Una red de empresas propias y de familiares convirtió al Mayor del Ejército William Hernández Cova en uno de los principales contratistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Más de 250 contratos cayeron de su lado durante la década en que esa institución estuvo dirigida por otro colega militar, el General Carlos Rotondaro Cova. Aquello fue el inicio de una expansión que no cesa, a contravía del desplome económico del país, y que ha colocado al grupo empresarial a la cabeza de una compañía petrolera en Colombia, de una clínica privada y hasta de bodegones en el este de Caracas, entre otros negocios.
Anunciada anticipadamente desde hace 35 años como una panacea, la joya de la corona de la controvertida industria cubana de biofarmacia esperaba una diana en la que hacer blanco. Ahora, por fin, no solo los rumores sin fundamento científico y otras especies llegadas desde La Habana y Wuhan le asignan poderes para combatir al Covid-19: el gobierno venezolano ha incluido el Interferón alfa 2b en el tratamiento oficial contra la enfermedad. Pero el entusiasmo de Nicolás Maduro por el medicamento, entre la superchería y la lealtad política, hace tropezar lo que parece un experimento masivo no declarado con la falta de evidencias y el escepticismo de la comunidad médica venezolana.
Podría decirse que Mario Enrique Bonilla Vallera es un precoz. No más salir de la adolescencia se iba de fiesta lo mismo que abría empresas de todo tipo, en países distintos, logrando meter su nombre en una veintena de compañías antes de cumplir los 30 años. ¿Un superdotado de los negocios? Mejor un muchacho en el lugar y momento precisos para hacerse amigo de los hijos de la “primera combatiente”, Cilia Flores.
La solución habitacional para los hermanos Gavidia Flores, su padre, parejas y socios de negocios, supuso llevar a cabo una ambición extravagante: comprar una a una las catorce casas de un callejón de la urbanización Cumbres de Curumo de Caracas, una meta que completaron en cuatro años. Al mudarse en manada de El Paraíso, en el centro de la capital, al este burgués del valle, simbolizaron su asombroso ascenso social en medio de la debacle económica del país. La nueva ubicación les ofrece aislamiento y la posibilidad de vivir junto a Fuerte Tiuna, el hogar de su madre, la primera dama, y su padrastro, Nicolás Maduro. Para lograrlo diseñaron una estrategia de compra paulatina mediante terceros allegados, a través de empresas de maletín, y con pagos nominales en bolívares con cheques personales.
La epidemia de sarampión instalada en Venezuela desde julio de 2017 ha causado la muerte de 81 personas según los registros del gobierno venezolano aportados a la Organización Panamericana de la Salud; los reportes no oficiales advierten que son 139. Ocho de cada diez víctimas de la enfermedad corresponde a población indígena; nueve de diez si se toma el registro extraoficial. Además de morir por una enfermedad que estaba controlada, las víctimas quedan en el limbo oficial pues el Estado venezolano niega la existencia del brote, oculta los datos al respecto y reacciona con jornadas de vacunación tardías y escasos controles sanitarios. Los warao y yanomami venezolanos, por su ubicación geográfica, la vulnerabilidad del sistema de salud y su pobreza, saben que cuando el virus llega a sus comunidades es letal.
Desde el comienzo de la epidemia de sarampión en julio de 2017, al sur de Venezuela, seis países sudamericanos están afectados por casos provenientes de la que alguna vez fue la nación más rica y moderna de la región. Dos años después del brote, no se ha podido controlar la enfermedad.
