Una mano del gobierno de Nicolás Maduro ni se entera de lo que la otra hace en el Sáhara Occidental, la ex colonia española que Marruecos se anexó ilegalmente desde 1975. Mientras el chavismo promete solidaridad al movimiento independentista saharaui del Frente Polisario, las empresas petroquímicas del Estado venezolano le siguen comprando al invasor valiosos cargamentos de fosfato extraídos de minas en los territorios ocupados.
Tiene un costado de Mesías: puede decirse que con su poder ha salvado de la quiebra al complejo industrial del aluminio en el estado Bolívar. Pero como representante de Glencore e intermediario de operaciones comerciales controvertidas, también ha hecho gala de codicia.
Las mismas caras se hacen pasar por representantes de la trasnacional Glencore ante la industria básica del aluminio, y, al mismo tiempo, de empresas nacionales. Cambiando de sombreros consiguen duplicar oportunidades de negocios y hasta mercancía a precios de dólar oficial.
Más que una simbiosis, las empresas estatales del aluminio en Guayana han establecido una relación de subordinación con Glencore, el mayor comercializador de “commodities” en el mundo. Con esta nota, se inicia una serie de tres entregas sobre los negociados con el aluminio venezolano entre privados y funcionarios públicos.
Es una de las llamadas “tierras raras” y material estratégico para la industria de alta tecnología. Abunda al sur de Venezuela, junto a la frontera con Colombia. Y aunque el gobierno venezolano anunció en 2009 medidas para el control militar de los yacimientos, desde entonces no han hecho sino florecer rutas de contrabando internacionales en las que participan el narcotráfico y traders informales. En un clima de misterio, ahora el coltán venezolano amenaza también con convertirse en motivo de conflictos geopolíticos.
