La peregrinación de Luis Parra y otros seis diputados en defensa de Alex Saab llegó hasta el Vaticano. En mayo de 2019, un mes después de haber completado una gira secreta por varios países europeos para blanquear los negocios del empresario colombiano, también suplicaron ante la Santa Sede por el principal contratista de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde. Aunque esa visita fue pública, en realidad, los parlamentarios no contaron todo lo que hicieron… y solicitaron.
El avión con matrícula venezolana, cargado con armas e incautado en Estados Unidos el fin de semana pasado, era parte de la flotilla privada, pilotada por ex oficiales de la Fuerza Aérea, de la que disponían para viajes de negocios y placer los dos comerciantes colombianos, proveedores favoritos del régimen de Nicolás Maduro. Si bien sigue siendo un misterio el destino que se le iba a dar al arsenal, hay pistas para sospechar que formaba parte de una maniobra que se iniciaría en el Caribe para liberar a Alex Saab en Cabo Verde.
Alex Saab buscó a través del banco búlgaro Investbank escapar a la vigilancia financiera de varios países, pero la jugada, en vez de esconderlo, resultó reveladora. De acuerdo a documentos de los tribunales de Sofía, 158 millones de dólares quedaron congelados en cuentas manejadas por un turbio abogado de ese país, quien también controlaba dineros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y que tiene entre su clientela a Lorenzo Antonelli, cuñado de la esposa de Saab y cabeza de varias sociedades que forman parte de su red de negocios.
Joaquín Leal Jiménez, un veinteañero mexicano graduado en Boston, fue señalado por Washington como cabecilla de una operación que simulaba un intercambio humanitario de petróleo por mercancías para burlar las sanciones comerciales y financieras impuestas al régimen de Nicolás Maduro. Tras ser él mismo sancionado, sale a relucir su vínculo con un joven empresario de Venezuela, vástago de una familia de la alta sociedad caraqueña.
Fue una de las últimas fórmulas que el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde, ensayó para burlar las sanciones internacionales contra el régimen chavista. Consistió en escenificar un “intercambio humanitario” de crudo de Pdvsa por camiones cisternas y maíz. Al final, hubo indicios de que la mercancía no llegó completa a Venezuela -aunque el Gobierno lo niega-, mientras los cómplices mexicanos del esquema terminaron en aparente bancarrota, bajo investigación de las autoridades antilavado de dinero de su país y medidas del Departamento del Tesoro estadounidense.
Un jet ejecutivo venezolano, listado como sospechoso por Estados Unidos, que aterriza en una remota capital africana; un grupo de pasajeros que incluye agentes de operaciones especiales y se aloja en un cuartel militar; un misterioso avión de transporte ruso; un barco anclado en una isla paradisíaca: son los mimbres con los que en días recientes se tejió una trama digna de una serie de espionaje. La misión era tantear un posible rescate del empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro de su cautiverio, en el vecino archipiélago de Cabo Verde, antes de que se le extradite a Estados Unidos. Todo eso, justo cuando se cumple un mes de su detención.
