Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
La vertiginosa carrera de Kristina Antonorsi en los negocios con el Estado tuvo un final abrupto que debió advertir a toda una camada de ‘traders’ de hidrocarburos de que algo malo se les venía encima, semanas antes de que estallara el llamado caso de Pdvsa-Cripto. Si su arresto en octubre pasado no sirvió como alerta temprana, al menos queda como moraleja sobre la hubris y la codicia, rasgos que se observan en una serie de documentos internos de sus empresas.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
Como no deja de ser habitual, el último grito del estilo de vida en la burbuja caraqueña llega entre controversias. El nuevo restaurante aéreo en Altamira, así como su gemelo contiguo, ‘Buono’, se alzan sobre dos valiosas parcelas cuyo inquilino -el dueño de ambos comedores- se convirtió en propietario mediante una maniobra en tribunales.Sus anteriores caseros siguen reclamando infructuosamente los inmuebles, un litigio que se suma a los comentarios de inconformidad provenientes de la cadena internacional que ve calcado su concepto original.
Pasó sin pena ni gloria por tres cargos de media y alta relevancia dentro del cuestionado sistema de distribución de alimentos creado por la autodenominada Revolución Bolivariana, pero con una idea para reinventarse. La cercanía de Juan Carlos Salazar Labana con esa estructura de contrataciones públicas le sirvió de trampolín para una carrera empresarial entre las aguas del Estado Zulia y la cosmopolita costa de Miami Beach gracias a un exclusivo y raro producto, el cangrejo azul.
