La Gran Misión Hijos de Venezuela se queda huérfana

La ayuda económica prometida por el Gobierno nacional es ínfima, pero Ruzbeth Araujo la necesita. Trabaja en las mañanas como secretaria en una oficina del Ministerio de Educación en Acarigua, estado Portuguesa, donde gana sueldo mínimo (5 mil 622 bolívares equivalente a casi 900 dólares, 468 dólares o 33 dólares, según los tres tipos de cambio que hay en el país). Este monto no basta para costear las necesidades de su hija de 15 años, con síndrome de Down y problemas cardiológicos, que debe asistir con regularidad al pediatra, al psicólogo, al sexólogo, al cardiólogo y a terapia de lenguaje, y además tomar a diario sus tres medicinas, Capropril de 25 miligramos, Sildenafil de 50 miligramos y Lasix de 20 miligramos. La beca de 945 bolívares que recibía Araujo cada mes desde 2012, como un aporte del Estado venezolano para los requerimientos de su niña, desapareció, sin explicación, desde hace ocho meses. Su caso se repite en distintas partes del país donde otras madres pobres se preguntan por qué el programa social creado por el expresidente Hugo Chávez para ayudarlas dejó de cumplir.

Araujo se inscribió en la Gran Misión Hijos de Venezuela cuando funcionarios del Gobierno pasaron por su casa en un recorrido para verificar quiénes necesitaban la ayuda económica. Entraron, conocieron a Ruthzaarid. Y al poco tiempo, la cédula de identidad de Araujo, 11.079.656, figuró en el primer listado de beneficiarias de la misión que prometía apoyar a los hijos con discapacidad, así como aquellos menores de edad con familias de bajos recursos. Siguió las instrucciones: fue al Banco de Venezuela –propiedad del Estado– para la apertura de una cuenta donde sería depositada la beca otorgada por la misión. Y así fue, hasta junio de 2014.

Una serie de irregularidades –becas que no llegan, fallas de medición y seguimiento, presupuesto deficitario, coordinadores bajo denuncias– componen el rompecabezas de un programa con resultados deficientes, que hoy el gobierno de Nicolás Maduro reimpulsa con otro nombre mediante un censo nacional. “La Misión Hogares de la Patria es una de las cosas más hermosas que tenemos en 2015. Llegar a los hogares a proteger a los niños”, dijo el mandatario el 19 de febrero en cadena nacional de radio y televisión.

Mientras tanto, los retrasos en el pago de la Misión Hijos de Venezuela son comunes, de hasta dos y tres meses, y muchos celebran en las redes sociales cuando finalmente llega el pago. Pero hay casos, como el de Araujo, en que el “retardo” es permanente. Fue al banco y allí dijeron que no eran responsables de que la misión no pagara. Acudió a la Aldea Metropolitana Acarigua-Araure de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde funcionan algunas misiones sociales, y tampoco encontró una explicación a su problema: le pidieron sus documentos y no contestaron más. La siguiente parada fue una sede de la Misión Negra Hipólita en Guanare, capital portugueseña. Llevó su cédula de identidad y el carnet de discapacidad de Ruthzaarid. Debe volver con otro requisito: los movimientos de la cuenta bancaria. Es una tarea que aún tiene pendiente: no le es fácil trasladarse desde Acarigua hasta Guanare, en términos de tiempo y costos de pasaje.

Vive sola con Ruthzaarid, quien queda bajo el cuidado de su hermana todas las mañanas mientras Araujo trabaja para comprar la comida y los medicamentos, para pagar la mensualidad de 2 mil bolívares en la Fundación Todos Somos Ases –donde estudia la niña en las tardes de 2:30pm a 5:30pm– y para costear los exámenes médicos que alcancen. “La psicóloga me pidió un electroencefalograma, pero de verdad que no he podido”, se lamenta, y recuerda: “El presidente Chávez dijo que nunca iban a quitar esa ayuda porque quienes tienen discapacidad la necesitarían toda la vida”.

Misión incumplida

“La niña de los ojos de Chávez”, enunció el presidente Nicolás Maduro en un acto público para calificar a la Misión Hijos de Venezuela. Fue creada por el exmandatario, vía Ley Habilitante, el 12 de diciembre de 2011 para otorgar ayudas económicas a madres con bajos ingresos y con hijos menores de 18 años o con discapacidad. La Ley para la Gran Misión Hijos de Venezuela, aprobada por decreto presidencial N° 8.625 y publicada en la Gaceta Oficial N° 39.818, indica que el programa está dirigido a la población en pobreza crítica con la finalidad “de facilitar su acceso al disfrute de derechos fundamentales y asegurar su incorporación a actividades que garanticen el vivir bien de sus familias”. La misión también consiste, entonces, en incorporar a las familias en el sistema educativo y a actividades socio-productivas. “Uno de los compromisos que ustedes deben asumir al registrarse en la misión es estudiar (…) Yo se los prometo, yo pongo mi vida por delante, no habrá una mujer ni un niño viviendo en miseria en Venezuela”, fueron algunas palabras del discurso de Chávez en la Maternidad Concepción Palacios cuando empezaron los registros del programa.

También dijo que el pago estipulado era de 430 bolívares por hijo, equivalentes a 100 dólares al cambio oficial de entonces. Para las familias con hijos con discapacidad el monto establecido fue de 600 bolívares. Desde entonces, no hay anuncios oficiales sobre algún aumento del beneficio económico y sin embargo, Araujo afirma que recibía 945 bolívares mensuales desde que fue seleccionada. La Ley indica que el ente encargado de establecer el monto es el Órgano Superior de la Gran Misión Hijos de Venezuela, conformado por el presidente de la República, el vicepresidente del Área Social, el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los ministros de Educación, de Comunas y Movimientos Sociales, de Salud, de Mujer e Igualdad de Género, de Juventud y de Educación Universitaria.

La ayuda de Araujo se queda corta: la beca no llega al 20% del salario mínimo, ni a 15% del precio de la canasta básica familiar reportado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 6.382,62 bolívares. Ni siquiera cubre 3% del precio de la canasta básica familiar reportado por Centro de Documentación y Análisis de la Federación de Maestros (Cendas) en 31.843,33. Además, las beneficiarias solo reciben 90% de la beca porque el porcentaje restante queda en el Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social, adscrito al Ministerio de Educación Superior, encargado de gestionar los recursos de la misión. La Ley señala que ese 10% está destinado a otras formas de apoyo social como el financiamiento de proyectos socio-productivos.

La meta era reducir la pobreza crítica a cero. Y al principio, los resultados fueron favorables: un año después de creada la misión, la pobreza disminuyó 6,2 puntos, cuando la población pobre pasó de 31,6% a 25,4%, según datos del INE. Luego, en 2013, la cifra oficial volvió a subir hasta alcanzar al 32,1% de la población. Venezuela fue el país que registró mayor crecimiento de la pobreza en toda Latinoamérica ese año, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“Todavía no hemos podido satisfacer todo lo que queremos porque el problema es muy amplio”, reconoce una funcionaria del Viceministerio de la Suprema Felicidad Social (organismo adscrito a la Presidencia de la República y directamente vinculado a los programas sociales) que mantiene su identidad en reserva, porque dice que las personas autorizadas para hablar del tema son las autoridades de la misión. Explica esto y luego conversa con una señora que lleva en la mano el presupuesto para una operación. Después, atiende a un hombre en silla de ruedas que también acude al lugar en busca de apoyo económico. Como ellos, madres de bajos recursos llegan al viceministerio que, explica la funcionaria, actúa como un ente articulador. “Aquí viene la gente y nosotros las remitimos a las instituciones correspondientes”. Pero el viceministerio tiene una relación más estrecha con la Misión Hijos de Venezuela en relación a otros programas: la viceministra Carolina Cestari es la coordinadora, junto a la ex alcaldesa del municipio Iribarren (Barquisimeto) de Lara, Amalia Sáez, de la Misión Hijos de Venezuela desde octubre de 2013, cuando el presidente Nicolás Maduro amplió la misión al incorporarle el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Idena), la Fundación Nacional El Niño Simón y la Fundación Misión Niño Jesús. Agrupa los mecanismos gubernamentales de atención a los niños venezolanos.

Nueve meses después, Maduro decidió fusionar, además, las distintas misiones sociales dirigidas a la protección de las familias en una sola: la Gran Misión Hogares de la Patria, que incluye –además de Hijos de Venezuela– a la Misión Madres del Barrio, la Misión Niñas y Niños del Barrio, y la Misión Niño Jesús. El nuevo gran programa quedó bajo la presidencia de la ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón. Es la tercera mudanza de la Misión Hijos de Venezuela, que primero dependía del Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales, luego pasó al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, y ahora está en el despacho de la Mujer. Tres años de rotación continua.

Por eso, hay descontrol. Las labores de seguimiento y evaluación de la Misión Hijos de Venezuela presentaron fallas debido a los cambios institucionales, de acuerdo con lo expuesto en la Memoria y Cuenta 2013 del despacho de Comunas y Movimientos Sociales. Mientras tanto, casos con el de Araujo, una de las más de 300 mil beneficiarias de la misión, abundan en el territorio nacional sin ningún tipo de amparo institucional.

Becas perdidas

Lourdes Terán vive en la parroquia Rafael Urdaneta de Valencia, en el estado Carabobo. Tiene 32 años y cinco hijos –de doce, nueve, ocho, cuatro y dos años de edad–, más otro que viene en camino. “Yo vivo en la pobreza extrema. Aquí no se ha hecho el trabajo”, dice al cuestionar los logros sociales que con bombos y platillos celebra la llamada Revolución Bolivariana de la gestión chavista. Estaba embarazada del quinto hijo cuando se inscribió en la misión durante una jornada en el sector La Isabelica. “Hice la cola desde las cuatro de la mañana y salí de ahí al mediodía”. Su cédula, 20.730.454, figuró en el décimo tercer listado de beneficiarias en 2013. “Luego me llamaron del Banco de Venezuela para abrir la cuenta, pero solo me pagaron dos veces y ya. Yo iba todos los meses a preguntar pero ya me cansé”. Dice que lo intentó por otras vías: que ella y su hermana entregaron una carta con su denuncia a una comuna cercana en la parroquia Miguel Peña, que fueron a la casa de la Gobernación y a la Alcaldía de Valencia, y que conversaron con el candidato municipal Miguel Flores. “¡A dónde no hemos ido! ¡Y nunca nos tomaron en cuenta!”. Su hermana la ayuda económicamente porque ella no trabaja. “¿Cómo voy a trabajar así embarazada? No puedo. Y mi ranchito se me está cayendo, está en las peores condiciones, tiene un bañito a medias”.

A 62 kilómetros de distancia, en el sector Hornos de Palo Negro del estado Aragua, Martha Bolívar, con 43 años y tres hijos –entre ellos, una menor de edad y uno con discapacidad–, también dejó de recibir la ayuda. Su cédula, 12.169.588, salió en el décimo listado de la misión publicado a finales de 2012. “Yo no sabía que había quedado porque no había revisado. En julio del año pasado fui a un infocentro [centro informático comunitario] y me busqué”. Le abrieron una cuenta bancaria, le pagaron ese mismo mes. “Me dijeron que estuviera pendiente todos los meses”. Pero, según Bolívar, no hubo más pago. La cajera del banco le dijo que preguntara a algún supervisor de la misión, pero Bolívar no sabe a dónde ir: se inscribió en el programa durante un operativo en su localidad. No sabe mayores detalles de la misión, solo que aparece como beneficiaria.

Cuando una cédula figura en los listados de la Misión Hijos de Venezuela, eso basta para que el Estado proceda en la asignación de recursos. O al menos así lo ilustra el caso de Yusmary Andrade, de Mérida. Fue seleccionada como beneficiaria en agosto de 2012 –cédula 15.431.601, sexto listado–, pero se enteró a finales de 2013. Fue al banco y le informaron que tenía recursos acumulados desde hace un año. Los cobró, pero no le depositaron más en todo 2014. “La muchacha del banco me dijo que eso estaba pasando con muchas madres de Mérida y Trujillo”, dice Andrade, quien, como las anteriores, recurrió en primera instancia a la entidad financiera. Vive en el sector Timotes, del municipio Miranda, con sus dos hijas –cinco y ocho años– y su esposo, la única fuente de ingresos del hogar como ayudante de mecánica a sueldo mínimo.

Yaritza Ramírez –cédula 13.023.317, seleccionada en la quinceava oleada de la misión– sí estuvo atenta desde el momento de su inscripción. Recuerda que, seis meses después, salió en el listado en octubre de 2013. Que cobró el primer mes y que después no depositaron más. Es viuda y tiene cinco hijos, dos de ellos menores de edad. Viven en la urbanización Hugo Chávez del municipio Cabimas del estado Zulia. “Hablé en el banco y me dijeron que preguntara en Maracaibo, pero yo no sé a dónde ir. En verdad necesito la ayuda”.

Ellas son algunas de las mujeres que, desde distintas partes del país, reclaman la promesa incumplida, un problema que hasta ahora no trasciende de las denuncias ciudadanas. Los informes de gestión de la Contraloría General de la República no muestran actuaciones sobre la Misión Hijos de Venezuela, pero sí exponen hallazgos de irregularidades en el manejo de los recursos que aporta el Estado para combatir la pobreza. Es el caso de la Fundación Madres del Barrio, dirigida a mujeres en pobreza extrema, donde, entre otras cosas, se encontraron montos cobrados por personas distintas a las beneficiarias oficiales.

Otro organismo que puso la lupa sobre las misiones es la Organización No Gubernamental Transparencia Venezuela, que en su informe sobre la Misión Hijos de Venezuela advierte fallas presupuestarias: los recursos propios de la misión, por ejemplo, disminuyeron en 43% –de 2 mil 449 millones de bolívares a mil 388 millones de bolívares– entre 2013 y 2014, de acuerdo con los presupuestos de ambos años. El Gobierno responde al déficit –como en muchas otras áreas– a través de créditos adicionales.

Fondos en manos sospechosas

Se llama Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social “Hijos de Venezuela” y recibe los recursos aprobados por el Gobierno nacional para auxiliar a los hijos de familias pobres. Su primera junta directiva se conformó en febrero de 2012 y desde entonces los antecedentes de irregularidades administrativas no parecen un problema para encabezar la misión: Nancy Pérez, hoy ministra de Salud, figuró entre las directoras principales del fondo, pese a haber sido multada en 2003 por la Contraloría General de la República por esa causa en su gestión en el Instituto Nacional del Menor (Inam). Un expediente del Tribunal Supremo de Justicia precisa los hechos imputados en su contra, como negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes del instituto, y daño al patrimonio público. Años después, la Contraloría también expuso fallas en el manejo de recursos en Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) cuando estaba bajo su presidencia.

El segundo presidente del fondo –el primero fue Rubén Darío Reinoso, ex viceministro de Desarrollo Académico–, Miguel Bermúdez, designado en junio de 2013, enfrentó en 2005 un juicio por presuntos delitos de peculado de uso y corrupción propia a través de un contrato entre su despacho de abogados “Centro de estudios Jurídicos Sosa, Bermúdez y Téllez” y el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (Fondafa). La causa fue sobreseída en 2008.

La tercera y actual presidenta –de la Misión Hijos de Venezuela desde 2013 y del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social desde marzo de 2014– es Carolina Cestari, quien también preside la Fundación Misión Niño Jesús y la Fundación Nacional El Niño Simón. Ex asistente de la primera dama, Cilia Flores, el nombre de Cestari salió a relucir cuando fue mencionada en el polémico audio atribuido a Mario Silva, político chavista y conductor del programa La Hojilla, calificada como una “tipa malvada”. La otra coordinadora de la misión no tiene mejores referencias: Amalia Sáez –también presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna)– fue denunciada entre finales de 2013 y principios de 2014 por presuntos casos de corrupción durante su gestión en la Alcaldía de Iribarren. Varios concejales y la Contraloría Municipal reportaron desviación de recursos, contratos sin licitación e irregularidades en el cálculo y pago de prestaciones sociales. Los fondos para los niños pobres del país recaen en manos cuestionadas.

Se solicitó una entrevista con Cestari y Sáez en la sede de la misión, ubicada en el edificio de la Fundación Nacional El Niño Simón, pero hasta la fecha no hay respuesta. “No creo que nadie te declare por los momentos porque están organizando la Misión Hogares de la Patria. Hasta que eso no esté eso listo, no creo que te hablen”, dijeron en el área de atención al público. Aún no hay respuesta para las beneficiarias que preguntan por su beneficio.