La intensa historia del veto digital en Cuba se consuma con rastreos y cortes de líneas telefónicas celulares, bloqueos de websites y hasta la suspensión total del servicio de acceso a Internet según las apetencias políticas de la dictadura de La Habana. En Venezuela, los aprendices revolucionarios liderados ahora por Nicolás Maduro copian la censura directa de acceso a sitios web de medios de comunicación y han llegado a la suspensión de actividad de redes sociales en momentos de tensión política, pero tienen la llave para apagar los teléfonos y ordenar el blackout total
A falta de pruebas confiables que certifiquen su efectividad contra la Covid-19, las gotas presentadas por Nicolás Maduro como "milagrosas" y cuya distribución ya autorizó, convocan al escepticismo. El laboratorio que las produce, desconocido, tuvo antes la persona jurídica de un importador de repuestos para carros. Quienes se presentan como autores de los supuestos estudios clínicos que respaldan al medicamento son socios comerciales y operadores políticos del oficialismo: uno, que se proclama escritor de 'bestsellers' en Amazon, llegó a estar preso bajo acusaciones de presuntos ilícitos en una subsidiaria de Pdvsa; el otro, propietario de empresas que contrataron con el Estado, tuvo una discoteca en Margarita.
Una pequeña rebelión, encabezada por un grupo de artistas y gestores culturales, cobró fuerza hasta amenazar durante los últimos meses de 2020 con convertirse en la chispa que incendie la pradera castrista, después de 62 años de régimen comunista. Aunque tiene cuatro años en la fragua, es solo ahora que el Movimiento San Isidro se deja conocer en la prensa internacional. Con él ha dejado de ser invisible toda una colectividad de ciudadanos investidos por la web y las redes sociales de un nuevo poder, que intentan seguir adelante contra la represión para transformar los reclamos iniciales por la libertad creativa en una ola de cambio político. Así lo relata desde La Habana uno de sus líderes, Luis Manuel Otero.
Lidera un grupo de empresas del sector construcción, cría purasangres para hacerlos competir en hipódromos de Venezuela y Estados Unidos, tiene mansiones en Caracas y Florida. Pero por ninguno de esos bienes suntuosos fue que Alejandro Ceballos Jiménez llamaría la atención de funcionarios de cumplimiento de un banco y de la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro. En cambio, quedó bajo sus lupas por los pagos y transacciones vinculados a una obra de viviendas populares en los Valles del Tuy. Los flujos millonarios de dólares llegaban desde entes del gobierno chavista a una empresa en el Reino Unido simultáneamente vinculada a la ruta del ‘dinero K’ argentino.
Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de corruptos llegan tarde. Más de 4.000 millones de dólares en transacciones sospechosas por parte de venezolanos figuran en la filtración de los FinCEN Files y 70% de ellas están vinculada a entes del Estado. El proyecto internacional de periodismo de investigación, del que Armando.info es parte, encontró que la complicidad bancaria, de pequeñas instituciones en paraísos offshore y de las grandes firmas globales, ha permitido el saqueo de la que fue la nación más rica de América Latina.
Sin contar con experiencia previa en la venta de equipos médicos, una empresa dirigida por tres hermanos venezolanos que tenían trayectoria en el sector automotriz, logró colarse como proveedora de la Presidencia de Panamá y firmar un contrato para suministrar respiradores, los equipos más buscados en tiempos de Covid-19. Pero los equipos resultaron estar en mal estado. Esta historia se remonta hasta unos antecedentes en el estado Zulia, relacionados con una familia ya célebre por haber sido favorecida con jugosos contratos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
