urbanización, vecina al aeropuerto de Maiquetía. 

Nancy Rengifo corrió con la suerte suficiente para salvar la vida. Pero muchos vecinos tuvieron suertes distintas. Según relata la propia Rengifo, ahora damnificada, varios de ellos quedaron enterrados en la trampa metálica de las plantas bajas y murieron en el lugar. Otros, también aprisionados, llegaron a ser rescatados, pero fallecieron luego en centros hospitalarios.  

La misma noche del doblete sísmico, tres edificios del urbanismo se incendiaron por la explosión de una bombona de gas industrial que estaba frente a uno de ellos; los planes para el lugar alguna vez previeron la dotación del servicio directo de gas, algo que nunca se materializó. Hoy siguen en pie los esqueletos metálicos, desnudos y chamuscados por el fuego. En medio del paisaje post apocalíptico, se encuentran pistas de por qué las estructuras funcionaron como unas trituradoras de las que fue muy difícil escapar. Las paredes tenían amarres en forma de rombos y unas cruces, también metálicas, que solo dejaban libres unos espacios triangulares muy estrechos para huir durante una emergencia como la del reciente Día de San Juan, el 24 de junio.

Ratonera por etapas

Hasta ahora no se cuenta con cifras oficiales sobre el número de fallecidos específicamente en el urbanismo Hugo Chávez. De cualquier manera, las imágenes de las estructuras prefabricadas, con sus característicos perfiles, como de casitas de cuatro pisos, pero aplastadas y hechas trizas entre materiales dispersos -que incluían la aparente gomaespuma-, llamaron enseguida la atención de enviados de prensa extranjeros. Uno de ellos se animó a preguntar a la Presidente Encargada, Delcy Rodríguez, en una rueda de prensa inusualmente abierta según los estándares de los últimos años en la Venezuela chavista,  sobre la calidad de las viviendas del Complejo Hugo Chávez. La sucesora de Nicolás Maduro, respaldada desde Washington por la administración de Donald Trump, se las arregló para esquivar el cuestionamiento con una generalidad: “El 80% de los edificios que colapsaron son de desarrollos privados. Yo no voy a culpar en este momento ni a los desarrollos sociales [construidos por la ‘Misión Vivienda’), ni a los privados, porque la verdad es que hubo un doble terremoto”.

Pero, si bien es cierto que la destrucción resultante de los terremotos gemelos fue extensa en el Litoral Central, el caso del urbanismo Hugo Chávez tiene sus particularidades.

La primera de esas singularidades surge en las redes sociales y en las conversaciones de los lugareños, donde a menudo también se refieren a la urbanización como “Suma”. El apelativo en realidad alude a la empresa que hizo la construcción, el Grupo Summa de Turquía. 

El 8 de agosto de 2012, “jueves de vivienda”, unos meses antes de las elecciones presidenciales de octubre en las que derrotaría al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, y  apenas cuatro meses antes de que se le viera por última vez, Hugo Chávez hizo una visita de inspección in situ a las obras. Al inicio de la transmisión televisada de su supervisión propagandística, el comandante dijo que con ese proyecto creaba “vida, condiciones para la vida”. Saludó además “a los hermanos y compañeros de la empresa turca”, a la que, sin embargo, titubeó en mencionar. Así que enseguida volteó a preguntar a Rafel Ramírez Carreño, para la época Vicepresidente Ejecutivo de la República y Presidente de la estatal petrolera Pdvsa -financista del desarrollo urbanístico-, buscando su ratificación: “¿Suma?”. 

En esa inspección, Chávez calificó el desarrollo como una “maravilla” que contaba con “una tecnología muy apropiada para esta zona frente al mar”, sin saber que, 14 años más tarde, las fuerzas de la naturaleza dejarían muy en entredicho tanto el tipo de construcción como los materiales utilizados. 

A Summa se le otorgó el contrato en el marco del Convenio Venezuela-Turquía de 2011. Entonces Ricardo Molina, para el momento Ministro de Vivienda y actual miembro de la Dirección Nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anunció una inversión de 101 millones de dólares para construir, en una primera etapa, cerca de 1.500 viviendas sobre un terreno de 17 hectáreas en el sector de Playa Grande, en la llamada Meseta de Machado, entre Maiquetía y Catia La Mar. 

De hecho, la Memoria y Cuenta del Ministerio de Vivienda describía en 2011 un proyecto “bajo el sistema constructivo de Marcos Ligeros de Acero Galvanizado” que permitiría completarlo en tan solo diez meses gracias a “la aplicación de una tecnología que no ha tenido mucha difusión en nuestro país y que apunta a la renovación y actualización de la industria de la construcción”. 

Pero en la ya mencionada transmisión de TV de agosto de 2012, Hugo Chávez y el vicepresidente Ramírez enmendaron las cifras: se trataba de un proyecto para levantar 2.368 viviendas a un costo de 113 millones de dólares, sobre un área de 37 hectáreas. “Y ahora es que hay terreno”, se ufanaba el ex Teniente Coronel y líder revolucionario. 

A la postre, se construirían 3.136 unidades habitacionales en tres etapas, de las que la última se completó en 2015, según se documentó en posteriores entregas de la Memoria y Cuenta del despacho de la vivienda. 

Contratados porque sí

En intercambio por correo electrónico con Armando.info, el analista político y actual profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés) en Miami, Imdat Oner, asegura que cuando “Hugo Chávez visitó Libia y vio los proyectos de Summa en ese país, le gustó lo que vio y decidió trabajar con ellos”. Oner lo supo y lo recuerda porque estuvo destacado como diplomático en la Embajada de Turquía en Caracas. Por eso ve normal que el Agregado Comercial de la embajada, Ali Attila, estuviera en diversos actos y gestiones de Summa, como parte de la promoción de los negocios de empresas turcas en Venezuela, a la que estaba obligado por su cargo. Pero también subraya que a Summa no se le conoce como una empresa del entorno del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, firme aliado del chavismo.

El empresario turco Mete Bora fundó Summa en 1989. Al fallecer el patriarca en 2017, el grupo empresarial quedó en manos de sus hijos Selim, Fatih y Sinan, quienes ya laboraban para la empresa. Hoy, desde su sede principal en Estambul, aunque nacido en Ankara, el Grupo Summa es un conglomerado con presencia en 13 países de cuatro continentes -la mayoría en Europa Oriental y África- y dos frentes corporativos resaltantes: la Sociedad Anónima de Turismo Summa (en turco, Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş.) y la Sociedad Anónima de Construcción, Industria y Comercio Summa (Summa Zemin Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş, registrada en varios países como Summa Construction).

A la larga Fatih Bora quedaría al frente de una empresa constructora desprendida del holding, FB Group, y Selim, el hermano mayor, pasó a ser la cara reconocible de Summa. Selim Bora, de 57 años de edad, fue quien plantó la bandera de Summa en Venezuela, única nación sudamericana donde la compañía tiene actividades, y su involucramiento con los negocios en el país llegaría a ser tal que en 2017 fue designado como presidente del Consejo de Negocios Turquía-Venezuela, donde tuvo como contraparte al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) entre 2018 y 2025, Calixto Ortega Sánchez, actual representante del gobierno interino de Delcy Rodríguez ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bora también es miembro del Consejo de Negocios Turquía-Estados Unidos, e incorporó en el país norteamericano la empresa Summa Construction USA en 2014.

En el website corporativo, Selim Bora ofrece con cierta candidez un relato sobre las conexiones que le llevaron a obtener la asignación para construir el urbanismo de Playa Grande. De acuerdo a su propio testimonio, Bora llegó a Caracas el 10 de diciembre de 2010, espoleado por un viejo amigo de su padre, Faruk Sade, quien poco antes le había avisado desde la ciudad de Ankara que “un amigo de toda confianza tiene muy buenos contactos en Venezuela para futuras oportunidades de negocios”. Apenas un par de días más tarde tuvo un encuentro en la Casa Amarilla de Caracas, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con Nicolás Maduro, entonces Canciller de Venezuela. “Tras media hora de reunión con el ministro Maduro, tuve la sensación de que habíamos superado la entrevista con éxito”, rememora en su relato. El 16 de diciembre, continúa, Bora logró reunirse con Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores y, tras esa cita, el propio presidente “llevó a nuestra delegación a Vargas, un barrio cercano al Aeropuerto Internacional de Caracas, donde quería que construyéramos viviendas sociales”. Bora revela además que Chávez ya tenía referencias de la empresa “por nuestra actividad en Rusia y Libia” y que se “había informado sobre nosotros a través de sus canales en esos países antes de nuestra reunión”. Un impulso del caudillo venezolano, en lugar de una presunta recomendación de Erdoğan, bastó para darle inicio a la aventura comercial de Summa en Venezuela y a la construcción del inmenso desarrollo habitacional de interés social.

En cualquier caso, Selim Bora y Summa llegarían a conseguir el reconocimiento del gobierno turco. Estuvieron entre los distinguidos con los Premios al Logro en Servicios de Contratación en el Extranjero, que se entregaron en un acto al que asistió el presidente Erdoğan.

Ciertamente, la cronología de la expansión internacional de los negocios de Summa es impresionante. En mayo de 2022, la revista británica The Economist destacaba en sus páginas a Selim Bora como un ejemplo del éxito de los emprendedores turcos en África. Summa manejaba minas de oro en Níger y desde 2015 proyectos en Eswatini, nación antes conocida como Suazilandia, a la que Selim Bora empezó a servir como Cónsul Honorario en Ankara, la capital turca. Pero en medio de tantas conquistas, un revés ensombreció la campaña triunfal de Bora: según reportes de 2025, en Senegal, en cuya capital había levantado el nuevo Estadio Nacional de 50.000 asientos, Summa perdió el favor del gobierno tras la caída del presidente Macky Sall, depuesto en 2024 tras 12 años en el poder; en consecuencia, Bora mudó su atención a Nigeria, donde capturó el contrato para levantar el nuevo Aeropuerto Internacional Lekki-Epe, al este de Lagos, la capital. 

En 2018, en su rol de presidente del Consejo Empresarial Turquía-Venezuela, y en el marco de una visita del presidente Nicolás Maduro a Estambul, Selim Bora destacó que el mercado venezolano era uno de los más importantes que Summa atendía, donde “desde diciembre del año 2010 estamos muy activos”, en clara referencia a aquellas primeras reuniones que desembocaron en la posterior firma del contrato para la edificación del urbanismo en Playa Grande. 

También en 2018, pero en diciembre, Bora se reunió con el entonces gobernador oficialista del estado Zulia, Omar Prieto, como cabeza de una delegación de empresarios turcos en busca de negocios en esa región del país. En 2020, en plena pandemia de la Covid-19, el entonces Canciller, Jorge Arreaza, suscribió en Caracas con su homólogo turco varios acuerdos, entre ellos, un “acta de compromiso” para la construcción de un hospital por parte de Summa. La edificación iba a tener capacidad para 288 camas, pero nunca se erigió.  

Resulta llamativo que, en el recuento que de sus obras hace en el propio sitio web, Summa no menciona ningún otro proyecto masivo de viviendas de interés social que no sea el de Venezuela. Destaca, en cambio, proyectos de infraestructura como estadios de fútbol en Senegal y Ruanda, aeropuertos en Guinea-Bissau, Sierra Leona y Moldavia, y hasta hoteles de lujo en Libia y Benín. Para lo que terminaría siendo el Urbanismo Hugo Chávez, la empresa se abocó a enviar materiales y estructuras prefabricadas por barco desde Turquía, un trayecto de 40 días, y puso en el sitio personal especializado turco.

Pese a sus negocios en Venezuela, en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) no hay rastro de la compañía turca, pero sí hay documentos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) relacionados con litigios laborales, en los que se alude a Summa Inversión Turística S.A como responsable del proyecto en Playa Grande, aunque sin especificar el número de registro fiscal, ni una dirección de oficina en el país. 

Armando.info contactó por correo electrónico a Summa, solicitando una entrevista con un vocero oficial o una versión corporativa sobre su trayectoria en Venezuela. En su respuesta, la agencia de comunicaciones de la compañía manifestó que “Summa no puede responder a peticiones de entrevistas en este momento”. 

Pisando la inestabilidad

El Urbanismo Hugo Chávez nació bajo el signo de la premura. Las inundaciones y derrumbes por las intensas lluvias del año 2010, que dejaron miles de damnificados -muchos de ellos en Caracas y el mismo Litoral Central-, urgieron al gobierno a ofrecer una solución. Durante la firma del convenio con Summa en agosto de 2011, el ministro Ricardo Molina impuso como meta la construcción del complejo en tan solo diez meses, “un reto tecnológico (...) nosotros estamos empeñados en que los proyectos tengan fecha de inicio y fecha de cierre ciertas”.  Un año después, durante su inspección a las obras en agosto de 2012, el presidente Chávez se entusiasmó con los avances que había encontrado: “El que tenga ojos, que vea; el que tenga oídos, que oiga (...) Vean cómo en revolución las cosas cambian rápido”.

A la prisa se sumaron las características del terreno. El desarrollo urbanístico se levantó sobre una explanada elevada, propiedad del Estado, bajo control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que, según denunció Chávez, “los adecos y copeyanos dejaron lleno de chatarra”, en realidad, contenedores, vehículos y equipos en estado de abandono. Lo cierto es que la construcción allí fue una auténtica temeridad desde las perspectivas de la geología y del urbanismo, y lo que el doblete sísmico del 24 de junio dejó podría volver a llamarse chatarra. 

A partir del llamado Deslave de Vargas de 1999, el Estado venezolano creó dos normativas con lineamientos específicos para la construcción en esta región costera. El primero, en el año 2005, denominado Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Área de Protección y Recuperación Ambiental del Estado Vargas y el segundo, llamado Plan de Ordenación Urbanística del Estado Vargas (POU). 

El estado La Guaira descansa sobre un eje sísmico de envergadura, en el que predominan los suelos sedimentarios, propensos a la licuefacción durante eventos sísmicos, y esto era de conocimiento de las autoridades. El POU, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, ya advertía que “el área del Sistema Urbanístico del estado Vargas” se ubica “en una provincia sismo-tectónica activa, correspondiente a la zona de contacto y desplazamiento de la placa de Sudamérica con la del Caribe, formando parte de una de las zonas de mayor actividad sísmica del país”. 

Con eso en cuenta, el mismo documento clasificó el sector de Playa Grande como una zona para Nuevos Desarrollos Residenciales Especiales -tipo 2 (NDRE-2), categoría cuyo rótulo puede aún verse en los mapas incluidos en el POU que corresponden a los terrenos donde tiempo después se erigieron los edificios del Urbanismo Hugo Chávez. 

Las regulaciones contemplaban para el lugar un posible uso residencial “con una densidad bruta máxima de ciento cincuenta habitantes por hectárea (150 hab/ha) sobre área desarrollable, así como actividades de comercio local у equipamiento urbano. Estas áreas deben ser sometidas a estudios geotécnicos de detalle para especificar con exactitud los sectores con mejores posibilidades de ser urbanizados” (cabe destacar que la densidad que al final estableció el complejo habitacional fue mucho mayor, de 450 habitantes por hectáreas, aproximadamente, calculada a partir de la información que Summa da sobre el desarrollo y del número de edificios y unidades habitacionales que realmente se construyeron). Y agregaba: “La ejecución de nuevos desarrollos urbanos planificados deberá seguir en forma estricta las disposiciones y requerimientos de la Norma COVENIN 1756-2001 sobre Edificaciones Sismorresistentes y/o sus actualizaciones”.

El par de terremotos del miércoles 24 de junio dejaron en pie algunas edificaciones, en las que se aprecia que siguen levantadas sobre una losa de concreto. Sin embargo, bajo las hundidas o con niveles aplastados no se puede verificar si también la tenían.

Para que opinara al respecto, al ingeniero civil Julio Gutiérrez, presidente de la seccional del del estado Lara del Colegio de Ingenieros, se le mostraron algunas fotografías que Armando.info tomó en el sitio. Gutiérrez presume que allí “fallaron las fundaciones [de los edificios] y se inclinaron y se hundieron”. 

Las construcciones inclinadas lucen para el ingeniero como un indicio de que “no fueron piloteadas (...) Los pilotes son los que llegan hasta el manto rocoso o a un manto más firme y [permiten] entonces manejar y evitar el efecto de licuación. Presumimos que se fueron para abajo por este efecto”, detalló, agregando que cuando las fundaciones son apenas superficiales o semisuperficiales, “hacen que la estructura de la edificación empiece a hundirse y a inclinarse hacia un lado” durante un  movimiento sísmico, sobre todo en suelos con muchos sedimentos como los del Litoral Central. 

En una entrevista con el canal VPI TV el pasado 1 de julio, Carlos Genatios, Doctor en Ingeniería, quien tras el deslave de 1999 fue designado como Autoridad Única de Vargas y que en el desempeño del cargo desarrolló el plan de reconstrucción para la entidad, refrendó la hipótesis del incumplimiento de normas de construcción. Al referirse al Urbanismo Hugo Chávez, asomó que, por lo que ha podido ver, “fue hecho con materiales inadecuados y lo más probable es que no haya respondido a ninguna norma sísmica como las que existen en Venezuela”. 

Damnificados de nuevo

Por la historia del proyecto urbanístico, su génesis y posterior desarrollo, entre los vecinos del Urbanismo Hugo Chávez abundan los damnificados por partida doble. Nancy Rengifo es una entre muchos. Con el doblete sísmico del 24 de junio se hizo de esa aciaga distinción: venía de quedar damnificada en 1999 por el deslave de Vargas. Vivía en Mare Abajo y la reubicaron lejos, en el estado Zulia; la estadía debía ser temporal pero se prolongó por diez años. Volvió por su cuenta al terruño costero. En diciembre de 2013 recibió el apartamento. Ahora la catástrofe sísmica de hace diez días la vuelve a dejar en la calle. 

“Yo viví el terremoto del 67 y aquello no fue ni la cuarta parte de esto. Horrible. No pude salvar nada, pero salvé la vida”. Cabizbaja, adolorida por el techo que le cayó en la espalda y le afectó la cintura, quedó convencida de que los sismos del Día de San Juan literalmente dejaron al descubierto las fragilidades de su edificio y del resto del complejo habitacional. Apela a una imagen: “Como que montaron tres pisos sobre cuatro hisopos”.   

Williams Pico, vocero de la comunidad de la torre 13 y quien también perdió su apartamento, coincide en el uso de símiles tajantes: “El terreno de aquí es un problema, hay que decirlo, pero además esto es una lata forrada con madera, fibra de vidrio y plástico”. Pico insistió en que los edificios nunca recibieron el mantenimiento debido, a pesar que por un buen tiempo Summa mantuvo una oficina en Playa Grande. “Dijeron que iban a venir todos los años y no lo hicieron. Hace más de un año se quemó una torre y no hicieron nada, no vinieron”, dijo en un tono que mezclaba la frustración con la rabia.  

Las quejas no representan una reacción retrospectiva ante la tragedia actual. En realidad, datan de hace mucho tiempo. Ya en 2017, la revista Clímax reseñaba los reportes de los lugareños sobre filtraciones y daños estructurales en los edificios. Una de las declarantes en ese reportaje ubicó, sin saberlo, un presagio del desastre venidero en otro Día de San Juan. “Cuando llegamos a vivir aquí estábamos muy emocionados (...) El sitio es bellísimo y muy tranquilo. [Pero] nos dimos cuenta de que algo raro pasaba el 24 de junio de 2014. Ese día llovió durante horas y afuera corría un río de agua. Cuando escampó, salimos a ver y toda esa agua ya no estaba, se había percolado por el suelo”. 

A seis días del doble terremoto, buena parte de los afectados habían decidido irse a la casa de algún familiar. Otros permanecían en los colegios del urbanismo, activados como refugios temporales, o en el estadio César Nieves de Catia La Mar, a diez minutos del lugar. También había quienes prefirieron quedarse a custodiar sus apartamentos y las escasas pertenencias rescatables.

Esta precaución no resulta excesiva, aunque lo parezca. Lo que le ocurrió a Carmen Sofía López, vecina del urbanismo, es muestra de ello. Tras el terremoto pudo salir de su vivienda y bajó corriendo por la avenida principal de Playa Grande hacia el mercado de Catia La Mar. Cuando regresó, varias horas más tarde, le habían saqueado el apartamento. “Me robaron la mitad de los corotos, la otra parte la guardé”, dijo López a Armando.info. La amarga experiencia, sin embargo, no la persuadió de abandonar el lugar. Escoge por ahora quedarse a cielo descubierto antes que irse a un refugio: “Eso es horrible, ya uno lo vivió (...) Es mentira que eso es temporal, se olvidan de uno”. En efecto, López quedó damnificada en 2009 tras unas lluvias intensas que derribaron su casa en Antímano, en el oeste de Caracas. Estuvo seis años en un refugio y finalmente recibió un apartamento en el complejo de Summa.

Williams Pico espera que el gobierno llegue a tener la capacidad y la voluntad para costear a los afectados la compra de una nueva vivienda. “Aquí hay bastante dinero, robaron mucho, pero todavía hay dinero y va a llegar más”, señaló Pico, otro damnificado por segunda vez. Antes de vivir en el complejo, residía en Alta Vista, en Catia, oeste de Caracas. Las lluvias torrenciales de 2010 lo desalojaron de allí. “Lo que sufrimos en el refugio ya no lo queremos vivir de nuevo”, avisa. Pero, contrariando tal disposición, el pasado viernes 3 de julio las autoridades notificaron a Pico y al resto de sus vecinos que se disponían a llevarlos a un refugio en Los Caracas, balneario del este del estado La Guaira, y a otros lugares de acogida improvisados en escuelas de la región.

“La revolución bonita nos hizo esto otra vez”, ironiza Pico.

La reciente investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española, que resultó en la imputación del ex Presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el presunto líder estratégico de una “estructura organizada y estable (…) orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”, encontró que esta trama, tejida entre al menos 60 personas que le sirvieron de nodos, mantenía numerosas conexiones con la Venezuela de Nicolás Maduro. 

Ese vínculo era poco menos que natural. El ahora conocido como caso Zapatero tuvo su origen en 2020 con el otorgamiento -inducido con el fórceps de recomendaciones poderosas, como ahora se empieza a saber- de un rescate de 53 millones de euros por parte del Estado español a la entonces atribulada aerolínea Plus Ultra, propiedad de accionistas venezolanos cercanos a la actual Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez. La red de tráfico de influencias se extendió más allá del trance de la línea aérea, como una mancha de tinta en el charco propicio de la corrupción chavista. Terminó involucrando desde altos jerarcas del régimen de Caracas hasta un coro de personajes secundarios o de bajo perfil, así como un conglomerado en la sombra de 31 empresas, muchas de ellas instrumentales, que expedían contratos y facturas de consultoría ficticias para encubrir el pago de comisiones. 

En las más de 800 páginas de actuaciones judiciales de las que, por ahora, consta el expediente de la causa en la Audiencia Nacional española, legajo al que Armando.info tuvo acceso, se menciona al abogado venezolano Oscar Cunto André, aunque en pocas ocasiones, eso sí.

De momento, la figuración pública principal de Cunto orbitaba, por una parte, en torno a su rol como Abogado Senior en las oficinas en Venezuela del bufete Dentons, que se abrieron tras la asociación, primero, de este despacho con la firma de abogados Norton Rose Fulbright en 2019 y, luego, con la absorción del escritorio jurídico Vallenilla, Escalante & Asociados en 2021, del que Cunto André formaba parte. A partir de esas compras y fusiones locales, a menudo circularon historias de cómo el despacho Dentons Europe, junto con su sucursal caraqueña, asesoraba al régimen venezolano en materia petrolera. Por ello, pasó a ser conocido en círculos políticos y periodísticos como el bufete de Maduro. Esta asesoría llegaba al corazón mismo de Pdvsa, participando en el diseño y negociación de contratos con empresas petroleras como la española Repsol, por ejemplo.

Todavía hoy, con el dictador prisionero en Nueva York, Dentons es el buró al que el régimen bicéfalo de los hermanos Rodríguez Gómez, Delcy y Jorge, confía la asesoría legal para los contratos petroleros y mineros que por estos días se reparten en Caracas, como recientemente informó la agencia Bloomberg. 

Si las referencias a Cunto André en los documentos españoles son esporádicas, su colega, Carlos Alberto Parra Delgado, sí aparece con abundantes menciones en el expediente del caso Zapatero. Parra Delgado continuó siendo uno de los dueños de Vallenilla, Escalante & Asociados Soluciones Integrales Internacionales, la oficina en España del bufete venezolano que Dentons absorbió en Caracas y en el que Cunto trabajó por años.

Por otra parte, la notoriedad que Cunto antes pudo tener se concentraba en algo quizás más anecdótico pero no menos revelador: se desempeña como Segundo Vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) que preside Jorge Giménez Ochoa, un empresario tan cercano a Delcy Rodríguez que fue uno de los pocos pasajeros del jet ejecutivo protagonista del oscuro episodio en el madrileño aeropuerto de Barajas conocido desde 2020 como el Delcygate, y participa en negocios de gran envergadura con el Estado, como el petrolero o el de la distribución de alimentos subsidiados. En su perfil de LinkedIn, Cunto destaca su cargo como miembro del Comité Legal de FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación, órgano rector de este deporte con sede en Suiza).

¿Dime con quién andas y te diré quién eres? En el caso del abogado venezolano, el refrán castellano resulta acertado. Pues, rondando a algunas de las figuras clave de la trama de tráfico de influencias, como ha estado, no sorprende que una mirada más detenida revele que la conexión de Oscar Cunto André con ellas es menos tangencial de lo que a primera vista el expediente sugiere.

Una firma, varios flancos

El escritorio venezolano Vallenilla, Escalante & Asociados abrió una oficina en Madrid en 2019. Ese mismo año, uno de sus abogados, el Oscar Cunto André de la presente historia, completó sendos diplomados en Derecho Tributario y Derecho de Hidrocarburos, a la vez que oficializaba en los registros de la capital española su carácter de apoderado de la empresa Apamate Corporate and Trust, cuyo administrador único era su colega Parra Delgado.  La figuración de ambos en el expediente del actual caso Zapatero en buena parte tiene que ver con Apamate.

De acuerdo a las investigaciones policiales en España, la entidad sirvió como uno de los vehículos financieros de la trama. Por ejemplo, en los documentos se lee un dato que las pesquisas habrían obtenido de “fuentes abiertas”: que por Apamate transitaron 300.000 euros del esquema irregular para pagar la comisión a un empresario cercano al entonces ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos.

A través de Apamate Corporate, además, casi llegaron a movilizarse otros 120.000 euros provenientes de una empresa llamada Softgestor, una compañía bajo control de Parra Delgado y que, según la investigación, era una de las que fabricaba contratos fraudulentos, con sus respectivas facturas, para darle cobertura a los pagos de comisiones disfrazadas como honorarios por servicios de consultoría.

La firma de Cunto como representante legal de Apamate Corporate and Trust pudiera verse como una participación apenas circunstancial o auxiliar en la red. Pero su figuración es más importante que esa.

En el expediente, las autoridades españolas consiguen identificar la firma Grupo Multiobras MM 77 como una de las empresas que la Softgestor de Parra Delgado “contrató”. Grupo Multiobras MM 77 ordenó una transferencia por casi 75.000 euros desde una cuenta bancaria en Estados Unidos para Softgestor, sin razón conocida. 

Si bien los documentos españoles no van más allá, Armando.info pudo establecer, con el apoyo del Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), que la compañía Grupo Multiobras MM 77 fue registrada en 2019 en el estado de Delaware, que en la práctica funciona como una suerte de jurisdicción offshore en Estados Unidos, como una empresa de staffing services o servicios de reclutamiento de personal por el abogado Oscar Cunto André, su único accionista. 

En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) de Venezuela se encuentra inscrita una empresa con ese mismo nombre, constituida en Caracas en 2015, de la que Cunto André aparece como propietario desde 2019. Pero, a diferencia de su homónima en Delaware, la MM 77 venezolana declara como propósito la prestación de todo tipo de servicios de construcción, impermeabilización, mampostería y carpintería. Hasta el ejercicio fiscal de 2018, llegó a tener medio centenar de contratos de servicios con el Estado venezolano, algunos con la petrolera Pdvsa y con una filial de esta, Ducolsa, dedicada a la construcción de viviendas.

Dueño del balón 

En la misma locación madrileña, Calle Mar de Kara 17, que tanto las sociedades Apamate y Softgestor, como la sucursal española de Vallenilla, Escalante & Asociados, apuntan como dirección fiscal, en 2024 quedó registrada otra firma, FVF Operaciones Globales. Las siglas del nombre corresponden a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), y de hecho es el presidente federativo, Jorge Giménez, quien con Carlos Parra Delgado y Oscar Cunto André completan el accionariado de la empresa.

La investigación española sobre el caso Zapatero detectó que FVF Operaciones Globales realizó un pago por poco más de 46.000 euros a Softgestor, la empresa de Parra Delgado que prestaba supuestos servicios a nombre de los beneficiarios de la trama irregular.

Cunto se vincula a la federación de balompié con credenciales académicas, no solo de negocios. Obtuvo un Diplomado en Derecho del Fútbol emitido por la propia FIFA en 2025 y previamente, en 2023, completó el Programa Ejecutivo de Arbitraje Deportivo (Sport Arbitration Executive Program), también avalado por FIFA. Tales certificaciones lo validan como arquitecto de la estructura legal de la FVF de Giménez Ochoa, en la que a la vez ostenta los cargos de Segundo Vicepresidente y de Asesor Jurídico. 

En su perfil profesional en Dentons, Cunto se atribuye la autoría del primer Código de Ética de la FVF. Además lleva las riendas del diseño del “nuevo procedimiento de contrataciones basado en estándares internacionales de transparencia e integridad”. No en balde, Oscar Cunto se encarga de negociar, preparar y dar cumplimiento a los contratos de alto valor de la federación, incluyendo los acuerdos con el cuerpo técnico de las distintas selecciones de fútbol, el personal administrativo, los contratos de derechos de transmisión y patrocinadores, y los convenios con organizaciones e instituciones deportivas internacionales.

El eslabón florido

Otro venezolano que la investigación española menciona y que termina conectándose con Apamate Corporate and Trust y Softgestor es Francisco Enrique Flores Suárez, ya difunto, quien hacía las veces de coreógrafo en la danza de transferencias bancarias por la que circulaban los fondos destinados a pagos de comisiones.  

Flores Suárez, fallecido en febrero de este año, fue un empresario que de 2007 a 2012 experimentó un crecimiento exponencial de su riqueza. La bonanza siguió a la consagración de varias de sus empresas como contratistas exclusivas de Pdvsa y sus filiales, como la antes referida constructora Ducolsa. En 2020, una historia en Armando.info de la serie FinCEN Files reveló que, nada más que entre 2016 y 2017, la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro estadounidense recibió alertas de actividad sospechosa en relación con 286 transferencias ordenadas por Flores Suárez. 

Ese mismo Flores, que no tiene relación familiar alguna con la ex Primera Dama venezolana, Cilia Flores, aparece en el archivo electrónico LISTA AR OK, que el expediente del caso Zapatero considera que se trata de un listado de contactos estratégicos que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría validado y remitido personalmente.

La investigación sostiene que Flores Suárez era el encargado de negociar y gestionar de forma directa con Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de Rodríguez Zapatero, los contratos ficticios de “servicios de asesoramiento” que servían de cobertura legal para justificar el trasvase de fondos hacia la empresa Análisis Relevante (la AR a la que el nombre del archivo se refiere), de la que el ex Presidente de Gobierno español recibía pagos por supuestas consultorías. 

Entre los detalles que los investigadores destacan como “indicios de artificiosidad en la configuración formal de la documentación (contratos y facturas)”, destaca la repetición de números de facturas para servicios y fechas distintas, así como contratos exactamente iguales para conceptos diferentes. Un ejemplo claro de esto se verificó en octubre de 2020, cuando Flores Suárez intercambió a las empresas "clientes" de las consultorías falsas de manera caprichosa y a conveniencia. Entonces remitió, primero, un borrador de contrato con Apamate Corporate and Trust como receptora del servicio. Sin embargo, apenas cuatro días después, envió la versión definitiva del documento, sustituyendo esta vez los datos de Apamate con los de Softgestor, sin justificación alguna.

Los agentes de la UDEF española encontraron que Julio Martínez Martínez reclamaba, de manera constante pero a la vez amistosa, el pago de las facturas por importes de hasta 72.600 euros directamente a Francisco Flores, quien confirmaba la recepción de dichas facturas y enviaba a la red los justificantes de las transferencias bancarias correspondientes. A juicio de los investigadores, el control de Flores sobre la gestión de los fondos quedó demostrado cuando, interpelado una vez más por Julio Martínez para cobrar una factura, el venezolano le respondió: “Apreciado Amigo (…) En cuanto al tema de la factura sofgestor [SIC] te estoy por avisar si pagaremos por ahí o debemos cambiarla. Te lo dejo saber. Abrazo Grande y te extrañamos por aquí, jajajajajaja!”.

Con “por aquí” Flores Suárez se refería a República Dominicana, nación antillana en la que Flores Suárez compró una lujosa villa y ancló un yate valorado en 15 millones de euros, al que bautizó como The Kingdom (o El Reino). La palabra Kingdom fue una constante en la denominación en su entramado de empresas, tanto en Venezuela como en República Dominicana y en otras jurisdicciones offshore, especialmente en el Caribe. En el registro mercantil de la isla de Dominica, por ejemplo, se encuentran los papeles de un tal Kingdom Caribbean Bank, constituido en julio de 2015 bajo el número 2015/3316. y con Oscar Cunto André como director.

Cunto André firmó, junto con el también ciudadano venezolano Bronson Alexander Dávila Medina, las incorporaciones de otras dos empresas de Francisco Flores Suárez: Prokingca e Inversiones Mardokeo. También figura como socio en Venezuela de Alimentos Reino, otra ficha del conglomerado de Flores. 

Armando.info consiguió rastrear otras cinco empresas sin actividad aparente, incorporadas en jurisdicciones de tax havens caribeños como Barbados, Bahamas e Islas Vírgenes Británicas, en las que Cunto André figura como representante. Junto con Brandon Dávila Medina registró una compañía, de nombre KCB Limited.

Francisco Flores Suárez y Brandon Dávila compartieron una cuenta en el colapsado banco Credit Suisse. La cuenta llegó a tener un saldo de más de 26 millones de francos suizos, según pudo conocer Armando.info. 

Armando.info intentó contactar al abogado Cunto André, tanto a través de su correo electrónico en el bufete Dentons en Caracas como de su empresa Grupo Multiobras MM 77, pero al cierre de esta historia no había obtenido respuesta. También se solicitó una entrevista a Cunto -además de la versión federativa sobre sus actividades y las de la FVF Operaciones Globales que sale en los papeles del caso Zapatero- por medio de las cuentas oficiales de correo electrónico de las direcciones de Prensa y de Integridad de la FVF y de la Secretaría General de la entidad, pero esta gestión tampoco tuvo resultados.

Más de 20 altos ejecutivos acudieron el pasado viernes a la Casa Blanca, en representación de las mayores compañías del negocio petrolero global (muchas más que las tradicionales siete hermanas de antaño), para conocer de primera mano la tarea que el presidente Donald Trump les quería proponer, tras su autoproclamación, una vez capturado Nicolás Maduro, como gatekeeper del petróleo en Venezuela: organizar la toma y control de la industria venezolana para la explotación y comercialización de sus hidrocarburos.

“Vamos a discutir cómo estas grandes empresas estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y aportar millones de barriles de producción para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero”, dijo el mandatario estadounidense, no sin antes deslizar, como acostumbra, la noción de que está al mando: “Vamos a ver a quién vamos a dejar entrar”, dijo. Pero ni esa advertencia, ni la promesa de que Washington pudiera subsidiar la operación, impidieron que las respuestas iniciales de las compañías -en particular, de ExxonMobil, y con las previsibles excepciones de Chevron y de la española Repsol, que ya hacen negocios en Venezuela- oscilaran entre la frialdad y la abierta renuencia. Los bajos precios del crudo y la inestabilidad político-jurídica en Caracas no invitan a la aventura.  

Poco antes, Trump había asegurado en su cuenta de Truth Social que las autoridades tuteladas del chavismo, ahora bajo el mando de la recién nombrada Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, se comprometieron a darle acceso a “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo que ahora yacen en el subsuelo de Venezuela, el país con las mayores reservas probadas del mundo (aunque buena parte de esas reservas corresponden a crudos extrapesados, de difíciles extracción y procesamiento). En vista de ello, Trump pidió a las petroleras una inversión superior a los 100.000 millones de dólares para la recuperación de la industria venezolana, arruinada tras un cuarto de siglo de falta de inversiones y mantenimiento, así como de descapitalización al funcionar como caja chica del régimen bolivariano.  

Tal promesa entraría en conflicto con otra obligación que la misma Delcy Rodríguez, en su rol de Ministra del Petróleo, había asumido desde 2024. Entonces concibió y ejecutó una racha reprivatizadora de la actividad petrolera, que justamente procuraba atraer nuevos inversionistas. Para ello se valió de una figura legal novedosa, los Contratos de Participación Productiva (CPP), que garantizaban a los empresarios privados una relación más ventajosa y rentable que la prevista en el anterior esquema de empresas mixtas de Hugo Chávez. 

La campaña terminó por ser una auténtica piñata. Varias áreas de la Faja Petrolífera del Orinoco y de la cuenca del Lago de Maracaibo fueron asignadas a empresas privadas, la mayoría desconocidas, con más apetito por el negocio que experiencia en el mismo. Muchas de ellas eran propiedad de amigos políticos y comerciales no solo del régimen, sino hasta de la propia Delcy Rodríguez.

En anteriores ediciones, Armando.info ha contado cómo algunas de esas concesiones recayeron en mamparas corporativas del magnate estadounidense Harry Sargeant III, en asociación con el famoso bolichico, Alejandro Betancourt; o de un empresario conectado con el entorno del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien, a través de dos de sus exministros, desde hace años asesora a Delcy Rodríguez en materia económica.

Pero esos contratos no son los únicos que acaban de quedar en entredicho por la espectacular intervención militar de Estados Unidos y, sobre todo, por la intención de Trump de manejar el negocio petrolero en Venezuela, de ahora en adelante, con las compañías de vuelta sobre el terreno. Además de los de la dupla Sargent-Betancourt y de los ecuatorianos, Rodríguez entregó CPP a otras 14 empresas, que empiezan a asomarse como bajas indirectas de la Operación Absolute Resolve del 3 de enero. 

Cuentos chinos

El 12 de agosto de 2025, el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, confirmó a la empresa Hainan Breey Energy Co. Ltd que su CPP entraría “en vigor” a partir del 1 de septiembre, tras haber comprobado que la compañía había cumplido requisitos como la “prueba de fondos”, el “programa de trabajo” y las “capacidades técnicas”, entre otros criterios. 

Ambas partes habían firmado antes el CPP que permitiría a Hainan Breey Energy la explotación del campo Dobokubi en la Faja Petrolífera del Orinoco. La carta del presidente de Pdvsa iba dirigida a Jiang Fucal, a quien identificaba como “representante legal” de la empresa. Pero, de acuerdo con fuentes internas de la industria petrolera, el rastro de Hainan Breey Energy Co. Ltd en realidad conduce al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, y con otros miembros de la familia de la Primera Dama o Primera Combatiente, como la conoce la jerga oficial chavista. Mientras Cilia Flores también resultó capturada por las tropas estadounidenses la madrugada del 3 de enero y llevada a Nueva York, donde ahora enfrenta un juicio, el propio Carretero Napolitano fue blanco, días antes, de una sanción del Departamento del Tesoro. 

En septiembre del año pasado, fecha de inicio de las operaciones de Hainan Breey Energy, el campo Dobokubi producía 33.000 barriles diarios de petróleo y, según la meta de Pdvsa, al cierre de diciembre la producción debía ascender hasta los 38.000 barriles diarios. 

Antes del otorgamiento de la licencia para explotar el campo Dobokubi, Hainan Breey Energy ya se había convertido en una de las principales prestadoras de servicios para Pdvsa en el norte del estado Monagas, en el oriente del país. Allí ha ejecutado trabajos de “well testing”, “tubería continua”, “guaya fina” y “cañoneo”, entre otros servicios, tal como lo confirman documentos obtenidos para este reportaje. La empresa no cuenta con una página web.

En los primeros días de diciembre de 2025, los trabajadores de otra de las adjudicatarias de CPP, Vulcan Energy Technology, con sede en el estado Anzoátegui, se reunieron en un club para celebrar el buen año que cerraba con la obtención del contrato para explotar el campo Cariña de la Faja Petrolífera del Orinoco. 

Constituida originalmente en Sheung Wang, uno de los asentamientos originales de Hong Kong, Vulcan Energy Technology Limited abrió en octubre de 2024 su sede en Venezuela. Hou Yunfu, representante para Venezuela de la empresa, y Norberto Apolinar Yibirín, abogado especializado en “propiedad Intelectual de marcas, patentes de invención científica y derechos de autor”, como se presenta en su cuenta de la red Instagram, registraron la oficina principal de la empresa, bajo el nombre de Vulcan Energy Technology Venezolana, C.A., en El Rosal, la antigua milla de oro financiera de Caracas. Del mismo modo que Hainan Breey Energy, Vulcan empezó como un proveedor de “servicios de inversión y financiamiento de proyectos y desarrollos, asesorías, mantenimiento, instalación y compra y venta de suministros para la industria petrolera”, como reza su expediente, para luego ser beneficiado con el otorgamiento de un CPP.  

Aunque sin experiencia demostrable en el sector petrolero venezolano, Vulcan supo cómo despuntar con su desempeño. Según documentos de Pdvsa revisados por Armando.info, de la producción total de las empresas que tienen CPP -unos 227.000 barriles en septiembre de 2025- Vulcan produjo el año pasado poco más de 5%, superada de lejos por Nabep, de Sargeant, que aglutina 32% de esa producción.

Otro adjudicatario de CPP es la empresa China Concord Petroleum Co. Limited (CCPC), que desde septiembre de 2019 acarrea sanciones de Washington por “participar a sabiendas en una transacción significativa para el transporte de petróleo desde Irán”. A CCPC se le asignó el campo Lagunillas Lago, sobre la tradicional cuenca petrolera del Lago de Maracaibo.

Aunque es una compañía privada, ha estado asociada con Kunlun Holding, una empresa de la estatal China National Petroleum Corporation (CNPC). Sus dueños, tal como está reflejado en la sanción que sobre ellos impuso la OFAC, son Bin Xu, Yi Li, Yu Hua Mao, Luqian Shen y Yazhou Xu.

Una fuente del sector, consultada por Armando.info en mayo pasado, especificó que el acuerdo con Pdvsa otorgaba 50% de las ganancias a esta empresa china, con el beneficio adicional de que el Estado venezolano, a través de Pdvsa, asumiría los gastos de adecuación tecnológica. Esta misma fuente apuntó que el proyecto ha cerrado toda participación de trabajadores y sindicatos en las tomas de decisiones.

A su llegada a Lagocinco, otro campo del estado Zulia que también le fue asignado por el CPP, China Concord Petroleum Co. Limited asumió la meta de triplicar la producción desde los actuales 50.000 barriles diarios a 150.000. “Los chinos tendrán el control aguas arriba [en la propia producción] y aguas abajo [en la comercialización]. Están reparando bombas y equipos. En la comercialización tienen todo disponible para llenaderos y estaciones de servicio”, informó entonces la fuente, que habló a condición de mantener su nombre en reserva. Y añadió un dato sorprendente: el CPP es indefinido. Una duración que podría ser vitalicia pero que ahora puede tener un final abrupto si se concreta el takeover de Trump.

Pero, de acuerdo con fuentes de la industria petrolera, la operación de China Concord en Venezuela es otra pantalla, detrás de la que se encuentra Alex Saab Morán, actual Ministro de Industrias, heredado del gabinete de Maduro, y quien durante años fue el contratista predilecto del presidente prisionero. En el pasado, durante la etapa de Tareck El Aissami como Ministro de Petróleo, Saab, junto a su socio Álvaro Pulido, participaron en la irregular comercialización de petróleo venezolano que dejó un hueco en las arcas de la petrolera estatal y sirvió como detonante para el escándalo de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto, que produjo una purga interna en las altas esferas del chavismo.

Recientemente el diario The New York Times reveló que Saab está involucrado en los cargamentos de petróleo a bordo de tanqueros que han intentado burlar el bloqueo naval impuesto en las costas del Caribe Sur por Estados Unidos contra la llamada flota fantasma que sirve a países sancionados, como Rusia, Irán y la misma Venezuela. El diario estadounidense reportó que el mercader barranquillero había fletado un buque que regresó a puertos venezolanos a solicitud de las propias autoridades de la administración de Delcy Rodríguez, con apoyo militar norteamericano, ya que habría zarpado desde Venezuela sin autorización.

Otra empresa que vivió una bonanza en el reparto de Delcy Rodríguez es Conbest Group, C.A., constituida en Caracas en octubre de 2024. En diciembre de ese mismo año, apenas dos meses después de fundada, estaba ya inscrita y habilitada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Y apenas un año más tarde recibió un CPP para trabajar en el campo Ayacucho 1 de la Faja Petrolífera del Orinoco. 

Sus dueños en los papeles son, de nuevo, unos ciudadanos chinos: Yuxiang Du y Yuchi Cen. Este último ofrece la cara más pública del negocio. En su perfil de la red Linkedin se presenta como un ejecutivo con 10 años de experiencia en el desarrollo, distribución, explotación y extracción de petróleo. Allí asegura tener “25 años en relaciones laborales sociales”. 

En cualquier caso, lo que su experiencia sí abarca son actuaciones previas de Yuchi Cen como proveedor del Estado chavista. My Eyes Construcciones Group, Vacen Global Marketing Limited, C.A. (constituidas ambas en 2013) y Evacen Petrochemical Supplies, C.A. (de 2016) están todas registradas en el RNC venezolano. De hecho, esta última, de acuerdo con un documento de Pdvsa del año 2020, era vista como una “nueva posible inversión” para la petrolera estatal. Esa empresa, Evance, aparecía de primera en una lista de 20 empresas que firmaron acuerdos de confidencialidad para el posterior otorgamiento de concesiones. El citado documento detalla que a Evacen le serían otorgadas, por parte de la denominada comisión presidencial Alí Rodríguez (eliminada por Maduro en marzo de 2023), los campos Ayacucho 1, Yopales Norte, Budare, Cachicamo, Caricari y Socororo.

Todas las empresas que Yuchi Cen representa comparten una misma sede, una oficina en el Centro Comercial Galería Los Naranjos, en el municipio El Hatillo del sureste de Caracas. 

Los que juegan de local

Otra de las empresas adjudicatarias de bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, otorgados mediante los CPP, es Cavallino Oil Company, cuyo dueño, con 100% de las acciones, es Carlos Enrique Abreu Bello, venezolano de 48 años. La empresa, aunque creada en 2018, no tuvo actividad alguna hasta el año pasado, cuando mostró aumentos consecutivos de su capital, modificó su objeto social y se registró, el 15 de enero de 2025, en el RNC como proveedor del Estado.

Esa súbita modificación en los documentos de la empresa ocurrió justo antes de la asignación para operar el campo Bare de la Faja Petrolífera del Orinoco. Según se constata en el mismo RNC, en tan solo un año Cavallino Oil Company consiguió pasar de un simple proveedor de servicios de perforación, mantenimiento y supervisión de flujo de pozos petroleros en Venezuela, a un productor. La producción de crudo de Cavallino Oil Company representa 3,8% del total de producción amparado por los CPP.

La historia de Abreu Bello como empresario petrolero se remonta a 2018, con la creación de la empresa Well Services Cavallino, también contratista del Estado y socia, junto con Pdvsa, de la empresa Roraima Servicios Petroleros, registrada en Monagas, igual que Cavallino Oil. En el RNC, Roraima refleja una muy limitada experiencia, con apenas dos contratos pequeños de transporte y mudanza con la estatal petrolera.

Armando.info tuvo acceso a varios documentos que muestran que la Well Services Cavallino de Abreu Bello ha llevado a cabo trabajos de “coil tubing” para la estatal petrolera, un proceso que consiste en la introducción de tuberías flexibles para el mantenimiento de los pozos petroleros. Los documentos revisados muestran además que estos servicios eran subcontratados para Pdvsa por la empresa Oryx Resources, cuyo dueño era Samark López Bello, señalado como testaferro del ex Vicepresidente Ejecutivo de la República y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami. Tanto El Aissami como López cayeron en desgracia ante la autodenominada Revolución Bolivariana en 2023, acusados y arrestados por corrupción. 

Uno de los bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco es el bloque Ayacucho -además de los bloques Junín, Boyacá y Carabobo- que, por la magnitud de sus reservas, es uno de los más codiciados. Dividido en varios sub bloques, el número 6 fue entregado por un CPP a la empresa West Construcciones, oriunda del estado Zulia.

Esta luce como una de las asignaciones de CPP más llamativas pues, aunque West Construcciones es una empresa creada en el año 2001, su hoja de contrataciones en general y con el Estado venezolano en particular tiene que ver con obras de construcción e infraestructura de todo tipo, y no con actividades de explotación o servicios petroleros.

Según las fichas del RNC consultadas para este trabajo, West Construcciones ha sido contratada por varias entidades del Poder Ejecutivo -como las alcaldías de Maracaibo y San Francisco en Zulia, el Ministerio de Vivienda y Hábitat y el de Interior y Justicia, por ejemplo-, y lo más cerca que había estado estado de Pdvsa hasta que recibió la concesión fue cuando se hizo cargo de la realización de al menos cinco trabajos de adecuación y construcción de comedores, sobre todo en centros de refinación entre los años 2020 y 2021. 

La empresa tiene sucursales en Falcón y Anzoátegui, y como dueño figura Juan Pablo Fereira Rosillo, hermano de Joan Manuel Fereira Rosillo, un conocido contratista del Estado venezolano. El nombre de este último ha aparecido entre los elencos de algunos casos turbios, como el de la famosa estafa piramidal conocida como La Vuelta, que tuvo lugar en el estado Zulia en 2012. También la Fiscalía de Suiza lo identificó como beneficiario final de la empresa Rote Energy, que recibió 2,2 millones de dólares de la empresa brasileña de ingeniería civil, Odebrecht, en relación con las obras millonarias e inconclusas de la represa de Tocoma, en el estado Bolivar del sureste de Venezuela.

Y hablando de Brasil: otra de las empresas que tiene asignado un CPP desde el año pasado es el Consorcio Alvorada & Cladoca, asociación de la brasileña Consorcio Alvorada y de la venezolana Inversiones Cladoca. Esta última se constituyó en el estado Monagas y exhibe, a diferencia de la mayoría de sus pares, un historial largo de obras ejecutadas y servicios prestados para la industria petrolera. 

Inversiones Alvorada & Cladoca, registrada en junio de 2024, es también la única de las empresas con CPP que, de manera explícita, informa en su objeto social de su dedicación a la producción de petróleo: realiza “conjunta y mancomunadamente, la búsqueda y consecución de oportunidades de negocio ligados a la actividad petrolera, entre ellos la consecución del mencionado de ASH o de CPP”, según se lee en su acta de constitución. Desde el año pasado explota el CPP Boca-Güico-Guara, que comprende una buena porción del sur del estado Anzoátegui, y aunque cumple con la totalidad su cuota de explotación, esta solo representa 1,2% del total de barriles que producen las empresas con CPP.

Según refleja su actividad en el RNC, la venezolana Inversiones Cladoca tiene una trayectoria de trabajos en el sector petrolero no solo para Pdvsa (de 166 contratos registrados en el RNC, al menos 80% fueron obras y servicios petroleros contratados por la estatal petrolera venezolana), sino también para empresas extranjeras, como Exxon Mobil y Halliburton, en la perforación de pozos petroleros desde 2003.

Entre opacos y fantasmales

En general, las empresas adjudicatarias de CPP han sido muy celosas en mantener fuera del foco público su relación con Pdvsa. Algunas, quizás por diseño, tienen nombres comunes, difíciles de pesquisar. Tal es el caso de Servicios y Mantenimientos Orinoco Oil C.A. -en los registros mundiales hay decenas de empresas que incluyen la denominación Orinoco Oil-, que opera con un CPP en el campo Arecuna, al sur de la población de El Tigre, en el estado Anzoátegui.

Fundada en 2013 precisamente en El Tigre, el objeto fiscal de Orinoco Oil es amplio: desde la explotación de actividades propias de la construcción, pasando por la obtención de contratos y subcontratos para la realización de toda clase de obras civiles, hasta el “acarreo de materiales sólidos derivados del petróleo, transporte de fluidos químicos sólidos y líquidos, transporte de desechos peligrosos y no peligrosos a sitios autorizados por el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales Renovables y por Petróleos de Venezuela, S.A.”. La sociedad la componen un presidente, Ramón David Martínez Sung, y una vicepresidenta, Antnoly Coromoto Basabe Añez. 

Contratista del Estado venezolano al menos desde 2016, Orinoco Oil, C.A. tuvo oficinas en la sede de Pdvsa de San Tomé, Anzoátegui. Con ese amplio catálogo, arriba sintetizado, fichó en el RNC, hasta que en 2025, según los documentos de la petrolera estatal venezolana a los que tuvo acceso Armando.info, se hizo con el contrato más jugoso de su historia a través del CPP que ahora maneja.

Del entramado de empresas adjudicatarias de CPP, algunas pasan de lo opaco a lo deliberadamente etéreo, como es el caso de Asiática del Caribe Energy, C.A. Con un sitio web que aún luce en construcción y en el que sólo es permitida una interacción, la de enviar mensajes, ni siquiera tiene rastro en el RNC. Asiática del Caribe tiene asignado el campo Dación, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, y para finales del año pasado había producido 2,8% de los barriles del total de lo que producen las empresas adjudicatarias de CPP. 

Un rastro aún más tenue es el que la cobertura de Armando.info encontró de la empresa Proven Reserves Limited, que tampoco tiene dirección, registro, cuenta de correo electrónico o teléfono conocido. Tampoco una página web. La única señal de existencia de esa empresa se encuentra en los documentos de Pdvsa revisados para este trabajo, en donde consta que Proven Reserves quedó a cargo del CPP Río Caribe, en la península de Paria del estado Sucre, extremo nororiental de Venezuela, del cual no ha logrado extraer un solo barril. Por ahora es tan solo una promesa que, como las demás asignaciones de los CPP, están en riesgo por el previsible desembarco de las petroleras, estadounidenses y de otros países, convocadas por Donald Trump.

Corría el año 2010. Hugo Chávez estaba vivo y Nicolás Maduro era el canciller de su gobierno. Todavía no se avizoraban ni el cáncer terminal de uno ni la futura dictadura del otro, pero en un país muy distante ya se divisaban rastros inquietantes de una alianza que ambos le procuraron a la autodenominada Revolución Bolivariana: su relación con Hezbolá, la milicia de la minoría chií concentrada en el Sur de Líbano, a la que patrocina el régimen de los ayatolas desde Irán.

La historia de esa sociedad non-sancta es vieja, pero nunca se ha contado del todo. De que este relato, además de pendiente, sigue teniendo relevancia, fue prueba la audiencia especial celebrada esta semana en el Senado de Estados Unidos en Washington sobre el papel de Hezbolá en América Latina. En la sesión comparecieron varios expertos, quienes coincidieron en señalar que, desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, Venezuela forjó una muy sonada cooperación con Irán y otra, más subrepticia, con Hezbolá; ambas serían profundizadas por Nicolás Maduro desde 2013. Describieron operaciones como la facilitación de más de 10.000 pasaportes venezolanos para supuestos miembros de ese y otros grupos radicales islámicos, o la habilitación de zonas del estado Nueva Esparta -provincia insular del Caribe nororiental venezolano- para entrenamientos y la creación de estructuras para el lavado de activos y el financiamiento de la falange chií.

En la cita, sin embargo, faltó mostrar un documento revelador que, procedente del seno del propio Estado venezolano, detallaba con sencillez y genuino asombro un ejemplo concreto y hasta ahora desconocido de esas relaciones carnales entre Caracas y la milicia.

Se trata de una carta que debió quedar sepultada en el archivo muerto -y, acaso, en el olvido intencional- de la Casa Amarilla, la histórica sede de la Cancillería venezolana, en el casco colonial de Caracas. El documento, elaborado desde las filas del propio servicio diplomático venezolano, fue obtenido, revisado y contrastado con fuentes por Armando.info, que contó para ello con el apoyo del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés). Se refiere a la captura, en Líbano, de un grupo de venezolanos junto con “otros ciudadanos libaneses” que portaban 50 kilogramos de cocaína, de cuya venta se generarían fondos para entregar Hezbolá.

La prensa libanesa reseñó aquel operativo en el que, con fecha de septiembre de 2010, se incautaron en total 255 kilogramos de cocaína (incluyendo los 50 kilos que transportaban los venezolanos). El hallazgo del cargamento a su vez condujo al desmantelamiento de una banda de tráfico de drogas que operaba regularmente entre Venezuela y Líbano. 

Los reporteros recogieron los detalles, escasos, que la Oficina de Control de Drogas de la policía libanesa difundió sobre la redada: los nombres de los implicados, pero apenas identificados con sus iniciales, así como la ruta del cargamento, que habría salido desde Venezuela a Damasco, la capital siria -entonces todavía bajo control del régimen baazista de la familia Al Assad, aliado de Moscú y Teherán y, por lo tanto, de Caracas- y que de allí llegó por tierra al sur de Beirut. 

Pero lo que en los informes de las autoridades policiales libanesas eran datos codificados, en la carta, remitida entonces por la embajadora venezolana en Líbano hasta 2019, Zoed Karam Duaijin, al viceministro de exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía de la época, Temir Porras, cobraba nitidez.

Por ejemplo, la misiva de la diplomática daba los nombres de los involucrados y hasta incluyó una cita textual de la Oficina para el Control de Drogas libanesa, según la cual uno de los detenidos, al ser interrogado, confesó que “formaban una banda perteneciente a Hizbollah [sic], liderada por Mohamad Hassan Saleh”, quien “logró huir”.

Otro dato que el público no conoció entonces pero que Karam informaba a cabalidad en su carta a Porras, fue que, según se lee, “de acuerdo con la información suministrada por la policía libanesa, se presume que la droga forma parte de un cargamento de 250 kg que ‘se estaría enviando desde Venezuela a través de la Línea Aérea Conviasa, utilizando el vuelo Caracas – Damasco, operación que supuestamente estaría amparada con la complicidad de algunas autoridades en los aeropuertos de ambos países, para luego transportarla hacia el territorio libanés’”.

Tres agujas en un pajar

Los venezolanos detenidos entonces, según el despacho diplomático, fueron Emiro Mariano Augusto Crespo Navarro y Fayez Hassam Saleh. De ambos se precisan en la carta sus números de pasaportes y cédulas de identidad venezolana. También alude a la confesión de Crespo Navarro en la que aseguró que “su misión era recolectar una parte del dinero producto de la droga que alcanzaría la suma de 8 millones de dólares y hacerlo llegar a nuestro país a través de una oficina involucrada en el cambio ilegal de divisas que estaría operando en Caracas”.

Esa oficina, continúa el testimonio, estaba a cargo de un hombre de nacionalidad mexicana, supuestamente vinculado a cárteles de droga mexicanos operando en Venezuela.

La misiva termina asegurando que la misión diplomática venezolana ofrecía entonces la asistencia consular de rigor “al detenido” -en singular, con lo que descartaba a uno del par de venezolanos- y a su familia que, desde Venezuela, había ido a visitarlo. También advierte sobre los daños que, preveía la embajadora, podía ocasionar una difusión indeseada de la noticia. “Como sabemos”, se lee, “los medios de comunicación no descuidan el más mínimo detalle de un suceso negativo en el que esté involucrado un venezolano y lo vinculan con alevosía y perversidad a nuestro gobierno”. 

Si aquella carta llegó a manos de su destinatario, el exviceministro Porras, sigue siendo una interrogante. Por varias vías se intentó contactarlo para la presente historia, pero hasta el momento de esta publicación no se había obtenido respuesta. Sin embargo, la veracidad de la carta fue validada por otra fuente cercana a la embajada de Venezuela en Líbano. 

Armando.info rastreó los números de cédula señalados en la carta como correspondientes a Emiro Augusto Mariano Crespo Navarro y Fayez Hassam Saleh y pudo comprobar la existencia de estas personas, la correlación exacta entre sus nombres y los números de identificación, así como también logró obtener sus fechas de nacimiento. 

Sobre Emiro Crespo se trata de un ciudadano oriundo del estado Lara que, al menos hasta 2007, vivió en la capital de esa entidad, Barquisimeto, donde fue estudiante del Liceo Lisandro Alvarado, uno de los más tradicionales e importantes de la ciudad. La prensa libanesa señaló que esta persona dispondría de doble nacionalidad, venezolano-española, pero no se pudo verificar ese dato.

Actualmente tiene 51 años, pero en las bases de datos disponibles no hay huella alguna sobre su paradero o algún rastro a partir de la fecha de su arresto en Líbano. 

Fayez Hassam Saleh fue reseñado por otro artículo de prensa libanesa como F.S. Aunque nacido en Líbano, su número de cédula de identidad venezolana viene precedido con la letra V, correspondiente a las personas nacidas en Venezuela o naturalizadas. En su caso, esta segunda opción luce como la más lógica puesto que, según refiere la embajadora Karam en su carta a Temir Porras, Saleh habría llegado a Venezuela en 2004. Actualmente tiene 54 años. 

De Fayez Hassam Saleh la prensa libanesa destacó en su momento que tenía antecedentes  por narcotráfico, incluyendo arrestos previos en Suiza y Brasil. En este último país sudamericano se encuentra un rastro de él años después del operativo en Líbano, pues en su ficha personal del registro brasileño coinciden exactamente su nombre y nacionalidad venezolana con las de un hombre que fundó una tienda de colchones en 2015 en la ciudad de São Paulo. 

Armando.info hizo varias llamadas telefónicas a los teléfonos del establecimiento de colchones y al número de Fayez Hassam Saleh registrado en su documento de registro de información fiscal (Caddastro de Pessoas Físicas, CPF), pero no hubo respuesta en el primero; entre tanto, el segundo solo avisó que estaba desconectado. El resto de la huella digital de Fayez Hassam Saleh se limita a la pérdida de una demanda hecha en su contra por “daño moral” interpuesta por un ciudadano brasileño. Aunque en 2021 los tribunales de São Paulo anunciaron que lo citarían con edicto público por encontrarse en “paradero desconocido”, en febrero de este año otro aviso legal anunció que Saleh perdió la demanda y ordenaba a varias a tarjetas de créditos y programas de millas de vuelo liberar los créditos acumulados para pagar la demanda.

Un tercer nombre mencionado en la carta, Mohamad Hassan Saleh, del individuo que supuestamente “huyó” al momento del operativo, tiene un número de cédula venezolana pero precedido por la letra E, que se adjudica a los extranjeros residentes en el país. Hoy cuenta con 55 años de edad. Sin mayor huella digital actualizada, la prensa libanesa señaló en 2010 que se trataba del hermano de Fayez Hassan Saleh, ya mencionado. También tenía antecedentes por narcotráfico y “solía visitar Venezuela”, siempre según las informaciones publicadas en Líbano.

Otra raya más (pero de coca) para Conviasa 

La prensa libanesa solo mencionó que la droga incautada a estos sujetos, 50 kilogramos, fue transportada por vía terrestre desde Damasco hasta Beirut. Pero la nota enviada por la exembajadora Karam a Porras destacaba que los detenidos dijeron que el alijo completo "de 250 kilogramos" de cocaína había sido transportado en un vuelo de la línea aérea bandera venezolana, la estatal Conviasa, de su controversial ruta Caracas - Damasco.

Esta declaración representa una de las menciones más concretas a la aerolínea estatal venezolana, a la que poco después se expuso formalmente como medio de transporte de mercancías sospechosas a la explosiva región del Oriente Medio. 

En 2013, en una audiencia similar a la de la semana pasada del Senado estadounidense, el exsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y exembajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) de Estados Unidos, Roger Noriega, mencionó públicamente a Conviasa como parte del esquema cooperativo entre Venezuela y sus amistades peligrosas del Medio Oriente. “La aerolínea estatal de Venezuela, Conviasa, proporciona a Irán, Hezbolá y narcotraficantes asociados un medio encubierto para mover personal, armas, contrabando y otros materiales dentro y fuera de este hemisferio”. 

Los vuelos de Conviasa hacia el Medio Oriente fueron inaugurados en febrero de 2007 con mucha pompa por el gobierno de Hugo Chávez, como una cristalización de su alianza con el gobierno iraní de la época, entonces liderado por Mahmoud Ahmadinejad. La ruta funcionó, con altibajos, primero como Caracas - Teherán, y luego, por un tiempo, Caracas - Teherán - Damasco. Según lo acordado por ambos gobiernos, la operatividad de la ruta estaba planteada de forma rotatoria, es decir, seis meses la operaría Conviasa y seis meses Irán Air, ambas estatales.

Aunque, en cumplimiento de lo pactado, Iran Air operó la ruta durante el primer semestre, entre marzo y septiembre de 2007,  Conviasa tomó el control enseguida y no lo cedió hasta octubre de 2010, según varios documentos oficiales a los que tuvo acceso Armando.info. “Ante esta situación, la aerolínea IRÁN AIR informó a CONVIASA sobre su decisión de dar por finalizado, a partir del 22 de diciembre de 2009, el Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de un código compartido”, dice uno de esos papeles, en el que se reflejaba la contrariedad de la parte iraní. En vista de ese malentendido, que derivó en la cancelación de la ruta, Teherán propuso en reiteradas ocasiones que la aerolínea Mahan Air pasara a manejarla, algo que apenas se llegaría a concretar en 2019. Aun así, el servicio nunca tuvo regularidad. 

Conviasa trató de relanzar los vuelos de esa ruta en 2020 y luego en 2023, con servicios que siempre levantaron sospechas.

Un cabo muy suelto

De las misiones diplomáticas del gobierno venezolano en Líbano y Siria entre los años 2007 y 2009 provienen los datos más concretos sobre la conexión entre la autodenominada Revolución Bolivariana y Hezbolá. En esos señalamientos solía despuntar como prueba reina la designación, por parte del gobierno venezolano, del ciudadano Ghazi Atef Nassereddine como funcionario diplomático.

Cada funcionario asignado a una misión diplomática debe ser debidamente acreditado y aprobado para tales funciones por el gobierno del país receptor, pero Nassereddine fue rechazado por el gobierno del Líbano para representar a Venezuela, precisamente, por ser de nacionalidad libanesa por nacimiento, en vez de venezolana. La embajadora apostada en Beirut en ese momento, la misma Zoed Karam, informó del rechazo al entonces canciller Nicolás Maduro en junio de 2007, explicando, en descargo de las autoridades de Beirut, que “dicha decisión obedece a razones contempladas en la legislación libanesa pertinente (...) no está vinculada a motivaciones de ninguna otra índole dadas las excelentes relaciones bilaterales existentes entre ambas naciones”.  

Pero Karam también admitía por esas fechas, en una comunicación más informal dirigida al entonces canciller Maduro, que no se llevaba muy bien con Nassereddine. Algo que no le impedía apreciar con benevolencia a Hezbolá. En otros escritos para Maduro, la embajadora ponderaba algunos puntos brillantes de la milicia, como que Hezbolá tenía estatus de partido político legítimo en Líbano, que había logrado varios escaños en el parlamento libanés, y que gozaba en el mundo árabe de una imagen de grupo legítimo de “resistencia” y no de terrorismo. Resaltaba en sus análisis la visión “contradictoria” del gobierno de Estados Unidos. 

Más que contradictoria, la posición estadounidense es radicalmente diferente. De hecho, este Nasseredinne, que pasaba por diplomático venezolano, está en la mira de Washington desde al menos 2008, cuando el Departamento del Tesoro lo señaló por primera vez como colaborador de Hezbolá en nombre del gobierno venezolano, específicamente cuando desempeñaba el cargo de Ministro Consejero en la misión diplomática de Venezuela en Siria, poco antes de ser enviado a ocupar el mismo puesto en Líbano, del cual fue rechazado.

En una nota de prensa publicada en junio de 2008, Estados Unidos le menciona directamente como “simpatizante de Hezbolá radicado en Venezuela” y lo llama por su nombre de nacimiento, Ghazi Nasr al Din, para luego exponer otras 10 formas que habría adoptado su nombre, entre ellos Ghazi Atef Nassereddine, con el que tiene documentos venezolanos, cédula y pasaporte.

“Nasr al Din ha asesorado a donantes de Hezbolá en sus esfuerzos de recaudación de fondos y les ha proporcionado información específica sobre cuentas bancarias donde los depósitos irían directamente a Hezbolá. Ghazi Nasr al Din se ha reunido con altos funcionarios de Hezbolá en Líbano para discutir asuntos operativos, además de facilitar el traslado de miembros de Hezbolá hacia y desde Venezuela. A finales de enero de 2006, Nasr al Din facilitó el viaje de dos representantes de Hezbolá del parlamento libanés a Caracas para solicitar donaciones para Hezbolá y anunciar la apertura de un centro comunitario y una oficina patrocinados por Hezbolá en Venezuela”, afirmaba entonces el Departamento del Tesoro. 

Poco después, en 2010, Nassereddine fue añadido a la llamada Lista Clinton de extranjeros designados, un listado de cientos de personas a los que el gobierno estadounidense señala por su involucramiento presunto con actividades conexas al narcotráfico, terrorismo y violación de Derechos Humanos, y sobre las que pesan sanciones financieras, como la congelación de cuentas bancarias y otros activos. 

En su declaración esta semana nte el Senado estadounidense, el exsubsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo del primer gobierno de Donald Trump, Marshall Billingslea, recordó el rol de Nassereddine y advirtió con duras palabras que prácticamente nada ha cambiado desde aquellas primeras sospechas de cooperación: “Venezuela es refugio seguro y voluntario para lo que sigue siendo la organización terrorista extranjera más peligrosa y letal para Estados Unidos, Hezbolá”.

*Este reportaje se hizo con apoyo del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

Atraído por las mayores reservas de crudo del planeta, aprovechando la flexibilización de las sanciones aplicada por la administración de Joe Biden y anticipándose al retorno de su amigo Donald Trump a la Casa Blanca, Sargeant III apuró el paso en 2024, insistiendo en un viejo anhelo. Él mismo había reconocido ante Reuters que sus negocios petroleros en Venezuela datan desde finales de la década de 1980 pero, para su frustración, se interrumpieron en 2005. Años después, en 2017, se reunió en Caracas con el propio Nicolás Maduro y, en 2019, pudo reanudar actividades en Venezuela al conseguir un contrato para la operación en tres campos petroleros con la compañía Erepla Services LLC, como también reportó la agencia de noticias en ese momento. 

Su conexión privilegiada con lo más alto del régimen chavista ha cebado las ambiciones de Sargeant por el oro negro venezolano y le ha facilitado implementar alianzas con operadores criollos y con otros magnates norteamericanos del petróleo; del primero que se tiene noticias es el texano Rodney Ray Lewis, a quien ha sumado a su cruzada comercial.  

La ofensiva le está permitiendo a Sargeant ganar cada vez más terreno en la desvencijada industria petrolera nacional, en un momento en que la atención está puesta en la desactivación de Chevron -por ahora con licencia nada más para el mantenimiento básico de sus activos en Venezuela, otorgada por la administración Trump- y la incógnita de si en algún momento retomará las operaciones de extracción de crudo. 

Así lo confirman decenas de documentos obtenidos para este reportaje y los testimonios de varias fuentes vivas a las que se consultó. Sargeant III no sólo está vinculado a las operaciones de North American Blue Energy Partners (Nabep), con registro en Barbados y ya mencionada en páginas de prensa, sino también a las de LNGEG Growth I Corp, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, hasta ahora apenas conocida por el público y cuyos vínculos con el multimillonario de Palm Beach se revelan en la presente historia. 

De acuerdo a esos papeles, si las metas de Pdvsa para esos proyectos se cumplieran y se realizaran las inversiones necesarias, ambas compañías llegarían a concentrar una producción de hasta 441.000 barriles de petróleo por día, un número nada despreciable, si se compara con los actuales de producción. Las cifras de Pdvsa indican que del millón de barriles diarios que asegura que produce, Chevron venía aportando alrededor de 250.000, esto es, un cuarto de la producción petrolera nacional, y alrededor de 30% de las divisas que maneja el Banco Central de Venezuela (BCV), según estimaciones de Ecoanalítica. 

El 17 de abril de 2024 ambas compañías registraron sus respectivas sucursales en Caracas y  sellaron con la estatal petrolera venezolana varios Contratos de Participación Productiva (CPP), un esquema ideado por la Vicepresidenta de la República y Ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, al amparo de la secretista Ley Anti-Bloqueo, aprobada en octubre de 2020. La nueva fórmula jurídica intenta captar a inversionistas privados para que se encarguen de la explotación y producción petrolera, ofreciendo más ventajas que las de una “empresa mixta”, la figura usual que el régimen de Hugo Chávez implementaba desde la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en 2006,  en línea con su lema de “soberanía petrolera”. 

Socio a la fuerza, pero socio al fin

En el caso de Nabep, la operación no solo involucra a Sargeant III, sino también a un viejo contratista del chavismo y exsocio de la propia Pdvsa: Leopoldo Alejandro Betancourt López, uno de los llamados bolichicos, conocidos todos por los escándalos de corrupción con su empresa Derwick Associates en las millonarias contrataciones sin licitación para atender la crisis eléctrica de 2010. Precisamente, la dirección anotada para Nabep al momento de su registro es la de las mismas oficinas que alguna vez utilizó Derwick en el este de Caracas y que alguna vez fueron allanadas por las autoridades venezolanas. 

El contrato suscrito entre Nabep y Pdvsa hace referencia en algunas de sus cláusulas iniciales a un “acuerdo confidencial”, también fechado el mismo 17 de abril de 2024, cuyas partes son Pdvsa, la estatal Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), Nabep, Betancourt y Sargeant III.

Ese acuerdo, con la firma del entonces presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, llevado a prisión meses después bajo acusaciones de corrupción, establecía las nuevas condiciones para operar en Petrozamora, la empresa mixta responsable de campos como los de Lagunillas y Bachaquero, en el estado Zulia, la tradicional cuenca petrolera a orillas del Lago de Maracaibo, en el noroccidente de Venezuela. Según fuentes ligadas a la gestión de Tellechea, el plan inicial apuntaba a que Sargeant III trabajara no con Betancourt, sino en llave con Wilmer Ruperti, actual dueño del equipo de béisbol de Tiburones de la Guaira y uno de los empresarios predilectos del oficialismo en el negocio petrolero desde que proveyó con buques de gasolina a Hugo Chávez para enfrentar con éxito el paro petrolero de 2002. 

Sin embargo, la amenaza de una acción legal internacional de parte de Alejandro Betancourt, quien desde 2013 era uno de los socios privados de Pdvsa en Petrozamora, disuadió a Tellechea y al propio Sargeant III de completar el negocio. Por lo tanto, en Nabep la alianza debió formalizarse entre Sargeant III y Betancourt, quien logró así recuperar su participación en Petrozamora, ya que durante la gestión de Tareck El Aissami en el ministerio de Petróleo y también detenido en 2024 tras el denominado escándalo Pdvsa-Cripto, había sido desplazado en favor de los hermanos Morón Hernández, cercanos a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.

Otras conexiones entre Nabep y el magnate nacido en Florida son más evidentes. La página web de la compañía registrada en Barbados solo es una portada con un link que lleva al sitio de Global Oil Management Group, el holding con el que Sargeant III maneja la mayoría de sus negocios petroleros en varias jurisdicciones, incluyendo la isla de Curazao, la excolonia neerlandesa próxima a las costas del estado Falcón, donde procesaba el crudo venezolano para convertirlo en asfalto y enviarlo a Estados Unidos.

Ni Alejandro Betancourt, ni Harry Sargeant III respondieron a la petición de entrevista para este reportaje. 

Según los papeles del registro mercantil y los datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Pedro Arturo Balart Alejos es el gerente de la sucursal de Nabep en Caracas. En el pasado, Balart Alejos también estuvo vinculado a una empresa de servicios petroleros afiliada a Gazprombank, este a su vez, un banco ruso también asociado con Alejandro Betancourt en el control inicial de Petrozamora a partir de 2013. Balart Alejos no contestó a la petición de entrevista formulada vía Whatsapp y correo electrónico.

Otro abogado, Juan Carlos Andrade Santamaría, es uno de los apoderados de la sucursal venezolana de Nabep, y es otro de los puntos de conexión con Sargeant III. Andrade Santamaría tiene una larga trayectoria en el sector energético ocupando cargos como el de director y asesor jurídico de la Royal Dutch Shell en Venezuela, pero también fue cercano a Eulogio Del Pino, expresidente de Pdvsa, detenido en 2017 y pasado a juicio en 2021 por supuesta corrupción y sin que aún se conozca el desenlace del caso. Pero más importante aún, Andrade Santamaría funge como representante de los intereses de Sargeant III en Venezuela, según varias fuentes consultadas para este reportaje. Esta vinculación también fue expuesta recientemente por el website La Gran Aldea en una nota sobre el magnate norteamericano. Andrade Santamaría tampoco contestó a la solicitud de entrevista enviada por correo electrónico.

El contrato de Nabep con Pdvsa concede a la compañía de Sargeant III y Betancourt la posibilidad de llevarse hasta 57% “del valor total de la producción” y la posibilidad de tener “plena libertad de comercializar el volumen de los hidrocarburos fiscalizables que se corresponde como participación”, un esquema atractivo para cualquier socio privado, según coinciden algunas de las fuentes consultadas. 

A comienzos de este año, Pdvsa también entregó la operación de las empresas mixtas de Petrocedeño y Junín Sur, encargadas de los campos Zuata Principal y San Diego-Zuata en la Faja Petrolífera del Orinoco, respectivamente, a la compañía controlada por Sargeant III. La producción actual de estas dos, sumada a la de Petrozamora, ronda los 126.000 barriles diarios de petróleo, pero si las proyecciones de Pdvsa se cumplieran y Nabep realizara las inversiones operativas necesarias, esa producción podría ascender a 408.000 barriles por día. No obstante, las fuentes consultadas dudan que esa meta se logre a menos que la administración de Trump emita licencias que permitan operar a Sargeant III en Venezuela, razón por la cual el magnate petrolero lleva adelante un intenso lobby ante la Casa Blanca. 

Canadiense entre cumbia y joropo

Pero la alianza forzosa con Alejandro Betancourt, que permitió el regreso de este al circuito petrolero, no fue la única apuesta de Sargeant III en el tablero de sus negocios con el Estado chavista. También echó mano de sus contactos para, junto con un magnate estadounidense, montar tienda en Venezuela a través de otra persona jurídica y bajo el paraguas jurídico de los CPP.

Ese es el caso LNG Energy Group Corp, la empresa de origen canadiense que, a su vez, registró en Islas Vírgenes Británicas la subsidiaria LNGEG Growth I. Esta última creó por su parte una homónima en Venezuela, en aquella misma dirección de oficina que fue de Derwick y en la que funciona Nabep, en el piso 8 de la Torre Kyra de la avenida Francisco de Miranda, en la urbanización Campo Alegre del Este de Caracas.

Además del domicilio, LNGEG Growth I comparte con Nabep apoderados: Juan Carlos Andrade Santamaría, el ya referido representante de los intereses de Sargeant III en Venezuela, y los también abogados Oscar Eduardo Diesis Arias y Arturo Javier Jáuregui, tal y como consta en el registro mercantil. También fue inscrita el mismo día que Nabep, el 17 de abril de 2024, y mismo día en el que fue firmado el acuerdo para participar en los CPP, según publicó la propia compañía.

Subsidiaria de LNG Energy Group y cotizada en la Bolsa de Valores de Toronto, LNGEG Growth I divulgó el año pasado algunos datos sobre los dos CPP firmados con Pdvsa, señalando el compromiso de operación de los bloques en tierra firme Nipa-Nardo-Nieblas y Budare-Elotes -ambos en la Faja Petrolífera del Orinoco-, en los que proyectaba que podría hacer una inversión de desarrollo futuro de hasta 106,3 millones de dólares. 

Ese reporte, fechado el 24 de abril de 2024, informaba que, para ese momento, entre los dos bloques asignados había una producción en bruto de 3.000 barriles diarios “de crudo ligero y medio”. Pero documentos obtenidos por Armando.info señalan que LNGEG Growth I se dispone a lograr una producción máxima en cada bloque ligeramente superior a los 16.000 barriles diarios, poco más de 32.000 barriles diarios en la suma total. Según lo acordado con Pdvsa, LNGEG Growth I obtendría una ganancia neta de entre 50% y 56% de lo producido.

¿Cómo llega LNG Energy a vincularse, a través de su subsidiaria LNGEG Growth I, con Pdvsa y participar en los CPP? La historia relata una serie de conexiones que llevan de nuevo a Harry Sargeant III. Fue él quien convenció al magnate petrolero de Texas, Rodney Ray Lewis, de acuerdo a fuentes de Pdvsa conocedoras de los contratos bajo la modalidad de CPP. 

Rod Lewis tiene una historia casi épica de éxito petrolero, desde que compró un pozo en Texas en 1982 y fundó al año siguiente la que todavía es su empresa matriz, Lewis Energy, con la que ha hecho fama y fortuna produciendo crudo tanto en Estados Unidos como en México. Hace poco, en 2023, su interés por América Latina se desplazó un poco más al sur, a Venezuela. Paradójicamente, para ello debió incorporar una empresa en el norte, en Canadá. Se trata de LNG Energy Group, fundada en Toronto en sociedad con el venezolano Pablo Navarro Peña, pero con sucursal en Colombia desde el año 2003. En ese país tiene actualmente operaciones de explotación gasífera en los campos Sinú-San Jacinto, Perdices y VIM. 

Lewis cedió por completo a Navarro Peña la representación legal de LNG Energy Group en Colombia el mismo 2023, así como de Lewis Energy. Una de las fuentes consultadas para este trabajo asegura que esa asociación entre Lewis y Navarro fue en realidad un paso más en dirección de allanar el camino a LNG para entrar en el mercado venezolano, con la expectativa de que se mantuvieran las licencias de explotación petrolera, compartida y aupada por el propio Sargeant III ante la administración de Trump. 

En sus reportes oficiales, LNG Energy señala en varias ocasiones que las CPP fueron firmadas bajo el amparo de las licencias 44 y 44A emitidas por la OFAC y que, por lo tanto, permitían negociaciones petroleras con Venezuela aún en el marco de las sanciones de Washington contra Pdvsa. Estas licencias estuvieron vigentes hasta el 31 de mayo de 2024 y no han sido restituidas. “Ahora esa gente está entrampada”, afirma una de las fuentes consultadas “porque sin licencias no se van a arriesgar a operar”. 

En el documento de cesión de facultades de Lewis a Navarro para el manejo de LNG Energy en Colombia, al venezolano Angel Roa Yustiz se le designa como uno de los sustitutos de Navarro. Documentos oficiales consultados para esta historia revelan que, en Venezuela, la representación de LNGEG Growth I la ejerce Roa Yustiz, quien también forma parte de la junta directiva de LNG Energy Group. Por su parte, varias fuentes consultadas coinciden en que Navarro Peña funge como representante de LNGEG Growth I ante Pdvsa para el negocio en Venezuela.  Ni Roa Yustiz, ni Navarro Peña atendieron el pedido de entrevista para este reportaje. 

En la órbita de LNG Energy Group gravita además el venezolano Serafino Iacono, uno de los directores hasta el año pasado de la empresa NG Energy, también con sede en Canadá -pero en Calgary- y dedicada, como LNG, a la explotación de gas en Colombia, en campos cercanos del bloque Sinú. 

Serafino Iacono fue uno de los fundadores de la empresa petrolera colombiana -con matriz en Canadá- Pacific Rubiales, cuyo auge y caída entre 2008 y 2014 configuró un verdadero escándalo en términos de gestión del negocio. Otro fundador de Pacific Rubiales fue Ronald Pantin, quien actualmente es parte de la junta directiva de NG Energy.

Aunque no hay una conexión documental clara entre LNG Energy Group y Lewis Energy con NG Energy, sí hay indicios para bosquejar algunos vínculos. Uno de ellos: Pablo Navarro Peña, quien está al frente de las dos primeras empresas en Colombia, era el ejecutivo del Bank of America (BofA) que se entendía con Iacono cuando el banco estadounidense apalancó a Pacific Rubiales en términos financieros, según relatan varias fuentes. 

Las sospechas sobre alguna relación entre las empresas, así como de una posible figuración de Serafino Iacono en LNG Energy Group y Lewis Energy, también las tienen las autoridades judiciales de Colombia. Una reciente investigación de la Procuraduría General de ese país sobre el presidente de la semiestatal colombiana Ecopetrol, Ricardo Roa, por posibles hechos de corrupción en la compra a Iacono de un apartamento en Bogotá, pide determinar si LNG Energy o Lewis Energy han celebrado contratos con Ecopetrol e inferir, así, posibles conflictos de intereses. 

“Precisar si la compañía Lewis Energy Colombia Inc y la empresa LNG Energy International han realizado negocios con Ecopetrol desde el año 2022 hasta la fecha”, instruye el informe de la Procuraduría General colombiana, que sigue: “De ser así, quiénes los suscribieron, el objeto correspondiente y cómo ha sido su ejecución”.

La reciente suspensión de las licencias petroleras por parte de la administración Trump mantiene en vilo los proyectos de Nabep y LNGEG Growth I, pero de momento Harry Sargeant III y sus operadores locales mantienen ya una posición de privilegio en los campos petroleros venezolanos. 

**Isayén Herrera participó en la reportería de esta historia.

Pero Venezuela no es solo una víctima colateral del conflicto interno colombiano; en realidad, participa en él, quiéralo o no. Algunos de sus actores y causas echaron raíces a ambos lados de la frontera binacional.

Reportes oficiales de autoridades colombianas llevan tiempo advirtiendo que, desde hace cinco años al menos, el territorio limítrofe venezolano ya no es tan solo un aliviadero o buffer donde los grupos guerrilleros de ese país, en especial el ELN, se retiran a descansar o consiguen un burladero para esquivar la persecución militar. No: de hecho, sirve, por un lado, de teatro de operaciones y lugar de acuartelamiento, y del otro, de paso para las rutas de tráficos ilícitos -cocaína, armas, oro- cuyo control se disputan los grupos subversivos y del crimen organizado. 

Con esos fenómenos en la zona se interseca además la voluntad de control político que anima tanto a la propia guerrilla colombiana como a la autodenominada Revolución Bolivariana de Venezuela. Ambas conservan vestigios de una antigua base ideológica compartida, y sus intereses suelen coincidir -pero no siempre- hasta conformar una alianza de facto que a menudo prefieren no proclamar. 

Un defensor de derechos humanos venezolano, que se mueve con frecuencia entre los estados de Zulia y Táchira y pidió a Armando.info mantener la reserva de su identidad, confirma que la presencia del ELN del lado venezolano es permanente desde hace años “en todo el límite fronterizo”.

Como consecuencia, la seguridad y las libertades individuales de los pobladores de la zona limítrofe se mantienen en vilo. La violencia desatada en el Catatumbo y otras zonas de Norte de Santander representa el afloramiento de pugnas que soterradamente se gestaban en la zona de frontera a pesar de la vigencia del Acuerdo de Paz con las FARC de 2016. El trasiego bidireccional de negocios ilícitos permitía augurar un nuevo estallido de hostilidades. Mientras los movimientos de actores armados de un lado a otro de la frontera representaban una realidad tangible para los habitantes de la zona, a veces se colaban apenas como un secreto a voces en medios de prensa. Diversos testimonios perfilaban un hecho del que no se tenían dudas pero sí escasas pruebas. Aunque podía darse por conocida, la situación no parecía estar debidamente documentada. 

Lo cierto era que los organismos de seguridad y justicia en Bogotá sí venían haciéndole seguimiento efectivo a esa reorganización geográfica de los futuros frentes de combate y, en particular, del ELN. Y lo reflejaron en documentos.

Ahora un lote de esos documentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía General de Colombia, al que tuvo acceso el Proyecto de Reportería sobre Corrupción y Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés) y fue compartido con Armando.info, muestra que por lo menos desde 2020 el Ejército Nacional de Colombia conocía el desplazamiento sostenido de tropas del ELN hacia territorio venezolano. 

“El ELN mantiene su estrategia delictiva resguardando sus principales cabecillas en territorio venezolano, con el propósito de incrementar el Trabajo Político Organizativo (TPO) para desestabilizar la zona fronteriza y continuar sus planes”, se lee en un informe del ejército colombiano preparado bajo el título de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza.

En ese documento, fechado en diciembre de 2021 y que se presentó ante el Comando Sur de Estados Unidos, el ejército colombiano contabilizaba la presencia de 1.408 guerrilleros del ELN en Venezuela, correspondientes a 26% de su fuerza total (cifrada entonces en unos 5.397 combatientes). 

Muchas respuestas de este lado

Una bomba de tiempo explotó el 16 de enero de 2025 y dio inicio a una reacción en cadena de violencia que todavía nadie consigue sofocar. Ese día arrancaron los combates en el Tibú colombiano, sector aledaño al río homónimo -parte de la cuenca del río Catatumbo, de cauce binacional- y próximo a la frontera de Norte de Santander con el estado venezolano de Zulia. Los reportes iniciales indicaron que los enfrentamientos se iniciaron tras el asesinato de Miguel Ángel López, su esposa y su hijo de nueve meses. Según fuentes locales, el joven era muy conocido en la zona pues trabajaba en una funeraria y recogía cadáveres en lugares a los que nadie más llegaba. Pero por popular que fuera López, su muerte junto a la de su familia no bastaban para explicar la vuelta a las armas de los grupos irregulares. Solamente funcionaron como la pita que detonó el polvorín que se venía formando en esa región remota, selvática y montañosa.

Aquella masacre dejó al descubierto las cuentas pendientes entre dos grupos armados que se disputan la zona. Por un lado, el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y, por el otro, un grupo disidente de las casi extintas FARC, conocido como la Estructura 33 o E-33, que no se acogió al proceso de paz. 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro solo se pronunció días después de que empezaron los combates, anunciando el decreto de un estado de conmoción interior, el primero en 17 años. También paralizó las conversaciones de paz que ya estaban en estado comatoso entre el gobierno de su país y el ELN.

“¿Cómo una organización puede saltar en fortaleza técnica y militar en el corto plazo?”, dijo Petro mientras se mostraba sorprendido, durante una alocución del 21 de enero de 2025 en la que se refería al ELN, grupo con el que adelantaba entonces unas conversaciones de paz que, tras la violencia de enero, terminaron por naufragar. “Algún tipo de información debimos tener y no la tuvimos. ¿Por dónde caminaron, anduvieron o se transportaron?”, prosiguió en sus dudas. Y eso que eran preguntas que ya tenían respuesta en los archivos de los organismos de inteligencia militar colombianos.

Muy pronto todos los ojos se posaron en la frontera con Venezuela. La estrecha vecindad del Norte de Santander colombiano con los estados venezolanos de Zulia y Táchira -entre los siglos XIX y XX, el río Catatumbo fue la vía natural para llevar el café de esas estribaciones binacionales de Los Andes al Lago de Maracaibo y, de allí, a mercados de exportación- motivó a Bogotá a pedir al régimen de Nicolás Maduro su apoyo en la zona. El entonces ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, pidió “acciones de contención” a su homólogo venezolano, el general Vladimir Padrino, en una reunión de urgencia,“de manera que las acciones que desarrolla el ELN sean repelidas igualmente desde Venezuela, evitando el ingreso y generando la gran posibilidad de actuar contra estos delincuentes”.

El reclamo llegaba tarde. El gobierno de izquierda colombiano disponía desde hace tiempo de pistas suficientes para prevenir esa infiltración guerrillera que al régimen venezolano solicitaba reprimir.

Por ejemplo, en junio de 2021, todavía con el presidente Iván Duque gobernando desde el Palacio de Nariño, otro informe militar detallaba en sus primeras páginas que 56% de los cabecillas de esa guerrilla, 13 en total, vivían en Venezuela, mientras que solo seis permanecían en Colombia y cuatro se refugiaban en Cuba. Para entonces en Venezuela se encontraban, según el mismo documento, dos jerarcas del Comando Central (COCE) del ELN: Eliécer Herlinto Chamorro, (a) Antonio García, en Zulia, y Gustavo Anibal Giraldo Quinchia, (a) Pablito, en el estado Apure de los Llanos Occidentales de Venezuela. Se trataba de los considerados número uno y número tres, respectivamente, del organismo colegiado que coordina a la federación descentralizada de grupos de base que se ampara bajo el paraguas del ELN.

El reporte del ejército colombiano aseguraba que cinco líderes del ELN estaban apostados en el estado Zulia, tres en Apure, y uno en el estado Bolívar, en el sureste de Venezuela.  De los restantes cuatro no ofrecía ubicación.

Según el documento, en 2022 el ELN se desplegaba en 14 grupos o frentes en Venezuela. También detectaba otros siete frentes de grupos disidentes de las FARC que han penetrado, viven y controlan varias actividades ilícitas en territorio venezolano.

Otro informe de Apreciación de las Capacidades Críticas de 2022 muestra que el número de cabecillas del ELN en territorio venezolano había aumentado a 19 (79%), con solo tres en Colombia y dos en Cuba. 

Para ese año, las autoridades colombianas habían detectado que el Frente Internacional del ELN estaba apostado en Los Teques, capital del estado Miranda, cerca de Caracas, con la sospecha de que “estaría realizando actividades de coordinación y diplomacia paralela con personalidades políticas afines en la región”. Sin dar nombres, menciona que el ELN tenía contactos con miembros del partido venezolano Patria Para Todos (PPT).

Entre los frentes del ELN y de las disidencias de las FARC que entonces tenían presencia en Venezuela, según los informes, se encontraban el Frente Juan Fernando Porras Martínez y la Estructura 33, los bandos que en 2025 iniciarían hostilidades en la zona del Catatumbo. 

Los informes de 2021 y 2022 identificaban que el ELN había reforzado su presencia especialmente en los estados Zulia, Táchira y Apure. Por su parte, las disidencias de las FARC habían penetrado los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar, con el Frente Acacio Medina y el Comando Frontera como puntas de lanza de su penetración en Venezuela. De todos los referidos, Bolívar es el único estado venezolano que no colinda con Colombia.

Por cierto, Nicolás Maduro respondió con presteza a los requerimientos de Bogotá. Al menos, en apariencia. Ordenó a finales de enero la puesta en marcha de la operación Relámpago del Catatumbo, en el marco presunto de los ejercicios militares denominados como Escudo Bolivariano. Entonces el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, expresó con énfasis: "Hemos decidido lanzar la operación para evitar el acceso de grupos armados al territorio venezolano, llámense como se llamen”. 

De la operación se conoce un balance magro: decomisos de unas 31 toneladas de cocaína, el desmantelamiento de 17 campamentos de procesamiento de hoja de coca, y el apresamiento de cuatro alcaldes venezolanos presuntamente involucrados con el narcotráfico y con la propia guerrilla en la frontera. Pero no ha informado de ninguna captura de un miembro activo del ELN o de las disidencias de las FARC en territorio venezolano. 

En cualquier caso, hasta el inicio de la operación Relámpago del Catatumbo, la consigna de contener al ELN no había sido la predominante entre la jerarquía político-militar chavista. Por el contrario: había claras evidencias de cierta tolerancia de Caracas ante las incursiones de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, cuando no de beneplácito.

El ELN tuvo de 2017 a 2018 “una lógica expansiva en toda la frontera que se hace muy evidente en 2019”, apunta María Victoria Llorente, científica política directora del instituto colombiano Ideas para la Paz. Según Llorente, ese grupo guerrillero se apresuró a llenar el vacío que las menguantes FARC dejaban, debilitadas tanto por los golpes militares sufridos en Colombia como por la desmovilización parcial tras el acuerdo de paz, y por los efectos del retiro del apoyo que en algún momento Hugo Chávez les otorgó, pero que cesó poco antes de que el comandante venezolano falleciera en 2013.  

Sin embargo, todavía en 2021, el citado reporte de inteligencia militar colombiana para el Comando Sur de Estados Unidos aseguraba que el propósito de la presencia del ELN en Venezuela seguía siendo el de “desestabilizar la seguridad y defensa colombiana facilitando la expansión de la Revolución Bolivariana”. Afirmaba también que el ELN había establecido “Zonas Operativas Temporales Especiales” para “controlar los pasos ilegales en la frontera y dar tareas de inteligencia a estos grupos en territorio colombiano”. 

¿Qué había alentado esa evolución? Que, como explica Llorente, experta en temas de paz y seguridad, Nicolás Maduro se reveló mucho más permisivo con el ELN de lo que Chávez propugnaba.

“El ELN tiene conexiones mucho más profundas, ya tiene combatientes venezolanos reclutados por ellos y, en ese sentido, sí tiene características de una guerrilla binacional”, subraya la académica en entrevista con la reportera de Armando.info. “Esto es un problema mucho más complejo, creo yo, que lo que fueron las FARC en su momento. Queda claro que para un Estado como Colombia prácticamente no hay ninguna posibilidad de que esto se resuelva si el grupo tiene un santuario político del otro lado de la frontera. (…) A Maduro hoy le sirve mucho tener este tipo de amenaza para Colombia”.

Los documentos revisados no precisan cuántos venezolanos figuraban entre las filas del ELN y de las disidencias de las FARC. Pero no dudaban en alertar que desde la vertiente venezolana de la frontera los grupos guerrilleros planificaban delitos por los que no pocas veces se confrontaban de manera intestina. El control de los pasos binacionales era uno de sus objetivos estratégicos. 

Un informe de la Policía Judicial colombiana de 2021, pero que pasa revista a eventos acaecidos desde 2019, describe que “de acuerdo a labores de inteligencia se tiene conocimiento que el Frente Juan Fernando Porras Martínez (GAO-ELN) despliega sus actividades ilícitas y accionar terrorista sobre el municipio de Tibú”.

Al municipio José María Semprún del estado Zulia, en la ladera venezolana de la Sierra de los Motilones, fueron a dar decenas de desplazados tras los ataques en la zona del Catatumbo colombiano en enero de este año. “Este municipio es el más cercano a Tibú. Entraron por el [poblado de] El Cruce y primero los acomodaron en el colegio Esminda de Núñez, pero luego abrieron el estadio, entraron muchos niños y adultos mayores”, explicó a Armando.info un periodista radicado en la zona.

A ese flujo de desplazados lo antecede otro flujo, constante y de larga data, de cocaína por el Catatumbo. El ejército colombiano dejaba constancia de ello en otro de sus informes de 2022, asegurando que dicha zona es “epicentro del tráfico internacional de estupefacientes hacia Venezuela”. Y continuaba: “Los grupos armados organizado, GAO ELN,  GAO-r E33 y el GAO-EPL han promovido la expansión de los cultivos de hoja de coca en la región del Catatumbo como una de sus principales fuentes de finanzas, estos grupos armados obtienen aproximadamente 25,10 billones de pesos anuales”.

La actuación del ELN en Venezuela incluía, al menos desde 2020 y según este informe, la formación de redes de apoyo en retaguardia, con actividades de entrenamiento en fabricación, uso y activación de explosivos y uso de armas de fuego “con fin de atentar contra la integridad física de los miembros de la fuerza pública”. En 2022, las fuerzas militares colombianas ya aseguraban que el ELN había incrementado su trabajo político en la frontera “priorizando comunidades en condiciones precarias, se evidencia construcción de vías y viviendas para fortalecer un acumulado social que respalde su presencia en estas áreas. (Venezuela: Zulia, Táchira y Apure - Ecuador: Esmeraldas)”.

El trofeo de las trochas

Con una frontera terrestre común de 2.219 kilómetros, Colombia y Venezuela se conectan por siete puntos de entrada oficiales y, según otro informe de inteligencia del Ejército de 2022, también a través de unos 270 pasos ilegales conocidos como veredas o trochas, por las que transitan personas de un lado a otro junto a todo tipo de contrabando, incluyendo tráfico de drogas, armas y minerales. 

Este último informe mencionaba los pasos terrestres hacia Venezuela como un elemento esencial del control que guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC procuran en Norte de Santander, “pues desde allí parten un sinnúmero de vías que intercomunican toda la Región del Catatumbo, al occidente, con el Departamento de Cesar, así como también al oriente hacia Venezuela, lugar en donde la dinámica fronteriza es neurálgica”. 

Otro informe del ejército colombiano en 2022 hacía referencia a la celebración de una reunión del “movimiento continental bolivariano” con miembros del ELN en el estado venezolano de Apure. Detallaba además el establecimiento de campamentos del ELN en los municipios venezolanos de José María Semprún, Machiques de Perijá, Catatumbo y Rafael Urdaneta, en el estado Zulia; y municipios del estado Táchira.

Todos estos niveles de alerta quedaron condensados en un análisis de inteligencia del Ministerio de Defensa, de octubre de 2022, que, visto en retrospectiva, acertó en su profecía. La cartera colombiana de Defensa enumeraba entonces al menos 10 incidentes que le llevaban a concluir que la dinámica entre los dos principales grupos armados ubicados en el Catatumbo, el ELN y el grupo E-33 (la Estructura 33) disidente de las FARC, propiciaría una “crisis de orden público en la región (…) para mantener la cadena del narcotráfico”.

Hasta el día de hoy y después de la violencia desatada en la zona del Catatumbo a comienzos de este año, los combates entre las disidencias de las FARC, el ELN y ahora la fuerza pública de Colombia han disminuido en intensidad, pero continúan. El gobierno del presidente Petro llegó a anunciar una recompensa de casi 700.000 dólares para quien diera información sobre el paradero de cuatro de los cabecillas principales del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista, Eliecer Herlinto Chamorro, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía e Israel Ramírez Pineda. Hasta 2022, según las autoridades militares de su país, todos menos uno (Ramírez Pineda (a) Pablo Beltrán), tenían al menos dos años viviendo en Venezuela.