Si en algún lugar ha concentrado la República Popular China gran cantidad de esfuerzo, política y recursos en la carrera sin descanso para expandir su influencia global, ha sido en Venezuela. En la última década, el “dragón” asiático ha invertido 200.000 millones de dólares en América Latina y al país ha llegado poco más de […]
Eduardo Rivas salió de la nada para consagrarse como el zar de la explotación del oro, el último maná que permite obtener divisas para las arcas del Gobierno después del colapso de la industria petrolera. Se expuso a la luz pública por primera vez en 2018, al frente de un complejo de procesamiento del metal precioso, pero desde entonces hace sentir su poder al sur del Orinoco mediante campañas de prensa regional y el amedrentamiento con su guardia pretoriana constituida por agentes de la contrainteligencia militar. Más que por credenciales técnicas o antecedentes -casi nulos- en la actividad minera, debe su figuración a la cercanía que tiene con los Nicolás Maduro, padre e hijo.
A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.
Como fiscal militar sometió a civiles a juicios militares hasta que se le fue la mano con uno de los generales del golpe de Estado de abril de 2002 y fue amonestado. Como juez, pasó por tribunales en el estado Bolívar y en el Distrito Capital con más penas que glorias, entre ellas haber firmado la boleta de excarcelación de Milagros De Armas, la heredera del imperio mediático que ordenó asesinar a una estudiante. Pero siempre logró su reenganche en el sistema judicial venezolano a pesar de las denuncias de extorsión e irregularidades en su contra y ahora llega al Ministerio Público apadrinado por el ex juez y fiscal Jimai Montiel, en lo que es un nuevo paso firme en la politización de la Fiscalía.
En los primeros meses de 2017, una fiscalía nacional se acercó demasiado a los intereses de dos grandes del chavismo, Tarek William Saab y Diosdado Cabello, tras haber sido comisionados por la fiscal Luisa Ortega Díaz a investigar casos de corrupción en la industria petrolera venezolana. Cuando fueron contra ella y sus allegados, fueron también contra el equipo de la Fiscalía 55. Luis Sánchez, el fiscal auxiliar que manejaba uno de los casos, lleva 21 meses en El Helicoide, una de las sedes de la policía política venezolana, sin haber tenido siquiera su audiencia preliminar, acusado con unas pruebas tan dudosas que el régimen chavista debió cambiarlas sobre la marcha
El cordón umbilical entre las revoluciones chavista y castrista, más que de ideología, está hecho de petróleo. Los generosos despachos venezolanos de hidrocarburos sumaron en los mejores tiempos una factura de 100.000 barriles diarios que La Habana, de pagarla, lo hacía en especies. El compromiso es tal que, en estos tiempos de sanciones internacionales y de penurias económicas en casa, Venezuela todavía se las arregla para enviar 50.000 barriles por día a Cuba. ¿Cómo? Un seguimiento a dos tanqueros que navegan en días recientes entre los dos países muestra las maniobras que los buques deben hacer para llegar a buen puerto.
