Lidera un grupo de empresas del sector construcción, cría purasangres para hacerlos competir en hipódromos de Venezuela y Estados Unidos, tiene mansiones en Caracas y Florida. Pero por ninguno de esos bienes suntuosos fue que Alejandro Ceballos Jiménez llamaría la atención de funcionarios de cumplimiento de un banco y de la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro. En cambio, quedó bajo sus lupas por los pagos y transacciones vinculados a una obra de viviendas populares en los Valles del Tuy. Los flujos millonarios de dólares llegaban desde entes del gobierno chavista a una empresa en el Reino Unido simultáneamente vinculada a la ruta del ‘dinero K’ argentino.
Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de corruptos llegan tarde. Más de 4.000 millones de dólares en transacciones sospechosas por parte de venezolanos figuran en la filtración de los FinCEN Files y 70% de ellas están vinculada a entes del Estado. El proyecto internacional de periodismo de investigación, del que Armando.info es parte, encontró que la complicidad bancaria, de pequeñas instituciones en paraísos offshore y de las grandes firmas globales, ha permitido el saqueo de la que fue la nación más rica de América Latina.
Sin contar con experiencia previa en la venta de equipos médicos, una empresa dirigida por tres hermanos venezolanos que tenían trayectoria en el sector automotriz, logró colarse como proveedora de la Presidencia de Panamá y firmar un contrato para suministrar respiradores, los equipos más buscados en tiempos de Covid-19. Pero los equipos resultaron estar en mal estado. Esta historia se remonta hasta unos antecedentes en el estado Zulia, relacionados con una familia ya célebre por haber sido favorecida con jugosos contratos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Una red de empresas propias y de familiares convirtió al Mayor del Ejército William Hernández Cova en uno de los principales contratistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Más de 250 contratos cayeron de su lado durante la década en que esa institución estuvo dirigida por otro colega militar, el General Carlos Rotondaro Cova. Aquello fue el inicio de una expansión que no cesa, a contravía del desplome económico del país, y que ha colocado al grupo empresarial a la cabeza de una compañía petrolera en Colombia, de una clínica privada y hasta de bodegones en el este de Caracas, entre otros negocios.
Anunciada anticipadamente desde hace 35 años como una panacea, la joya de la corona de la controvertida industria cubana de biofarmacia esperaba una diana en la que hacer blanco. Ahora, por fin, no solo los rumores sin fundamento científico y otras especies llegadas desde La Habana y Wuhan le asignan poderes para combatir al Covid-19: el gobierno venezolano ha incluido el Interferón alfa 2b en el tratamiento oficial contra la enfermedad. Pero el entusiasmo de Nicolás Maduro por el medicamento, entre la superchería y la lealtad política, hace tropezar lo que parece un experimento masivo no declarado con la falta de evidencias y el escepticismo de la comunidad médica venezolana.
Podría decirse que Mario Enrique Bonilla Vallera es un precoz. No más salir de la adolescencia se iba de fiesta lo mismo que abría empresas de todo tipo, en países distintos, logrando meter su nombre en una veintena de compañías antes de cumplir los 30 años. ¿Un superdotado de los negocios? Mejor un muchacho en el lugar y momento precisos para hacerse amigo de los hijos de la “primera combatiente”, Cilia Flores.
