El acercamiento político entre Caracas y Bogotá reactiva el gasoducto que conecta a ambas naciones. Pero su trayecto de 224 kilómetros en línea recta se puede resumir en un rizo que ahora beneficia los negocios de Bernardo Arosio Hobaica y Jorge Jara Salas. En una carrera contra reloj y contra el calendario electoral que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, ambos empresarios se apresuraron a adquirir la compañía que sería favorecida por Pdvsa y Tareck El Aissami para exportar el gas venezolano, al tiempo que establecieron relaciones societarias con la compañía que lo va a recibir para distribuirlo en Colombia.
Tras la captura del contratista predilecto de Nicolás Maduro en Cabo Verde, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, su socio, quedó al frente del millonario negocio de intercambio de alimentos por petróleo venezolano. Con decenas de empresas fachada, algunas ni siquiera existentes en registros, manejó millones de barriles de crudo sin que la propia Pdvsa tuviera control sobre los cargamentos.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
Muchos se dedicaron durante décadas a levantar en las planicies del sur del estado Monagas el mayor bosque conífero creado por el hombre para que Alex Saab, con su socio y allegados, le sacara provecho en un santiamén. Lo que nominalmente pasa por una empresa mixta binacional entre Turquía y Venezuela es en realidad el parabán para conceder al empresario colombiano otra materia prima estratégica del Estado, en este caso, la madera de Uverito. Para comercializarla se inventaron otro burladero en los Emiratos.
Esquivando las sanciones occidentales contra el régimen de Nicolás Maduro, el contratista predilecto de este fue a dar con sus intereses a Moscú. Allí instaló una oficina céntrica y cercana al despacho de Putin, que ha seguido funcionando aún después del arresto del mercader en Cabo Verde. En la capital rusa no solo obtuvo refugio -al menos, temporal- para sus transacciones encubiertas y para su esposa, sino además una socia o delegada, también colombiana, a quien confió el negocio y la familia.
Bolipuertos cedió las operaciones de “ejecución y seguridad” de la descarga de buques graneleros en el puerto más importante del país a Servicios Colonial. Además de haber sido favorecida a dedo, la empresa está relacionada con una de las almacenadoras involucradas en el caso “Pudreval”, donde se pudrieron toneladas de comida adquirida por el Estado, y su dueño y cara visible ha sido socio del cuestionado excomandante de la Armada, Carlos Aniasi Turchio.
