En la madrugada del 30 de abril se resolvió, con escaso éxito y por simultáneo, un doble complot: uno contra el gobierno de Nicolás Maduro y el otro para sacar provecho, por adelantado, de ese plan para sacarlo del poder. Leopoldo López estaba en ambas. Sin embargo, la característica inédita del movimiento fue el papel articulador que jugaron empresarios de la boliburguesía y testaferros de fortunas recién ganadas para conseguir que figuras claves del oficialismo y los cuarteles se plegaran a la trama.
Con el declive de la industria automotriz venezolana -impulsada por el alicate oficialista que combinó falta de asignación de divisas e inseguridad jurídica- floreció el negocio de importación de vehículos desde el estado de Florida. Aunque Venezuela tenía capacidad instalada para producir hasta 250.000 carros y hace apenas 12 años fabricó 172.000, en lo que va de 2019 no ha producido ni uno y en los últimos tres años, solo por Puerto Cabello, entró casi uno de cada cuatro de los carros nuevos que hoy circulan por el país.
La migración wayuu aumenta la presión en La Guajira. Una alianza de medios colombianos –unidos con el nombre de Liga Contra el Silencio– advierte sobre un fenómeno de "indígenas retornados", que vienen cruzando la frontera para establecerse en los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha. Viven en asentamientos que crearon y en las rancherías de sus hermanos establecidas a lo largo y ancho del desierto.
No es poca cosa la oscuridad total. Menos en la capital densamente poblada de una Venezuela afectada por la hiperinflación, el miedo y la dictadura. Mucho menos durante cuatro días seguidos en los que se borra la paciencia o se descubre la resistencia entre la necesidad de trabajar, tratar de tomar un baño, resguardar lo que se tiene y hacer sonreír a los niños. En esta crónica a ocho manos se descubre una Caracas vulnerable e inverosímil que suplica, como el país, que lleguen días mejores
Algunos se arrepintieron, pero la mayoría no. En seis estados de Venezuela, jueces de diferentes tribunales llevaron a cabo una auténtica razzia contra los manifestantes que el 23 de enero pasado salieron a las calles para apoyar la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En la embestida, cruzaron una raya roja: ordenaron de manera sumaria prisión para 77 menores de edad, acusados por delitos como terrorismo y agavillamiento. Una revisión a sus carreras permitió comprobar que todos estos jueces comparten perfiles similares, que incluyen la militancia sin disimulo en el partido de Gobierno y el ascenso meteórico en la jerarquía judicial.
Cuando el doctor Raúl Gorrín se presentó como el nuevo dueño de Globovisión, dejó muy en claro su estrecha relación con el extesorero de Venezuela. Esa cercanía, expresada delante de su plantilla de periodistas con la expresión que titula esta nota, ahora ha quedado explicada en una acusación penal que lleva una corte del sur del estado de Florida. Gorrín actuó como testaferro de Alejandro Andrade y logró blanquear el dinero que obtuvo adquiriendo bienes raíces. Hasta mediados de noviembre podía presumir que era vecino de uno de sus más reconocidos periodistas
